I

Las formas de descentralización ensayadas en el curso de la historia de la república han adolecido, —como en mi anterior artículo lo apuntaba— del vicio original de representar una concepcióm y un diseño absolutamente centralistas. Los partidos y los caudillos han adoptado varias veces, por oportunismo, la tesis de la descentralización. Pero, cuando hain intentado aplicarla, no han sabido moverse fuera de la práctica centralista.

Este gravitación centralista se explica perfectamente. Las aspiraciones regionalistas no constituían un programa concreto, no proponían un método definido de descentralización o autonomía, a consecuencia de traducir, en vez de una reivindicación popular, un sentimiento feudalista. Los gamonales no se preocupaban sino de acrecentar en poder feudal. El regionalismo era incapaz de elaborar una fórmula propia. No acertaba, en el mejor de los casos, a otra cosa que a balbucear la palabra federación. Por consiguiente, la fórmula de descentralización resultaba un producto típico del numen político de la capital.

La capital no ha defendido nunca con mucho ardimiento ni con mucha elocuencia, en el terreno teórico, el régimen centralista; pero, en el campo práctico, ha sabido y ha podido conservar intactos sus privilegios. Teóricamente, no ha tenido demasiada dificultad para hacer algunas concesiones a la idea de la descentralización administrativa. Pero las soluciones buscadas a este problema han estado vaciadas siempre en los moldes del criterio y del interés centralistas.

II

Como el primer ensayo efectivo de descentralización se clasifica. El experimento de los consejos departamentales instituídos por la ley de municipalidades de 1873. (El experimlepto federalista de Santa Cruz demasiado breve, queda fuera de este estudio, más que por su fugacidad, por su carácter de concepción política impuesta por un estadista cuyo ideal era, fundamentalmente, la unión de Perú y Bolivia).

Los consejos departamentales de 1873 acusaban, no solo en su factura, sino en su inspiración, su espíritu centralista. El modelo de la nueva institución había sido buscado en Francia, esto es en la nación del centralismo a ultranza.

Nuestros legisladores pretendieron adaptar al Perú, como reforma descentralizadora, un sistema del estatuto de la Tercera República, que nacía tan manifiestamente aferrada a los principios centralistas del Consulado y del Imperio.

La reforma del 73 aparece como un diseño típico de descentralización centralista. No significó una satisfacción a precisas reivindicaciones del sentimiento regional. Antes bien, los consejos departamentales contrariaban o desahuciaban todo regionalismo orgánico, puesto que reforzaban la artificial división política de la república en departamentos o sea en circunstancias mantenidas en vista de las necesidades del régimen centralista.

En su estudio sobre el régimen local, Carlos Concha pretende que "la organización dada a estos cuerpos, calcada sobre la ley francesa de 1871, no respondía a la cultura política de la época". Este es un juicio específicamente civilista sobre una reforma civilista también. Los consejos departamentales fracasaron por la simple razón de que no correspondían absolutamente a la realidad histórica del Perú. Estaba destinados a transferir al gamonalismo regional una parte de las obligaciones del poder central: la enseñanza primaria y secundaria, la administración de justicia, el servicio de gendarmería y guardia civil. Y el gamonalismo regional no tenía en verdad mucho interés en asumir todas estas obligaciones, aparte, de no tener ninguna aptitud para cumplirlas. El financiamiento y el mecanismo del sistema eran además, demasiado complicados. Los consejos constituían una especie de pequeños parlamentos elegidos por los colegios electorales de cada departamento e integrados por diputados de las municipalidades provinciales. Los grandes caciques vieron naturalmente en estos parlamentos departamentales una máquina muy embrollada. Su interés reclamaba una cosa más sencilla en su composición y en su manejo. ¿Qué podía importarles, de otro lado, la instrucción pública? Estas preocupaciones fastidiosas estabn buenas para el poder central. Los consejos departamentales no reposaban, por tanto, ni en el pueblo extraño al juego político, sobre todo en las masas campesonas, ni en los señores feudales y sus clientelas. La institución resultaba completamente artificial.

La guerra del 79 decidió la liquidación del experimento. Pero los consejos departamentales estaban ya fracasados. Prácticamente se había comprobado, en sus cortos años de vida, que no podían absolver su misión. Cuando, pasada la guerra, se sintió la necesidad de reorganizarla administración no se volvió los ojos a la ley del 73.

III

La ley del 86, que creó las juntas departamentales, correspondió sin embargo a la misma orientación. La diferencia estaba en que esta vez el centralismo formalmente se preocupaba mucho menos de una centralizacion de fachada. Las juntas funcionaron hasta el 93 bajo la presidencia del prefecto. En general, estaban subordinadas totalmente a la autoridad del poder central.

Lo que realmentte, se proponía esta apariencia de descentralización no era el establecimiento de un régimen gradual de autonomía administrativa de los departamentos. El Estado no creaba las juntas para atender aspiraciones regionales. De lo que se trataba era de reducir o suprimir la responsabilidad del poder central en el reparto de los fondos disponibles para la instrucción y la vialidad. Toda la administración continuaba rígidamente centralizada. A los departamentos no se les reconocía más independencia administrativa que la que se podría llamar la autonomía de su pobreza. Cada departamento debía conformarse, sin fastidio para el poder central, con las escuelas que le consintiese sostener y los caminos que lo autorizase a abrir o reparar el producto de algunos arbitrios. Las juntas departamentales no tedian más objeto que la división por departamentos del presupuesto de instrucción y de obras públicas.

La prueba de que esta fue la verdadera significación de las juntas departamentales nos la proporciona el proceso de su decaimiento y abolición. A medida que la hacienda pública convaleció de las consecuantcias de la guerra del 79, el poder central empezó a reasumir las funciones encargadas en un período de aguda crisis fiscal a las juntas departamentales. El gobierno tomó integramente en sus manos la instrucción pública. La autoridad del poder central creció en proporción al desarrollo del presupuesto general de la república. Las entradas departamentales empezaran a representar muy poca cosa al lado de las entradas fiscales. Y, como resultado de este desequilibrio, se fortaleció el centralismo. Las juntas departamentales, remplazadas por el poder central en las funciones que precariamente les habían sido confiadas, se atrofiaron progresivamente. Cuando ya no les quedaba sino una que otra atribución secundaria de revisión de los actos de los municipios y una que otra función burocrática en la administración departamental, se produjo su supresión.

