ESQUEMA DEL PLAN DE MÉXICO

Los que suscribimos, declaramos solemnemente ante el pueblo peruano y ante la América y el Mundo, que proclamamos como principios de la Revolución Libertadora del Perú, sojuzgado hoy por la tiranía del gamonalismo nacional y el imperialismo extranjero que representa el régimen de D. Augusto B. Leguía, los contenidos en el siguiente plan que normará el programa del Partido Nacionalista Re­volucionario Peruano y que significa la aplicación al Perú de los lemas de la Apra a la que declaramos adherido el movimiento libertador peruano.

Y teniendo en consideración que la dolorosa situación presen­te porque atraviesa el pueblo del Perú, representado por sus cla­ses trabajadoras (campesinos, obreros y clases medias) se debe al desquiciamiento económico del país por la explotación ilimitada que hace del pueblo el latifundismo nacional y el imperialismo ex­tranjero, y que el regimen político presente no es sino el instru­mento de dominación de las clases dominantes apoyadas material y moralmente por el imperialismo que succiona las energías nacionales y arrastran el país a la esclavitud, declaramos:

1º. El movimiento libertador del Perú perseguirá la independen­cia económica del país por la emancipación económica de su pueblo, y como consecuencia de ésta su liberación definitiva del sistema político y social presente mantenido por la oligarquía dominante que representa la explotación nacional, la sumisión al yugo extran­jero y la esclavitud del ciudadano peruano en todos los órdenes.

2º. Proclamando la Revolución Libertadora del Perú la emanci­pación económica, política y social del pueblo peruano, este movimiento implica, y así lo declaramos expresamente, el principio de la era de movimientos similares en todos los países latinoamericanos donde sea preciso realizar obra de liberación semejante, y tenderá a cumplir tan pronto como sea posible el postulado de la unión política y económica de los pueblos Indoamericanos proclamado por el programa del Apra.

3º. Para la realización y eficacia de la Revolución Libertadora del Perú, queda establecido que el órgano único que había de reali­zarla, sujeto estrictamente a los postulados que contiene el presente plan, será el Partido Nacionalista Libertador del Perú, organismo político-militar revolucionario que reconoce como fundador y jefe supremo en ambos órdenes a Victor Raul Haya de la Torre y que estará dirigido por un Comité Ejecutivo Central, con residen­cia temporal en México, integrado por Comités Locales, subordinados al Comité Central, con sede pública o secreta en otras ciuda­des del Perú y América.

4º. El Partido Nacionalista Libertador del Perú tiene la tarea histórica de llevar adelante la Revolución bajo condiciones muy estrictas de disciplina y de eficacia, radicando en él la total responsabilidad y soberanía del movimiento y el imperativo de man­tener con su unidad más absoluta en la acción el ahorro de sangre y energías del pueblo a fin de obtener los fines que persigue para beneficio de la nación lo más eficazmente que sea posible.

5º. Radicando la dolorosa situación actual del pueblo peruano en el sistema económico a que está sometido el país, y aplicando el postulado del Apra sobre nacionalización de la tierra y de la n industria, proclamamos como primer principio económico del movimiento nacionalista y libertador del Perú que la riqueza que hoy exis­te o pueda existir dentro de los límites del país, pertenece a la Nación y que es ella quien debe explotarla o hacerla explotar, sin sacrificar jamás ni su soberanía ni las energías de su pueblo entregán­dola incondicionalmente al servicio de intereses privados o extranje­ros.

6º. Constituyendo la tierra la base de la riqueza nacional peruana y siendo su monopolio injusto privilegio de una clase desde la conquista española que derribó el maravilloso sistema agrario in­cásico e instituyó el feudalismo en el país, arrebatando al pueblo peruano su derecho a poseerla y explotarla, el movimiento Naciona­lista Libertador del Perú, en nombre de los verdaderos intereses na­cionales y no solo como una reparación al pueblo peruano, sino como el único medio de elevar el índice de producción nacional y remediar la dolorosa situación económica del país obligado a importar alimen­tos y a mantener grandes extensiones de tierras improductivas por la incapacidad del gamonalismo para intensificar su cultivo, proclama el principio de la devolución de la tierra al pueblo peruano, entre­gándola a quien la trabaja, destruyendo el gamonalismo y procurando restablecer sobre base de los comunidades indígenas, sostenidas a través de cuatrocientos años de opresión, el nuevo organismo agra­rio y agropecuario nacional.

7º. La aplicación del principio de la devolución de la tierra a los ciudadanos peruanos que la trabajan, será verificada tenien­do siempre en cuenta el beneficio nacional y procurando restable­cer, impulsado por todos los auxilios de la técnica moderna, el admirable sistema agrario incaico que afirmó en la comunidad o ayllu la base de la vida agraria nacional.

