En su nuevo libro “Le Bourreaux” (Ernest Flammarion, Editeur, Paris, 1926) Henri Barbusse reúne las piezas de su encuesta sobre el terror blanco en Rumania, Bulgaria y Yugo-eslavia. Barbusse visitó estos países hace aproximadamente un año acompañado de la doctora Paule Lamy, abogado del foro de Bruxelas, y de Leon Vernochet, secretario general de la Internacional de los Trabajadores de la Enseñanza. Y, después de informarse seriamente acerca del régimen de terror instaurado por los gobiernos de Bratianu, Zankoff y Patchitch, lo denunció documentada e inconfutablemente a la consciencia occidental.
“Les Bourreaux” no es, pues, un libro de literato sino un libro de combatiente. -Barbusse se siente, ante todo, un mílite de la causa humana-. Pero este libro no se ocupa, sin embargo, absolutamente, de polémica doctrinal. Se limita a exponer desnudamente, con objetividad y con verdad, los hechos. A base de datos rigurosamente verificados, lanza una documentada acusación contra los gobiernos reaccionarios de tres estremecidos países balkánicos.
Estos países son, según frase de Barbusse, el infierno de Europa. El terror blanco, alimentado de los más feroces enconos de clase y de raza, se encarniza ahí contra todos los que sospecha adversos al viejo orden social. El revolucionario, el judío, están fuera de la ley. La represión policial colabora con la acción ilegal de las bandas fascistas. Los más monstruosos procesos exhiben en la más cínica servidumbre a la justicia y sus funcionarios. “Sobre esta Rumania de hoy, -escribe Barbusse- sobre esta Yugoeslavia, sobre esta Bulgaria que es el círculo más patético del infierno balkánico, el estrangulamiento metódico de toda pulsación de libertad se transforma a los ojos en una calma que oprime el corazón porque es la calma de un cementerio. Se sabe bien que las cabezas que se han alzado han sido abatidas y que si aquí y allá se vuelve a alzar otras lo serán también a su turno; que todas las fuerzas vivas y conscientes de los trabajadores de la ciudad y los campos han sido o serán aniquiladas. Esta mutilación colectiva puede hacer creer en una apariencia de orden a quien no se hace más pasar más por esta tierra de espanto. Pero la paz no es sino una mortaja y los sobrevivientes comprenden que su existencia depende del primer gesto, de la primera palabra”.
Los gobiernos rumano y búlgaro se atribuyen la misión de defender Europa del bolchevismo. La complicidad del capitalismo occidental en su despotismo sanguinario es, en todo caso, evidente. Los gobiernos demo-liberales de Inglaterra y Francia presencia con tolerancia impasible sus ataques a los más fundamentales principios de la civilización. “Los gobiernos de Bratianu, Volkov, Patchitch, Pangalos y hasta ayer el gobierno de Horthy -constata Barbusse- no han tenido apoyo más firme que el de los representantes de Francia de la Revolución y de la libre Inglaterra. Todos estos hombres se sonríen y se sostienen. Por otra parte, se parecen. Los unos no son otra cosa que la imagen más sangrienta que los otros. Encarnan en todas partes el mismo sistema, la misma idea.”
Bulgaria se presenta como la más trágica escena de reacción. Los hechos que Barbusse denuncia no son desconocidos en conjunto. No obstante la complacencia que la gran prensa europea y sus agencias telegráficas usan con los regímenes reaccionarios, los ecos de la tragedia del pueblo búlgaro se han difundido hace tiempo por el mundo. Pero ahora el testimonio de Barbusse, apoyo en pruebas directas, precisa y confirma cada uno de los crímenes que antes, a través de distintas versiones, podían parecer exagerados por la protesta revolucionaria.
El atentado de la catedral de Sofía no fue, como ya sabíamos, el motivo de la truculenta represión; fue simplemente su efecto. El gobierno búlgaro había emprendido, mucho antes de ese acto desesperado, una sañuda campaña contra los organizadores y adherentes de los partidos agrario y comunista, con la mira de su completa destrucción. Varios diputados comunistas habían sido asesinados. Las cárceles estaban repletas. En medio de esta situación de pavor sobrevino el atentado de la catedral. Un tribunal honrado habría podido comprobar fácilmente la ninguna responsabilidad del partido comunista. La praxis comunista rechaza y condena en todos los países la violencia individual, radicalmente extraña a la acción de masas. Pero en Bulgaria los procesos no son sino una fórmula. El gobierno de Zankoff se acogió al pretexto del atentado para extremar la persecución así de comunistas como de agrarios. El número de víctimas de esta persecución, según los datos obtenidos por Barbusse, pasa los cinco mil. Los tribunales condenaron a muerte solo a trescientos procesados. Las demás víctimas corresponden a las masacres de los horribles días en que imperaba en Bulgaria la ley marcial. La ola de sangre llegó a tal punto que el Rey Boris se negó a firmar las sentencias de muerte de los tribunales. Y fue necesario que un vasto clamor de protesta se encendiera en el mundo para que la dictadura de Zankoff, la más infame de las dictaduras balkánicas, se sintiera aplacada y satisfecha.
Barbusse, en su libro, enumera los mayores crímenes. Su requisitoria está en pie. Nadie ha intentado válidamente confutarla. “Les Bourreaux” aparece, por ende, como uno de los más graves documentos de acusación contra el orden burgués.
Los mismos Estados que ante las violencias de la revolución rusa, olvidando la historia de todas las grandes revoluciones, mostraron ayer no más una consternación histérica, no han pronunciado una sola palabra para contener ni para reprobar el “terror blanco” en los países balkánicos. Bernard Shaw dice que los actos que condujeron a Europa a la guerra traicionaron a la civilización. Pero después de la guerra, esta traición ha continuado. Y su grado de responsabilidad es mayor que nunca.

El tramonto de Primo de Rivera
Con escepticismo de viejo mundano, no exento aún del habitual alarde fanfarrón, el Marqués de Estella prepara su partida del poder. El año 1930 señalará la liquidación de la dictadura militar, inaugurada con hueca retórica fascista hace seis años.
Estos seis años de administración castrense debían haber servido, según el programa de Primo de Rivera, para una completa transformación del régimen político y constitucional de España. Pero esta es, precisamente, la promesa que no ha podido cumplir. Después de seis años de vacaciones, no muy alegres ni provechosas, la monarquía española regresa prudentemente a la vieja legalidad. El proyecto de reforma constitucional, boicoteado por todos los partidos, ha sido abandonado. Primo de Rivera no ha podido persuadir al rey de que debe correr hasta el final esta juerga. El rey prefiere restaurar, con gesto arrepentido, la antigua constitución y los antiguos partidos. A este mísero resultado llega una jactanciosa aventura que se propuso nada menos que el entierro de la vieja política.
Unamuno puede reír del trágico-cómico acto final de esta triste farsa con legítimo gozo de profeta. Los que encuentran siempre razones para vivir el minuto, pensando que “lo real es racional”, declararon exagerada y hasta ridícula la campaña de Unamuno en Hendaya. El filósofo de Salamanca, según ellos, debía comportarse con más diplomática reserva. Sus coléricas requisitorias no les parecían de buen tono. Ahora quien da “zapatetas en el aire” no es el gran desterrado de Hendaya. Es el efímero e ineficaz dictador de España que, en el poder todavía, hace el balance de su gobierno frustrado. Sirvió hace seis a su rey y para una escapatoria de monarca calavera. I ahora su rey lo licencia, para volver a la constitucionalidad.
La dictadura flamenca del Marqués de Estella no ha cumplido siquiera el propósito de jubilar definitivamente a los viejos políticos. Los más acatarrados liberales y conservadores se aprestan a reanudar el juego interrumpido en 1923. Primo de Rivera es un jugador que ha perdido la partida. No jugaba por cuenta suya, sino por la del rey. Alonso XIII no le ha dejado al menos terminar su juego.

