La escena checo-eslovaca

El Estado de Masarick y Benés aparece, ante todo, como una consecuencia política de la gran guerra. O, más precisamente, de la derrota austro-alemana. El nacimiento del Estado Checo-eslovaco ha sido una de las principales faces o etapas de la disolución del Imperio de los Apsburgos.

La espada aliada cortó los lazos que unían, bajo la corona de los Apsburgos, a pueblos de diverso origen y distinta raza. Estos pueblos, en su obligada convivencia dentro del Imperio, no habían perdido su sentimiento nacional. Pero tampoco habían sabido, antes de la guerra, afirmarlo eficazmente frente al poder austríaco. El pueblo húngaro, el que más enérgicamente había reivindicado siempre su libertad, había conquistado cierto grado de autonomía administrativa. Su antigua inquietud secesionista estaba enervada. El sentimiento nacional de húngaros, bohemios, etc., no tenía un carácter beligerante y combativo sino en una minoría más o menos romántica.

La guerra provocó una viva reacción de este sentimiento. Los sufrimientos y las penurias de una empresa que se prolongaba angustiosamente, con creciente incertidumbre de los austro-alemanes sobre su éxito final, generaron en los sectores alógenos del Imperio de los Apsburgos un difuso y extenso descontento contra la política de la monarquía. La predicación democrática de Wilson, y, sobre todo su doctrina del derecho del libre determinación de las nacionalidades, encontraron, en consecuencia, un terreno favorable a la fructificación de los ideales nacionalistas que se proponían suscitar en el heterogéneo conglomerado austro-húngaro.

Mas, desatado, el haz austro-húngaro, resultó prácticamente imposible la libre agrupación de sus elementos según sus afinidades. Las potencias aliadas querían que la nueva organización de la Europa Central no contrariase, absolutamente, ninguno de sus intereses de predominio. Necesitaban que en esa nueva organización ocupasen una posición dominante los pueblos que más eficiente y conspicuamente las habían ayudado contra, la monarquía austríaca. Checo-Eslovaquia obtuvo, por tanto, en la conferencia de la paz, un tratamiento de especial favor. Los checo-eslovacos consiguieron anexarse poblaciones húngaras, alemanas, ruthenas.

Esta protección no sólo se explica por el interés de la Entente de colocar al flanco de la vencida Alemania un Estado fuerte. Se explica también por la importante participación de los leaders del nacionalismo checo-eslovaco en el socavamiento del frente austríaco. Masarick, Lenes y Stefanick, presintiendo que del resultado de la guerra dependía la independización de su pueblo, habían dirigido desde el extranjero un movimiento subterráneo de agitación contra la monarquía austríaca, destinado a producir su derrumbamiento apenas se quebrantara la esperanza de alemanes y austro-húngaros en la victoria. Desde París, Masarick había vivido, en los últimos años de la guerra, en constante y secreta comunicación con sus secuaces de Checo-Eslovaquia, fomentando en los regimientos checo-eslovacos, mediante una sorda propaganda, sentimientos que debían moverlos a la deserción del frente austríaco. Esta agitación nacionalista checo-eslovaca, con la colaboración poderosa de los gobiernos aliados, había empujado a combatir al lado de la Entente a los soldados checo-eslovacos hechos prisioneros por sus ejércitos.

Masarick y Benés pertenecen, pues, típicamente, a la categoría de hombres de Estado emergida de la post-guerra. Heteróclita y varicolor categoría de la que forman parte, de un lado, los leaders, del Estado bolchevique y, de otro lado, Mussolini, Pilsudsky, Horthy, etc. Hasta el día de la victoria aliada, Masarick y Benés no fueron —sobre todo en concepto de la monarquía austríaca— sino dos obsecados agitadores. Dos hombres negligibles en el plano de la política europea. La victoria aliada los convirtió, de golpe, en los conductores de una telón de trece millones de hombres. O sea en personajes bastante más considerables que el ex-emperador Garlos de Apsburgo y que sus cancilleres.

Más conocido que Benés era Masarick. De su historia y de su figura, mucho más antiguas, se tenía difusa noticia en todos los sectores de la internacional socialista.

Hijo de un cochero de Moravia, Masarick se destacó, desde su batalladora juventud, en el seno de la social-democracia checa. Su inteligencia y su dinamismo le abrieron las puertas de la Universidad de Praga. Su posición frente a la monarquía austríaca le valió varios procesos por delitos contra la seguridad del Estado. En esos tiempos Masarick escribió un libro de crítica marxista que hizo notorio su nombre en las revistas y periódicos de la social-democracia europea: "Die philosophisehen und sooio- logisehen Grundlagen des Marxismus".