IV

La reforma constitucional del 19 no pudo abstenerse de dar un satisfacción, formal al menos, al sentimiento regionalista. La más trascendente de sus medidas descentralizadoras —la autonomía municipal— no ha sido todavía aplicada. Se ha incorporado en la Constitución del Estado el principio de la autonomía municipal. Pero en el mecanismo y en la estructura del régimen local no se ha tocado nada. En cambio, se ha querido experimentar, sin demora, el sistema de los congresos regionales. Estos parlamentos del norte, e! centro y el sur son una especie de hijuelas del parlamento nacional. Se incuban en el mismo período y en la misma atmósfera eleccionaria. Nacen de la misma matriz y en la misma fecha. Tienen una misión de legislación subsidiaria o adjetiva. Sus propios autores están ya seguramente convencidos de que no sirven para nada. Seis años de experiencia bastan para juzgarlos en última instancia.

No hacía falta, en realidad, esta, prueba, para saber a qué atenerse respecto a su eficacia. La descentralización a que aspira el regionalismo no es legisalativa sino administrativa. No se concibe la existencia de una dieta o parlamento regional sin un correspondiente órgano ejecutivo. Multiplicar las legislaturas no es descentralizar.

Los congresos regionales no han venido siquiera a descongestionar el congreso nacional. En las dos cámaras se sigue debatiendo menudos temas locales.

El problema, en suma, ha quedado íntegramente en pie.

José Carlos Mariátegui

La región en la República

Llegamos a uno de los problemas sustantivos del regionalismo: la definición de las regiones. Me parece que nuestros regionalistas de antiguo tipo no se lo han planteado nunca seria y realísticamente, omisión que acusa el abstractismo y la superficialidad de su tesis. Ningún regionalista inteligente pretenderá que las regiones están demarcadas por nuestra organización política, esto es que las “regiones” son los “departamentos”. El departamento es un término político que no designa una realidad y menos aún una unidad económica e histórica. El departamento, sobre todo, es una convención que no corresponde sino a una necesidad o un criterio funcional del centralismo. Y no concibo un regionalismo que condene abstractamente el régimen centralista sin objetar concretamente su peculiar división territorial. El regionalismo se traduce lógicamente en federalismo. Se precisa, en todo caso, en una fórmula precisa de descentralización. Un regionalismo que se contente de la autonomía municipal no es un regionalismo propiamente dicho. Como escribe Herriot, en el capítulo que en su libro "Crear" dedica a la reforma administrativa, "el regionalismo superpone al departamento y a la comuna un órgano nuevo: la región".

Pero este órgano no es nuevo sino como órgano, político y administrativo. Una región no nace del Estatuto político de un Estado. Su biología es más complicada. La región tiene generalmente raíces más antiguas que la nación misma. Para reivindicar un poco de autonomía dentro de esta, necesita precisamente existir como región. En Francia, nadie puede contestar el derecho de la Provenza, de la Alsacia-Lorena, de la Bretaña, etc., a sentirse y llamarse regiones. No hablemos de España donde la unidad nacional es menos sólida ni de Italia donde, es menos vieja. En España y en Italia las regiones se diferencian netamente por la tradición, el carácter, la gens y hasta la lengua.

El Perú, según la geografía física, se divide en tres regiones: la costa, la sierra y la montaña. (En el Perú lo único que se encuentra bien definido es la naturaleza). Y esta división no es solo física. Trasciende, a toda nuestra realidad social y económica. La montaña sociológica y económicamente carece aún de significación. Puede decirse que en la montaña no existen verdaderamente ciudades peruanas sino colonias peruanas y que, realísticamente considerada, la montaña, o mejor dicho la floresta, es un dominio colonial del Estado Peruano. Pero la costa y la sierra, en tanto, son efectivamente las dos regiones en que se distingue y separa, como el territorio, la población. La sierra, es indígena; la costa es española o mestiza, (como se prefiera calificarla ya que las palabras "indígena" y "español" adquieren en este caso una acepción muy amplia). Repito aquí lo que escribí en un artículo sobre el libro de Valcárcel: “La dualidad de la historia y del alma peruanas, en nuestra época, se precisa como un conflicto entre la forma histórica que se elabora en la costa y el sentimiento indígena que sobreviene en la sierra hondamente enraizado en la naturaleza. El Perú actual es una formación costeña. La nueva peruanidad se ha sedimentado en la tierra baja. Ni el español ni el criollo supieron ni pudieron conquistar los Andes. En los Andes, el español no fue nunca sino un pionnier o un misionero. El criollo lo es también hasta que el ambiente andino extingue en él al conquistador y crea, poco a poco, un indígena”.

La raza y la lengua indígenas, desalojadas de la costa por la gente y la lengua españolas, aparecen refugiadas hurañamente en la sierra. Y por consiguiente en la sierra se conciertan todos los factores de una regionalidad si no de una nacionalidad. El Perú costeño, heredero de España y de la conquista, domina desde Lima al Perú serrano; pero no es demográfica y espiritualmente asaz fuerte para absorverlo. La unidad peruana está por hacer; y no se presenta como un problema de articulación y conveniencia, dentro de los confines de un Estado único, de varios antiguos pequeños estados o ciudades libres. En el Perú el problema de la unidad es mucho más hondo, porque no hay aquí que resolver una pluralidad de tradiciones locales o regionales sino una dualidad de raza, de lengua y de civilización, nacida, de la invasión y la conquista del Perú autóctono por una raza extranjera que no ha conseguido fusionarse, con la raza indígena ni eliminarla o absorverla.

El sentimiento regionalista, en las ciudades o circunscripciones donde es más profundo, donde no traduce solo un simple descontento de una parte del gamonalismo, se alimenta evidente, aunque inconscientemente, de este, contraste entre la costa y la sierra. El regionalismo cuando responde a estos impulsos, mas que un conflicto entre la capital y las provincias, denuncia el conflicto entre el Peru costeño y español y el Perú serrano e indígena.

Pero, definidas así las regionalidades, o mejor dicho, las regiones, no se avanza nada en el examen concreto de la descentralización. Por el contrario, se pierde de vista esta meta, para mirar a una mucho mayor. La sierra y la costa geográfica y sociológicamente son dos regiones; pero no pueden serlo política y administrativamente. Las distancias interandinas son mayores que las distancias entre la sierra y la costa. El movimiento espontáneo de la economía peruana trabaja por la comunicación trasandina. Solicita la preferencia de las vías de comunicación sobre las vías longitudinales. El desarrollo de los centros productores de la sierra depende de la salida al mar. Y todo programa positivo de descentralización tiene, que inspirarse, principalmente, en las necesidades y en las direcciones de la economía nacional. El fin histórico de una descentralización no es secesionista sino, por el contrario, unionista. Se descentraliza no para separar y dividir a las regiones sino para asegurar y perfeccionar su unidad dentro de una convivencia más orgánica y menos coercitiva. Regionalismo no quiere decir separatismo.