La conferencia de La Haya
La nueva conferencia de la Haya relega a segundo término a los diplomáticos de la paz capitalista. Esta vez es Tardieu y no Briand quien tiene la palabra a nombre de Francia. Mientras Tardieu exige la inclusión en el protocolo sobre el pago de las reparaciones de las sanciones militares que se adoptarán en caso de incumplimiento de Alemania, Briand prepara las frases que pronunciará en Ginebra, en el consejo de la Liga de las Naciones. Los propios delegados financieros pasan a segundo término. Tardieu necesita satisfacer el nacionalismo del electorado en que se apoya su gobierno. I hasta ahora, a lo que parece, los antiguos aliados de Francia lo sostienen. Briand ha quedado desplazado del puesto de responsabilidad. Tardieu engancha sus poderes en el ministerio que preside y en el que desempeña la cartera del interior. Negociador del tratado de Versailles, le toca hoy firmar el protocolo que pone en vigencia, ligeramente retocado, el plan Young para el pago de las reparaciones. Hace doce años, en Versailles, le habría sido difícil prever que el capítulo del arreglo de las reparaciones resultase tan largo. Tal vez, en sus previsiones íntimas de entonces, su propia ascensión a la jefatura del gobierno aparecía calculada para mucho antes de 1929.
El gobierno alemán, en visible crisis desde la renuncia de Hilferding, sacrificado al implacable director del Reichsbank, puede regresar seriamente disminuido en su prestigio a Berlín, si Tardieu obtiene en la Haya la suscripción de sus condiciones.

La limitación de los armamentos navales
En otra estación se encuentra el debate sobre la limitación de los armamentos navales de las grandes potencias. La conferencia de las cinco potencias vencedoras en la guerra mundial, -Estados Unidos, Gran Bretaña, Japón, Francia e Italia-, que se reunirá en Londres no cuenta con más base de trabajo que el entendimiento anglo-americano. Para arribar a un acuerdo de las cinco potencias, hace falta todavía concretar las reivindicaciones del Japón, Francia e Italia entre si y con el equilibrio y la primacía de las escuadras de la Gran Bretaña y Estados Unidos. El Japón aspira una proporción mayor de la que estas dos potencias le han fijado. Francia resiste a la supresión del submarino como arma naval. Italia reclama la paridad franco-italiana. Anteriormente, Italia era también favorable al submarino; pero conforme a los últimos cablegramas parece ahora ganada a la tesis adversa. En cambio, se muestra irreductible en cuanto al derecho a tener una escuadra igual a la de Francia. Este derecho, por mucho tiempo, sería solo teórico. Su uso estaría condicionado por las posibilidades económicas del país. Mas el gobierno fascista considera la paridad como una cuestión de prestigio. Un régimen que se propone restituir a Italia su rol imperial no puede suscribir un pacto naval que la coloque en un rango inferior al de Francia.
Francia, a su vez, sentiría afectado su prestigio político por la paridad de armamentos navales con Italia. Aceptar esta paridad sería consentir en una disminución de su jerarquía de gran potencia o convenir en la ascensión de Italia al lado de una Francia estacionaria no obstante la victoria de 1928. Tardieu no es el gobernante más dispuesto a este género de concesiones que podrían comprometer su compósita mayoría parlamentaria.
Las perspectivas de la conferencia son, por tanto, muy oscuras. No existe sino un punto de partida: el acuerdo de los Estados Unidos y la Gran Bretaña para dividirse la supremacía marítima. I, por supuesto, no es el caso de hablar absolutamente de desarme.
José Carlos Mariátegui.

El intermezzo Berenguer
La agitación política a que debe hacer frente en España el gobierno de transición del general Berenguer, no ha tardado en cobrar un acentuado tono antimonárquico. Unamuno, recibido jubilosamente en España, a nada se ha apresurado tanto como a reafirmar su posición republicana. No habría podido tomar otra actitud, después de sus vehementes campañas en Hendaya. Pero, probablemente, en los cálculos del restablecimiento del régimen constitucional entraba cierta confianza de que la satisfacción por la caída del Primo de Rivera atenuase en los políticos en ostracismo el enojo contra la monarquía.
La dictadura de Primo de Rivera ha tenido el paradójico resultado de resucitar en España al Partido Republicano. Los socialistas habían ido desplazando, poco a poco, a los republicanos, antes de esta crisis de la legalidad, de sus posiciones electorales. Durante la dictadura, el partido socialista ha acrecentado su poder y su influencia. Pero, en parte, ha sido por el rol democrático que su oposición le asigna en el futuro próximo de España. Más que un partido socialista, desde el punto de vista de la composición y la ideología, es un partido demo-liberal. El republicanismo, el antimonarquismo es el aspecto que más expectación enciende en torno a su política. I es lógico que, en esta situación, los antiguos republicanos se sientan también llamados a jugar un rol. La dictadura militar no miraba a otra cosa que a un retorno absolutista. Su fracaso reabre la cuestión del régimen, la cuestión monarquía o república, que los partidos constitucionales creían definitivamente superada o abandonada, con el desarrollo de un movimiento socialista que trasladaba las reivindicaciones de las masas al terreno económico y social.
La monarquía está comprendida en el proceso a Primo de Rivera. El conde de Romanones ha hecho, según el cable, declaraciones que indican su preocupación respecto a la suerte del orden monárquico en España. A su juicio, los acontecimientos exigen una transformación del régimen. España necesita una monarquía constitucional, un orden parlamentario como el de Inglaterra. El viejo ideal de los monárquicos liberales reaparece, en la mente y la práctica de estos, como la fórmula salvadora. La subsistencia del régimen monárquico no tiene otra garantía.
El gobierno de transición de Berenguer, como ya he tenido oportunidad de remarcarlo, asume el encargo de liquidar la dictadura militar; pero es todavía la continuación de esta dictadura, con nuevo personal y diverso programa. La legalidad no está restablecida. El objeto de este gobierno es la normalización, pero la normalización no puede obtenerse por decreto real. La suspensión parcial de la Constitución se mantiene vigente. Berenguer, por ejemplo, tiene que seguir usando la censura de la prensa. La agitación de los partidos y las masas, lo coloca frente a una grave cuestión de procedimiento: ¿Puede su gobierno autorizar o tolerar, inmediatamente, mítines, manifiestos, campañas que son, legalmente, normales? Si la Constitución continúa en suspenso, si los derechos de reunión, de prensa, de negociación no son restituidos al pueblo, ¿Cómo podrá hablarse de restablecimiento de la legalidad? Las medidas restrictivas, en instantes de efervescencia popular, provocarán protestas. I estas, a su vez, incitarán al gobierno de la represión.
Cuando las condiciones políticas de un país llegan a este punto, la revolución puede comenzar en un tumulto. Después de una aventura como la de Primo de Rivera, la vuelta a la constitución no puede cumplirse sin riesgos. Los partidos de oposición entienden, lógicamente, la derrota del dictador como su victoria. Los victoriosos no se conforman fácilmente con que a la hora de la paz se les escamotee las ventajas de la derrota, del fracaso del enemigo. Las cosas se complican con la complicidad notoria de Alfonso XIII, con su interés personal en el golpe de Estado del Marqués de Estella.
La monarquía, ante la bancarrota de la política de Primo de Rivera, ha ofrecido para salvarse la vuelta lisa y llana a la Constitución. Esto es todo lo que la monarquía puede prometer. Pero es mucho más lo que la oposición se encuentra con derecho y con fuerzas para reclamar. El Conde de Romanones: viejo y astuto servidor del régimen, pide que la monarquía se convierta en una monarquía liberal de tipo inglés. Es la reivindicación de un cortesano y de un parlamentario: la reivindicación mínima. Los republicanos quieren la República, los socialistas denuncian la incompatibilidad de la monarquía actual con un orden democrático. Lo que las masas demandarán, en la calle, en los comicios, si se le consiente formular públicamente sus desideratas, será no unas Cortes ordinarias, normalizadoras, sino una Constituyente. Quien dice Constituyente, en las presentes circunstancias, dice Revolución.
El segundo acto de este drama, después del intermezzo Berenguer, si las fuerzas republicanas y socialistas no son en España suficientemente activas y eficaces para empujar al país por este camino, puede ser, por ende, la dictadura absolutista. Ya se ha hablado de la intención de Alfonso XIII de jugar, eventualmente, a la misma carta que Alejandro, el Rey de Yugo-Eslavia. La Unión Patriótica, en previsión de las emergencias posibles, no desarma sus cuadros. Berenguer, conforme a un cablegrama último, se ha visto obligado a telegrafiar a los capitanes generales del reino “recordándoles que la función militar es incompatible con la actuación política y que, su consecuencia, los militares que actuaban en el partido de la Unión Patriótica deben abandonar esa labor política”.
¿Quiénes obran más enérgica y prontamente? ¿Los agentes de la reacción, batidos en la batalla de Primo de Rivera, o las fuerzas de la revolución, sorprendidos por los acontecimientos y carentes de una organización de combate?