8º. Siendo la explotación integral y eficaz de la tierra la ba­se de la prosperidad nacional en países típicamente agrarios como el Perú, la renovación del sistema de producción de la tierra, su explotación total y activa, sobre bases científicas, traerá consigo beneficios incalculables que redundarán automáticamente en favor de las otras clases sociales hoy esclavizadas económica, social y políticamente por el oprobioso sistema de explotación del hombre y no de la naturaleza que impera en el Perú.

9º. El movimiento libertador aplicando el principio de la na­cionalización de la riqueza del Perú en el orden industrial, pro­clama que en nombre de los verdaderos intereses nacionales intensificará la producción, reivindicará económica, política, social e in­telectualmente a las clases obreras, elevándolas integralmente a la función social que les corresponde y sujetándose estrictamen­te al postulado 5º. del presente plan. El movimiento libertador declara asimismo que afirmándose en los fines económicos del movimiento comprenderá en su programa reivindicador a los trabajadores intelectuales y a las clases medias.

10º. El movimiento libertador proclama asimismo que afirmándo­se en los principios económicos que lo norman, hace extensivo su programa reivindicador a los demás trabajadores de la nación, tan­to intelectuales como manuales, considerando entre estos, especial­mente, a los maestros de escuela, empleados, industriales, comer­ciales y administrativos, soldados y marineros y en general a todos los que en una forma u otra, dan sus energías a las diversas acti­vidades de la vida colectiva nacional y sufren explotación.

11º. Proclamando nuestro movimiento la emancipación integral del pueblo peruano tanto en el orden material como en el orden espiritual, el Partido Nacionalista Libertador llevará adelante la obra de educación nacional laica, de la Escuela a la Universidad moderna, gratuita y para todos los residentes en el país, aboliendo definitivamente las jerarquías odiosas que hoy dividen a los peruanos entre una pequeña elite de hombres educados y una vasta mayoría de analfabetas, en relación con sus posibilidades económicas.

12º. Siendo la organización del Estado en el Perú instrumento de opresión y de explotación que la oligarquía dominante hace de la Nación, el Partido Nacionalista Libertador reorganizará radical­mente el sistema político nacional, poniendo término al odioso centralismo que hoy mantiene subyugadas política y económicamente a las provincias y erigiendo el gobierno y la administración del pueblo para el pueblo, sobre la base de las municipalidades o comunas en las que radicará todo el poder y cuya representación democráti­ca-funcional, constituirán los poderes directores del Estado.

13º. El movimiento desconoce, desde la fecha en que se suscri­be el presente plan el actual régimen político que ha usurpado el poder en el Perú y desconoce asimismo la Constitución y leyes nacio­nales en todo lo que ataque los intereses y los derechos del pue­blo peruano y favorezcan a sus enemigos nacionales y extranjeros representantes del gamonalismo y del imperialismo, proclamando los principios del presente plan como bases definitivas para la futura Constitución del Perú que dictará el pueblo soberano al reinvindi­car por las armas de la tiranía presente el derecho a gobernarse.

14º. Significando el movimiento libertador del Perú la abolición del poder de la clase latifundista nacional en complicidad con el imperialismo extranjero que amenaza no solo al pueblo pe­ruano sino a todos les pueblos de Nuestra América, proclamamos este movimiento como causa de los pueblos de América y declara­mos que en el Partido Nacionalista Libertador hoy, como en la na­ción peruana después de la victoria, todos los hombres y mujeres indoamericanos que se sujeten a los principios de este Plan, sin excepción de país del Bravo a Magallanes son considerados como ciudadanos, con el derecho a ser soldados del movimiento y servidores de la causa, que dentro de los límites de Nuestra Améri­ca no reconoce fronteras.

15º. El lema del movimiento será el de TIERRA Y LIBERTAD que dio Emiliano Zapata a la Revolución Mexicana de la que fue mártir y es hoy símbolo, y la bandera del Partido Nacionalista Liber­tador será la bandera del Apra: fondo rojo con un continente indoamericano en oro encerrado en un círculo de oro también. El emblema central de la bandera y los colores rojo y oro así como el lema de TIERRA Y LIBERTAD quedan adoptados como los oficiales del movimiento en todas sus actividades.

Protestando solemnemente ante el pueblo peruano luchar has­ta el fin por conseguir su emancipación integral, despojados de todo interés personal y resueltos a cualquier sacrificio por al­canzar el triunfo de nuestra causa, hacemos un llamamiento a todos los trabajadores manuales e intelectuales del Perú, campesinos, estudiantes, obreros, empleados, soldados, marineros, hombres y mujeres para que presten su mas decidida ayuda al Partido y al Ejército Nacionalista Libertador considerando a sus jefes y a sus miembros como representantes y defensores de la libertad y de la soberanía de la Nación.

TIERRA Y LIBERTAD

Firmado en México, cuna de la Revolución Indoamericana y exilio de muchos desterrados por la tiranía, a los veintidós días del mes de enero de mil novecientos veintiocho, séptimo aniversario de la fundación de la Universidad Popular Gonzales Prada del Perú.

