El intermezzo Berenguer
La agitación política a que debe hacer frente en España el gobierno de transición del general Berenguer, no ha tardado en cobrar un acentuado tono antimonárquico. Unamuno, recibido jubilosamente en España, a nada se ha apresurado tanto como a reafirmar su posición republicana. No habría podido tomar otra actitud, después de sus vehementes campañas en Hendaya. Pero, probablemente, en los cálculos del restablecimiento del régimen constitucional entraba cierta confianza de que la satisfacción por la caída del Primo de Rivera atenuase en los políticos en ostracismo el enojo contra la monarquía.
La dictadura de Primo de Rivera ha tenido el paradójico resultado de resucitar en España al Partido Republicano. Los socialistas habían ido desplazando, poco a poco, a los republicanos, antes de esta crisis de la legalidad, de sus posiciones electorales. Durante la dictadura, el partido socialista ha acrecentado su poder y su influencia. Pero, en parte, ha sido por el rol democrático que su oposición le asigna en el futuro próximo de España. Más que un partido socialista, desde el punto de vista de la composición y la ideología, es un partido demo-liberal. El republicanismo, el antimonarquismo es el aspecto que más expectación enciende en torno a su política. I es lógico que, en esta situación, los antiguos republicanos se sientan también llamados a jugar un rol. La dictadura militar no miraba a otra cosa que a un retorno absolutista. Su fracaso reabre la cuestión del régimen, la cuestión monarquía o república, que los partidos constitucionales creían definitivamente superada o abandonada, con el desarrollo de un movimiento socialista que trasladaba las reivindicaciones de las masas al terreno económico y social.
La monarquía está comprendida en el proceso a Primo de Rivera. El conde de Romanones ha hecho, según el cable, declaraciones que indican su preocupación respecto a la suerte del orden monárquico en España. A su juicio, los acontecimientos exigen una transformación del régimen. España necesita una monarquía constitucional, un orden parlamentario como el de Inglaterra. El viejo ideal de los monárquicos liberales reaparece, en la mente y la práctica de estos, como la fórmula salvadora. La subsistencia del régimen monárquico no tiene otra garantía.
El gobierno de transición de Berenguer, como ya he tenido oportunidad de remarcarlo, asume el encargo de liquidar la dictadura militar; pero es todavía la continuación de esta dictadura, con nuevo personal y diverso programa. La legalidad no está restablecida. El objeto de este gobierno es la normalización, pero la normalización no puede obtenerse por decreto real. La suspensión parcial de la Constitución se mantiene vigente. Berenguer, por ejemplo, tiene que seguir usando la censura de la prensa. La agitación de los partidos y las masas, lo coloca frente a una grave cuestión de procedimiento: ¿Puede su gobierno autorizar o tolerar, inmediatamente, mítines, manifiestos, campañas que son, legalmente, normales? Si la Constitución continúa en suspenso, si los derechos de reunión, de prensa, de negociación no son restituidos al pueblo, ¿Cómo podrá hablarse de restablecimiento de la legalidad? Las medidas restrictivas, en instantes de efervescencia popular, provocarán protestas. I estas, a su vez, incitarán al gobierno de la represión.
Cuando las condiciones políticas de un país llegan a este punto, la revolución puede comenzar en un tumulto. Después de una aventura como la de Primo de Rivera, la vuelta a la constitución no puede cumplirse sin riesgos. Los partidos de oposición entienden, lógicamente, la derrota del dictador como su victoria. Los victoriosos no se conforman fácilmente con que a la hora de la paz se les escamotee las ventajas de la derrota, del fracaso del enemigo. Las cosas se complican con la complicidad notoria de Alfonso XIII, con su interés personal en el golpe de Estado del Marqués de Estella.
La monarquía, ante la bancarrota de la política de Primo de Rivera, ha ofrecido para salvarse la vuelta lisa y llana a la Constitución. Esto es todo lo que la monarquía puede prometer. Pero es mucho más lo que la oposición se encuentra con derecho y con fuerzas para reclamar. El Conde de Romanones: viejo y astuto servidor del régimen, pide que la monarquía se convierta en una monarquía liberal de tipo inglés. Es la reivindicación de un cortesano y de un parlamentario: la reivindicación mínima. Los republicanos quieren la República, los socialistas denuncian la incompatibilidad de la monarquía actual con un orden democrático. Lo que las masas demandarán, en la calle, en los comicios, si se le consiente formular públicamente sus desideratas, será no unas Cortes ordinarias, normalizadoras, sino una Constituyente. Quien dice Constituyente, en las presentes circunstancias, dice Revolución.
El segundo acto de este drama, después del intermezzo Berenguer, si las fuerzas republicanas y socialistas no son en España suficientemente activas y eficaces para empujar al país por este camino, puede ser, por ende, la dictadura absolutista. Ya se ha hablado de la intención de Alfonso XIII de jugar, eventualmente, a la misma carta que Alejandro, el Rey de Yugo-Eslavia. La Unión Patriótica, en previsión de las emergencias posibles, no desarma sus cuadros. Berenguer, conforme a un cablegrama último, se ha visto obligado a telegrafiar a los capitanes generales del reino “recordándoles que la función militar es incompatible con la actuación política y que, su consecuencia, los militares que actuaban en el partido de la Unión Patriótica deben abandonar esa labor política”.
¿Quiénes obran más enérgica y prontamente? ¿Los agentes de la reacción, batidos en la batalla de Primo de Rivera, o las fuerzas de la revolución, sorprendidos por los acontecimientos y carentes de una organización de combate?