Estas constataciones conducen, por tanto, a la conclusión de que el carácter impreciso y nebuloso del regionalismo peruano y de sus reivindicaciones no es sino una consecuencia de la falta de regiones bien definidas.

II

Uno de los hechos que más vigorosamente sostienen y amparan esta tesis me parece el hecho de que el regionalismo no sea en ninguna parte tan sincera y profundamente sentido como en el Sur, y, más precisamente, en los departamentos del Cuzco, Arequipa, Puno y Apurímac. Estos departamentos constituyen la más definida y orgánica de nuestras regiones. Entre estos departamentos el intercambio y la vinculación mantienen viva una vieja unidad: la heredada de los tiempos de la civilización incaica. En el sur la “región” reposa sólidamente en la piedra histérica. Los Andes son sus bastiones.

El Sur es fundamentalmente serrano. En el sur, la costa se estrecha. Es una exigua y angosta faja de tierra, en la cual el Perú costeño y mestizo no ha podido asentarse fuertemente. Los Andes avanzan hacia el mar convirtiendo la costa en una estrecha cornisa. Por consiguiente, las ciudades no se han formado en la costa sino en la sierra. En la costa del sur no hay sino puertos y caletas. El Sur ha podido conservarse serrano, si no indígena, a pesar de la conquista, del virreynato y de la república.

Hacía el norte, la costa se ensancha. Deviene, económica y demográficamente, dominante. Trujillo, Chiclayo, Piura son ciudades de espíritu y tonalidad españolas. El trafico entre estas ciudades y Lima es fácil y frecuente. Pero lo que más las aproxima a la capital es la identidad de tradición y de sentimientos.

En un mapa del Perú, mejor que en cualquier confusa o abstracta teoría, se encuentra así explicado el regionalismo peruano.

III

El régimen centralista divide el territorio nacional en departamentos; pero acepta o emplea, a veces, una division más general: la que agrupa los departamentos en tres grupos: Norte, Centro y sur. La Confederación Perú-Boliviana de Santa Cruz seccionó el Perú en dos mitades. No es, en el fondo, más arbitraria y artificial que esta demarcación la de la república centralista. Bajo la etiqueta de Norte y de Centro se reune departamentos o provincias que no tienen entre sí ningún contacto. El término “región” aparece aplicado demasiado convencionalmente.

Ni el Estado ni los partidos han podido nunca, sin embargo, definir de otro modo las regiones peruanas. El partido demócrata, a cuyo federalismo teórico ya me he referido, aplicó su principio federalista en su régimen interior, colocando su comité central sobre tres comités regionales, el del norte, el del centro y el del sur. (Del federalismo de este partido se podría decir que fue un federalismo de uso interno). Y la forma constitucional de 1919, al instituir los congresos regionales, sancionó la misma división.

Pero esta demarcación, como la de los departamentos, corresponde característica y exclusivamente a un criterio centralista. Es una opinión o una tesis centralista. Los regionalistas no pueden adoptarla sin que su regionalismo aparezca apoyado en premisas y conceptos peculiares de la mentalidad metropolitana. Todas las tentativas de descentralización han adolecido, precisamente, de este vicio original. Este será el tema de mi próximo artículo.

José Carlos Mariátegui

La máscara y el rostro

I

Que el escritor italiano Luiggi Chiarelli me perdone si pongo a este artículo el pirandeliano título de su celebrada pieza de teatro. La culpa no es mía sino de Augusto Aguirre Morales. El novelista de "El pueblo del Sol" pretende que la imagen del Imperio Incaico que nos ofrecen la historia y la leyenda —más la leyenda que la historia— es una imagen falsa. Yo había titulado "El rostro y el alma del Tawantisuyo" a mi artículo sobre el libro de Luis A. Valcárcel. Aguirre en su conferencia polémica —Valcárcel nos da la tesis; Aguirre, la antítesis— denuncia la "mentada organización paternal y comunista del Tawantisuyo". Según Aguirre no conocemos el rostro del imperio. No conocemos sino la máscara.

Yo había leído atentamente, mucho antes que el resumen de la conferencia de Aguirre, el primer tomo de su novela “El Pueblo del Sol”. Lo había leído con un interés que no nacía de mi antigua amistad con Aguirre, ni de mi sincera estimación de su talento, como de mi placer de encontrar una concepción nueva de la vida incaica. En el prólogo de "El Pueblo del Sol", Aguirre bosqueja su radical oposición a la tesis de los que definen y presentan la sociedad incaica como una sociedad dulce y virgilianamente socialista. Niega el panorama idílico y bucólico. Le opone un panorama romántico y dramático. En "El Pueblo del Sol", por ende, yo no hallé solo una novela; hallé, sobre todo, un original documento polémico sobre nuestra historia. Y me sentí tentado de escribir enseguida mi impresión acerca del romance y de la tesis ensamblados, en "El Pueblo del Sol". Pero, luego, decidí aguardar el segundo tomo.

El segundo tomo no ha venido todavía. Aguirre ha querido exponernos antes, en una conferencia, toda su teoría respecto del Tawantisuyo. Y resulta de su conferencia que su intento de revisión del Imperio va mucho más allá de lo que el prólogo y el argumento de "El pueblo del Sol", dejaba entrever. El eje de la teoría se desplaza del carácter y la psicología del pueblo incaico, a su organización social y política. Y, en este terreno, Aguirre niega la evidencia.

II

Sostiene Aguirre que la organización incaica no fue comunista. Pero su aserción reposa en puntos de vista artificiales e inconsistentes. Parece que Aguirre ha pretendido encontrar en el comunismo incaico los rasgos y los perfiles del comunismo moderno. Y, claro, no ha logrado descubrir en el mundo gobernado por Inca Rocca las características del mundo concebido por Karl Marx y Friedrich Engels.

El comunismo moderno es una cosa distinta del comunismo incaico. Esto es lo primero que necesita aprender y entender el hombre de estudio que explora el Tawantisuyo. Uno y otro comunismo son un producto de diferentes experiencias humanas. Pertenecen a disitntas épocas históricas. Constituyen la elaboración de disímiles civilizaciones. La de los Incas fue una civilización agraria. La de Marx y Sorel es una civilización industrial. En aquella el hombre se sometía a la naturaleza. En esta la naturaleza se somete a veces al hombre. Es absurdo, por ende, confrontar las formas y las instituciones de uno y otro comunismo. Lo único que puede confrontarse es su incorpórea semejanza, esencial, dentro de la diferencia esencial y material de tiempo y de espacio. Y para esta confrontación hace falta un poco de relativismo histórico. De toda suerte se corre el riesgo cierto de caer en los clamorosos errores en que ha caído Víctor Andrés Belaúnde en una tentativa de este género.