[Haya de la Torre]

El entendimiento Hoover-Mac Donald.

La Gran Bretaña ha renunciado formalmente, en la conversación entre Mac Donald y Hoover, a la hegemonía mundial de potencia marítima. Este es el primer resultado concreto de las negociaciones entre los dos presidentes, en de la República de USA y en del Consejo de Ministros de SM Británica. La paridad naval de los dos Imperios anglo-sajones era, sin duda, la condición básica de un acuerdo. El imperio yanqui ha llegado a un grado de su crecimiento y expansión en que no le [es] posible reconocer, en el plano de los armamentos navales, la superioridad británica. La limitación de los gastos navales es una necesidad del tesoro británico; no del tesoro norte-americano. Por consiguiente, la gestión del acuerdo y las concesiones elementales para allanarlo correspondían a la Gran Bretaña. Mac Donald ha empezado por reconocer este hecho.

Obtenido el entendimiento de las dos potencias anglo-sajonas en los puntos fundamentales, sin esperar el regreso de Mac Donald a Londres, se ha convocado para enero próximo a una nueva conferencia sobre el desarme naval. La conferencia se celebrará esta vez en Londres y a ella concurrirán solo cinco potencias: la Gran Bretaña, los Estados Unidos, el Japón, Francia e Italia.

Ya se dibujan las irreductibles oposiciones de intereses que esa conferencia tratará de resolver. La Gran Bretaña y los Estados Unidos propugnan la supresión de los submarinos como arma naval. I en este punto no se muestran dispuestas a ceder Francia ni Italia. Para las potencias a las que no es posible sostener escuadras formadas por unidades costosas, el submarino es el arma por excelencia. Navalmente, Francia e Italia quedarían reducidas a una condición de suma inferioridad, si renunciaran a sus flotillas de sub-marinos. La prensa fascista, reaccionando rápidamente contra el plan Hoover-Mac Donald, lo denuncia como el pacto de los imperios para imponer su ley al mundo. El Japón, a su vez, no se aviene a la escala de 5-5-3- que se pretende fijar en lo que respecta. I los Estados Unidos, sin duda, no querrán hacer concesiones al Japón en este terreno. No es el desarme, sino un equilibro, fundado en la absoluta primacía anglo-americana, lo que se negocia, en este difícil y complicado proceso.

El vacío en torno a Primo de Rivera

La designación de Sánchez Guerra, Alba, y Eduardo Ortega y Gasset por el Colegio de Abo­gados de España para tres asientos en la Asam­blea Nacional, es un gesto de reto y de desdén a la dictadura de Primo de Rivera que confirma vivazmente el estado de ánimo de la nación es­pañola. La terna no puede ser, por las personas y por la intención, más hostil contra la desven­cijada y alegre dictadura del Marqués de Es­tella.

Sánchez Guerra no ha salido aún de la juris­dicción del tribunal militar que lo juzga por su tentativa de insurrección. Es el caudillo más agresivo y conspicuo de la lucha contra Primo de Rivera. Preso, después del fracaso del plan insurreccional, no pidió gracia ni excusa. No ate­nuó mínimamente su actitud de rebeldía contra el régimen. La declaró legítima, ratificándose en su condena de este régimen y de sus proyectos de falsificar la legalidad con una reforma pseudo-plebiscitaria de la Constitución que ha pues­to en suspenso. Dr. Santiago Alba es el ex minis­tro del antiguo régimen contra el que se ensañó tan porfiada y escandalosamente en sus comien­zos la belicosidad fanfarrona de Primo de Rive­ra. Ninguna reputación del liberalismo español fue entonces tan rabiosamente agredida como la de Alba por los paladines de la Unión Patriótica. Alba, por su parte, ha respondido siempre con beligerancia decidida a la ofensiva del somatenis­mo. Eduardo Ortega y Gasset, en fin, no es me­nos conocido por su obstinada oposición al ré­gimen que desde hace algunos años sufre su pa­tria. En mi última crónica, comenté precisamen­te su expulsión de Hendaya, a consecuencia de su tesonera y enérgica campaña contra Primo de Rivera en esa ciudad de la frontera franco­-española, al frente de la revista "Hojas Libres". Su aclamación por el Colegio de Abogados ha seguido por pocas semanas esta medida drástica de la policía francesa, solicitada empeñosamente por la Embajada de España en París.