Las elecciones colombianas
Ha concluido el gobierno de los conservadores en Colombia. En apariencia, los liberales han ganado las elecciones porque los conservadores se presentaron divididos en ellas. Pero no hay que atenerse a lo aparencial en la estimación de los fenómenos históricos. La división no habría sido posible sin una grave y honda crisis de la política conservadora. Es a esta crisis a la que los conservadores deben su derrota revolucionaria. El cisma del partido, el antagonismo de valencistas y vasquistas, no era sino un síntoma.
El gobierno conservador tendía, a la agitación social y política del país, a una política fascista. El acto más significativo de la administración del Dr. Abadía ha sido la “ley heroica” que niega a la acción política clasista del proletariado de las libertades que la Constitución del Estado acuerda a la expresión de todos los programas e ideologías. La represión sanguinaria de las huelgas de las bananeras no ha sido otra cosa que la aplicación a la lucha contra las reivindicaciones proletarias de los principios fascistas en que se inspiraba esa ley de excepción. El general Rengifo, ministro de guerra del Dr. Abadía hasta los acontecimientos que impusieron su caída, no ha disimulado sus propósitos fascistas. Se ha ofrecido, en todos los tonos, a la clase conservadora para el aplastamiento de las fuerzas revolucionarias. Es uno de esos Martínez Anido hispano-americanos que sueñan con los honores de gendarmes de la Reacción. El general Vásquez Cobo era el candidato de su tendencia. En los primeros tiempos sonó el del propio Rengifo como el de un posible candidato. Pero Rengifo había caído demasiado estruendosamente repudiado por las masas en las manifestaciones que forzaron al Dr. Abadía a licenciar a sus más belicosos y comprometedores ministros. Vásquez Cobo, además, a juicio de un mayor número de conservadores, reunía mejores aptitudes para desenvolver un programa equivalente.
Pero no todos los conservadores se inclinaban a este método. La mayoría del partido está aún formada por gente parsimoniosa, reacia a salir de las viejas normas del conservantismo clásico. La escisión del partido ha sido, por esto, inevitable.
Los liberales no estaban dispuestos a presentar candidato. Hace algunas semanas creían que su mejor política era, una vez más, la abstención. Una rama del partido entendía la abstención como el preámbulo de una acción insurreccional. El declinio de los conservadores, el descrédito creciente de su método gubernamental, reforzaba crecientemente al partido liberal. Los liberales se aprestaban a recoger la herencia del gobierno. Pero había discrepancias sobre la mejor forma de apresurar la sucesión. El triunfo de Olaya Herrera [en las elecciones] es el triunfo de la tendencia pacifista y conciliadora del [partido. A Olaya Herrera] de nada se ha preocupado tanto como de presentarse como un [candidato nacional,] como un hombre exento de espíritu de facción.
Los intereses imperialistas juegan un rol primordial en la política colombiana. Uno de los más sonoros incidentes de la designación de los candidatos conservadores, fue como se sabe el veto del Dr. Concha por sus antecedentes de canciller que defendió celosamente la soberanía nacional frente a la agresiva política yanqui. Vásquez Cobos representaba ostensiblemente una política favorable al capitalismo norte-americano. También, bajo este aspecto, aunque muy discreta y atenuadamente, Valencia encarnaba la tradición conservadora. Olaya Herrera, ex-embajador en Washington, tiene toda la simpatía de los intereses de Estados Unidos. Sus declaraciones, a este respecto, han sido, por lo demás explícitas.
El proletariado colombiano ha afirmado en las elecciones su orientamiento clasista, votando por la candidatura de Alberto Castrillón, líder de la huelga de las bananeras. El partido socialista revolucionario no se ha hecho ninguna ilusión respecto a su fuerza electoral al presentar esta candidatura. Ha querido únicamente proclamar la autonomía de la política obrera.
José Carlos Mariátegui.

La elección de Hindenburg

¿Por qué ha sido elegido Paul von Hindenburg, presidente del Reich? Los factores de esta elección son menos simples y más variados de lo que parecen. No es posible reducirlos a un factor único: el sentimiento monárquico, conservador e imperialista del pueblo alemán. No; el juicio así formulado resulta demasiado sumario, demasiado exclusivo, demasiado unilateral. La elección de Hindenburg no aparece absolutamente como un resultado lógico de la situación política de Alemania. En la victoria post-bélica del casi octogenario mariscal de los lagos mazurianos, han intervenido elementos complejos y dispares que no se puede condensar en la sencilla fórmula del “resurgimiento del militarismo alemán”. Para explicarse el cómo y el porqué de esta elección, hay que revisar ordenada y sagazmente su proceso.

Hindenburg ha sido elegido en la segunda votación. En la primera votación, efectuada hace más de un mes, el candidato de las derechas fue Jarres. Este candidato no obtuvo la unanimidad de los sufragios de la reacción. Ni el partido fascista ni el partido popular bávaro le dieron su adhesión. Uno y otro exhibieron candidatos propios. Pero esta secesión no impidió al electorado considerar a Jarres, sostenido por los dos grandes partidos conservadores, como el candidato de la monarquía. La candidatura fascista de Ludendorff, a quien Alemania reconoce casi el mismo derecho que Hindenburg a los infructuosos laureles de la empresa bélica, fue, no obstante esta suprema benemerencia, la más negligible e insignificante de todas las candidaturas. Además, sumados íntegramente, los votos de la reacción arrojaron un total inferior al de los votos de la república. Sobre veintiseis millones y medio de sufragios, doce millones tocaron a la monarquía, trece a la república y uno y medio al comunismo. El “sentimiento monárquico, conservador e imperialista” salió batido de la votación. Los tres partidos de la república -demócrata, católico y socialista- que sacudieron separadamente a las elecciones, alcanzaron, en conjunto, la mayoría. Seguros de que el presidente no sería designado en la primera votación, cada uno quiso tener su candidato. Mas los tres estaban de acuerdo, en principio, acerca de la necesidad de un candidato común. ¿Por qué aplazaron este acuerdo? Ninguna cuestión esencial se oponía a la inmediata constitución de un frente único republicano; pero había siempre que eliminar algunas cuestiones adjetivas. Cada partido quería “menager” los intereses y las aspiraciones de su propia clientela electoral. Al partido socialista, por ejemplo, resuelto a sostener la candidatura de Marx, le convenía satisfacer en alguna forma al proletariado, ofreciéndole la impresión de trabajar hasta el último instante por la candidatura socialista.
La candidatura de Hindenburg se ha formado en el intermezzo de las votaciones. No ha sido una candidatura espontáneamente emergida, desde la primera hora, de una unánime corriente nacionalista, sino una candidatura laboriosamente gastada en el mismo seno de la experiencia electoral. Antes de probar fortuna con el nombre de Hindenburg, las derechas probaron fortuna con el nombre de Jarres y con el nombre de Ludendorf. Jarres era la carta del partido nacional alemán y del partido popular (nacionalismo moderado y oportunista). Ludendorf era la carta del partido fascista (nacionalismo ultraísta, “racismo” incandescente). La candidatura Hindenburg ha emanado de un compromiso entre todas las tendencias y todos los matices del nacionalismo. Ha madurado al calor eventual de las circunstancias del combate, sugerida y planteada por una oportunista y sagaz estimación de las fuerzas electorales de la reacción. Se ha alzado sobre un minucioso cálculo de sus posibilidades, sobre un frío cómputo de sus ventajas; no se ha alzado originariamente sobre una impetuosa marejada sentimental. La marejada sentimental ha venido después. Ha sido el éxito de la “mise en scene” de la candidatura. Los empresarios de la cándida e impoluta gloria del viejo mariscal, han pescado a río revuelto la presidencia del Imperio.