Pero la notoriedad de Masarick no traspasó, en esos arduos tiempos de combate, los confines del mundo social-democrático. En los parlamentos, en las academias y en los grandes rotativos, el nombre del profesor Th. G. Masarick, autor de varios ensayos sobre el marxismo, era completamente desconocido. Le correspondía a la guerra descubrirlo y revelarlo. Y transformarlo en el nombre del presidente de una imprevista República Checo-Eslovaca.

Por su rol en la creación de Checo-Eslovaquia le tocó a la social-democracia checo-eslovaca asumir, en colaboración con los elementos liberales de la burguesía nacional, la responsabilidad no siempre honrosa y no siempre fácil del poder. La asamblea nacional elevó a la presidencia de la nueva república al profesor Masarick. La política y la legislación del Estado checo-eslovaco se decoraron de principios social-democráticos. El Estado checo-eslovaco se caracterizó por su necesidad de mostrarse como uno de los Estados europeos más avanzados en materia de legislación social. Bajo la presión de las masas, la política del Estado checo-eslovaco hizo varias concesiones a las reivindicaciones proletarias. La mayor de todas fue, acaso, la aceptación de la fórmula de los Consejos de Empresa, que significa un paso hacia la participación de los obreros en la administración de las fábricas.

Esta tendencia no ha sido abandonada. El Instituto Checo-eslovaco de Estudios Sociales, en un reciente opúsculo sobre la política social en Checo-Eslovaquia, dice: "Checo-Eslovaquia rivaliza con los estados más progresistas de Europa en cuanto concierne a la protección de los obreros, los seguros sociales, la asistencia a los sin trabajo, a los inválidos de guerra, a los niños, a los indigentes, la lucha contra la crisis de los alojamientos, etc. En ciertas materias de política social sus leyes van más allá de las exigencias de las convenciones internacionales. Pero no quiere detenerse en tan buen camino; sabe que el progreso— en los límites compatibles con la prosperidad económica del país—debe ser incesante”.

Mas la acción de la social-democracia en Checo-Eslovaquia ha estado paralizada por las mismas razones que en Alemania. La social-democracia checo-eslovaca, forzada a colaborar con la burguesía, se ha comprometido demasiado con sus ideas, sus intereses y sus hombres. La constatación de esta progresiva adaptación del partido socialista checo-eslovaco al mundo burgués, causó en 1920, como en los otros partidos socialistas de Europa, un cisma en su estado mayor y en su proselitismo. La izquierda de la social-democracia se pronunció por una política revolucionaria, fiel al principio de la lucha de clases. Y su tesis alcanzó en el congreso del partido el ochenta por ciento de los votos de los delegados. La escisión dividió a la social-democracia en dos partidos: uno ministerial y otro revolucionario. Este último se adhirió en mayo de 1921 a la Tercera Internacional. Es, presentemente, no obstante las depuraciones que ha sufrido, uno do los más vigorosos partidos comunistas de, Europa. Tiene un numeroso grupo parlamentario. Y publica tres diarios.

La más trascendente de las reformas actuadas por el gobierno checo-eslovaco es la de la propiedad de la tierra. La ley de abril de 1919 establece el derecho del Estado a confiscar la gran propiedad agraria y a repartirla entre los campesinos pobres. Esta ley considera la posibilidad o la conveniencia de crear, en otros casos, cooperativas agrícolas. Según los datos que tengo a la vista del “Annuaire du Travail”, hasta el 31 de diciembre de 1921, el Estado había confiscado el 16.3% de la superficie total de las tierras de cultivo. La confiscación reconoce al terrateniente expropiado el derecho a una indemnización calculada conforme al valor de la tierra entre 1913 y 1915. Le reconoce, además, el derecho de conservar la propiedad hasta de quinientas hectáreas.

Este lado de la política checo-eslovaca es el que atrae, preferentemente, la atención de los estudiosos de asuntos económicos y políticos. El gobierno de Masarick ha aplicado con parsimonia la ley agraria. La ha aplicado, sobre todo, contra los latifundistas alemanes y húngaros, movido por un sentimiento nacionalista. La mayor parte de la propiedad agraria continúa en manos de los ricos terratenientes. Pero la sola ley representa una conquista revolucionaria que ningún acontecimiento reaccionario podrá ya anular. Esa ley no inaugura en Checo-Eslovaquia un régimen socialista. Mas líquida, por lo menos, un rezago del régimen feudal.