Pero este hecho, con ser significativo, no agre­ga sustancialmente nada a lo que ya sabíamos respecto al aislamiento, a la soledad de Primo de Rivera y su clientela. El fascismo italiano se atrevió al acaparamiento total y despótico del gobierno y del parlamento, a base de una facción entrenada y aguerrida, militarmente disciplinada. El somatenismo español, en tanto, no ha llegado después de seis años de poder, a constituir un partido apto para desafiar a la oposición y or­ganizar sin ella y contra ella gobierno, parlamen­to y plebiscito. Ya me he referido a la proviso­riedad que Primo de Rivera ha invocado siem­pre como una excusa de su presencia en la jefa­tura del gobierno. Pasado su período de desplante y jactancia, Primo de Rivera ha cortejado a los mismos viejos partidos contra los que antigramaticalmente despotricara en las primeras jornadas de su aventura palaciega, para conseguir su colaboración en la Asamblea Nacional y en la reforma de la Constitución. Algunos líderes liberales, no han dejado de mostrarse oportunísticamente dispuestos a una componenda; pero se han guardado no menos oportunísticamente de situarse en un terreno de franco consenso. El Partido Socialista y la Unión de Trabajadores han tomado posición neta contra el simulacro de asamblea y de reforma. Como lo ha observado bien nuestra inteligente y avisada amiga Carmen Saco, viajando de Barcelona a Valencia y Manises, el pueblo español toma a risa el régimen de Primo de Rivera. Todo el mundo piensa que eso no es serio y no durará. Primo de Rivera con sus actitudes, con sus discursos, con sus presuntuosos disparates de legislador, crea el vacío en torno suyo. Su política, bajo este aspecto, tiene un efecto automático, que él no se propone, pero que por esto mismo obtiene infaliblemente.

Política argentina

El gobierno de Irigoyen hace frente a una oposición combativa, en la que hay que distinguir dos frentes bien diversos. Las requisitorias de los conservadores, del antipersonalismo y de la Liga Patriótica, son de la más neta filiación reaccionaria. Su beligerancia se alimenta del resentimiento de los variados intereses unificados alrededor de la fórmula Melo-Gallo. Estos intereses no le perdonan al irigoyenismo su victoria abrumadora en la batalla eleccionaria. Irigoyen, en el poder, ha decepcionado a muchos de los que esperaban no se sabe qué milagros de su demagógica panacea populista. En la lucha de clases, su gobierno hace sin disimulas la política de la burguesía industrial y mercantil. El proletariado, por consiguiente, lo reconoce como un gobierno de clase. La reducción de la burocracia, la redistribución de los emplees públicos, crea un ejército de cesantes y desocupados que actúa como activo elemento de agitación antiirigoyenista. Esto sirve a la oposición conservadora para elevar a un rango espectacular la escaramuza parlamentaria. Pero la verdadera oposición de clase y de doctrina es la que se delínea, con carácter cada vez más acentuado y propio, en el proletariado.

José Carlos Mariátegui

La reacción austriaca
Las brigadas de la Heinmwehr no han realizado el 29 de setiembre su amenazada marcha a Viena; pero, con la anuencia de los nacionalistas y de los social-cristianos, se ha instalado en la presidencia del consejo Schober, el jefe de las fuerzas de policía. Los reaccionarios se han abstenido de cumplir una operación riesgosa para sus fanfarronas milicias; pero la reacción ha afirmado sus posiciones. La marcha a Viena habría provocado a la lucha al proletariado vienés, alerta y resuelto contra la ofensiva fascista, a despecho de la pasividad de la burocracia social-demócrata. La maniobra que, después de una inocua crisis ministerial, arreglada en familia, ha colocado el gobierno en manos de Schober, consiente a la reacción obtener casi los mismos objetivos, con enorme ahorro de energías y esfuerzos.
Los partidos revolucionarios austriacos no perdonan a Viena su mayoría proletaria y socialista. La agitación fascista en Austria, se ha alimentado, en parte, del resentimiento de la campiña y del burgo conservadores contra la urbe industrial y obrera. Las facciones burguesas se sentían y sabían demasiado débiles en la capital para la victoria contra el proletariado. En plena creciente reaccionaria, los socialistas izaban la bandera de su partido en el palacio municipal de Viena. El fascismo italiano se proclama ruralista y provincial; la declamación contra la urbe es una de sus más caras actitudes retóricas. El fascismo austriaco, desprovisto de toda originalidad, se esmera en el plagio más vulgar de esta fraseología ultramontana. La marcha a Viena, bajo este aspecto, tendría el sentido de una revancha del agro retrógrado contra la urbe inquiera y moderna.
Schober, según el cable, se propone encuadrar dentro de la legalidad el movimiento de la Heimwehr. Va a hacer un gobierno fascista, que no usará el lenguaje estridente ni los modales excesivos y chocantes de los camisas negras, sino, más bien, los métodos policiales de André Tardieu y el prefecto del Sena. Con una u otra etiqueta, régimen reaccionario siempre.
Se sabe ya a donde se dirige la política reaccionaria y burguesa de Austria, pero se sabe menos hasta qué punto llegará el pacifismo del partido socialista, en su trabajo de frenar y anestesiar a las masas proletarias.