Los cronistas de la conquista y de la colonia miraron el panorama indígena con ojos medioevales. Su testimonio, indudablemente, no puede ser aceptado sin beneficio de inventario. Sus juicios corresponden inflexiblemente a sus puntos de vista españoles y católicos. Pero Aguirre Morales es, a su turno, víctima del falaz punto de vista. Su posición en el estudio del Imperio Incaico no es una posición relativista. Aguirre considera y examina el Imperio con apriorismos liberales e individualistas. Y piensa que el pueblo incaico fue un pueblo esclavo e infeliz porque careció de libre arbitrio. Me parece el caso de declarar que el libre arbitrio le ha jugado una pasada a Aguirre Morales. El libre arbitrio es un aspecto ideológico del complejo fenómeno liberal. Una crítica realista puede definirlos como la levadura metafísica de la civilización capitalista. (Sin el libre arbitrio no habría libre tráfico, ni libre concurrencia, ni libre industria). Una crítica idealista puede definirlos como una adquisición del espíritu humano en la edad moderna. En ningún caso, el libre arbitrio cabía en la vida incaica. El hombre del Tawantisuyo no sentía absolutamente ninguna necesidad de libertad individual. Así como no sentía absolutamente, por ejemplo, ninguna necesidad de libertad de imprenta. La libertad de imprenta puede servirnos para algo a Aguirre Morales y a mí; pero los indios podían ser felices sin conocerla y aun sin concebirla. La vida y el espíritu del indio no estaban atormentados por el afán de especulación y de creación intelectuales. No estaban tampoco subordinadas a la necesidad de comerciar, de contratar, de traficar. ¿Para qué podía servirle, por consiguiente, al indio este libra arbitrio inventado por nuestra civilización? Si el espíritu de la libertad se reveló al quechua, fué sin duda en una fórmula o, más bien, en una emoción diferente de la idea liberal, jacobina e individualista de la libertad. La revelación de la Libertad, como la revelación de Dios, varía con las edades, los pueblos y los climas. Consustanciar la idea abstracta de la libertad con la imagen concreta de una libertad con gorro frigio —hija del prostentismo y del renacimiento y de la revolucón francesa— es dejarse coger por una ilusión que depende tal vez de un mero, aunque no desinteresado, astigmatismo filosófico de la burguesía y de su democracia.

La tesis de Aguirre, negando el carácter comunista de la sociedad incaica, descansa íntegramente en un concepto erróneo. Aguirre parte de la idea de que autocracia y comunismo son dos términos inconciliables. El régimen incaico —constata— fue despótico y teocrático; luego —afirma— no fué comunista. Mas el comunismo no supone, históricamente, libre arbitrio ni sufragio popular. La autocracia y el comunismo son incompatibles en nuestra época; pero no lo fueron en sociedades primitivas. Hoy un orden nuevo no puede renunciar a ninguno de los progresos morales de la sociedad moderna. El socialismo contemporáneo —otras épocas han tenido otros tipos de socialismo que la historia designa con diversos nombres— es la antítesis del liberalismo; pero nace de su entraña y se nutre de su experiencia. No desdeña ninguna, de sus conquistas intelectuales. No escarnece y vilipendia sino sus limitaciones. Aprecia y comprende todo lo que en la idea liberal hay de positivo; condena y ataca solo lo que en esta idea hay de negativo y temporal.

Teocrático y despótico fue, ciertamente, el régimen incaico. Pero este es un rasgo común de todos los régimenes de la antigüedad. Todas las monarquías de la historia se han apoyado en el sentimiento religioso de sus pueblos. El divorcio del poder temporal y del poder espiritual es un hecho nuevo. Y más que un divorcio es una separación de cuerpos. Hasta Guillermo de Hohenzollern los monarcas han invocado su derecho divino.

No es posible hablar de tiranía abstractamente. Una tiranía es un hecho concreto. Y es real solo en la medida en que oprime la voluntad de un pueblo o en que contraría y sofoca su impulso vital. Muchas veces, en la antigüedad un régimen absolutista y teocrático ha encarnado y representado, por el contrario, esa voluntad y ese impulso. Este parece haber sido el caso del Imperio Incaico. No creo en la obra taumatúrgica de los Incas. Juzgo evidente su capacidad política; pero juzgo no menos evidente que su obra consistió en construir el Imperio con los materiales humanos y los elementos morales allegados por los siglos. El ayllu, fue la comunidad, fue la célula del Imperio. Los Incas hicieron la unidad, inventaron el imperio; pero no crearon la célula. El Estado jurídico
organizado por los Incas reprodujo, sin duda, al Estado natural pre-existente. Los Incas no violentaron nada. Está bien que se exalte su obra; no que se desprecie y disminuya la gesta milenaria y multitudinaria de la cual esa obra no es sino una expresión y una consecuencia. No se debe empequeñecer, ni mucho menos negar, lo que en esa obra pertenece a la masa. Aguirre, literato individualista, se complace en ignorar en la historia a la muchedumbre. Su mirada de romántico busca exclusivamente al héroe. He aquí la razón fundamental por la que los hombres de sensibilidad y mentalidad nuevas no podemos seguirlo en su aventura.

Los vestigios de la civilización incaica declaran, unánimemente, contra la requisitoria de Aguirre Morales. El autor de "El Pueblo del Sol" invoca el testimonio de los millares de huacos que han desfilado ante sus ojos. Y bien esos huacos dicen que el arte incaico fue un arte popular. Y el mejor documento de la civilización incaica es, acaso, su arte. La cerámica estilizada y sintatista de los indios no puede haber sido producida por un pueblo grosero y bárbaro.

III

Un hombre de ciencia y de letras, James George Frazer, —uno de los helenistas que en nuestro siglo han descubierto de nuevo a Grecia— muy distante espiritual y físicamente de los cronistas de la colonia, escribe: “Remontando el curso de la historia, se encontrará que no es por un puro accidente que los primeros grandes pasos hacia la civilización han sido hechos bajo gobiernos despóticos y teocráticos como los de la China, del Egipto, de Babilonia, de México, del Perú, países todos en los cuales el jefe supremo exigía y obtenía la obediencia servil de sus súbditos por su doble carácter de rey y de dios. Sería apenas una exageración decir que en
esa época lejana el despotismo es el más grande amigo de la humanidad y, por paradojal que esto parezca, de la libertad. Pues, después de todo, hay más libertad, en el mejor sentido de la palabra, —libertad de pensar nuestros pensamientos y de modelar nuestros destinos,— bajo el despotismo más absoluto y la tiranía más opresora que bajo la aparente libertad de la vida salvaje, en la cual la suerte del individuo, de la cuna a la tumba, es vaciada en el molde rígido de las costumbres hereditarias”. (“The Golden Bough” Part. 1).