José Carlos Mariátegui

La escena polaca

Una de las reivindicaciones del programa wilsoniano que despertaron más universales simpatías, fue la reivindicación del derecho de Polonia a reconstituirse como nación libre. Durante más de un siglo, la historia del asesinato de la república y la nación polacas —consumado en 1792 por tres imperios, Alemania, Austria y Rusia, que representaban y encarnaban en esa época, a los ojos de toda la Europa liberal, el espíritu y el régimen de la Edad Media— había sido el capítulo doloroso de la edad moderna sobre el cual había llorado sus más exaltadas lágrimas el sentimentalismo de la democracia. Las figuras románticas de los patriotas polacos, emigrados a América y a Europa occidental, interesaban y apasionaban a todos los espíritus liberales. El renacimiento, la reconstrucción de la heroica Polonia revolucionaria constituía uno de los ideales del mundo moderno. Estimulaba esta simpatía la admiración al elan revolucionario de los leaders y agitadores polacos, prontamente ganados a la ideología socialista. La social-democracia alemana contaba entre sus más nobles combatientes a dos polacos: Rosa de Luxemburgo y León Joguisches. Pero a la popularidad polaca le ha tocado, después, una suerte paradójica. Restaurada Polonia por el Tratado de Versalles, su nombre ha dejado casi inmediatamente de representar un lema de la libertad y de la revolución. Polonia se ha convertido en una de las ciudadelas de la política reaccionaria. La causa de este cambio no es de responsabilidad de los polacos. Depende casi exclusivamente de los intereses y las ambiciones de las potencias vencedoras. El pueblo polaco no tiene, en verdad, la culpa de que en Versalles se haya asignado a Polonia territorios y poblaciones no polacas.

Nitti refleja en un capítulo de su libro "La Decadencia de Europa" el sentimiento de los demócratas occidentales respecto de la Polonia creada en Versalles: "Surgía — escribe— una Polonia, no ya cual Wilson la había proclamado y cual todos la querían, una Polonia con elementos seguramente polacos, sino con vastos sectores de poblaciones alemanas y rusas y en la que los elementos polacos representan apenas poco más de la mitad. Esta nueva Polonia —que con sus tendencias imperiales se prepara a sí misma y a sus poblaciones renacidas un terrible destino, si no repara a tiempo estos errores— tiene una función absurda, la de separar duraderamente Alemania y Rusia, esto es los dos pueblos más numerosos y más expansivos de Europa continental, y la de ser un agente militar de Francia contra Alemania".

Contra Alemania y contra Rusia, realmente, ha inventado Francia esta Polonia desmesurada y excesiva que encierra dentro de sus artificiales confines densas minorías extranjeras destinadas a representar, en esta Europa post-bélica, el mismo rol de minorías oprimidas e irredentas representado tan heroica y románticamente por los polacos antes de su liberación y su resurgimiento. En 1920, espoleada por su aliada y madrina Francia, turbada por la propia emoción de su victorioso renacimiento, Polonia acometió una empresa guerrera. Atacó a Rusia con el doble objeto de infringir un golpe a los soviets y de ensanchar más aún su territorio. Parece evidente que Pildsuski acariciaba un amplio pian imperialista: la federación de los estados bálticos y algunos estados que forman parte de la unión rusa, bajo la tutela y el dominio de Polonia. Rusia, derrotada, habría quedado así más alejada y separada que nunca de Occidente. Polonia, engrandecida, militarizada, habría pasado a ocupar un puesto entre las grandes potencias.

Estos ambiciosos designios no tuvieron fortuna. Polonia estuvo a punto de sufrir una tremenda derrota. El ejército rojo, después de rechazar a los polacos, avanzó hasta las puertas de Varsovia. Francia hubo de acudir solícitamente en auxilio de su aliada. Una misión militar francesa asumió la dirección de las operaciones. Varsovia fue salvada. Los rusos, que se habían alejado temerariamente de sus bases de aprovisionamiento, fueron expulsados del territorio polaco. Pero Polonia no pudo llevar más allá la aventura. Entre Polonia y Rusia se pactó la paz en condiciones que restablecían el statu-quo anterior al conflicto.