Las elecciones colombianas
Ha concluido el gobierno de los conservadores en Colombia. En apariencia, los liberales han ganado las elecciones porque los conservadores se presentaron divididos en ellas. Pero no hay que atenerse a lo aparencial en la estimación de los fenómenos históricos. La división no habría sido posible sin una grave y honda crisis de la política conservadora. Es a esta crisis a la que los conservadores deben su derrota revolucionaria. El cisma del partido, el antagonismo de valencistas y vasquistas, no era sino un síntoma.
El gobierno conservador tendía, a la agitación social y política del país, a una política fascista. El acto más significativo de la administración del Dr. Abadía ha sido la “ley heroica” que niega a la acción política clasista del proletariado de las libertades que la Constitución del Estado acuerda a la expresión de todos los programas e ideologías. La represión sanguinaria de las huelgas de las bananeras no ha sido otra cosa que la aplicación a la lucha contra las reivindicaciones proletarias de los principios fascistas en que se inspiraba esa ley de excepción. El general Rengifo, ministro de guerra del Dr. Abadía hasta los acontecimientos que impusieron su caída, no ha disimulado sus propósitos fascistas. Se ha ofrecido, en todos los tonos, a la clase conservadora para el aplastamiento de las fuerzas revolucionarias. Es uno de esos Martínez Anido hispano-americanos que sueñan con los honores de gendarmes de la Reacción. El general Vásquez Cobo era el candidato de su tendencia. En los primeros tiempos sonó el del propio Rengifo como el de un posible candidato. Pero Rengifo había caído demasiado estruendosamente repudiado por las masas en las manifestaciones que forzaron al Dr. Abadía a licenciar a sus más belicosos y comprometedores ministros. Vásquez Cobo, además, a juicio de un mayor número de conservadores, reunía mejores aptitudes para desenvolver un programa equivalente.
Pero no todos los conservadores se inclinaban a este método. La mayoría del partido está aún formada por gente parsimoniosa, reacia a salir de las viejas normas del conservantismo clásico. La escisión del partido ha sido, por esto, inevitable.
Los liberales no estaban dispuestos a presentar candidato. Hace algunas semanas creían que su mejor política era, una vez más, la abstención. Una rama del partido entendía la abstención como el preámbulo de una acción insurreccional. El declinio de los conservadores, el descrédito creciente de su método gubernamental, reforzaba crecientemente al partido liberal. Los liberales se aprestaban a recoger la herencia del gobierno. Pero había discrepancias sobre la mejor forma de apresurar la sucesión. El triunfo de Olaya Herrera [en las elecciones] es el triunfo de la tendencia pacifista y conciliadora del [partido. A Olaya Herrera] de nada se ha preocupado tanto como de presentarse como un [candidato nacional,] como un hombre exento de espíritu de facción.
Los intereses imperialistas juegan un rol primordial en la política colombiana. Uno de los más sonoros incidentes de la designación de los candidatos conservadores, fue como se sabe el veto del Dr. Concha por sus antecedentes de canciller que defendió celosamente la soberanía nacional frente a la agresiva política yanqui. Vásquez Cobos representaba ostensiblemente una política favorable al capitalismo norte-americano. También, bajo este aspecto, aunque muy discreta y atenuadamente, Valencia encarnaba la tradición conservadora. Olaya Herrera, ex-embajador en Washington, tiene toda la simpatía de los intereses de Estados Unidos. Sus declaraciones, a este respecto, han sido, por lo demás explícitas.
El proletariado colombiano ha afirmado en las elecciones su orientamiento clasista, votando por la candidatura de Alberto Castrillón, líder de la huelga de las bananeras. El partido socialista revolucionario no se ha hecho ninguna ilusión respecto a su fuerza electoral al presentar esta candidatura. Ha querido únicamente proclamar la autonomía de la política obrera.
José Carlos Mariátegui.