El Reichstag es el índice y el compendio de las fuerzas numéricas o electorales de los partidos alemanes. Expresa los resultados de una votación de hace pocos meses, más o menos confirmados por los de la votación presidencial de hace un mes. Y en el Reichstag la reacción está en minoría. El ministerio Luther reposa sobre el voto aleatorio del partido católico o sea de un partido de bloque republicano. El propio escrutinio de la victoria de Hindenburg no asigna a la reacción una verdadera mayoría. Según ese escrutinio, Hindenburg ha obtenido el domingo un poco más del cuarentainueve por ciento de los sufragios. No obstante la concurrencia a la votación de una gran masa agnóstica y abstencionista, casi el cincuentaiuno por ciento de los electores se ha pronunciado por la república o por la revolución.

Los factores primarios de la elección de Hindenburg no son, pues, exclusivamente, de orden político. El bloque monárquico debe sus novecientos mil votos de mayoría sobre el bloque republicano a una violenta erección de la vieja sentimentalidad germana que ha movilizado ocasionalmente, detrás de las banderas de Hindenburg y del nacionalismo, a una gran cantidad de gente electoralmente neutra. Los debe al sufragio femenino, cuyo ensayo acredita que las mujeres, en su mayor parte, por su exigua o nula educación política, no son en la lucha contemporánea una fuerza renovadora sino una fuerza reaccionaria. Los debe, en fin, a la política comunista. A Marx le han hecho falta novecientos mil votos. El partido comunista habría podido darle más de un millón novecientos mil votos. Más de un millón novecientos mil votos que, seguros de su minoría, conscientes de su acto, han sostenido intransigentemente, frente a la monarquía y frente a la república, a su propio candidato el comunista Thaelmann. Ni uno solo de estos votos habría favorecido individualmente a Hindenburg si la lucha hubiese quedado reducida a un duelo entre Hindenburg y Marx. Y, sin embargo, en la lucha tripartita, han decidido colectivamente el triunfo del candidato de la reacción. Los políticos de la república vituperan, acremente, por esta maniobra, a los políticos del comunismo. Y, seguramente, una parte de los mismos simpatizantes de la revolución, se ha negado en estas elecciones a seguir al comunismo. Lo indica la cifra de los votos comunistas. En las elecciones parlamentarias, en las cuales se trataba de enviar al parlamento el mayor número posible de diputados comunistas, el partido de la revolución recogió dos millones setecientos mil sufragios. En estas otras elecciones, en las cuales no se ha tratado de colocar en la presidencia del Reich a un comunista sino de realizar una demostración de fuerza y disciplina electorales, estos sufragios han sumado solo un millón novecientos mil.

Este es uno de los aspectos de la reciente batalla electoral que, si se quiere desentrañar el sentido histórico de la crisis alemana, resulta indispensable analizar. Un observador superficial de la batalla declarará sin duda, absurda y errónea la posición comunista. Creerá encontrarse ante la más inaudita incoherencia de la revolución. ¿Es concebible -se preguntará- que el comunismo, forzado a votar por la monarquía o la república haya votado virtualmente por la monarquía? Toda la cuestión no está contenida ni planteada en la pregunta. Pero, de todos modos, bien se puede absolverla afirmativamente. Sí; es concebible, es perfectamente concebible que el voto negativo del comunismo, debilitando a la república, haya dado prácticamente la razón a la monarquía. En Inglaterra podía y debía el diminuto partido comunista inglés votar en las elecciones por los candidatos del Labour Party. Le tocaba ahí al comunismo apurar el experimento gubernamental del laborismo. En Alemania, el experimento gubernamental del socialismo se ha cumplido ya. Y die Kommunistische Partei es una falange organizada y poderosa que, en dos oportunidades, ha estado a punto de desencadenar la revolución. En Alemania, sobre todo, el gobierno de la social-democracia mantenía en el ánimo de una gran parte de las masas las beatas ilusiones del sufragio universal. El partido socialista se enervaba en el poder. Esto no le habría importado al partido comunista dentro de un concepto demagógico de concurrencia electoral. Pero la política revolucionaria no puede regirse por esta clase de conceptos. A la política revolucionaria le importaba y le preocupaba el hecho de que el poder socialista enervase, con el partido y su burocracia, al grueso del proletariado. La política comunista, de otro lado, no hace diferencia entre la monarquía y la república. Una concepción al mismo tiempo realista y mística de la historia la mueve a combatir con la misma energía a la reacción y a la democracia. Y, tal vez, hasta con más vehemencia polémica a esta que a aquella. Porque, mientras la reacción, en su empeño romántico de reconstruir el pasado, socava el orden en cuya defensa insurge teóricamente, la democracia seduce en el miraje de la revolución y de la reforma a una parte de las muchedumbres y de los hombres que desean crear un orden nuevo. La reacción, atacando y negando los mitos de la democracia, reanima la beligerancia y la combatividad del socialismo y aún del liberalismo, que en el poder se relajan y se desfibran.

No cabe dentro de los límites de mi artículo una prolija exposición de esta compleja teoría, esbozada por mí otras veces. A este artículo no le corresponde ni le preocupa más que fijar las reales proporciones y esclarecer los verdaderos agentes de la victoria de Hindenburg. Que es una victoria de la reacción, claro está; pero victoria incompleta todavía. La reacción ha conquistado la presidencia de la república tudesca; pero no ha conquistado aún el poder. La democracia conserva intactas sus posiciones en el parlamento. Y bien puede acontecer que al reaccionario Hindenburg le toque gobernar con los fautores de la democracia como al socialista Ebert le tocó gobernar con no pocos fautores de la reacción.

Hindenburg, por otra parte, representa asaz atenuada y mediocremente el espíritu de la reacción. Este octogenario Lohengrin de la vieja Alemania tiene un ánimo menos marcial y agresivo de lo que su oficio y su novela inducen a imaginar. Lloyd George ha exagerado ciertamente cuando lo ha definido como un anciano tranquilo con muy pocas ganas de meterse en tremendas aventuras. Pero, en principio, ha enfocado bien al hombre del día. Hindenburg tiene el aire de un viejo burgrave sedentario, protestante, pacífico y un poco reumático. No se sabe, por ejemplo, lo que piense Hindenburg del “racismo” de Ludendorff; pero, si piensa algo, me parece que no debe exceder los límites de lo que puede pensar cualquier inocuo burgués de Hannover. Carece Hindenburg de estilo y de relieves fascistas. Nada denuncia en el al caudillo. Su biografía que, sin el episodio bélico, sería una biografía opaca, es la de un personaje de sencillos contornos. Hindenburg no es un leader. No es un conductor. Es un militar obediente, conservador, monarquista, casado. Como a todos los alemanes le gusta la cerveza y el ganso asado. En su casa existe seguramente una efigie de Federico el Grande. Tiene 77 años de de edad, temperamento frío y reservado y muchos y muy gloriosos años de servicio en el ejército del Emperador y del Imperio. Ahora en atención a estos méritos, sus compatriotas lo han elegido Presidente de la República. He ahí todo el hombre y he ahí también todo el episodio.