IV

Aguirre Morales dice que en la sociedad incaica se desconocía el robo por una simple falta de imaginación para el mal. Pero no se destruye con una frase de ingenioso humorismo literario un hecho social que prueba, precisamente, lo que Aguirre se obstina en negar: el comunismo incaico. El economista francés Charles Gide piensa que, más exacta que la célebre fórmula de Proudhon, es la siguiente fórmula: "El robo es la propiedad". En la sociedad incaica no existía el robo porque no existía la propiedad. O, si se quiere, porque existía una organización socialista de la propiedad.

Invalidemos y anulemos, si hace falta, el testimonio de los cronistas de la colonia. Pero es el caso que la teoría de Aguirre busca amparo, justamente, en la interpretación, medioeval en su espíritu, de esos cronistas, de la forma de distribución de las tierras y de los productos. Los frutos del suelo no son atesorables. No es verosímil, por consiguiente, que las dos terceras partes fuesen acaparadas por el consumo de los funcionarios y sacerdotes del Imperio. Mucho más verosímil es que los frutos, que se supone reservados para los nobles y el inca, estuviesen destinados a constituir los depósitos del Estado. Y que representasen, en suma, un acto de providencia social, peculiar y característico en un orden socialista.

José Carlos Mariátegui

La perspectiva política chilena

I
En una época, como la nuestra, en que el mundo entero se encuentra mas o menos sacudido y agilitado, la inquietud revolucionaria que fermenta en Chile no constituye, por cierto, un fenómeno solitario y excepcional. Nuestra América no puede aislarse de la corriente histórica contemporánea. Los pueblos de Europa, Asia y África están casi unánimemente estremecidos. Y por América pasa, desde hace algunos años, una onda revolucionaria, que, en algunos pueblos, se vuelve marejada. Con diferencias de intensidad, que corresponden a diferencias de clima social y político, la misma crisis histórica madura en todas las naciones. Crisis que parece ser crisis de crecimiento en unos pueblos y crisis de decadencia en otros; pero, que en todos tiene, seguramente, raíces y funciones solidarias. La crisis chilena, por ejemplo, es, como otras, solo un segmento de la crisis mundial.

En la América indo-española se cumple, gradualmente, un proceso de liquidación de ese régimen oligárquico y feudal que ha frustrado, durante tantos años, el funcionamiento de la democracia formalmente inaugurada por los legisladores de la revolución de la independencia. Los reflejos de los acontecimientos europeos han acelerado; en los últimos años, ese proceso. En la Argentina, verbigracia, la ascensión al poder del partido radical canceló el dominio de las viejas oligarquías plutocráticas. En México, la revolución arrojó del gobierno a los latifundistas y a su burocracia. En Chile, la elección de Alessandri, hace cinco años, tuvo también un sentido revolucionario.

II

Alessandri usó, en su campaña electoral, una vigorosa predicación anti-óligárquica. En sus arengas a “la querida chusma”, Alessandri se sentía y se decía el candidato de la muchedumbre. El pueblo, chileno, fatigado del dominio de la plutocracia “pelucona”, estaba en un estado de ánimo propicio para marchar al asalto de sus posiciones. El proletariado urbano, mas o menos permeado de socialismo y sindicalismo, representaba un vasto núcleo de opinión adoctrinada.

Los efectos de la crisis económica y financiera, de Chile, que amenazaban pesar exclusivamente sobre las clases populares, si el poder continuaba acaparado por la oligarquía conservadora, excitaban, a las masas a la lucha. Todas estas circunstancias concurrieron a suscitar una extensa y apasionada movilización de las fuerzas populares contra el bloque conservador. El bloque de izquierdas, acaudillado, por Alessandri, obtuvo así una tumultuosa victoria electoral. Pero esta victoria de los demócratas y radicales chilenos, por sus condiciones y modalidades históricas, no resolvía la cuestión política chilena. En primer lugar, la solución de esta cuestión política no podía ser, lisa y beatamente, una solución electoral. Luego, la adquisición de la presidencia de la república, no confería al bloque alessandrista todos los poderes del gobierno. Los grupos conservadores, numerosamente representa dos en el parlamento, se preparaban a torpedear sistemáticamente toda tentativa de reforma contraria a sus intereses de clase. Armados de una prensa poderosa, conservaban intactas casi todas las posiciones que un prolongado monopolio del gobierno les había consentido, conquistar. Y, de otro- lado, movilizadas demagógicamente durante las elecciones, las masas populares no estaban dispuestas a olvidar sus reinvindicaciones. Antes bien tendían a precisarlas y extremarlas con ánimo cada vez mas beligerante y programa cada vez más clasista.

La ascensión de Alessandri a la presidencia de la república, por todas estas razones, no marcaba el fin sino el comienzo de una batalla. Tenía el valor de un episodio . La batalla seguía más exasperada y mas violenta.

Alessandri se veía en la imposibilidad de realizar, parlamentariamente, su plan de reformas sociales y económicas. Lo paralizaba la resistencia activa del bloque conservador y la resistencia pasiva de los elementos indecisos o apocados de su propio bloque liberal, conglomerado heteróclito, dentro del cual se constataba la existencia de intereses e ideas encontradas, y contradictorias. Y Alessandri, prisionero de sus principios democráticos, carecía de temperamento y de impulso revolucionarios para actuar dictatorialmente su programa .

III

Los hechos se encargaron de demostrar a los radicales chilenos que los cauces legales no pueden contener una acción revolucionaria. El método democrático de Alessandri, mientras por una parte resultaba impotente para constreñir a los conservadores a mantenerse en una actitud estrictamente constitucional. Amenazada en sus intereses, la plutocracia se aprestaba a reconquistar el poder mediante un golpe de mano.