II.
La ofensiva contra la fuerzas políticas y sindicales adversas a sus intentos que llenó la primera fase de la dictadura de Ibáñez, comprendió naturalmente a la Asociación General de Profesores, llamada después a colaborar con el Gobierno en la actuación de una reforma basada en su propio programa educacional. Los miembros dirigentes de la Asociación se vieron perseguidos; algunos condenados al destierro o al confinamiento, otros exonerados de sus funciones en el servicio escolar. ¿Cómo se produjo la conversión del gobierno de Ibáñez a las ideas educacionales de la Asociación General de Profesores o, más bien, su cambio de táctica frente a los maestros revolucionarios? Ya he dicho que este régimen, que descansa en el ejército y en la pequeña burguesía, emplea en vasta escala, como el régimen fascista, un lenguaje y un método demagógico, atribuyéndose, con el objeto de sembrar la desorientación y el confusionismo en las masas, una misión revolucionaria. Su equilibrio depende, de un lado, del apoyo del capital financiero, cuyos intereses son solícitamente servidos, y de otro lado, de la adhesión o la neutralidad benévola de la pequeña burguesía de los sectores oportunistas o retardador de la clase obrera. La explotación de la reforma educacional, con actos y palabras obsecuentes a ideas abrigadas en las masas por la campaña de los maestros, era un arma política que, al parecer, se podía usan sin peligro. El Dr. José Santos Salas, candidato de las clases media y proletaria en 1925, ministro de Ibáñez, a poco de la inauguración de su gobierno, mentor de su política social, fue el inspirador e inspirador de esta maniobra. En un reciente artículo, el escritor y educador argentino Julio R. Barcos afirma que llegado Salas al ministerio, se apresuró a “convencer al dictador de que, en vez de perseguir a los maestros, era preferible legalizar la aspiración del pueblo que ellos encarnaban con su plan de reconstrucción de la enseñanza y no dejarse arrebatar la gloria de la Reforma Escolar que estos habían elaborado”. De su campaña de candidato de los asalariados, Salas conservaba seguramente relaciones que consentían su contacto personal con la Asociación General de Profesores. Pero estas mismas circunstancias lo hacían sospechoso para el “entourage” de Ibáñez. La publicación precipitada del decreto de reforma, condujo a Salas a un choque con el Ministro de Hacienda Pablo Ramirez, mentor principal del régimen, y a la dimisión de su cargo. Caído en desgracia, Salas pasó del ministerio al destierro.
Pero el gobierno de Ibáñez estaba ya embarcado en la aventura y, además, la consideraba necesario al desarrollo de su política. Hacía falta para el cargo de ministro, en reemplazo de Salas, un intelectual de nombre, que no ofreciera los peligros de un político diestro y ambicioso, y que contribuyera a hacer pasar la reforma como una obra de cultura, de fines puramente intelectuales. Se encontró el nuevo ministro en el director de la Biblioteca Nacional y eminente literato Eduardo Barrios, a quien sus amigos de izquierda acababan de reprochar un acto de fe en el régimen de Ibáñez, Barrios, rodeado y asesorado por los técnicos de la Asociación General de Profesores, asumió la misión de presidir la labor de reforma educacional más vasta y avanzada que se ha intentado, en los últimos tiempos, en Sud-América.
La Asociación General de Profesores discutió mucho su resolución. ¿Se debía o no aceptar la invitación del gobierno, que se ofrecía a poner en ejecución su propio plan de reforma? Si la Asociación General de Profesores hubiese formado parte de una organización sindical, con un criterio político definido, es evidente que no habría habido problema. Solo con el partido o la organización política a que (...).