Después, las relaciones polaco-rusas han sufrido varias crisis, pero uno y otro país se han preocupado de mejorarlas. El cable nos ha comunicado hace pocos días que Tchitcherin había sido recibido cordialmente en Varsovia. Polonia necesita vivir en paz con Rusia. El rol militar que la política de Francia quiere, hacerle jugar es el que menos conviene a sus intereses económicos. "Polonia —ha dicho Trotski— puede ser, entre Rusia y Alemania, un puente o una barrera. De su elección dependerá la actitud de los soviets a su respecto". El tratado de Versalles, y, más que el tratado, la política del capitalismo occidental y en particular del imperialismo francés, no quieren que Polonia sea, entre Rusia y Alemania, un puente sino una barrera. Pero este propósito, esta exigencia, contrarian y tuercen el natural destino histórico de la nación polaca. Y engendran un peligro para su porvenir. "Quienes han amado la causa de Polonia y han visto resurgir la nación polaca —dice Nitti—, ven con angustia que la Polonia actual no puede durar, que debe necesariamente caer cuando Alemania y Rusia restablecidas reivindiquen sus derechos históricos".

Ni la política ni la economía polacas aconsejan ni consienten al gobierno de Polonia proyectos imperialistas y aventuras bélicas. El estado de la hacienda pública polaca revela un profundo desequilibrio económico. En 1919 y 1920 las entradas cubrieron apenas el diez por ciento de los egresos fiscales. En 1922 la situación se presentaba relativamente mejorada. Pero el déficit ascendía siempre más o menos a la mitad del presupuesto. El Estado polaco recurre, para satisfacer sus necesidades, a la emisión fiduciaria o a los empréstitos en el extranjero. Falta de crédito comercial, Polonia no puede obtener sino empréstitos políticos. Y estos empréstitos políticos significan la hipoteca a Francia de su soberanía y su independencia. Polonia se mueve dentro de un círculo sin salida. Su desequilibrio económico proviene en gran parte de los gastos militares y del oficio internacional a que la obligan sus compromisos con el capitalismo extranjero. Y para resolver los problemas de su crisis no tiene otro recurso que los empréstitos destinados a agravar y ratificar más aún esos compromisos.

Polonia es un país en el cual el conflicto entre la ciudad y el campo, entre la industria y la agricultura, reviste por otra, parte un carácter agudo. El gobierno de Pildsuski necesita apoyarse en los elementos agrarios. Su base social-democrática es demasiado exigua para asegurarle el dominio del país y del parlamento. En 1918 el antiguo partido socialista polaco, se cisionó como los demás partidos socialistas europeos. El ala izquierda constituyó un partido comunista. El ala derecha siguió a Pildsuski En consecuencia, la República polaca no cuenta con un arraigo sólido en la población industrial. El proletariado urbano, en gran parte, manifiesta un humor revolucionario, que el orientalmente reaccionario del régimen se encarga cada vez más de exasperar. El gobierno de Pildsuski inspira su política en. los intereses de los grupos agrarios nacionalistas y anti-semitas. Los tributos oprimen sobre todo a las ciudades con el fin de abrumar a los judíos, que en toda Europa se caracterizan corno elementos urbanos, al mismo tiempo que de contentar y favorecer, los intereses rurales.

La tragedia post-bélica se siente, más hondamente que en las naciones occidentales, en estas nuevas o renovadas naciones de Europa Central. Ahí el desequilibrio, lógicamente, es mucho mayor. Los rumbos de la política interna y externa son menos propios, menos autónomos, menos nacionales. Todas estas naciones han adquirido territorios y poblaciones ajenas a un alto precio: el de su libertad.

José Carlos Mariátegui

La crisis dinástica rumana
Cuando Maniu, líder de una gran agitación popular, asumió el poder en Rumania como jefe del gabinete, muchas voces expectantes le pidieron, desde todas las latitudes de la democracia, que arrancara con mano firme las raíces de la feudalidad contra la cual insurgía su pueblo. Pero Maniu, como la gran mayoría de los jefes de pequeña burguesía, no es un político dispuesto [a] llevar a sus últimas consecuencias su programa. Entre barrer definitivamente la monarquía y gobernar como su cancillar, juzgó más discreto este último partido. Hoy, la dinastía, que llegara a un grado tan estrecho y patente de mancomunidad con la política reaccionaria de los Bratianu, se siente bastante fuerte para intentar la ofensiva contra el gobierno de Maniu. El nombramiento de un nuevo miembro del Consejo de la Regencia ha provocado un conflicto entre la dinastía y el gobierno, que plantea pese a la voluntad de Maniu, la cuestión monárquica. La reina María, según los cablegramas, se muestra combativa. Ella y su corte sueñan, seguramente, con la restauración de un regimen policial como el sedicentemente policial de los Bratianu, que les devuelva todos sus fueros. Las aspiraciones populares reconocen como su más irreconciliable adversario el poder aristocrático.
También según el cable, Maniu ha hecho protestas de lealtad al orden monárquico. Pero él mismo lo sabe, probablemente, hasta qué punto los acontecimientos le permitirán ser fiel a ese empeño. Toda la política de Rumania, de los años de post-guerra, se reduce en último análisis a la afirmación de los derechos y sentimientos populares contra los privilegios de la aristocracia. El pueblo no tiennde a otra cosa que a la liquidación de la feudalidad. Y este es un resultado de que la política de los partidos y estadistas monárquicos se muestra impotente de obtener. La reforma agraria no ha resuelto la cuestión social rumana. Pero ha fortalecido social y políticamente al campesinado, a cuya fuerza, enérgicamente rebelada contra la dictatura de Bratianu, tan cara a la reina María, debe Maniu la jefatura del gobierno.

