La escena checo-eslovaca

El Estado de Masarick y Benés aparece, ante todo, como una consecuencia política de la gran guerra. O, más precisamente, de la derrota austro-alemana. El nacimiento del Estado Checo-eslovaco ha sido una de las principales faces o etapas de la disolución del Imperio de los Apsburgos.

La espada aliada cortó los lazos que unían, bajo la corona de los Apsburgos, a pueblos de diverso origen y distinta raza. Estos pueblos, en su obligada convivencia dentro del Imperio, no habían perdido su sentimiento nacional. Pero tampoco habían sabido, antes de la guerra, afirmarlo eficazmente frente al poder austríaco. El pueblo húngaro, el que más enérgicamente había reivindicado siempre su libertad, había conquistado cierto grado de autonomía administrativa. Su antigua inquietud secesionista estaba enervada. El sentimiento nacional de húngaros, bohemios, etc., no tenía un carácter beligerante y combativo sino en una minoría más o menos romántica.

La guerra provocó una viva reacción de este sentimiento. Los sufrimientos y las penurias de una empresa que se prolongaba angustiosamente, con creciente incertidumbre de los austro-alemanes sobre su éxito final, generaron en los sectores alógenos del Imperio de los Apsburgos un difuso y extenso descontento contra la política de la monarquía. La predicación democrática de Wilson, y, sobre todo su doctrina del derecho del libre determinación de las nacionalidades, encontraron, en consecuencia, un terreno favorable a la fructificación de los ideales nacionalistas que se proponían suscitar en el heterogéneo conglomerado austro-húngaro.

Mas, desatado, el haz austro-húngaro, resultó prácticamente imposible la libre agrupación de sus elementos según sus afinidades. Las potencias aliadas querían que la nueva organización de la Europa Central no contrariase, absolutamente, ninguno de sus intereses de predominio. Necesitaban que en esa nueva organización ocupasen una posición dominante los pueblos que más eficiente y conspicuamente las habían ayudado contra, la monarquía austríaca. Checo-Eslovaquia obtuvo, por tanto, en la conferencia de la paz, un tratamiento de especial favor. Los checo-eslovacos consiguieron anexarse poblaciones húngaras, alemanas, ruthenas.

Esta protección no sólo se explica por el interés de la Entente de colocar al flanco de la vencida Alemania un Estado fuerte. Se explica también por la importante participación de los leaders del nacionalismo checo-eslovaco en el socavamiento del frente austríaco. Masarick, Lenes y Stefanick, presintiendo que del resultado de la guerra dependía la independización de su pueblo, habían dirigido desde el extranjero un movimiento subterráneo de agitación contra la monarquía austríaca, destinado a producir su derrumbamiento apenas se quebrantara la esperanza de alemanes y austro-húngaros en la victoria. Desde París, Masarick había vivido, en los últimos años de la guerra, en constante y secreta comunicación con sus secuaces de Checo-Eslovaquia, fomentando en los regimientos checo-eslovacos, mediante una sorda propaganda, sentimientos que debían moverlos a la deserción del frente austríaco. Esta agitación nacionalista checo-eslovaca, con la colaboración poderosa de los gobiernos aliados, había empujado a combatir al lado de la Entente a los soldados checo-eslovacos hechos prisioneros por sus ejércitos.

Masarick y Benés pertenecen, pues, típicamente, a la categoría de hombres de Estado emergida de la post-guerra. Heteróclita y varicolor categoría de la que forman parte, de un lado, los leaders, del Estado bolchevique y, de otro lado, Mussolini, Pilsudsky, Horthy, etc. Hasta el día de la victoria aliada, Masarick y Benés no fueron —sobre todo en concepto de la monarquía austríaca— sino dos obsecados agitadores. Dos hombres negligibles en el plano de la política europea. La victoria aliada los convirtió, de golpe, en los conductores de una telón de trece millones de hombres. O sea en personajes bastante más considerables que el ex-emperador Garlos de Apsburgo y que sus cancilleres.

Más conocido que Benés era Masarick. De su historia y de su figura, mucho más antiguas, se tenía difusa noticia en todos los sectores de la internacional socialista.

Hijo de un cochero de Moravia, Masarick se destacó, desde su batalladora juventud, en el seno de la social-democracia checa. Su inteligencia y su dinamismo le abrieron las puertas de la Universidad de Praga. Su posición frente a la monarquía austríaca le valió varios procesos por delitos contra la seguridad del Estado. En esos tiempos Masarick escribió un libro de crítica marxista que hizo notorio su nombre en las revistas y periódicos de la social-democracia europea: "Die philosophisehen und sooio- logisehen Grundlagen des Marxismus".