Vino el movimiento militar. La historia íntima de este movimiento no está aún perfectamente esclarecida. Pero, a través de sus anécdotas, se percibe que el espíritu de la juventud militar no solo repudiaba la idea de una vuelta del antiguo régimen sino que reclamaba la ejecución del programa radical combatido por la coalición conservadora y sabotado por una parte de la misma gente que rodeaba a Alessandri. La juventud militar insurgió en defensa de este programa. Fueron los almirantes y generales, coludidos con los conservadores, quienes deformaron prácticamente las reinvindicaciones del ejército. Los conservadores habían empujado al ejército a la insurrección a fin de recoger de sus manos, después de un intermezzo militar, la. perdida presidencia de la república. Contaban, para el éxito de esta, maniobra, con la colaboración de Altamirano y de la capa superior del ejército, profundamente saturada de una ideología conservadora. Confiaban, además, en la posibilidad de que la, caída de Alessandri quebrantase el bloque de izquierda, cuyas figuras espirituales e ideológicas aparecían evidentes a todos los ojos.

Mas, contrariamente a estas previsiones, el espíritu revolucionario estaba vivo y vigilante. Las izquierdas, en vez de disgregarse, se reconcentraron rápidamente. El pueblo respondió a su llamamiento. La junta de gobierno del general Altamirano, ramplona copia del directorio español, descubrió su burdo juego. Su concomitancia con la plutocracia chilena quedó claramente establecida. Y la juventud militar se dedicó a liquidar el engaño. Un golpe de mano fue rectificado o anulado con otro golpe de mano. (Rudos golpes ambos para los pávidos e ilusos asertores de las legalidad a ultranza).

IV

Ahora la vuelta de Alessandri al poder, plantea aparentemente la cuestión política en los mismos términos que antes. Pero la realidad es otra. No se sale en vano de la legalidad, sea en el nombre de un interés reaccionario, sea en el nombre de un interés revolucionario. Y una revolución no termina hasta que no crea una legalidad nueva. Hacia ese fin se mueven los revolucionarios chilenos. Por eso, se habla de una convocatoria a una asamblea constituyente. Los liberales moderados trabajarán por convertir esta asamblea en una academia de retórica política que revise prudente e inocuamente la constitución pero los elementos de vanguardia tratarán de empujar a la asamblea a un veto y una actitud revolucionarias.

El problema económico de Chile no admite equívocos compromisos entre las derechas y las izquierdas. Una solución conservadora echaría sobre las espaldas de las clases pobres todo el peso de la normalización de la haciendo chilena. Y las clases populares agitadas por las actuales corrientes ideológicas, no se resignan a aceptar esa solución. Sostienen, por esto, a los partidos de la alianza liberal.

Y por el momento han ganado la batalla.

José Carlos Mariátegui

ESQUEMA DEL PLAN DE MÉXICO

Los que suscribimos, declaramos solemnemente ante el pueblo peruano y ante la América y el Mundo, que proclamamos como principios de la Revolución Libertadora del Perú, sojuzgado hoy por la tiranía del gamonalismo nacional y el imperialismo extranjero que representa el régimen de D. Augusto B. Leguía, los contenidos en el siguiente plan que normará el programa del Partido Nacionalista Re­volucionario Peruano y que significa la aplicación al Perú de los lemas de la Apra a la que declaramos adherido el movimiento libertador peruano.

Y teniendo en consideración que la dolorosa situación presen­te porque atraviesa el pueblo del Perú, representado por sus cla­ses trabajadoras (campesinos, obreros y clases medias) se debe al desquiciamiento económico del país por la explotación ilimitada que hace del pueblo el latifundismo nacional y el imperialismo ex­tranjero, y que el regimen político presente no es sino el instru­mento de dominación de las clases dominantes apoyadas material y moralmente por el imperialismo que succiona las energías nacionales y arrastran el país a la esclavitud, declaramos:

1º. El movimiento libertador del Perú perseguirá la independen­cia económica del país por la emancipación económica de su pueblo, y como consecuencia de ésta su liberación definitiva del sistema político y social presente mantenido por la oligarquía dominante que representa la explotación nacional, la sumisión al yugo extran­jero y la esclavitud del ciudadano peruano en todos los órdenes.

2º. Proclamando la Revolución Libertadora del Perú la emanci­pación económica, política y social del pueblo peruano, este movimiento implica, y así lo declaramos expresamente, el principio de la era de movimientos similares en todos los países latinoamericanos donde sea preciso realizar obra de liberación semejante, y tenderá a cumplir tan pronto como sea posible el postulado de la unión política y económica de los pueblos Indoamericanos proclamado por el programa del Apra.

3º. Para la realización y eficacia de la Revolución Libertadora del Perú, queda establecido que el órgano único que había de reali­zarla, sujeto estrictamente a los postulados que contiene el presente plan, será el Partido Nacionalista Libertador del Perú, organismo político-militar revolucionario que reconoce como fundador y jefe supremo en ambos órdenes a Victor Raul Haya de la Torre y que estará dirigido por un Comité Ejecutivo Central, con residen­cia temporal en México, integrado por Comités Locales, subordinados al Comité Central, con sede pública o secreta en otras ciuda­des del Perú y América.

4º. El Partido Nacionalista Libertador del Perú tiene la tarea histórica de llevar adelante la Revolución bajo condiciones muy estrictas de disciplina y de eficacia, radicando en él la total responsabilidad y soberanía del movimiento y el imperativo de man­tener con su unidad más absoluta en la acción el ahorro de sangre y energías del pueblo a fin de obtener los fines que persigue para beneficio de la nación lo más eficazmente que sea posible.

5º. Radicando la dolorosa situación actual del pueblo peruano en el sistema económico a que está sometido el país, y aplicando el postulado del Apra sobre nacionalización de la tierra y de la n industria, proclamamos como primer principio económico del movimiento nacionalista y libertador del Perú que la riqueza que hoy exis­te o pueda existir dentro de los límites del país, pertenece a la Nación y que es ella quien debe explotarla o hacerla explotar, sin sacrificar jamás ni su soberanía ni las energías de su pueblo entregán­dola incondicionalmente al servicio de intereses privados o extranje­ros.

6º. Constituyendo la tierra la base de la riqueza nacional peruana y siendo su monopolio injusto privilegio de una clase desde la conquista española que derribó el maravilloso sistema agrario in­cásico e instituyó el feudalismo en el país, arrebatando al pueblo peruano su derecho a poseerla y explotarla, el movimiento Naciona­lista Libertador del Perú, en nombre de los verdaderos intereses na­cionales y no solo como una reparación al pueblo peruano, sino como el único medio de elevar el índice de producción nacional y remediar la dolorosa situación económica del país obligado a importar alimen­tos y a mantener grandes extensiones de tierras improductivas por la incapacidad del gamonalismo para intensificar su cultivo, proclama el principio de la devolución de la tierra al pueblo peruano, entre­gándola a quien la trabaja, destruyendo el gamonalismo y procurando restablecer sobre base de los comunidades indígenas, sostenidas a través de cuatrocientos años de opresión, el nuevo organismo agra­rio y agropecuario nacional.