El 3er. Congreso Internacional de la Reforma Sexual
Nunca se debatió, con la libertad y la extensión que hoy la cuestión sexual. El imperio de los tabús religiosos reservó esta cuestión a la casuística eclesiástica hasta mucho después del Medio Evo. La sociología restituyó, en la edad moderna, al régimen sexual la atención de la ciencia y de la política. Se ha cumplido, en el curso del siglo pasado, algo así como un proceso de laicización de lo sexual, Engels, entre los grandes teóricos del socialismo, se distinguió por la convicción de que hay que buscar en el orden sexual la explicación de una serie de fenómenos históricos y sociales. I Marx extrajo importantes conclusiones de la observación de las consecuencias de la economía industrial y capitalista en las relaciones familiares. Se sabe la importancia que para Sorel, continuador de Proudhon en este y otros aspectos, tenía este factor. Sorel se asombraba de la insensibilidad y gazmoñería con que negligían su apreciación estadistas y filósofos que se proponían arreglar: desde su nacimiento, la organización social. En la preocupación de la literatura y del arte por el tema del amor, veía un signo de sensibilidad y no de frivolidad como se inclinaban probablemente a sentenciar graves doctores.
Pero la universalización del debate de la cuestión sexual es de nuestros días. A mediados de setiembre se ha celebrado en Londres el 3er. Congreso Internacional de la reforma sexual, en el que se han discutido tesis de Bernard Shaw, Bertrand Russel, Alexandra Kollontay y otros intelectuales conspicuos. Este congreso ha sido convocado por la “Liga Mundial para la reforma sexual”, fundada en el segundo congreso, en Copenhague en julio del año último. En el segundo congreso se consideraron las cuestiones siguientes: reforma del matrimonio; situación de la mujer en la sociedad; control de los nacimientos; derecho de los solteros; libertad de las relaciones sexuales; eugenesia; lucha contra la prostitución y las enfermedades venéreas; las aberraciones del deseo; establecimiento de un código de leyes sexuales; necesidad de la educación sexual. En el tercer congreso, se ha discutido ponencias sobre sexualidad y censura, la educación sexual, la adolescencia, la reforma de la unión marital, el aborto en la URSS, etc.
No habrá dentro de poco país civilizado donde no se estudie y siga estos trabajos por grupos, en los que será siempre indispensable y esencial la presencia de la mujer. Los estadistas, los sociólogos, los reformadores del mundo entero se dan cuenta hoy de que el destino de un pueblo depende, en gran parte, de su educación sexual. Alfred Fabre Luce acaba de publicar un libro “Pour une politique sexuelle”, que en verdad no propugna una idea absolutamente nueva en esta época de la URSS y de la Liga Mundial por la reforma sexual. El Estado soviético tiene una política sexual, como tiene una política pedagógica, una política económica, etc. I los otros Estados modernos, aunque menos declarada y definida, la tiene también. El Estado fascista, imponiendo un impuesto al celibato y abriendo campaña por el aumento de la natalidad, no hace otra cosa que intervenir en el dominio antes privado o confesional, de las relaciones sexuales. Francia, protegiendo a la madre soltera y situándose así en un terreno de realismo social y herejía religiosa, hace mucho tiempo que había sentido la necesidad de esta política.
No se estudia, en nuestro tiempo, la vida de una sociedad, sin averiguar y analizar su base: la organización de la familia, la situación de la mujer. Este es el aspecto de la Rusia soviética que más interesa a los hombres de ciencia y de letras que visitan ese país. Sobre él se discurre, con prolija observación, en todas las impresiones de viaje de la URSS. Singularmente sagaces son las páginas escritas al respecto por Teodoro Dreisser y Luc Durtain.
I la actitud ante la cuestión sexual es en sí, generalmente, una actitud política. Como lo observará inteligentemente hace ya algunos años nuestro compatriota César Falcón, Marañón, desde que condenara el donjuanismo, había votado ya contra Primo de Rivera y su régimen.