Pero la notoriedad de Masarick no traspasó, en esos arduos tiempos de combate, los confines del mundo social-democrático. En los parlamentos, en las academias y en los grandes rotativos, el nombre del profesor Th. G. Masarick, autor de varios ensayos sobre el marxismo, era completamente desconocido. Le correspondía a la guerra descubrirlo y revelarlo. Y transformarlo en el nombre del presidente de una imprevista República Checo-Eslovaca.

Por su rol en la creación de Checo-Eslovaquia le tocó a la social-democracia checo-eslovaca asumir, en colaboración con los elementos liberales de la burguesía nacional, la responsabilidad no siempre honrosa y no siempre fácil del poder. La asamblea nacional elevó a la presidencia de la nueva república al profesor Masarick. La política y la legislación del Estado checo-eslovaco se decoraron de principios social-democráticos. El Estado checo-eslovaco se caracterizó por su necesidad de mostrarse como uno de los Estados europeos más avanzados en materia de legislación social. Bajo la presión de las masas, la política del Estado checo-eslovaco hizo varias concesiones a las reivindicaciones proletarias. La mayor de todas fue, acaso, la aceptación de la fórmula de los Consejos de Empresa, que significa un paso hacia la participación de los obreros en la administración de las fábricas.

Esta tendencia no ha sido abandonada. El Instituto Checo-eslovaco de Estudios Sociales, en un reciente opúsculo sobre la política social en Checo-Eslovaquia, dice: "Checo-Eslovaquia rivaliza con los estados más progresistas de Europa en cuanto concierne a la protección de los obreros, los seguros sociales, la asistencia a los sin trabajo, a los inválidos de guerra, a los niños, a los indigentes, la lucha contra la crisis de los alojamientos, etc. En ciertas materias de política social sus leyes van más allá de las exigencias de las convenciones internacionales. Pero no quiere detenerse en tan buen camino; sabe que el progreso— en los límites compatibles con la prosperidad económica del país—debe ser incesante”.

Mas la acción de la social-democracia en Checo-Eslovaquia ha estado paralizada por las mismas razones que en Alemania. La social-democracia checo-eslovaca, forzada a colaborar con la burguesía, se ha comprometido demasiado con sus ideas, sus intereses y sus hombres. La constatación de esta progresiva adaptación del partido socialista checo-eslovaco al mundo burgués, causó en 1920, como en los otros partidos socialistas de Europa, un cisma en su estado mayor y en su proselitismo. La izquierda de la social-democracia se pronunció por una política revolucionaria, fiel al principio de la lucha de clases. Y su tesis alcanzó en el congreso del partido el ochenta por ciento de los votos de los delegados. La escisión dividió a la social-democracia en dos partidos: uno ministerial y otro revolucionario. Este último se adhirió en mayo de 1921 a la Tercera Internacional. Es, presentemente, no obstante las depuraciones que ha sufrido, uno do los más vigorosos partidos comunistas de, Europa. Tiene un numeroso grupo parlamentario. Y publica tres diarios.

La más trascendente de las reformas actuadas por el gobierno checo-eslovaco es la de la propiedad de la tierra. La ley de abril de 1919 establece el derecho del Estado a confiscar la gran propiedad agraria y a repartirla entre los campesinos pobres. Esta ley considera la posibilidad o la conveniencia de crear, en otros casos, cooperativas agrícolas. Según los datos que tengo a la vista del “Annuaire du Travail”, hasta el 31 de diciembre de 1921, el Estado había confiscado el 16.3% de la superficie total de las tierras de cultivo. La confiscación reconoce al terrateniente expropiado el derecho a una indemnización calculada conforme al valor de la tierra entre 1913 y 1915. Le reconoce, además, el derecho de conservar la propiedad hasta de quinientas hectáreas.

Este lado de la política checo-eslovaca es el que atrae, preferentemente, la atención de los estudiosos de asuntos económicos y políticos. El gobierno de Masarick ha aplicado con parsimonia la ley agraria. La ha aplicado, sobre todo, contra los latifundistas alemanes y húngaros, movido por un sentimiento nacionalista. La mayor parte de la propiedad agraria continúa en manos de los ricos terratenientes. Pero la sola ley representa una conquista revolucionaria que ningún acontecimiento reaccionario podrá ya anular. Esa ley no inaugura en Checo-Eslovaquia un régimen socialista. Mas líquida, por lo menos, un rezago del régimen feudal.