El entendimiento Hoover-Mac Donald.

La Gran Bretaña ha renunciado formalmente, en la conversación entre Mac Donald y Hoover, a la hegemonía mundial de potencia marítima. Este es el primer resultado concreto de las negociaciones entre los dos presidentes, en de la República de USA y en del Consejo de Ministros de SM Británica. La paridad naval de los dos Imperios anglo-sajones era, sin duda, la condición básica de un acuerdo. El imperio yanqui ha llegado a un grado de su crecimiento y expansión en que no le [es] posible reconocer, en el plano de los armamentos navales, la superioridad británica. La limitación de los gastos navales es una necesidad del tesoro británico; no del tesoro norte-americano. Por consiguiente, la gestión del acuerdo y las concesiones elementales para allanarlo correspondían a la Gran Bretaña. Mac Donald ha empezado por reconocer este hecho.

Obtenido el entendimiento de las dos potencias anglo-sajonas en los puntos fundamentales, sin esperar el regreso de Mac Donald a Londres, se ha convocado para enero próximo a una nueva conferencia sobre el desarme naval. La conferencia se celebrará esta vez en Londres y a ella concurrirán solo cinco potencias: la Gran Bretaña, los Estados Unidos, el Japón, Francia e Italia.

Ya se dibujan las irreductibles oposiciones de intereses que esa conferencia tratará de resolver. La Gran Bretaña y los Estados Unidos propugnan la supresión de los submarinos como arma naval. I en este punto no se muestran dispuestas a ceder Francia ni Italia. Para las potencias a las que no es posible sostener escuadras formadas por unidades costosas, el submarino es el arma por excelencia. Navalmente, Francia e Italia quedarían reducidas a una condición de suma inferioridad, si renunciaran a sus flotillas de sub-marinos. La prensa fascista, reaccionando rápidamente contra el plan Hoover-Mac Donald, lo denuncia como el pacto de los imperios para imponer su ley al mundo. El Japón, a su vez, no se aviene a la escala de 5-5-3- que se pretende fijar en lo que respecta. I los Estados Unidos, sin duda, no querrán hacer concesiones al Japón en este terreno. No es el desarme, sino un equilibro, fundado en la absoluta primacía anglo-americana, lo que se negocia, en este difícil y complicado proceso.

El vacío en torno a Primo de Rivera

La designación de Sánchez Guerra, Alba, y Eduardo Ortega y Gasset por el Colegio de Abo­gados de España para tres asientos en la Asam­blea Nacional, es un gesto de reto y de desdén a la dictadura de Primo de Rivera que confirma vivazmente el estado de ánimo de la nación es­pañola. La terna no puede ser, por las personas y por la intención, más hostil contra la desven­cijada y alegre dictadura del Marqués de Es­tella.