José Carlos Mariátegui

La escena húngara

Hungría ocupa un puesto muy modesto y muy eventual en las planas del servicio cablegráfico de la prensa americana. Sobre Hungría se escribe y se sabe, en general, muy poco. En la propia Europa, la nación magiar resulta un tanto olvidada. Nitti es uno de los pocos estadistas europeos que la recuerda, y la defiende en sus libros y en sus artículos. Para los demás leaders de la política occidental no existe, con la misma intensidad que para Nitti, un problema húngaro. Parece que, al separarse de Austria, Hungría se ha separado también algo de Occidente.

Sin embargo, Hungría ha sido el escenario de uno de los episodios más dramáticos de la crisis post-bélica. Y el tratado de Trianón aparece desde hace tiempo como uno de los tratados de paz que alimentan en la Europa Central una sorda acumulación de rencores nacionalistas y de pasiones guerreras. Ese tratado mutila el territorio húngaro a favor de Rumania, de Checo-Eslavia y de Yugo-Eslavia. Según las cifras de un libro de Nitti, “La Decadencia de Europa”, basadas en un prolijo estudio de este tema, Hungría, ha perdido el 63 por ciento de su antigua población. Han sido anexados a Rumania, a Checo-Eslavia y a Yugo-Eslavia, respectivamente, cinco, tres y uno y medio millones de hombres que antes convivían dentro de los confines húngaros. Dentro de la Hungría pre-bélica había minorías no húngaras; pero las amputaciones del territorio húngaro decididas con este pretexto por el tratado de Trianón han sido excesivas. Han resuelto aparentemente la cuestión de las minorías alógenas de Hungría; mas han creado la cuestión de las minorías húngaras de Checo-Eslavia, Yugo-Eslavia y Rumania. Estas tres naciones, naturalmente, no quieren que se hable siquiera de una revisión del tratado que las beneficia. La posibilidad de que Hungría reivindique algún día sus tierras y sus hombres las mantiene en constante alarma. Y Hungría, a su vez, aguarda la hora de que se le haga justicia. Nitti escribe a este respecto: Hungría es, entre los países vencidos, aquel que tiene el más profundo espíritu nacional: nadie cree que el pueblo húngaro, orgulloso y persistente, no se levante de nuevo; nadie admite que Hungría pueda vivir largamente bajo las duras condiciones del tratado de Trianón. Y, desde el cardenal arzobispo de Budapest hasta el último campesino, nadie se ha resignado al destino actual. El problema húngaro, en suma, se presenta como uno de los que más sensiblemente amenazan la paz de Europa. El tratado de Trianón no interesa directamente solo a Hungría y la Pequeña Entente. Interesa, igualmente, a Italia que tiende a una cooperación con Hungría; pero que es contraria a una eventual restauración de la unión austro-húngara. La historia de la gran guerra enseña, además, que cualquiera de los intrincadísimos conflictos de esta zona de Europa puede ser la chispa de una conflagración europea.

Europa siguió muy atentamente la política húngara durante el experimento comunista de Bela Kun. Hungría era entonces un foco de bolchevismo en el vértice de la Europa central y oriental. El problema húngaro se ofrecía grávido de peligros para el orden de Occidente. Ahogada la revolución comunista, languideció el interés europeo por las cosas húngaras. Los ecos del “terror blanco” lo reanimaron todavía por un período más o menos largo. Pero, durante este tiempo, la atención fue menos unánime. A las clases conservadoras de Europa no les preocupaba absolutamente la truculencia de la reacción húngara. El método marcial del almirante Nicolás Horthy contaba de antemano con su aprobación.
El almirante Horthy ejerce el gobierno de Hungría desde esa época. Su gobierno parece tener en un puño al pueblo magiar. ¿Qué otra cosa puede importar, seriamente, a la clase conservadora de Europa? Existe, es cierto, en Hungría, una crisis financiera que compromete muchos intereses de la finanza internacional. Hungría molesta un poco con el espectáculo de su bancarrota y de su pobreza. Pero para estas cuestiones menores tienen las potencias vencedoras a la Sociedad de las Naciones.
Horthy gobierna Hungría con el título de Regente. Hungría es, teóricamente, una monarquía. El almirante Horthy guarda su puesto al rey. Pero también esto es un poco teórico. Cuando en marzo de 1921 el rey Carlos, coludido con los hombres que gobernaban entonces en Francia, se presentó en Budapest a reclamar el poder, Horthy rehusó entregárselo. Su resistencia dio tiempo para que las protestas de la Pequeña Entente, de Italia y de Inglaterra -que, de otro modo, se habrían encontrado ante un hecho consumado- actuasen eficazmente contra esta tentativa de restauración. La Regencia de Horthy, por consiguiente, es una regencia bastante relativa.

¿A qué categoría, a qué tipo de gobernantes de la Europa contemporánea pertenece este almirante? Su clasificación no resulta fácil. Horthy no tiene similitud con los otros hombres de gobierno surgidos de la crisis post-bélica. No es un condottiero dramático de la reacción como Benito Mussolini. No es un estadista nato como Sebastián Benes. Es un marino y un funcionario del antiguo régimen austro-húngaro a quien la disolución del imperio de los Apsburgo y la caída de la república de Bela Kun, han colocado a la cabeza de un gobierno. El azar de una marea histórica lo ha puesto donde está. Todo su mérito -mérito de viejo marino- consiste en haberse sabido conservar a flote después del temporal. Por algunos rasgos de su personalidad, se emparenta extrañamente a la estirpe de los caudillos hispano-americanos. Por otros rasgos, se aproxima a la especie de los déspotas asiáticos. En todo caso, es un gobernante balkánico más bien que un gobernante occidental.

Un documento instructivo acerca de su psicología es la crónica de la aventura de marzo de 1921 escrita por Carlos de Apsburgo. Esta crónica, -dictada por Carlos a su secretario Karl Werkmann y publicada recientemente en un volumen de notas o memorias del difunto ex-emperador- proyecta una luz muy viva sobre la figura de Horthy y las causas del fracaso de la tentativa de restauración. Carlos cuenta cómo, después de haber atravesado en automóvil la frontera, munido de un pasaporte español, arribó a Steinamanger al palacio del arzobispo, a donde acudieron a rodearlo solícitos el coronel Lehar y otros personajes legitimistas. Confiado en la autoridad y la divinidad de su linaje, el heredero de los Apsburgo, sentía ganada la partida. No podía suponer a su vasallo Horthy capaz de negarse a devolverle el poder. De Steinamanger prosiguió viaje a Budapest en automóvil. Y, de improviso y de incógnito, traspuso el umbral del palacio regio. Una gran decepción lo aguardaba. En los semblantes de los pocos presentes notó hostilidad. Horthy lo recibió consternado. La entrevista duró dos horas. Fue una lucha por el poder -escribe Carlos- en la cual él, “desarmado frente a Horthy, tuvo que sucumbir, malgrado sus desesperados esfuerzos, a la infidelísima, traidora, y baja avidez del regente”.