José Carlos Mariátegui

El debate del pacto de seguridad

El Occidente europeo sigue buscando un equilibrio. Hasta ahora ninguna receta conservadora ni reformista consigue dárselo.

Francia quiere una garantía contra la revancha alemana. Mientras esta garantía no le sea ofrecida, Francia velará armada con la espada en alto. Y el ruido de sus armas y de sus alertas no dejará trabajar tranquilamente a las otras naciones europeas. Europa siente, por ende, la necesidad urgente de un acuerdo que le permita reposar de esta larga vigilia guerrera. La propia Francia que, a pesar de sus bélicos "chanteclers", es en el fondo una nación pacífica, siente también esta necesidad. El peso de su armadura de guerra la extenúa.

El eje de un equilibrio europeo son las relaciones franco-alemanas. Para que Europa pueda convalecer de su crisis bélica es indispensable que entre Francia y Alemania se pacte, si no la paz, por lo menos una tregua. Pero esta tregua necesita fiadores. Francia pide la fianza de la Gran Bretaña. De esto, que es lo que se designa con el nombre de pacto de seguridad, se conversó ya entre Lloyd George y Briand en Cannes. Mas a la mayoría parlamentaria del bloque nacional un pacto de seguridad, en las condiciones entonces esbozadas, le pareció insuficiente. Briand fue reemplazado por Poincaré, quien durante un largo plazo, en vez de una política de tregua, hizo una política de guerra.

Cuando el experimento laborista en Inglaterra y las elecciones del 11 de mayo en Francia engendraron la ilusión de que se inauguraba en Europa una era social-democrática, renació la moda de todas las grandes palabras de la democracia: Paz, Arbitraje, Sociedad de las Naciones, etc. En esta atmósfera se incubó el protocolo de Ginebra que, instituyendo el arbitraje obligatorio, aspiraba a realizar un anciano ideal de la democracia. El protocolo de Ginebra correspondía plenamente a la mentalidad de una política cuyos más altos conductores eran Mac Donald y Herriot.

Liquidado el experimento laborista, se ensombreció de nuevo la faz de la política europea. El protocolo de Ginebra, que no significaba la paz ni representaba siquiera la tregua, fue enterrado. Se volvió a la idea del pacto de seguridad. Briand, ministro de negocios extranjeros del ministerio de Poincaré, reanudó el diálogo interrumpido en Cannes. "On revient toujour a ses premiers amours".

Pero la discusión demuestra que, para un pacto de seguridad, no basta el acuerdo exclusivo de Inglaterra, Francia, Alemania y Bélgica. No se trata sólo de la frontera del Rhin. Las naciones que están al otro lado de Alemania, y que el tratado de paz ha beneficiado territorialmente a expensas del imperio vencido, exigen la misma garantía que Francia. Polonia y Checo Eslovaquia pretenden estar presentes en el pacto. Y Francia, que es su protectora y su madrina, no puede desestimar la reinvindicación de esos estados. Por otra parte, Italia, dentro de cuyos nuevos confines el tratado de paz ha dejado encerrada una minoría alemana, reclama el reconocimiento de la intangibilidad de esta frontera. Y se opone a todo pacto que no cierre definitivamente el camino a la posible unión política de Alemania y Austria.

Alemania, a su turno, se defiende. No quiere suscribir ningún tratado que cancele su derecho a una rectificación de sus fronteras orientales. Se declara dispuesta a dar satisfacción a Francia, pero se niega a dar satisfacción a toda Europa. El pacto de seguridad está empantanado en esta invencible resistencia.

Para Alemania, suscribir un tratado, en el cual acepte como definitivas las fronteras que le señaló la paz de Versalles, equivaldría a suscribir por segunda vez, sin la presión guerrera de la primera, su propia condena. Durante la crisis post-bélica, mucho se ha escrito y se ha hablado sobre la incalificable dureza del tratado de Versalles. Los políticos y los ideólogos, propugnadores de un programa de reconstrucción europea, han repetido, hasta lograr hacerse oír por mucha gente, que la revisión del tratado de Versalles es una condición esencial y básica de un nuevo equilibrio internacional. Esta idea ha ganado muchos prosélitos. La causa de Alemania en la opinión mundial ha mejorado, en suma, sensiblemente. Es absurdo, por todas estas razones, pretender que Alemania refrende, sin compensación, las condiciones vejatorias de la paz de Versalles. El estado de ánimo de Alemania no es hoy, de otro lado, el mismo de los días angustiosos del armisticio. Las responsabilidades de la guerra se han esclarecido en los últimos seis años. Alemania, con documentación propia y ajena, puede probar en una nueva conferencia de la paz que es mucho menos culpable de lo que en Versalles parecía.