Fotografía tomada a la Planta de Irrigación en Graña en el Valle de Huaral. La fotografía se publicó en la revista Amauta en 1928.
Al reverso de la imagen con letra de Mariátegui: 19 cm grano fino

Como un apéndice o complemento del estudio crítico del problema de la tierra en el Perú, estimo oportuno, exponer en un esquema sumario, los lineamientos que, de acuerdo con las proposiciones de mi estudio, podría tener, dentro de las condiciones históricas vigentes, una política agraria inspirada en el propósito de solucionar orgánicamente ese problema. Este esquema se reduce necesariamente a un cuerpo de conclusiones generales, del cual queda excluida la consideración de cualquier aspecto particular o adjetivo de la cuestión, enfocada solo en sus grandes planos.

1. El punto de partida, formal y doctrinal, de una política agraria socialista no puede ser otro que una ley de nacionalización de la tierra. Pero, en la práctica la nacionalización debe adaptarse a las necesidades y condiciones concretas de la economía del país. El principio, en ningún caso, basta por si solo. Ya hemos experimentado cómo los principios liberales de la Constitución y del Código Civil no han sido suficientes para instaurar en el Perú una economía liberal, esto es capitalista, y cómo, a despecho de esos principios, subsisten hasta hoy formas e instituciones propias de una economía feudal. Es posible actuar una política de nacionalización, aún sin incorporar en la carta constitucional el principio respectivo, en su forma neta, si ese estatuto no es revisado integralmente. El ejemplo de México es, a este respecto, el que con más provecho puede ser consultado. El art. 27 de la Constitución Mexicana define así la doctrina del Estado en lo tocante a la propiedad de la tierra: “I. La propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de los límites del territorio nacional, corresponde originariamente a la Nación, la cual ha tenido y tiene el derecho de transmitir el dominio de ellos a los particulares, constituyendo la propiedad privada. -2. Las expropiaciones solo podrán hacerse por causa de utilidad pública y mediante indemnización. -3. La Nación tendrá en todo tiempo el derecho de imponer a la propiedad privada las modalidades que dicte el interés público, así como el del regular el aprovechamiento de los elementos naturales susceptibles de apropiación, para hacer una distribución equitativa de la riqueza pública y para cuidar de su conservación. Con ese objeto se dictarán las medidas necesarias para el fraccionamiento de los latifundios; para el desarrollo de la pequeña propiedad; para la creación de nuevos centros que sean indispensables para el fomento de la agricultura y para evitar la destrucción de los elementos naturales y de los daños de la propiedad pueda sufrir en perjuicio de la sociedad. Los pueblos, rancherías y comunidades que carezcan de tierras y aguas, o no las tengan en cantidad suficiente para las necesidades de su población tendrá derecho a que se les dote de ellas, tomándolas de las propiedades inmediatas respetando siempre la pequeña propiedad. Por tanto, se confirman las dotaciones de terrenos que se hayan hecho hasta ahora de conformidad con el decreto de 6 de enero de 1915. La adquisición de las propiedades particulares necesarias para conseguir los objetos antes expresados, se considerará de utilidad pública”.