Horthy comenzó por preguntar a su soberano qué cosa le ofrecía si le dejaba el gobierno. El heredero de la corona apenas podía creer lo que oía. Fingió haber comprendido mal. El Regente precisó categóricamente su pregunta: “-¿Qué me da S. M. en cambio? Este vulgar mercado nauseó al ex-emperador. Le dejó sin embargo ánimo para decir a Horthy que sería “su brazo derecho”. Mas el regente no era hombre de contentarse con una metáfora. Exigió una promesa más concreta. Carlos le prometió, sucesiva y acumulativamente, la confirmación del título de Duque que él mismo se había otorgado, el comando supremo del ejército y de la flota y el toisón de oro. Pero todo esto no fue suficiente para inducir a Horthy a retirarse. Se lo vedaba -decía- su juramento a la asamblea nacional. Combatiendo sus aprensiones, Carlos le aseguró que su reposición en el trono no traería ninguna grave molestia internacional. Le reveló que contaba con la palabra de un autorizadísimo personaje francés. El regente quiso conocer el nombre de este personaje. Declaró que este nombre, si realmente era autorizado, podía inducirlo a ceder. A instancias del rey, se comprometió a guardar el secreto y a rendirse ante la decisiva revelación. El monarca pronunció el misterioso nombre. Más nuevamente Horthy encontró una evasiva. No estaba aún madura la situación -decía- para la vuelta de Carlos a su trono. De incógnito, como había entrado, Carlos salió del palacio y de Budapest. En Steirnamanger, lo esperaba ya la noticia de que el gobierno había dado órdenes para obligarlo a abandonar Hungría.

¿Cómo escaló Horthy el poder? La historia es bastante conocida. La victoria aliada no solo produjo en Austria-Hungría, como en Alemania, el derrumbamiento del régimen. Produjo, además la disgregación del imperio, compuesto de pueblos heterogéneos a los que una prolongada convivencia, bajo el señorío de los Apsburgo, no había logrado fusionar nacionalmente. Hungría se independizó. El conde Miguel Karolyi asumió el poder con el título de presidente de la república. Su gobierno se apoyaba en los elementos demócratas y socialistas. Karolyi, que procedía de la aristocracia magiar, tenía una interesante historia de revolucionario y de patriota. Pero la política de las potencias vencedoras no le consintió durar en el poder. La revolución húngara se hallaba frente a difíciles problemas. El más grave de todos era el de las nuevas fronteras nacionales. El patriotismo de los húngaros se revelaba contra las mutilaciones que la Entente había decidido imponerle. En la imposibilidad de suscribir el tratado de paz que sancionaba estas mutilaciones, Karolyi resignó el poder en manos del partido social-democrático. Los leaders de este partido pensaron que, atacados de un lado por los reaccionarios y de otro por los comunistas, no tenían ninguna chance de mantenerse en el poder. Resolvieron, por tanto, entenderse con los comunistas. El partido comunista húngaro, dirigido por Bela Kun, era muy joven. Era un partido emergido de la revolución. Pero había conquistado un gran ascendiente sobre las masas y había atraído a su flanco a la izquierda de la social-democracia. Los social-democráticos, aconsejados por estas circunstancias, aceptaron el programa de los comunistas y les entregaron la dirección del experimento gubernamental. Nació, de este modo, la república sovietista húngara. Bela Kun y sus colaboradores trabajaron empeñosamente, durante los cuatro meses que duró el ensayo, por actuar su programa y construir, sobre los escombros del viejo régimen, el nuevo Estado socialista. La gran propiedad industrial fue nacionalizada. La gran propiedad agraria fue entregada a los campesinos organizados en cooperativas. Mas todo este trabajo estaba condenado al fracaso. El partido comunista, demasiado incipiente, carecía de preparación y de homogeneidad. Al partido social-democrático, que compartía con él las funciones del gobierno, le faltaban espíritu y educación revolucionarias. La burocracia sindical seguía, desganada y amedrentada, a Bela Kun. Y, sobre todo, la Entente acechaba la hora de estrangular a la revolución. Checo-Eslavia y Rumania fueron movilizadas contra Hungría. La república húngara se defendió denodadamente; pero al fin resultó vencida. Derrotado por sus enemigos de fuera, el comunismo no pudo continuar resistiendo a sus enemigos de dentro. Los social-democráticos pactaron con los agentes de la Entente. A cambio de la paz, la Entente exigía la sustitución del régimen comunista por un régimen democrático-parlamentario. Sus condiciones fueron aceptadas. Bela Kun dejó el poder a los leaders social-democráticos. No pudieron estos, empero, conservarlo. La ola reaccionaria barrió en cuatro días el endeble y pávido gobierno de la social-democracia. Y colocó en su lugar al gobierno de Horthy. La reacción, monarquista y tradicionalista, necesitaba un regente. Necesitaba también un dictador militar. Ambos oficios podía llenarlos un almirante de la armada de los Apsburgos. Su gobierno duraría el tiempo necesario para liquidar, con las potencias de la Entente, las responsabilidades y las consecuencias de la guerra y para preparar el camino a la restauración monárquica.

Horthy inauguró un período de “terror blanco”. Todos los actores, todos los fautores de la revolución, sufrieron una persecución sañuda, implacable, rabiosa. Una comisión de diputados británicos, encabezada por el coronel Wedgwood, que visitó Hungría en esa época, realizó una sensacional encuesta. El número de detenidos políticos era de doce mil. La delegación constató una serie de asesinatos, de fusilamientos y de masacres. Sus denuncias, rigurosamente documentadas, provocaron en Europa un vasto movimiento de protestas. Este movimiento consiguió evitar la ejecución de cinco miembros del gobierno de Bela Kun condenados a muerte.

El gobierno de Horthy inspira su política en los intereses de la propiedad agraria. Sus actos acusan una tendencia inconsciente a reconstruir en Hungría una economía medioeval. Bajo la regencia de Horthy, el campo domina a la ciudad. La industria, la urbe, languidecen. Hace tres años aproximadamente visité Budapest. Hallé ahí una miseria comparable solo a la de Viena. El proletariado industrial ganaba una ración de hambre. La pequeña burguesía urbana, pauperizada, se proletarizaba rápidamente. César Falcón y yo, discurriendo por los suburbios de Budapest, descubrimos a un intelectual -autor de dos libros de estética musical- reducido a la condición de portero de una “casa de vecindad”. Un periodista nos dijo que había personas que no podían hacer sino tres o cuatro comidas a la semana. Meses después la falencia de Hungría arribó a un grado extremo. El gobierno de Horthy reclamó la asistencia de los aliados. Desde entonces, Hungría, como Austria, se halla bajo la tutela financiera de la Sociedad de las Naciones. Y bajo la autoridad de los altos comisarios de la banca inter-aliada.

