La reacción de México

Objetivamente considerado, el conflicto religioso en México resulta, en verdad, un conflicto político. Contra el gobierno del general Calles, obligado a defender los principios de la Revolución, insertados desde 1917 en la constitución mexicana, más que el sentimiento católico se rebela en este instante el sentimiento conservador. Estamos asistiendo simplemente a una ofensiva de la Reacción.

La clase conservadora y terrateniente, desalojada del gobierno por un movimiento revolucionario cuyo programa se inspiraba en categóricas reivindicaciones sociales, no se conforma con su ostracismo del poder. Menos todavía se resigna a la continuación de una política que, —aunque sea con atenuaciones y compromisos— actúa una serie de principios que atacan sus intereses y privilegios. Por tanto, las tentativas reaccionarias se suceden. La reacción naturalmente, disimula sus verdaderos objetivos. Trata de aprovechar de las circunstancias y situaciones desfavorables al partido gubernamental. La insurrección encabezada por el general de La Huerta fue hace tres años sus última ofensiva armada. Batida en otros frentes, presenta ahora batalla a la Revolución en el frente religioso.

No es el gobierno de Calle el que ha provocado la lucha. Por el contrario, acaso para atemperar las prevenciones suscitadas por su reputación de radical incandescente, Calles se ha mostrado en el gobierno más preocupado de la estabilización y afianzamiento del régimen que de su programa y su origen revolucionario. En vez de acelerar el proceso de la revolución mexicana, —como se esperaba de parte de muchos,— el gobierno de Calles lo ha contenido. La extrema izquierda, que no ahora censuras a Calles, denuncia al laborismo que su gobierno representa como un laborismo archidomesticado.

Por consiguiente, la agitación católica y reaccionaria no aparece causada por una política excesivamente radical del gobierno. Aparece más bien, alentada por una política transaccional que ha persuadido a los conservadores de declinamiento del sentimiento revolucionario y ha separado del gobierno a una parte del proletariado y a varios intelectuales izquierdistas.

El proceso del conflicto revela plenamente su fondo político. México atravesaba un periodo de calma cuando los altos funcionarios eclesiásticos anunciaron de improviso, y en forma resonante, su repudio y sus desconocimiento de la constitución de 1917. Esta era una declaración de beligerancia. El gobierno de Calles comprendió que preludiaba una activa campaña clerical contra las conquistas y los principios de la Revolución. Tuvo que decidir, en consecuencia, la aplicación integral de los artículos constitucionales relativos a la enseñanza y al culto. El clero, manteniendo su actitud de rebeldía, no ocultó sus voluntad de oponer una extrema resistencia al Estado. Y el gobierno quiso entonces sentirse armado suficientemente para imponer la ley. Nació así ese decreto que amplía o reforma el código penal mexicano estableciendo graves sanciones contra la trasgresión y la desobediencia de las disposiciones constitucionales.

Este es el decreto contra el cual insurge el clero mexicano suspendiendo los servicios religiosos en las iglesias e invitando a los fieles a una política de no-cooperación disminución de sus gastos al mínimo necesario a fin de reducir en lo posible su cuota al Estado.

El rigor de algunos de las disposiciones del decreto —verbigratia de la que prohíbe el uso del hábito religioso fuera de los templos— es sin duda excesivo. Pero no se debe olvidar que se trata de una ley de emergencia reclamada al gobierno por la necesidad política, más que por el compromiso programático o ideológico, de aplicar, en el terreno de la enseñanza y el del culto, los principios de la Revolución.

La Iglesia invoca esta vez en México un postulado liberal: la libertad religiosa. En los países donde el catolicismo conserva sus fueros de confesión del Estado, rechaza y execra este mismo postulado. La contradicción no es nueva. Desde hace varios siglos la Iglesia ha aprendido a ser oportunista. No se ha apoyado tanto en sus dogmas como en sus transacciones. Ya, por otra parte, el ilustre polemista católico Louis Veuillot, definió hace tiempo la posición de la Iglesia frente al liberalismo en su célebre respuesta a un liberal que se sorprendía de oírle clamar por la libertad: —"En nombre de tus principios, te la exijo; en nombre de los míos, te la niego."

Pero en la historia de México, desde los tiempos de Juárez hasta los de Calles, le ha tocado al clero combatir y resistir a las reivindicaciones populares. La Iglesia ha contrastado siempre en México, en nombre de la tradición, a la libertad. Por ende, su actitud de hoy no se presta a equívocos. La mayoría del pueblo mexicano sabe demasiado bien que la agitación clerical es esencialmente una agitación reaccionaria.

El estado mexicano pretende ser, por el momento, un estado neutro, laico. No es el caso de discutir su doctrina. Este estudio no cabe en un comentario rápido sobre la génesis de los actuales acontecimientos mexicanos. Yo, por mi parte, he insistido demasiado respecto a la decadencia del Estado liberal y al fracaso de su agnosticismo para que se me crea entusiasta de una política meramente laicista. La enseñanza laica, como otra vez he escrito, es en sí misma una gastada fórmula liberal.

Pero el laicismo en México, —aunque subsistan en muchos hombres del régimen residuos de una mentalidad radicaloide y anticlerical— no tiene ya el mismo sentido que en los viejos Estados burgueses. Las formas políticas y sociales vigentes en México no representan una estación del liberalismo sino una estación del socialismo. Cuando el proceso de la revolución se haya cumplido plenamente, el Estado mexicano no se llamará neutral y laico sino socialista.