7º. La aplicación del principio de la devolución de la tierra a los ciudadanos peruanos que la trabajan, será verificada tenien­do siempre en cuenta el beneficio nacional y procurando restable­cer, impulsado por todos los auxilios de la técnica moderna, el admirable sistema agrario incaico que afirmó en la comunidad o ayllu la base de la vida agraria nacional.

8º. Siendo la explotación integral y eficaz de la tierra la ba­se de la prosperidad nacional en países típicamente agrarios como el Perú, la renovación del sistema de producción de la tierra, su explotación total y activa, sobre bases científicas, traerá consigo beneficios incalculables que redundarán automáticamente en favor de las otras clases sociales hoy esclavizadas económica, social y políticamente por el oprobioso sistema de explotación del hombre y no de la naturaleza que impera en el Perú.

9º. El movimiento libertador aplicando el principio de la na­cionalización de la riqueza del Perú en el orden industrial, pro­clama que en nombre de los verdaderos intereses nacionales intensificará la producción, reivindicará económica, política, social e in­telectualmente a las clases obreras, elevándolas integralmente a la función social que les corresponde y sujetándose estrictamen­te al postulado 5º. del presente plan. El movimiento libertador declara asimismo que afirmándose en los fines económicos del movimiento comprenderá en su programa reivindicador a los trabajadores intelectuales y a las clases medias.

10º. El movimiento libertador proclama asimismo que afirmándo­se en los principios económicos que lo norman, hace extensivo su programa reivindicador a los demás trabajadores de la nación, tan­to intelectuales como manuales, considerando entre estos, especial­mente, a los maestros de escuela, empleados, industriales, comer­ciales y administrativos, soldados y marineros y en general a todos los que en una forma u otra, dan sus energías a las diversas acti­vidades de la vida colectiva nacional y sufren explotación.

11º. Proclamando nuestro movimiento la emancipación integral del pueblo peruano tanto en el orden material como en el orden espiritual, el Partido Nacionalista Libertador llevará adelante la obra de educación nacional laica, de la Escuela a la Universidad moderna, gratuita y para todos los residentes en el país, aboliendo definitivamente las jerarquías odiosas que hoy dividen a los peruanos entre una pequeña elite de hombres educados y una vasta mayoría de analfabetas, en relación con sus posibilidades económicas.

12º. Siendo la organización del Estado en el Perú instrumento de opresión y de explotación que la oligarquía dominante hace de la Nación, el Partido Nacionalista Libertador reorganizará radical­mente el sistema político nacional, poniendo término al odioso centralismo que hoy mantiene subyugadas política y económicamente a las provincias y erigiendo el gobierno y la administración del pueblo para el pueblo, sobre la base de las municipalidades o comunas en las que radicará todo el poder y cuya representación democráti­ca-funcional, constituirán los poderes directores del Estado.

13º. El movimiento desconoce, desde la fecha en que se suscri­be el presente plan el actual régimen político que ha usurpado el poder en el Perú y desconoce asimismo la Constitución y leyes nacio­nales en todo lo que ataque los intereses y los derechos del pue­blo peruano y favorezcan a sus enemigos nacionales y extranjeros representantes del gamonalismo y del imperialismo, proclamando los principios del presente plan como bases definitivas para la futura Constitución del Perú que dictará el pueblo soberano al reinvindi­car por las armas de la tiranía presente el derecho a gobernarse.

14º. Significando el movimiento libertador del Perú la abolición del poder de la clase latifundista nacional en complicidad con el imperialismo extranjero que amenaza no solo al pueblo pe­ruano sino a todos les pueblos de Nuestra América, proclamamos este movimiento como causa de los pueblos de América y declara­mos que en el Partido Nacionalista Libertador hoy, como en la na­ción peruana después de la victoria, todos los hombres y mujeres indoamericanos que se sujeten a los principios de este Plan, sin excepción de país del Bravo a Magallanes son considerados como ciudadanos, con el derecho a ser soldados del movimiento y servidores de la causa, que dentro de los límites de Nuestra Améri­ca no reconoce fronteras.

15º. El lema del movimiento será el de TIERRA Y LIBERTAD que dio Emiliano Zapata a la Revolución Mexicana de la que fue mártir y es hoy símbolo, y la bandera del Partido Nacionalista Liber­tador será la bandera del Apra: fondo rojo con un continente indoamericano en oro encerrado en un círculo de oro también. El emblema central de la bandera y los colores rojo y oro así como el lema de TIERRA Y LIBERTAD quedan adoptados como los oficiales del movimiento en todas sus actividades.

Protestando solemnemente ante el pueblo peruano luchar has­ta el fin por conseguir su emancipación integral, despojados de todo interés personal y resueltos a cualquier sacrificio por al­canzar el triunfo de nuestra causa, hacemos un llamamiento a todos los trabajadores manuales e intelectuales del Perú, campesinos, estudiantes, obreros, empleados, soldados, marineros, hombres y mujeres para que presten su mas decidida ayuda al Partido y al Ejército Nacionalista Libertador considerando a sus jefes y a sus miembros como representantes y defensores de la libertad y de la soberanía de la Nación.

TIERRA Y LIBERTAD

Firmado en México, cuna de la Revolución Indoamericana y exilio de muchos desterrados por la tiranía, a los veintidós días del mes de enero de mil novecientos veintiocho, séptimo aniversario de la fundación de la Universidad Popular Gonzales Prada del Perú.

[Haya de la Torre]