José Carlos Mariátegui

El general Primo de Rivera ha sorteado, por una serie de circunstancias favorables, el más grave de los peligros que, desde el golpe de estado de Barcelona, han amenazado su aventura reaccionaria. El azar continúa siendo fiel a Primo de Rivera, en su accidentado itinerario del casino al gobierno. Según la crónica cablegráfica, si el ex-presidente del consejo Sr. Sánchez Guerra hubiese llegado a Valencia, conforme al plan insurreccional que acaba de abortar, dos días antes, la dictadura habría sido casi seguramente liquidada en algunas horas.
Pero el azar, al mismo tiempo que ha salvado a Primo de Rivera, ha descubierto la flaqueza y el desgaste de su gobierno. La magnitud de la conjuración militar que ha estado a punto de echar alegre y marcialmente del poder al dictador, indica hasta que punto está minado el terreno que este pisa. La conspiración cunde en el ejército -cosa que ya sentía Primo de Rivera desde el proceso al general Wyler y sus compañeros- y en la nobleza. Esto mismo facilitaba a Primo de Rivera el solícito empleo de las armas de la provocación y el espionaje; pero lo descalifica, aún ante sus propios amigos y padrinos de la monarquía, como régimen militar.
Primo de Rivera, como todos los reaccionarios, no tienen mejor cargo que hacer al régimen parlamentario que el de sus pocas garantías de estabilidad. Los ministerios de los Estados demo-liberales, al decir de los retores o de los simples “profiteurs” de la Reacción, gastan sus mejores energías en defenderse de las conspiraciones y zancadillas parlamentarias. Cualquier oportuna intriga de corredor puede traerlos abajo repentinamente. Las dictaduras establecidas por golpes de mano tan afortunados como el del ex-capitán general de Barcelona, no estarían sujetas a análogos riesgos. Su principal ventaja estribaría en su seguridad. Libres de las preocupaciones de la política parlamentaria, podrías entregarse absolutamente a un austera y tranquila administración.
Esta es la teoría. Mas la experiencia de Primo de Rivera está muy lejos de confirmarla. La suerte de su gobierno se presenta permanentemente insidiada por una serie de taras internas, a la vez que atacada por toda clase de enemigos externos. Contra la dictadura no se pronuncian solamente los partidos de centro y de izquierda liberales, republicanos, socialistas, etc -sino también una gran parte de los grupos de derecha, de la aristocracia, del ejército, del capitalismo. El propio favor del monarca no es muy seguro. Depende de las ventajas que pueda encontrar eventualmente Alfonso XIII en licenciar a la dictadura, para restablecer, amnistiado por la opinión liberal, la Constitución.
Si todos los elementos liberales se hubiesen decidido ya a renunciar a toda indagación de responsabilidades, y a perdonar al rey su escapada a la ilegalidad, hace tiempo, probablemente, que Primo de Rivera habría sido enviado a aumentar la variopinta escala de “emigrados” que las revoluciones han producido en la Europa post-bélica. Unamuno es uno de los más enérgicos y eficazmente adversos a la fórmula de “borrón y cuenta nueva”. Con el desterrado de Hendaya, coinciden los mejores hombres del liberalismo español. En que la hora de la restauración de la legalidad debe ser también la del ajuste de cuentas con la monarquía, irremisiblemente comprometida por su complicidad con Primo de Rivera.
La situación española, por esto, -a medida que Primo de Rivera y sus mediocres rábulas aparentemente se consolidaban en el poder- se ha ido haciendo cada día más revolucionaria. La cuestión de régimen que, desde la afirmación de un orden demo-liberal, parecía descartada, vuelve a plantearse. El propio Sánchez Guerra, conservador ortodoxo, había llevado su oposición a la dictadura, a términos de censura y ataque a la monarquía.
La mejor solución para la monarquía habría sido, sin embargo, la victoria de Sánchez Guerra. Es difícil que, dueño del poder, el jefe conservador se hubiese decidido a usar su fuerza contra la institución monárquica. La influencia de la aristocracia, hubiese pesado, en forma muy viva, sobre sus resoluciones. Prisionero y procesado Sánchez Guerra, es inevitable el prevalecimiento, en la posición, de las tendencias liberal y revolucionaria. La solidaridad del rey Alfonso y de la monarquía con Primo de Rivera se ratifica. Las responsabilidades del rey y del dictador aparece inseparables. Esto aparte de que Sánchez Guerra resulta el huésped más incómodo de las prisiones de la dictadura. Ya ha sabido que afrontar una tentativa para libertarlo. La prisión y el proceso subrayarán los rasgos de su carácter y energía. Es un hombre al que no se puede mantener indefinidamente en una fortaleza, sin preocupar seriamente a la gente más conservadora respecto al régimen bajo el cual se dan casos como este de rebelión, ajusticiamiento y condena.
El general Primo de Rivera se imagina decir una cosa muy satisfactoria para él cuando afirma que ha pasado la época de las revoluciones políticas y que ahora solo es temible y posible -¡Claro que no en España!- una revolución de causas sociales y económicas. El proletariado revolucionario coincide, sin duda, con Primo de Rivera, -con quien es tan difícil coincidir en algo- en la parte afirmativa de su apreciación, en la ley de hoy no se puede llamar revolución sino a la que se proponga fines sociales y económicos. Pero, aparte de que su política en general no tiende sino a apurar esta revolución social y política, Primo de Rivera olvida que su régimen no cuenta enteramente con la confianza de la propia clase a nombre de la cual gobierna. La burguesía española en gran parte le es adversa. La propia aristocracia, a pesar de cuanto la halaga el restablecimiento del absolutismo, no le es íntegramente adicta. Y el proletariado, en todo caso, tiene que estar por el restablecimiento de la legalidad; y tiene que operar de modo de ayudar el triunfo de la revolución política, con la esperanza y la voluntad de transformarla en revolución social y política.
No admitir que esta es la realidad objetiva de la situación, equivaldría a pretender que se puede gobernar indefinidamente a España con el señor Yangas, con el general Martínez Anido, con el señor Carlo Sotelo, con doña Concha Espina, contra los elementos solventes de la derecha y contra la unanimidad más uno de las izquierdas.
José Carlos Mariátegui.