Y entonces no será posible considerarlo antireligioso. Pues el socialismo, es también una religión, una mística. Y esta gran palabra Religión, que seguirá gravitando en la historia humana con la misma fuerza de siempre, no debe ser confundida con la palabra Iglesia.

José Carlos Mariátegui.

El imperialiamo yanqui y Nicaragua

Ni aún quienes ignoran los episodios y el espíritu de la política de los Estados Unidos en Centro América pueden, ciertamente, tomar en consideración las razones conque el señor Kellogg pretende excusar la invasión del territorio de Nicaragua por tropas yanquis. Pero quienes recuerdan el desenvolvimiento de esa política en los últimos cinco o cuatro lustros, pueden, sin duda, percibir mejor la absoluta coherencia de esta intervención armada en los sucesos domésticos de Nicaragua con los fines y la praxis notorios de esa política de expansión.

Hace ya muchos años que los Estados Unidos han puesto los ojos en Nicaragua y son varias las oportunidades en que, con análogos pretextos, ha puesto las manos sobre su formal autonomía.

Rooselvet, el "fuerte cazador", notificó a Nicaragua, cuando la gobernaba el presidente Zelaya, el propósito de los Estados Unidos de convertir San Juan en un canal interoceánico y de establecer una base naval en el golfo de Fonseca. Pero este plan, de clara intención imperialista, encontró naturalmente viva resistencia en la opinión nicaragüense. El Presidente Zelaya no nudo hacer ninguna concesión al gobierno norteamericano a este respecto. Los Estados Unidos no obtuvieron de este capataz de la política nicara­güense sino un tratado de amistad. Mas, en seguida, sus agentes se entregaron a la faena de organizar las revueltas de las cuales, al amparo de los fusiles yanquis, debía brotar un gobierno obediente al imperialismo del Norte.

Este objetivo fue alcanzado , definitivamente, con la formación del gobierno de Ardolfo Díaz, servidor incondicional del capitalismo yanqui. En defensa de este régimen, repudiado vigorosamente por el sentimiento público, intervinieron entonces como ahora las tropas americanas, apenas su estabilidad apareció seriamente amenada. Y del gobierno de Díaz obtuvieron los Estados Unidos el tratado que apetecían.

El canciller que firmó este tratado, Chamorro, heredó el poder. Los intereses norteamericanos en Nicaragua permanecieron durante algunos años bien guardados. Pero, el sentimiento popular, en continuo fermento, acabó por arrojar a este agente del imperialismo yanqui. Desde entonces, Estados Unidos, o mejor dicho su gobierno, sintió la necesidad de intervenir de nuevo en Nicaragua. El presidente que ahora tratan de imponer a este pueblo los cañones norteamericanos, es Adolfo Díaz. Sacasa, vicepresidente legal, representa, por dimisión del presidente, la Constitución y el voto de Nicaragua.

Es muy fácil a la prensa americana, presentar a los pueblos de Centro América en perpetua agitación revolucionaria. Mucho menos fácil le es, por cierto, escamotear a las miradas del mundo la participación principal de los yanquis en esa agitación revoltosa. Estados Unidos tiene interés en mantener dividida y conflagrada Centro América. La necesaria confederación de las pequeñas repúblicas centroamericanas encuentra en Norte América a sus mayores enemigos. Cuando hace seis años dicha conferencia fue intentada las maquinaciones yanquis se encargaron de frustrarla. Nicaragua, cuyo gobierno estaba entonces completamente enfeudado a la política yanqui, constituyó el eje y el hogar de la maniobra imperialista contra la libre unión de los estados de Centro América.

La acentuación del expansionismo norteamericano, en estos momentos, es perfectamente lógica. Europa se encuentra presentemente en un período de "estabilización capitalista". Reorganiza, por ende, su minado imperio en Africa, Asia, etc. De otro lado, Estados Unidos es empujado a la afirmación de su predominio en los mercados, las vías de tráfico y los centros de materias primas, por natural impulso de su desarrollo industrial y financiero. Si el capitalismo norteamericano, no consigue acrecentar sus dominios, entrará irremisiblemente en un período de crisis. Estados Unidos sufre ya las consecuencias de su plétora de oro y de su superproducción agrícola e industrial. Su banca y sus industrias necesitan imperiosamente asegurarse mayores mercados. El despertar de la China, que, después de tantos años de colapso moral, reacciona resueltamente contra el dominio extranjero, pone en peligro uno de los campos de los cuales el imperialismo yanqui pugna por desalojar gradualmente al imperialismo británico y al imperialismo japonés. Estados Unidos necesita, más que nunca, volverse hacia el Continente Americano, donde la guerra le ha consentido desterrar en parte la antes omnipotente influencia de Inglaterra.

Estas razones impiden a la opinión latinoamericana considerar el conflicto de Nicaragua como un conflicto al cual son extraños sus intereses. La solidaridad con Nicaragua, representada y defendida por el gobierno constitucional de Sacasa, se manifiesta, por esto, sin reservas.

Y del juicio continental, más aún que los desmanes del imperialismo yanqui, salen condenadas las traiciones de los caciques centroamericanos que se ponen en su servicio.

José Carlos Mariátegui