Sánchez Guerra no ha salido aún de la juris­dicción del tribunal militar que lo juzga por su tentativa de insurrección. Es el caudillo más agresivo y conspicuo de la lucha contra Primo de Rivera. Preso, después del fracaso del plan insurreccional, no pidió gracia ni excusa. No ate­nuó mínimamente su actitud de rebeldía contra el régimen. La declaró legítima, ratificándose en su condena de este régimen y de sus proyectos de falsificar la legalidad con una reforma pseudo-plebiscitaria de la Constitución que ha pues­to en suspenso. Dr. Santiago Alba es el ex minis­tro del antiguo régimen contra el que se ensañó tan porfiada y escandalosamente en sus comien­zos la belicosidad fanfarrona de Primo de Rive­ra. Ninguna reputación del liberalismo español fue entonces tan rabiosamente agredida como la de Alba por los paladines de la Unión Patriótica. Alba, por su parte, ha respondido siempre con beligerancia decidida a la ofensiva del somatenis­mo. Eduardo Ortega y Gasset, en fin, no es me­nos conocido por su obstinada oposición al ré­gimen que desde hace algunos años sufre su pa­tria. En mi última crónica, comenté precisamen­te su expulsión de Hendaya, a consecuencia de su tesonera y enérgica campaña contra Primo de Rivera en esa ciudad de la frontera franco­-española, al frente de la revista "Hojas Libres". Su aclamación por el Colegio de Abogados ha seguido por pocas semanas esta medida drástica de la policía francesa, solicitada empeñosamente por la Embajada de España en París.

Pero este hecho, con ser significativo, no agre­ga sustancialmente nada a lo que ya sabíamos respecto al aislamiento, a la soledad de Primo de Rivera y su clientela. El fascismo italiano se atrevió al acaparamiento total y despótico del gobierno y del parlamento, a base de una facción entrenada y aguerrida, militarmente disciplinada. El somatenismo español, en tanto, no ha llegado después de seis años de poder, a constituir un partido apto para desafiar a la oposición y or­ganizar sin ella y contra ella gobierno, parlamen­to y plebiscito. Ya me he referido a la proviso­riedad que Primo de Rivera ha invocado siem­pre como una excusa de su presencia en la jefa­tura del gobierno. Pasado su período de desplante y jactancia, Primo de Rivera ha cortejado a los mismos viejos partidos contra los que antigramaticalmente despotricara en las primeras jornadas de su aventura palaciega, para conseguir su colaboración en la Asamblea Nacional y en la reforma de la Constitución. Algunos líderes liberales, no han dejado de mostrarse oportunísticamente dispuestos a una componenda; pero se han guardado no menos oportunísticamente de situarse en un terreno de franco consenso. El Partido Socialista y la Unión de Trabajadores han tomado posición neta contra el simulacro de asamblea y de reforma. Como lo ha observado bien nuestra inteligente y avisada amiga Carmen Saco, viajando de Barcelona a Valencia y Manises, el pueblo español toma a risa el régimen de Primo de Rivera. Todo el mundo piensa que eso no es serio y no durará. Primo de Rivera con sus actitudes, con sus discursos, con sus presuntuosos disparates de legislador, crea el vacío en torno suyo. Su política, bajo este aspecto, tiene un efecto automático, que él no se propone, pero que por esto mismo obtiene infaliblemente.

Política argentina

El gobierno de Irigoyen hace frente a una oposición combativa, en la que hay que distinguir dos frentes bien diversos. Las requisitorias de los conservadores, del antipersonalismo y de la Liga Patriótica, son de la más neta filiación reaccionaria. Su beligerancia se alimenta del resentimiento de los variados intereses unificados alrededor de la fórmula Melo-Gallo. Estos intereses no le perdonan al irigoyenismo su victoria abrumadora en la batalla eleccionaria. Irigoyen, en el poder, ha decepcionado a muchos de los que esperaban no se sabe qué milagros de su demagógica panacea populista. En la lucha de clases, su gobierno hace sin disimulas la política de la burguesía industrial y mercantil. El proletariado, por consiguiente, lo reconoce como un gobierno de clase. La reducción de la burocracia, la redistribución de los emplees públicos, crea un ejército de cesantes y desocupados que actúa como activo elemento de agitación antiirigoyenista. Esto sirve a la oposición conservadora para elevar a un rango espectacular la escaramuza parlamentaria. Pero la verdadera oposición de clase y de doctrina es la que se delínea, con carácter cada vez más acentuado y propio, en el proletariado.

José Carlos Mariátegui