   2.-En contraste con la política formalmente liberal y prácticamente gamonalista de nuestra primera centuria, una nueva política agraria tiene que tender, ante todo, al fomento y protección de la “comunidad” indígena. El “ayllu” célula del Estado inkaiko, sobreviviente hasta ahora, a pesar de los ataques de la feudalidad y del gamonalismo, acusa aún vitalidad bastante para convertirse, gradualmente, en la célula de un Estado socialista moderno. La acción del Estado, como acertadamente lo propone Castro Pozo, debe dirigirse a la transformación de las comunidades agrícolas en cooperativas de producción y de consumo. La atribución de tierras a las comunidades tiene que efectuarse, naturalmente, a expensas de los latifundios, exceptuando de toda expropiación, como en México, a las pequeñas y aún a los medianos propietarios, si existe en su bono el requisito en la presencia real”. La extensión de tierras disponibles permite reservar las necesarias para una dotación progresiva en relación continua con el crecimiento de las comunidades. Esta sola medida aseguraría el crecimiento demográfico del Perú en mayor proporción que cualquiera política “inmigrantista” posible actualmente.
2. El crédito agrícola, que solo controlado y dirigido por el Estado puede impulsar la agricultura en el sentido más conveniente a las necesidades de la agricultura nacional, constituirá dentro de esta política agraria el mejor resorte de la producción comunitaria. El Banco Agrícola Nacional acordaría la preferencia a las operaciones de las cooperativas, las cuales, de otro lado, serían ayudadas por los cuerpos técnicos y educativos del Estado para el mejor trabajo de sus tierras y la instrucción industrial de sus miembros.
3. La explotación capitalista de los fundos donde la agricultura esté industrializada puede ser mantenida mientras continúe siendo la más eficiente y no pierda su aptitud progresiva; pero, tiene que quedar sujeta al estricto contralor del Estado ante todo lo concerniente a la observancia de la legislación del trabajo y la higiene pública, así como a la participación fiscal en las utilidades.
4. La pequeña propiedad encuentra propiedades y razones de fomento en los valles de la costa o la montaña, donde existe factores favorables económica y socialmente a su desarrollo. El “yanacón” de la costa, cuando se han abolido en él los hábitos tradiciones de socialismo del indígena, presenta el tipo en formación o transición del pequeño agricultor. Mientras subsista el problema de la insuficiencia de las aguas de regadío, nada aconseja el fraccionamiento de los fundos de la costa dedicados a cultivos industriales conforme a una técnica moderna. Una política de división de los fundos en beneficio de la pequeña propiedad no debe ya, en ningún caso, obedecer a propósitos que no miren a una mejor producción.
5. La confiscación de las tierras no cultivadas y la irrigación o bonificación de las tierras baldías, pondrían a disposición del Estado extensiones que serían destinadas preferentemente a su colonización por medio de cooperativas técnicamente capacitadas.
6. Los fundos que no son explotados directamente por sus propietarios, -pertenecientes a rentistas rurales improductivos- pasarían a manos de sus arrendatarios, dentro de las limitaciones de usufructo y extensión territorial establecidas por el Estado, en los casos en que la explotación del suelo se practique conforme a una técnica industrial moderna, con instalaciones y capitales eficientes.
7. El Estado organizará la enseñanza técnica agrícola, y su máxima difusión en la masa rural, por medio de las escuelas rurales primarias y de escuelas prácticas de agricultura o granjas escuelas, etc. A la instrucción de los niños del campo se le daría un carácter netamente agrícola.
   No creo necesario fundamentar estas conclusiones que se proponen, únicamente, agrupar en un pequeño esbozo algunos lineamientos concretos de la política agraria que consienten las presentes condiciones históricas del país, dentro del ritmo de la historia en el continente. Quiero que no se diga que de mi examen crítico de la cuestión agraria peruana se desprenden solo conclusiones negativas o proposiciones de un doctrinarismo intransigente.