La expulsión de Eduardo Ortega y Gasset
El reaccionarismo de Tardieu no se manifiesta únicamente en la extrema movilización de sus políticas y tribunales contra “L’Humanité”, la CGTU y el partido comunista. Tiene otras expresiones secundarias, de más aguda resonancia quizá en el extranjero, por la nacionalidad de las víctimas. A este número pertenece la expulsión de Hendaya del político y escritor liberal Eduardo Ortega y Gasset.
La presencia de Eduardo Ortega y Gasset en Hendaya, como la de Unamuno, resultaba sumamente molesta para la dictadura de Primo de Ribera. Ortega y Gasset publicaba en Hendaya, esto es en la frontera misma, con la colaboración ilustra de Unamuno, una pequeña revista: “Hojas Libres”, que a pesar de una estricta censura, circulaba considerablemente en España. Las más violentas y sensacionales requisitorias de Unamuno contra el régimen de Primo de Rivera se publicaron en “Hojas Libres”.
Muchas veces se había anunciado la inminente expulsión de Eduardo Ortega y Gasset cediendo a instancias del gobierno español al de Francia; pero siempre no había esperado que la mediación de los radicales-socialistas; y en general de las izquierdas burguesas, ahorraría aún por algún tiempo a la tradición liberal y republicana de Francia este golpe. El propio Eduardo Herriot había escrito protestando contra la amenazada expulsión. Pero lo que no se atrevió a hacer un gabinete Poincaré, lo está haciendo desde hace tiempo, con el mayor desenfado, bajo la dirección de André Tardieu, un gabinete Briand. Tardieu que ha implantado el sistema de las prisiones y secuestros preventivos, sin importarle un ardite las quejas de la Liga de los Derechos del Hombre, no puede detenerse ante la expulsión de un político extranjero, aunque se trate de un ex-ministro liberal como Eduardo Ortega y Gasset.
Hendaya es la obsesión de Primo de Rivera y sus gendarmes. Ahí vigila, aguerrido e intransigente, don Miguel de Unamuno. I este solo hombre, por la pasión y donquijotismo con que combate, inquiera a la dictadura jesuítica más que cualquier morosa facción o partido. La experiencia española, como la italiana, importa la liquidación de los viejos partidos. Primo de Rivera sabe que puede temer a un Sánchez Guerra, pero no a los conservadores, que puede temer a Unamuno, pero no a los liberales.

Mac Donald en Washington
La visita de Ramsay Mac Donal al Presidente Hoover consagra la elevación de Washington a la categoría de gran metrópoli internacional. Los grandes negocios mundiales se discutían y resolvían hasta la paz de Versailles en Europa. Con la guerra, los Estados Unidos asumieron en la política mundial un rol que reivindicaba para Washington los mismos derechos de Londres, París, Berlín y Roma. La conferencia del trabajo de 1919, fue el acto de incorporación de Washington en el número de las sedes de los grandes debates internacionales. La siguió la conferencia del Pacífico, destinada a contemplar la cuestión china. Pero en ese congreso se consideraba aún un problema colonial, asiático. Ahora, en el diálogo entre Mac Donal y Hoover se va a tratar una cuestión esencialmente occidental. La concurrencia, el antagonismo entre los dos grandes imperios capitalistas, da su fondo al debate.
La reducción de los armamentos navales de ambas potencias, no tendrá sino el alcance de una tregua formal en la oposición de sus intereses económicos y políticos. Este mismo acuerdo se presenta difícil. Las necesidades del período de estabilización capitalista lo exigen perentoriamente. Para esto, se confía en alcanzarlo finalmente, a pesar de todo. Pero la rivalidad económica de los Estados Unidos y la Gran Bretaña quedará en pie. Los dos imperios seguirán disputándose obstinadamente, sin posibilidad de un acuerdo permanente, los mercados y las fuentes de materias primas.
Este problema central será probablemente evitado por Hoover y Mac Donald en sus coloquios. El juego de la diplomacia tiene esta regla, no hay que permitirse a veces la menor alusión a aquello en que más se piensa. Pero si el estilo de la diplomacia occidental es el mismo de ante guerra, el itinerario, la escena, han variado bastante. Con Wilson, los presidentes de los Estados Unidos de Norte-América conocieron el camino de París y de Roma; con Mac Donald, los primeros ministros de la Gran Bretaña aprenden el viaje a Washington.
José Carlos Mariátegui.