Hendaya, 28 de noviembre de 1926
Sr. D. José Carlos Mariátegui
Lima
He recibido y leído, mi buen amigo ––creo poder desde luego llamarle así, y es un consuelo–– los dos primeros números de Amauta. Ante todo, y para despacharlo pronto, lo que individual y también personalmente, a mí se refiere. A Juan Parra del Riego las gracias por la Marcha que me dedica. Y en nombre de mi pobre España, que es ––lo sé–– la de ustedes. Y cuando él me viene gritando “¡alegría!”––no la hay más honda que la nacida de las entrañas de la desesperación honrada–– y recordando a Don Quijote y al padre–padre, sí, y no sólo Hijo–Jesús, preparo una nueva acción escrita ––no quiero llamarla libro— sobre el misterio cristiano de Don Quijote. A usted, por lo que dice de mi L’agonie du christianisme ¿qué le he de decir? No es cosa de que nos pongamos a discutir. Acabaríamos en que ambos tenemos verdad, que es mucho mejor que tener razón. Sí, en Marx había un profeta; no era un profesor (Y vea usted como estos dos términos, profesor y profeta, latino el uno y el otro griego, que etimológicamente son parientes, han venido a significar cosas tan distintas y hasta opuestas. Mucho de mi vida íntima ha sido una lucha contra el oficio oficial, contra la profesorería académica) ¡Qué bien está lo de César Falcón sobre la dictadura española! ¡Qué justo, qué preciso, qué claro, qué concreto! Esa es la verdad. Pero más que dictadura, tiranía y tiranía pretoriana, que es la peor. Más aún así y todo, con tiranía, no ya dictadura, volvería yo a mi patria si los tiranuelos fueran personas honradas, que no lo son. El primero de ellos, el M. Anido —pues el trío es: M. Anido = Borbón Habsburgo = Primo de Rivera y en este orden; Primo el pelele que tapa a los otros que le tiran de los hilos— es un loco, pero con locura moral ––o inmoral si se quiere. Y lo que quiero hacer constar que en mi caso ––porque constituyo un caso— no se trata de pleito individual, que como a individuo aislado me toque, sino de algo personal y la persona es lo representativo y social, lo humano común. Al defenderme atacando, defiendo el alma eterna y universal de mi pueblo; a toda una iglesia civil libre. Ni me importa que alguien encuentre ridícula mi posición. Aprendí en mi Señor Don Quijote lo que vale la pasión de la risa y que no se pierde ni el dar al aire zapatetas en camisa o medio desnudo.
Lo que está agonizando en España viene de lejos. Con la muerte del príncipe Don Juan ––¡en Salamanca!–– único hijo varón de los Reyes Católicos, a fines del siglo XV, cuando se descubrió América, desapareció la posibilidad de una dinastía española, indígena, castellano-aragonesa. Carlos I. ––V. de Alemania— hijo del Hermoso de Borgoña, un Habsburgo, y de la Loca de Castilla, llegó a ésta sin saber apenas castellano, rodeado de flamencos, y trayendo la política habsburgiana, la hegemonía de la Casa de Austria en Europa y la Contra— Reforma. La América, que se acababa de descubrir, no era sino una mina de donde sacar recursos, oro, ya que no hombres para esa fatídica política. Y así de espaldas a América ––y a África–– vertióse la sangre española en Italia, Francia, Países Bajos por asegurar la hegemonía habsburgiana y contra los reformados. Y así siguieron los Felipe II, III y IV y Carlos II, que nunca se españolizaron. Y le siguieron los Borbones, tan extranjeros en España como los Austrias. Y hoy sufrimos a un Borbón-Habsburgo, más Habsburgo que Borbón y tan Carlos II como Fernando VII. ¿Y el pueblo?— se dirá. Mi amor a la verdad, que es la justicia, y en mi amor a la verdad, mi amor casi desesperado a mi pueblo me obliga a confesar, a profesar ––pero como profeta y no como profesor–– que el pueblo fue seducido y arrastrado por Habsburgos y Borbones y que se le hizo creer que continuaba la cruzada de la reconquista. Y lo digo por patriotismo, por aquel ardiente y desesperado patriotismo que a mi inolvidable Guerra Junqueiro, le hizo al final de su magnífico evangelio Patria crucificar al pueblo portugués con este inri: “Portugal, rey de Oriente”. Sí, la terrible envidia frailuna y castrense ––conventos y cuarteles son ciénagas de envidia misológica–– la que creó la Inquisición es la que alentaba en no pocos conquistadores, más sanson-carrasqueños que quijotescos. Sí, sí, mi pueblo, el pueblo de mis entrañas, tiene que expiar sus pecados. No ha sabido resistir a esa infame cruzada de Marruecos y al “¡guerra, guerra al infiel marroquí!”. Y por fin le han puesto encima, como enseña de baldón, ese Primo de Rivera, que por terrible contraste se llama.. . Pero no, en la escuela le conocían por Miguelón, luego Miguelito, ¿mas Miguel? Miguel, ¡no! Porque vea usted; Miguel es uno de los tres o cuatro nombres cristianos que tienen por patrono no a hombre que fue de carne y hueso, sino a espíritu puro; Miguel es nombre arcangélico. Y luego, vea los cuatro Migueles de la España eterna y universal: Miguel de Cervantes, soldado, que vuelto manco en Lepanto, de su manquera sacó a Don Quijote, como Iñigo de Loyola, soldado, vuelto cojo en Pamplona, de su cojera sacó la Compañía de Jesús. Miguel de Legazpi, escribano vasco ––¡de los míos!–– en Méjico, que con la pluma, sin derramar una gota de sangre, políticamente, ganó para la corona de los Habsburgos de España las Islas Filipinas, esas islas en que siglos después, en tiempos de D. Fernando Primo de Rivera, primer marqués de Estrella y grandísimo ladrón, su sobrino Miguelón ––Miguelito–– que le heredó marquesado y ladronería intervino en el pacto de Biacuabató. Y a propósito el crimen mayor de la España de la Regencia y de la Regencia habsburgiana de España, fue el asesinato del noble Rizal, el indio, y espero que un día el pueblo español contrito haga elevar por suscripción en Manila un monumento expiatorio a la memoria de Rizal como los calvinistas han hecho elevar en Ginebra uno a la memoria de Miguel Servet. Nuestro tercer Miguel, mártir de la libertad de conciencia, a quien Calvino, al hacerlo quemar, le ahorró el que acaso hubiera sido quemado, si lo cogen, por sus compatriotas. Y el cuarto, Miguel de Molinos, héroe también de la pluma, como los otros tres, el que enseñó la doctrina de auto–disciplina, de heroica obediencia a sí misma, de vigoroso individualismo anti-jesuítico. Y junto a Cervantes, Legazpi, Servet y Molinos, ¿le vamos a llamar Miguel a ese fantoche hueco? ¡claro que no, hombre! Mas sus días de tapar la tiranía están contados. El muy mentecato no hace sino pedir merced. Entrevé todo lo perverso de su fatuidad. Y detrás de él tiembla su Maese Pedro; su amo, el que le maneja, ese tenebroso M. Anido, símbolo de la barbarie jesuítico-pretoriana. Y también tiembla, no sé porqué, esa cuitada burguesía que por miedo cerval al incendio bolchevique ––¡el espantajo!–– ha entregado su casa y sus bienes a los bomberos para que se la desvalijen y destrocen.
Pero basta, que el seguir esto sería el cuento de nunca acabar. Gracias, amigo mío, y adentro con Amauta.
Le desea a ésta, vida fecunda aunque sea corta ––Revista que envejece, degenera–– y a su Perú justicia en la libertad.
Miguel de Unamuno