El tono asaz agrio y estridente que usa la Sociedad Nacional Agraria en su polémica con los periódicos que ha hecho observaciones, muy moderadas por cierto, al memorial sobre la crisis de la industria azucarera, trasluce cierta nostalgia de tiempos en que, intacto el poder del civilismo, el comité de esa industria era, en último análisis, el gobierno mismo de la nación. De entonces a hoy, la economía y la política del país se han modificado. Han surgido nuevos intereses, nuevas industrias: el azúcar ha pasado a tercer y cuarto término en la estadística de nuestras exportaciones; el grupo económico y política de los azucareros ha visto decaer, en el mismo grado, su potencia; otras categorías lo han sustituido en el predominio. Mientras duraron las buenas cotizaciones, o la esperanza de que retornaran, la “industria azucarera”, como a si misma se llama, pudo vivir de su pasado. Hoy, esfumada esa esperanza, y colocada en el trance de solicitar el subsidio del Estado, le es imposible disimular su mal humor. La difícil represión de su disgusto, es seguramente la causa de ese aire ofendido con que responde a sus interlocutores.
Los azucareros pretenden que el Estado los subvencione para afrontar airosamente una crisis que los sorprende impreparados, por culpa en no pequeña parte de su gestión técnica y financiera. Para esta demanda, alegan razones que, dentro de su criterio económico, son sin duda atendibles. Pero quieren, además, que no sean públicamente controvertidas. Y porque no ocurre así, su personero se muestra acérrimamente fastidiado.
Los dineros que la industria azucarera pide que sean empleados en su servicio son, sin embargo, los dineros públicos. Los más modestos contribuyentes, los más humildes ciudadanos, tienen incontestable derecho a exponer, sobre ese empleo, las consideraciones que les parezcan de su conveniencia. No hablemos ya de los periódicos, a los que hay que suponer representantes de corrientes, de tendencias de la opinión. He aquí algo que para cualquiera que gestione un subsidio fiscal, debería ser obvio.
Para quienes estén familiarizados con los aspectos de nuestra psicología social y política, el tono ácido y perentorio de los azucareros no puede, empero, ser motivo de sorpresa. Corresponde, perfectamente, al arrogante estilo de hacendados que este grupo de latifundistas ha acostumbrado siempre en sus relaciones con sus compatriotas.
Pero esta no es sino la parte formal de la cuestión y, aunque se presta a muy entretenido psicoanálisis, no puedo restar, por el momento, mayor lugar a la atención que debemos a la parte sustancial.
La industria azucarera, como conjunto de empresas privada, confiesa tácitamente su quiebra. No le es posible subsistir sin el subsidio del Estado. Su demanda de asistencia, plantea esta cuestión: ¿Existen suficientes razones de interés colectivo para sostener a esta industria, en sus actuales condiciones, a costa de un cuantioso gravamen al tesoro público? Los azucareros están quizá demasiado habituados a hablar a nombre de la agricultura nacional. Pero desde hace algún tiempo, los hechos se oponen a este hábito. El azúcar, desde 1922, ha perdido el primer puesto en la estadística de nuestras exportaciones agrícolas. El algodón lo ha sustituido en ese puesto; y, si se tiene en cuenta el crecimiento de algodón a expensan de la caña, el desplazamiento parece definitivo. No es, pues, junto con las perspectivas pesimistas del mercado azucarero, el caso de presentar la crisis de los azucareros como la crisis de nuestra economía agraria. El algodón y el azúcar son solo los productos de exportación de la agricultura costeña. La agricultura provee, ante todo, al consumo de la población. Esa no es la producción registrada puntualmente por las estadísticas, no la representación por los hacendados de la Sociedad Nacional Agraria; pero es la más importante. La estabilidad de nuestras importaciones, demuestra que por sustancias alimenticias pagamos anualmente al extranjero más de cuatro millones de libras, esto es aproximadamente lo mismo que nos reporta la venta del azúcar en el exterior. Y esto quiere decir que en un desarrollo de la agricultura y la ganadería, y las industrias anexas, dirigido a la satisfacción de las necesidades de nuestro consumo actual, podemos encontrar la compensación de cualquier baja en la exportación de azúcar. No estamos en presencia, bajo ningún punto de vista, de la crisis de una industria a la que se pueda estimar como una base insustituible de nuestra economía.
Que esa industria, no obstante el favor de que por notorias razones políticas sociales ha gozado y los años de prosperidad que ha conocido durante el período bélico, no ha sabido organizarse técnica y financieramente en modo de resistir a una crisis como la que hoy confronta, es un hecho que, aunque sea displicente y aburridamente, tienen que admitir los propios azucareros. Las posibilidades de concurrencia, con otros centros productores, en distantes mercados de consumo, han residido, -residen todavía- en el bajo costo de producción, léase en los salarios ínfimos, en el miserable standard de vida de las masas trabajadoras de nuestra hacienda. La cuestión del aprovechamiento de los sub-productos está intacta. El consejo de que se busque en su solución uno de los medios de asentar la industria azucarera en cimientos estables, ha sido recibido por el Señor Basombrío casi como una recomendación hostil e impertinente. I si la industria azucarera está en riesgo de quedar reducido, como extensión a los límites de los valles de La Libertad, donde las dos grandes son las de “Casa Grande” y “Cartavio”, centrales de beneficio, resulta que las negociaciones nacionales se han dejado batir en toda la línea por sus competidoras extranjeras.
En estas condiciones, ¿qué interés nacional, que razón económica puede existir para mantener, mediante subsidios del fisco, esto es mediante un sacrificio de los contribuyentes, la gestión privada de la industria azucarera? Si esta industria está muy lejos de representar el bienestar de la población trabajadora a la que debe sus utilidades pasadas; si en su periodo de crecimiento y prosperidad no ha manifestado aptitud para resolver sus problemas técnicos y financieros; si ahora mismo tomando las objeciones y el debate de demanda de subsidio como una enfadosa intervención de la curiosidad pública en asuntos de su fuero exclusivo, acusa lo poco que ha revolucionado la mentalidad de sus dirigentes, no se ve la conveniencia que puede haber en concederle, sin la garantía de que será suficiente para ayudarla a superar su crisis, la subvención que solicita. Ha llegado, más bien, el caso de que se considere una cuestión más amplia y seria: la de la oportunidad de ir a la nacionalización de esa industria, como único medio seguro y racional de evitar que sus vicisitudes futuras de reflejen dañosamente en la economía general del país. El Estado tiene suficiente solvencia para una empresa de esta magnitud.
José Carlos Mariátegui.

Fotografía que plasma la Irrigación de la Costa del Valle de Huaral.
Al reverso de la fotografía con letra de Jose Carlos Mariátegui: 21 cent ancho grano fino.