El tramonto de Primo de Rivera
Con escepticismo de viejo mundano, no exento aún del habitual alarde fanfarrón, el Marqués de Estella prepara su partida del poder. El año 1930 señalará la liquidación de la dictadura militar, inaugurada con hueca retórica fascista hace seis años.
Estos seis años de administración castrense debían haber servido, según el programa de Primo de Rivera, para una completa transformación del régimen político y constitucional de España. Pero esta es, precisamente, la promesa que no ha podido cumplir. Después de seis años de vacaciones, no muy alegres ni provechosas, la monarquía española regresa prudentemente a la vieja legalidad. El proyecto de reforma constitucional, boicoteado por todos los partidos, ha sido abandonado. Primo de Rivera no ha podido persuadir al rey de que debe correr hasta el final esta juerga. El rey prefiere restaurar, con gesto arrepentido, la antigua constitución y los antiguos partidos. A este mísero resultado llega una jactanciosa aventura que se propuso nada menos que el entierro de la vieja política.
Unamuno puede reír del trágico-cómico acto final de esta triste farsa con legítimo gozo de profeta. Los que encuentran siempre razones para vivir el minuto, pensando que “lo real es racional”, declararon exagerada y hasta ridícula la campaña de Unamuno en Hendaya. El filósofo de Salamanca, según ellos, debía comportarse con más diplomática reserva. Sus coléricas requisitorias no les parecían de buen tono. Ahora quien da “zapatetas en el aire” no es el gran desterrado de Hendaya. Es el efímero e ineficaz dictador de España que, en el poder todavía, hace el balance de su gobierno frustrado. Sirvió hace seis a su rey y para una escapatoria de monarca calavera. I ahora su rey lo licencia, para volver a la constitucionalidad.
La dictadura flamenca del Marqués de Estella no ha cumplido siquiera el propósito de jubilar definitivamente a los viejos políticos. Los más acatarrados liberales y conservadores se aprestan a reanudar el juego interrumpido en 1923. Primo de Rivera es un jugador que ha perdido la partida. No jugaba por cuenta suya, sino por la del rey. Alonso XIII no le ha dejado al menos terminar su juego.

La conferencia de La Haya
La nueva conferencia de la Haya relega a segundo término a los diplomáticos de la paz capitalista. Esta vez es Tardieu y no Briand quien tiene la palabra a nombre de Francia. Mientras Tardieu exige la inclusión en el protocolo sobre el pago de las reparaciones de las sanciones militares que se adoptarán en caso de incumplimiento de Alemania, Briand prepara las frases que pronunciará en Ginebra, en el consejo de la Liga de las Naciones. Los propios delegados financieros pasan a segundo término. Tardieu necesita satisfacer el nacionalismo del electorado en que se apoya su gobierno. I hasta ahora, a lo que parece, los antiguos aliados de Francia lo sostienen. Briand ha quedado desplazado del puesto de responsabilidad. Tardieu engancha sus poderes en el ministerio que preside y en el que desempeña la cartera del interior. Negociador del tratado de Versailles, le toca hoy firmar el protocolo que pone en vigencia, ligeramente retocado, el plan Young para el pago de las reparaciones. Hace doce años, en Versailles, le habría sido difícil prever que el capítulo del arreglo de las reparaciones resultase tan largo. Tal vez, en sus previsiones íntimas de entonces, su propia ascensión a la jefatura del gobierno aparecía calculada para mucho antes de 1929.
El gobierno alemán, en visible crisis desde la renuncia de Hilferding, sacrificado al implacable director del Reichsbank, puede regresar seriamente disminuido en su prestigio a Berlín, si Tardieu obtiene en la Haya la suscripción de sus condiciones.

La limitación de los armamentos navales
En otra estación se encuentra el debate sobre la limitación de los armamentos navales de las grandes potencias. La conferencia de las cinco potencias vencedoras en la guerra mundial, -Estados Unidos, Gran Bretaña, Japón, Francia e Italia-, que se reunirá en Londres no cuenta con más base de trabajo que el entendimiento anglo-americano. Para arribar a un acuerdo de las cinco potencias, hace falta todavía concretar las reivindicaciones del Japón, Francia e Italia entre si y con el equilibrio y la primacía de las escuadras de la Gran Bretaña y Estados Unidos. El Japón aspira una proporción mayor de la que estas dos potencias le han fijado. Francia resiste a la supresión del submarino como arma naval. Italia reclama la paridad franco-italiana. Anteriormente, Italia era también favorable al submarino; pero conforme a los últimos cablegramas parece ahora ganada a la tesis adversa. En cambio, se muestra irreductible en cuanto al derecho a tener una escuadra igual a la de Francia. Este derecho, por mucho tiempo, sería solo teórico. Su uso estaría condicionado por las posibilidades económicas del país. Mas el gobierno fascista considera la paridad como una cuestión de prestigio. Un régimen que se propone restituir a Italia su rol imperial no puede suscribir un pacto naval que la coloque en un rango inferior al de Francia.
Francia, a su vez, sentiría afectado su prestigio político por la paridad de armamentos navales con Italia. Aceptar esta paridad sería consentir en una disminución de su jerarquía de gran potencia o convenir en la ascensión de Italia al lado de una Francia estacionaria no obstante la victoria de 1928. Tardieu no es el gobernante más dispuesto a este género de concesiones que podrían comprometer su compósita mayoría parlamentaria.
Las perspectivas de la conferencia son, por tanto, muy oscuras. No existe sino un punto de partida: el acuerdo de los Estados Unidos y la Gran Bretaña para dividirse la supremacía marítima. I, por supuesto, no es el caso de hablar absolutamente de desarme.
José Carlos Mariátegui.