Los políticos de la democracia y de la reforma aprovechan del debate del pacto de seguridad para proponer a sus pueblos una meta: la organización de los Estados Unidos de Europa. Unicamente —dicen— una política de cooperación internacional puede asegurar la paz a Europa. Pero la verdad es que no hay ningún indicio de que das varias burguesías europeas, intoxicadas de nacionalismo, se decidan a adoptar este camino. Inglaterra no parece absolutamente inclinada a sacrificar algo de su rol imperial ni de su egoísmo insular. Italia, en los discursos megalómanos del fascismo, reivindica consuetudinariamente su derecho a renacer como imperio.

Los Estados Unidos de Europa aparecen, pues, en el orden burgués, como una utopía. Aún en el caso de que un tratado de seguridad obtuviese la adhesión de todos los Estados de Europa, quedaría siempre fuera de este sistema o de este compromiso la mayor nación del continente: Rusia. No se constituiría por tanto una asociación destinada a asegurar la paz sino, más bien, a organizar la guerra. Porque, como una consecuencia natural de su función histórica, una liga de estados europeos que no comprenda a Rusia tiene que ser, teórica y prácticamente, una liga contra Rusia. La Europa capitalista tiende cada día más a excluir a Rusia de los confines morales de la civilización occidental. Rusia, por su parte, sobre todo desde que se ha debilitado su esperanza en la revolución europea, se repliega hacia Oriente. Su influencia moral y material crece rápidamente en Asia. Los pueblos orientales, desde hace mucho tiempo se interesan más por el ejemplo ruso que por el ejemplo occidental. En estas condiciones, los Estados Unidos de Europa, si se constituyesen, reemplazarían el peligro de una guerra continental, por la certidumbre de una descomunal conflicto entre Oriente y Occidente.

Por el momento, no hay ninguna utilidad en ejercitar la imaginación en estas previsiones. Conformémonos con intentar predicciones
a corto plazo. Las rivalidades y las rencillas de los nacionalismos europeos hacen muy poco probable un pacto occidental. Rusia no tiene por qué preocuparse por ahora de la posibilidad de una unánime coalición capitalista. El pacto de seguridad, como ha sido planteado, no alcanzará mejor suerte que el protocolo de Ginebra.

El problema de la tregua, ya que no de la paz, quedará intacto después del presente debate. Pero la necesidad de resolverlo se hará cada vez más perentoria. Y del desesperado afán de remediarla emergerá, de nuevo, con otro nombre, la misma ilusión impotente.

