Política inglesa

La política inglesa, a primera vista, parece un mar en calma. El gobierno de Baldwin dispone de la sólida mayoría parlamentaria, ganada por el partido conservador hace poco más de un año. ¿Qué puede amenazar su vida? Inglaterra es el país del parlamentarismo y de la evolución. Estas consideraciones deciden fácilmente al espectador lejano de la situación política inglesa a declararla segura y estable.

Pero a poco que se ahonde en la realidad inglesa se descubre que el orden conservador presidido por Baldwin, reposa sobre bases mucho menos firmes de lo que se supone. Bajo la aparente quietud de la superficie parlamentaria, madura en la Gran Bretaña una crisis profunda. El gobierno de Baldwin tiene ante si problemas que no consienten una política tranquila. Problemas que, por el contrario, exigen una solución osada y que, en consecuencia, pueden comprometer la posición electoral del partido conservador.
Si Inglaterra no se mantuviera aún dentro del cauce democrático y parlamentario, el partido conservador podría afrontar estos problemas con su propio criterio político y programático, sin preocuparse demasiado de las ondulaciones posibles de la opinión. Pero en la Gran Bretaña a un gobierno no le basta la mayoría del parlamento. Esta mayoría debe sentirse, a su vez, más o menos cierta de seguir representando a la mayoría del electorado. Cuando se trata de adoptar una decisión de suma trascendencia para el imperio, el gobierno no consulta a la cámara; consulta al país convocando a elecciones. Un gobierno que no se condujese así en Inglaterra, no sería un gobierno de clásico tipo parlamentario.

El último caso de este género está muy próximo. Como bien se recordará, en 1923 los conservadores estaban, cual ahora, en el poder. Y estaban, sobre todo, en mayoría en el parlamento. Sin embargo, para decidir si el Imperio debía o no optar por una orientación proteccionista, -combatidos por los liberales y los laboristas en el parlamento- tuvieron que apelar al país. El fallo del electorado les fue adverso. No habiendo dado a ningún partido la mayoría, la elección produjo el experimento laborista.
Ahora, por segunda vez, la crisis económica de la post-guerra puede causar el naufragio de un ministerio conservador. El escollo no es ya el problema de las tarifas aduaneras sino el problema de las minas de carbón. Esto es, de nuevo un problema económico.
La cuestión minera de Inglaterra es asaz conocida en sus rasgos sustantivos. Todos saben que la industria del carbón atraviesa en Inglaterra una crisis penosa. Los industriales pretenden resolverla a expensas de los obreros. Se empeñan en reducir los salarios. Pero los obreros no aceptan la reducción. En defensa de la integridad de sus salarios, están resueltos a dar una extrema batalla. No hay quien no recuerde que hace pocos meses este conflicto adquirió una tremenda tensión. Los obreros acordaron la huelga. Y el gobierno de Baldwin solo consiguió evitarla concediendo a los industriales un subsidio para el mantenimiento de los salarios por el tiempo que se juzgaba suficiente para buscar y hallar una solución.

El problema, por tanto, subsiste en toda su gravedad. El gobierno de Baldwin firmó, para conjurar la huelga, una letra cuyo vencimiento se acerca. Una comisión especial estudia el problema que no puede ser solucionado por medios ordinarios. El Partido Laborista propugna la nacionalización de las minas. El Partido Conservador parece que, constreñido por la realidad, se inclina a aceptar una fórmula de semi-estadización que, por supuesto, los liberales juzgan excesiva y los laboristas insuficiente. Y, por consiguiente, no es improbable que los conservadores se vean, como para las tarifas aduaneras, en el caso de reclamar un voto neto de la mayoría electoral. No es ligera la responsabilidad de una medida que significaría un paso hacia la nacionalización de una industria sobre la cual reposa la economía británica.

Y ya no caben, sin definitivo desmedro de la posición del gobierno conservador, recursos y maniobras dilatorias. La amenaza de la huelga está allí. El gobierno que hace poco, para ahorrar a Inglaterra, el paro, se resolvió a sacrificar millones de esterlinas, conoce bien su magnitud. Y la ondulante masa neutra que decide siempre el resultado de las elecciones, y que en las elecciones de diciembre de 1924 dio la mayoría a los conservadores, no puede perdonarle un fracaso en este terreno.

El partido conservador venció en esas elecciones por la mayor confianza que inspiraba a la burguesía y a la pequeña burguesía su capacidad y su programa de defensa del orden social. Y una huelga minera sería una batalla revolucionaria. ¡Cómo!- protestaría la capa gris o media del electorado ante un paro y sus consecuencias.- ¿Es esta la paz social que los conservadores nos prometieron en los comicios? Baldwin y sus tenientes se sentirían muy embargados para responder.

Estas dificultades -y en general todas las que genera la crisis económica o industrial- tienen de muy mal humor a los conservadores de extrema derecha. Toda esta gente se declara partidaria de una ofensiva de estilo fascista contra el proletariado. No obstante la diferencia de clima y de lugar, la gesta de Mussolini y los “camisas negras” tiene en Inglaterra, la tierra clásica del liberalismo, exasperados e incandescentes admiradores que, simplísticamente, piensan que el remedio de todos los complejos males del Imperio puede estar en el uso de la cachiporra y el aceite de ricino.

Los conservadores ultraístas, llamados los die-hards, acusan a Baldwin de temporizador. Denuncian la propagación del espíritu revolucionario en los rangos del Labour Party. Reclaman una política de implacable represión y persecución del comunismo, cuyos agitadores y propagandistas deben, a su juicio, ser puestos fuera de la ley. Sostienen que la crisis industrial depende del retraimiento de los capitales por miedo a una bancarrota del antiguo orden social. Recuerdan que el partido conservador debió en parte su última victoria electoral a las garantías que ofrecía contra el “peligro comunista” patéticamente invocado por el conservantismo, en la víspera de las elecciones, con una falsa carta de Zinovief en la mano crispada.

La exacerbada y delirante vociferación de los die-hards ha conseguido, no hace mucho, de la justicia de Inglaterra, la condena de un grupo de comunistas a varios meses de prisión. Condena en la que Inglaterra ha renegado una parte de su liberalismo tradicional.
Pero los die-hards no se contentan de tan poca cosa. Quieren una política absoluta y categóricamente reaccionaria. Y aquí está otro de los fermentos de la crisis que, bajo una apariencia de calma, como conviene al estilo de la política británica, está madurando en Inglaterra.

José Carlos Mariátegui