El intermezzo Berenguer
La agitación política a que debe hacer frente en España el gobierno de transición del general Berenguer, no ha tardado en cobrar un acentuado tono antimonárquico. Unamuno, recibido jubilosamente en España, a nada se ha apresurado tanto como a reafirmar su posición republicana. No habría podido tomar otra actitud, después de sus vehementes campañas en Hendaya. Pero, probablemente, en los cálculos del restablecimiento del régimen constitucional entraba cierta confianza de que la satisfacción por la caída del Primo de Rivera atenuase en los políticos en ostracismo el enojo contra la monarquía.
La dictadura de Primo de Rivera ha tenido el paradójico resultado de resucitar en España al Partido Republicano. Los socialistas habían ido desplazando, poco a poco, a los republicanos, antes de esta crisis de la legalidad, de sus posiciones electorales. Durante la dictadura, el partido socialista ha acrecentado su poder y su influencia. Pero, en parte, ha sido por el rol democrático que su oposición le asigna en el futuro próximo de España. Más que un partido socialista, desde el punto de vista de la composición y la ideología, es un partido demo-liberal. El republicanismo, el antimonarquismo es el aspecto que más expectación enciende en torno a su política. I es lógico que, en esta situación, los antiguos republicanos se sientan también llamados a jugar un rol. La dictadura militar no miraba a otra cosa que a un retorno absolutista. Su fracaso reabre la cuestión del régimen, la cuestión monarquía o república, que los partidos constitucionales creían definitivamente superada o abandonada, con el desarrollo de un movimiento socialista que trasladaba las reivindicaciones de las masas al terreno económico y social.
La monarquía está comprendida en el proceso a Primo de Rivera. El conde de Romanones ha hecho, según el cable, declaraciones que indican su preocupación respecto a la suerte del orden monárquico en España. A su juicio, los acontecimientos exigen una transformación del régimen. España necesita una monarquía constitucional, un orden parlamentario como el de Inglaterra. El viejo ideal de los monárquicos liberales reaparece, en la mente y la práctica de estos, como la fórmula salvadora. La subsistencia del régimen monárquico no tiene otra garantía.
El gobierno de transición de Berenguer, como ya he tenido oportunidad de remarcarlo, asume el encargo de liquidar la dictadura militar; pero es todavía la continuación de esta dictadura, con nuevo personal y diverso programa. La legalidad no está restablecida. El objeto de este gobierno es la normalización, pero la normalización no puede obtenerse por decreto real. La suspensión parcial de la Constitución se mantiene vigente. Berenguer, por ejemplo, tiene que seguir usando la censura de la prensa. La agitación de los partidos y las masas, lo coloca frente a una grave cuestión de procedimiento: ¿Puede su gobierno autorizar o tolerar, inmediatamente, mítines, manifiestos, campañas que son, legalmente, normales? Si la Constitución continúa en suspenso, si los derechos de reunión, de prensa, de negociación no son restituidos al pueblo, ¿Cómo podrá hablarse de restablecimiento de la legalidad? Las medidas restrictivas, en instantes de efervescencia popular, provocarán protestas. I estas, a su vez, incitarán al gobierno de la represión.
Cuando las condiciones políticas de un país llegan a este punto, la revolución puede comenzar en un tumulto. Después de una aventura como la de Primo de Rivera, la vuelta a la constitución no puede cumplirse sin riesgos. Los partidos de oposición entienden, lógicamente, la derrota del dictador como su victoria. Los victoriosos no se conforman fácilmente con que a la hora de la paz se les escamotee las ventajas de la derrota, del fracaso del enemigo. Las cosas se complican con la complicidad notoria de Alfonso XIII, con su interés personal en el golpe de Estado del Marqués de Estella.
La monarquía, ante la bancarrota de la política de Primo de Rivera, ha ofrecido para salvarse la vuelta lisa y llana a la Constitución. Esto es todo lo que la monarquía puede prometer. Pero es mucho más lo que la oposición se encuentra con derecho y con fuerzas para reclamar. El Conde de Romanones: viejo y astuto servidor del régimen, pide que la monarquía se convierta en una monarquía liberal de tipo inglés. Es la reivindicación de un cortesano y de un parlamentario: la reivindicación mínima. Los republicanos quieren la República, los socialistas denuncian la incompatibilidad de la monarquía actual con un orden democrático. Lo que las masas demandarán, en la calle, en los comicios, si se le consiente formular públicamente sus desideratas, será no unas Cortes ordinarias, normalizadoras, sino una Constituyente. Quien dice Constituyente, en las presentes circunstancias, dice Revolución.
El segundo acto de este drama, después del intermezzo Berenguer, si las fuerzas republicanas y socialistas no son en España suficientemente activas y eficaces para empujar al país por este camino, puede ser, por ende, la dictadura absolutista. Ya se ha hablado de la intención de Alfonso XIII de jugar, eventualmente, a la misma carta que Alejandro, el Rey de Yugo-Eslavia. La Unión Patriótica, en previsión de las emergencias posibles, no desarma sus cuadros. Berenguer, conforme a un cablegrama último, se ha visto obligado a telegrafiar a los capitanes generales del reino “recordándoles que la función militar es incompatible con la actuación política y que, su consecuencia, los militares que actuaban en el partido de la Unión Patriótica deben abandonar esa labor política”.
¿Quiénes obran más enérgica y prontamente? ¿Los agentes de la reacción, batidos en la batalla de Primo de Rivera, o las fuerzas de la revolución, sorprendidos por los acontecimientos y carentes de una organización de combate?