José Carlos Mariátegui

La política de “borrón y cuenta nueva” en España
El gobierno de Berenguer caracteriza bien los intereses y los propósitos del retorno a la constitucionalidad en España. El objeto de esta maniobra, a que se ha visto forzada la monarquía ante la amenaza de una insurrección, se reduce al sargento del régimen, seriamente comprometido por la aventura de Primo de Rivera. La elección de Berenguer para el gobierno de España en el período de liquidación de la dictadura, confirma y continúa el espíritu de la política que condujo a la monarquía al golpe de estado de 1923. Las razones de Estado de la suspensión del orden parlamentario y constitucional residían en la cuestión de las responsabilidades de la guerra en Marruecos, estruendosamente agitada por la oposición, con inmensa resonancia en el pueblo. Es sintomático, por tanto, que el Rey eche mano de Berenguer, el general encausado por esas responsabilidades, para liquidar la dictadura y restablecer la Constitución. Berenguer, adversario o rival de Primo de Rivera, reúne para esta tarea condiciones que no se encontraría en otro jefe del ejército. Es uno de esos generales de monarquía parlamentaria, relacionado políticamente con los liberales y conservadores que se turnan en la función ministerial. Alfonso XIII cuenta con que la opinión tendrá más en cuenta su oposición a la dictadura que sus antecedentes de generalísimo de una campaña perdida.
La vieja constitución resulta ahora el mejor y único baluarte de la monarquía. Primo de Rivera no asignó a su dictadura, sancionada y usufructuada por el Rey, otra empresa que la de derogarla y sustituirla. Pero, fracasado este empeño, Alfonso XIII no depone de arma más preciosa para defender y conservar el régimen.
La transición, conforme a las previsiones monárquicas, debía haberse cumplido más suavemente. Se tenía la esperanza de disponer del plazo de algunos meses para la preparación sentimental y práctica del cambio. Pero los acontecimientos, a última hora, se ha precipitado, arrojando una luz demasiado viva sobre el fracaso de la política del Rey. El cambio se ha operado de un modo brusco. Primo de Rivera se ha visto lanzado del poder. Ha sido ostensible para todos el carácter de apresurado acto del salvamento de la monarquía que tiene la constitución del ministerio de Berenguer.
La composición del ministerio corresponde a su función. Si el gabinete de transición se hubiese formado en condiciones normales de suave restauración de la constitucionalidad, habrían aceptado colaborar en él algunas primeras figuras de los partidos monárquicos. Berenguer no ha podido obtener ni aún la participación aislada de Cambó, que se reserva para más altos destinos. Su gobierno está compuesto -salvo el Duque de Alba, personaje dinástico más bien que hombre político- por figuras secundarias del elenco constitucional.
Sin duda, el Rey Alfonso dispone de los diversos Bugallal y Romanones del viejo sistema parlamentario para la defensa de la Constitución y de la Monarquía. Pero a estos mismos consejeros les habría parecido excesiva y prematura su presencia en un gobierno de transición, constituido de manera festinatoria y violenta. Todos esos antiguos consejeros, además, han envejecido mucho políticamente durante la crisis del régimen constitucional. La burguesía española se sentiría, por esto, más eficaz y directamente representada por un hombre como Cambó, que a la encarnación y entendimiento de los intereses políticos, une su agnosticismo doctrinario, su carencia de escrúpulos liberales, su desdén de las fórmulas parlamentarias.
El manifiesto del Partido Socialista y de la Unión General de Trabajadores es el documento más importante y explícito de la serie de declaraciones políticas que ha seguido a la caída de Primo de Rivera. El cable, al menos, no nos ha dado noticia de ningún otro de análoga responsabilidad y beligerancia, aunque puede sospecharse fácilmente la existencia de alguna declaración de los comunistas. Los socialistas han planteado, aunque en términos moderados, la cuestión del régimen. Han tomado posición contra Berenguer, reafirmando su posición republicana. Los republicanos y reformistas se comportan con más prudente reserva. Para Melquiades Álvarez, el único ideal posible es, ciertamente, el regreso a un parlamentarismo acompasado y sedentario, en el que su elocuencia tenga por turnos [la batuta]. Pero falta aún saber si los elementos que más beligerante actitud han mantenido frente a la dictadura de Primo de Rivera, se conforman finalmente con una política de “borrón y cuenta nueva”.
El manifiesto socialista puede ser el preludio de una ofensiva contra el régimen dinástico, lo mismo que puede quedar como una platónica actitud doctrinaria. La palabra, ingrata a Alfonso XIII, que debe sonar en las elecciones es la que ya en 1923 intimidó hasta al pánico a la Corte: “responsabilidades”. ¿Exigirán los opositores, de filiación liberal o constitucional, el deslindamiento y sanción de las responsabilidades dictatoriales? España está en un intermezzo. Con la caída de Primo de Rivera, no ha concluido sino el primer acto de un drama cuyo desenlace no será por cierto el idilio parlamentario y constitucional con que sueñan los Melquiades Álvarez en reposo.

Schober y Mussolini
El coloquio entre Schober y Mussolini tiene al entendimiento amistoso entre los fascistas de Italia y Austria. La política reaccionaria reserva grandes sorpresas, ante todo, para el nacionalismo. Italia ha mirado -y sobre todo Mussolini- con recelo y disgusto el sentimiento pangermanista de los nacionalistas austriacos. Pero la solidaridad reaccionaria se sobrepone ahora a los odios racistas. El ejemplo italiano ha enseñado bastante a los reaccionarios austriacos en su lucha contra los socialistas. I la marcha a Viena -inspirada en la marcha a Roma- es para el fascismo austriaco el símbolo de la conquista de la capital social-demócrata.
La diplomacia austriaca necesita orillar, en su pacto con la diplomacia romana, el peligro de resentir o alarmar a Alemania. No se sabe en qué forma este convenio tutelará los derechos de los austriacos de las tierras redentas, tan destempladamente tratados por el fascismo italiano. El nacionalismo de los reaccionarios es fácil y pronto al olvido. Lo evidente parece, en todo caso, que el fascismo austriaco se siente sentimental e históricamente más cerca del gobierno imperialista de Italia, -tan despectivo con todo lo austriaco- que del gobierno democrático de Alemania.
José Carlos Mariátegui.