Las elecciones colombianas
Ha concluido el gobierno de los conservadores en Colombia. En apariencia, los liberales han ganado las elecciones porque los conservadores se presentaron divididos en ellas. Pero no hay que atenerse a lo aparencial en la estimación de los fenómenos históricos. La división no habría sido posible sin una grave y honda crisis de la política conservadora. Es a esta crisis a la que los conservadores deben su derrota revolucionaria. El cisma del partido, el antagonismo de valencistas y vasquistas, no era sino un síntoma.
El gobierno conservador tendía, a la agitación social y política del país, a una política fascista. El acto más significativo de la administración del Dr. Abadía ha sido la “ley heroica” que niega a la acción política clasista del proletariado de las libertades que la Constitución del Estado acuerda a la expresión de todos los programas e ideologías. La represión sanguinaria de las huelgas de las bananeras no ha sido otra cosa que la aplicación a la lucha contra las reivindicaciones proletarias de los principios fascistas en que se inspiraba esa ley de excepción. El general Rengifo, ministro de guerra del Dr. Abadía hasta los acontecimientos que impusieron su caída, no ha disimulado sus propósitos fascistas. Se ha ofrecido, en todos los tonos, a la clase conservadora para el aplastamiento de las fuerzas revolucionarias. Es uno de esos Martínez Anido hispano-americanos que sueñan con los honores de gendarmes de la Reacción. El general Vásquez Cobo era el candidato de su tendencia. En los primeros tiempos sonó el del propio Rengifo como el de un posible candidato. Pero Rengifo había caído demasiado estruendosamente repudiado por las masas en las manifestaciones que forzaron al Dr. Abadía a licenciar a sus más belicosos y comprometedores ministros. Vásquez Cobo, además, a juicio de un mayor número de conservadores, reunía mejores aptitudes para desenvolver un programa equivalente.
Pero no todos los conservadores se inclinaban a este método. La mayoría del partido está aún formada por gente parsimoniosa, reacia a salir de las viejas normas del conservantismo clásico. La escisión del partido ha sido, por esto, inevitable.
Los liberales no estaban dispuestos a presentar candidato. Hace algunas semanas creían que su mejor política era, una vez más, la abstención. Una rama del partido entendía la abstención como el preámbulo de una acción insurreccional. El declinio de los conservadores, el descrédito creciente de su método gubernamental, reforzaba crecientemente al partido liberal. Los liberales se aprestaban a recoger la herencia del gobierno. Pero había discrepancias sobre la mejor forma de apresurar la sucesión. El triunfo de Olaya Herrera [en las elecciones] es el triunfo de la tendencia pacifista y conciliadora del [partido. A Olaya Herrera] de nada se ha preocupado tanto como de presentarse como un [candidato nacional,] como un hombre exento de espíritu de facción.
Los intereses imperialistas juegan un rol primordial en la política colombiana. Uno de los más sonoros incidentes de la designación de los candidatos conservadores, fue como se sabe el veto del Dr. Concha por sus antecedentes de canciller que defendió celosamente la soberanía nacional frente a la agresiva política yanqui. Vásquez Cobos representaba ostensiblemente una política favorable al capitalismo norte-americano. También, bajo este aspecto, aunque muy discreta y atenuadamente, Valencia encarnaba la tradición conservadora. Olaya Herrera, ex-embajador en Washington, tiene toda la simpatía de los intereses de Estados Unidos. Sus declaraciones, a este respecto, han sido, por lo demás explícitas.
El proletariado colombiano ha afirmado en las elecciones su orientamiento clasista, votando por la candidatura de Alberto Castrillón, líder de la huelga de las bananeras. El partido socialista revolucionario no se ha hecho ninguna ilusión respecto a su fuerza electoral al presentar esta candidatura. Ha querido únicamente proclamar la autonomía de la política obrera.
José Carlos Mariátegui.