Los factores inmediatos de la rápida caída de Primo de Rivera -seguida en tan breve término por su deceso-, que el cable dejó en los primeros días en la sombra, son ya detalladamente conocidos por las revelaciones de Eduardo Ortega y Gasset, Marcelino Domingo, Indalecio Prieto y otros líderes de la oposición al régimen. Se sabe que un movimiento destinado a deponer, con la dictadura, al monarca que la instigó y autorizó, debía haber estallado entre el 5 y el 8 de febrero. El general Goded, gobernador militar de Cádiz, trabajaba desde el mes de octubre de acuerdo con los elementos constitucionales para producir un vasto pronunciamiento militar. Casi todas las guarniciones de Andalucía estaban comprometidas para esta acción revolucionaria. Alfonso XIII y Martínez Anido tuvieron informes de la conspiración, ante los cuales Primo de Rivera decidió la destitución del General Goded y del Infante don Carlos, Capitán General de Sevilla, no sin enviar a Cádiz un emisario, encargado de negociar un arreglo con Goded, quien asumió una actitud de rebeldía, declarando que no tenía que obedecer ninguna orden de destitución. Este conflicto movió a Primo de Rivera a la desdichada consulta a los jefes militares y al Rey a reemplazarlo por el general Berenguer, capitulando ante la tendencia constitucionalista del ejército. Goded se consideró exonerado de todo compromiso con esta solución. Se trasladó a Madrid, donde le aguardaba un importante nombramiento. Eduardo Ortega y Gasset que, bajo su firma, ha explicado de este modo la génesis del ministerio Berenguer, en un artículo titulado “Cómo ha salvado su trono Alfonso XIII”, agrega que muchos oficiales quisieron seguir adelante sin Goded, pero que la indecisión se propagó desde entonces en todas las organizaciones”.
Antes que la restauración del orden constitucional, la misión del gobierno de Berenguer es el salvamento de la monarquía. Este es el juicio que, apenas anunciado el cambio, emití sobre su significado, y en el que me confirma el conocimiento de sus antecedentes. Alfonso XIII se encuentra ante un dilema: el absolutismo o la constitución. No tiene sino estos dos caminos. Tomará cualquiera de los dos para salvarse. Pasará de uno a otro, sin la menor hesitación, si las circunstancias se lo imponen. Por el momento, prefiere el camino del regreso a la legalidad. Pero este camino puede llevar muy lejos: a la Constituyente, a la reforma de la Constitución, al juzgamiento de las responsabilidades, a la proclamación de la República.
Liquidar seis años de dictadura no es un asunto de ordinaria administración. Alfonso XIII ha dado este encargo a un gabinete de familiares, que puede licenciar en cualquier momento para volver a la manera fuerte. En el instante en que se decidió por la rendición a la tendencia constitucional, no le quedaba otra cosa que hacer. Martínez Anido no compartía la confianza de Primo de Rivera sobre la posibilidad de dominar el espíritu de rebelión que cundía en el ejército. El Rey tenía los informes privados del Infante don Carlos, Capitán General de Sevilla, y de otros jefes. Se dice que en una oportunidad, advertido del peligro de que el Rey lo echara por la borda para arreglarse de nuevo con los grupos constitucionales, Primo de Rivera afirmó: “¡A mi no me borbonea este Borbón!”. La decepción de que, años después, no fuese otra su suerte, debe haber amargado profundamente los últimos días del derrotado dictador.
Una monarquía constitucional, así sea la de España, no puede abandonar impunemente la legalidad más de seis años, para restablecerla cuando los acontecimientos se lo impongan conminatoriamente. Viejos servidores de la monarquía como Sánchez Guerra, ajenos a toda veleidad republicana, han cumplido el deber de notificar a Alfonso XIII sobre las irreparables consecuencias de la responsabilidad en que ha incurrido violando el pacto constitucional, en que descansaba su autoridad. Alfonso XIII querría que se le amnistiase alegremente, con todos sus compañeros de aventura, por estos seis años de vacaciones. Pero aún entre lo más ortodoxos monárquicos encuentra censores severos, jueces inexorables como Sánchez Guerra, cuya actitud descubre hasta qué punto está comprometido y socavado el régimen monárquico en España.
¿Cómo va a restablecer la legalidad el gobierno de Berenguer, sin que se ponga en el tapete la cuestión del régimen y las responsabilidades? Ya hemos visto cómo este ministerio normalizador ha tenido que detenerse y retroceder en la primera modestísima etapa de la normalización. La censura de la prensa sigue vigente. ¿Cuándo se restituirá a los ciudadanos y a los partidos la libertad de reunión y de tribuna? Si el discurso de un líder conservador tiene una resonancia revolucionaria tan amenazadora, es fácil prever las aprensiones que van a seguir a los discursos de los líderes republicanos, socialistas, comunistas. I mientras estas elementales libertades no hayan sido restablecidas, ¿qué campaña eleccionaria ni que convocatoria a elecciones será posibles?
Estas son las dificultades del régimen en el orden político. Habría que examinar aparte las que confrontan actualmente en el orden económico. La política hacendaria y financiera de la dictadura ha sido el factor decisivo de su quiebra. Cambó no ha aceptado, en el gabinete de Berenguer, el ministerio de las finanzas, para no cargar con esta ingrata y riesgosa herencia. ¿Qué autoridad tiene un gobierno de transición, de interinidad manifiesta, para abordar eficazmente este problema? La misma que tiene para suprimir la censura de la prensa, resistir la crítica de la opinión, tolerar los comicios de los partidos ir al encuentro de elecciones normales.
No existe, sin duda, en España un partido bastante poderoso y organizado para llevar al pueblo victoriosamente a la revolución. Si existiese, la insurrección no habría estado a merced, en los primeros días de febrero, de la defección del general Goded, posiblemente confabulado con el Rey. El partido socialista es el único partido de masas; pero carece, en su burocracia, de espíritu y voluntad revolucionarias. La crisis del régimen confiere grandes posibilidades de acción a la concentración de los elementos republicanos. Pero lo característico de las situaciones revolucionarias es la celeridad con que crean las fuerzas y el programa de una revolución. La dinastía española, que tiene añeja experiencia de esta clase de vicisitudes, no lo ignora. I tan pronta está probablemente, a festejar en la plaza su retorno al pacto con el pueblo, como a preparar en las capitanías generales un segundo golpe de estado; jugándose, si los riesgos de las elecciones y la constituyente le parecen excesivos, la carta desesperada del absolutismo.
José Carlos Mariátegui.

(...) de restauración del Kaiser, llega a este aniversario visiblemente liquidado. El partido nacionalista, contra la recalcitrante protesta de su derecha, no ha tenido más remedio que aceptar la condición de partido republicano para mantener su influencia en el gobierno del país. Queda, sin duda, muchos monárquicos en Alemania. I una marejada reaccionaria, acrecentaría su número quien sabe en qué proporción. Pero la República de Weimar reposa en el cimiento de una sólida mayoría.
De este resultado, se ufana, en primera línea, la social-democracia que, instalada en el poder, de nada se preocupó tanto como de usar de él con prudencia. Pero, en análisis de los acontecimientos, enseña algo muy diverso. El estado mayor de teóricos y burócratas del partido social-demócrata, no se había planteado nunca la cuestión de la toma del poder. El derrumbamiento de la monarquía, los obligó a asumir el gobierno, antes de que hubiesen tenido tiempo de reponerse de la impresión de este cambio, que excedía violenta y desmesuradamente los más osados cálculos de su determinismo y las más distantes esperanzas de su educación parlamentaria. I si la marca reaccionaria que siguió al fracaso de la última ofensiva del proletariado, no restableció la monarquía, el mérito del salvataje de la República, en esa crisis, no pertenece ciertamente a la social democracia. La República, si se prescinde del apoyo que le prestaba el consenso pasivo de las capas sociales gubernamentales por inercia o por precaución, no estaba defendida válidamente sino por el proletariado. La huelga general que obligó a capitular al general Kapp, a los pocos días de su golpe de mano de Berlín, reveló a la burguesía industrial y financiera de Alemania el peligro de jugar a la restauración.

La crisis de la reforma educacional en Chile

III

Para completar las notas críticas sobre la crisis de la Reforma Educacional en Chile aparecidas en los dos últimos números de MUNDIAL, y que no tienen por supuesto las pretensiones de un estudio concluyente de su proceso, debo exponer hoy, sumariamente, las medidas tomadas por el gobierno chileno revisando y derogando los actos más importantes de su política de instrucción pública. Porque conocer las proporciones de la persecución de la Asociación General de Profesores, órgano esencial de la Reforma que le debía desde su plan hasta sus técnicos, no es posible darse cuenta de la medida en que esta obra se encuentra en crisis, ni en que el gobierno de Ibañez ha abandonado su postizo programa en materia educacional.
La persecución de los maestros comenzó en Setiembre, durante una gira de inspección de las escuelas del norte del país por Eduardo Barrios, Ministro de Instrucción hasta entonces. En su ausencia ocupó interinamente el ministerio, el general Blanche, ministro de guerra, quien usó su poder en modo que no deja lugar a dudas acerca de su antipatía previa contra los esfuerzos e ideales de los maestros. Su primer acto, en el ministerio, fue la clausura de las Escuelas de Profesores Primarios de Chillan y Angol, decretada el día mismo en que asumió provisoriamente el manejo de la instrucción pública. Su ojeriza encontró muchas otras oportunidades de manifestarse mientras conservo estas funciones, antes de cesar en las cuales dirigió una circular a los intendentes y gobernadores recomendándoles la fiscalización de los maestros en sus labores. Los términos de la circular eran precisos. El objeto de esta insólita facultad de control de la enseñanza por las autoridades políticas -o policiales, más exactamente,- era la eliminación de todos los maestros de ideas revolucionarias. Barrios, de regreso de su viaje, cediendo visiblemente a las instancias del general Ibáñez, canceló a la Asociación General y a la Sociedad Nacional de Profesores su personería jurídica y exigió su dimisión a los jefes de los departamentos de Educación Primaria y Secundaria Gómez Catalán y Galdames. Siguió a estos actos la destitución de varios maestros de Iquique, Santiago, Talca y otras ciudades. Una circular del Ministerio, prohibía al mismo tiempo a los maestros participar en trabajos de propaganda social, política o religiosa. Estas medidas, precursoras de una persecución mayor aún, provocaron la protesta de la Internacional del Magisterio Americano, nacida de convención internacional a iniciativa precisamente de los maestros chilenos, se reunió en Buenos Aires a principios de 1928. Barrios, que indudablemente había concedido ya demasiado al criterio del general Ibáñez y su “entourage’ militar, renunció su cargo.
El ministerio de instrucción fue confiado entonces al ministro de hacienda Pablo Ramírez, el más hábil asesor del general Ibáñez, que desde su conflicto con Salas el antecesor de Barrios, en esa cartera, se había perfilado ya como adversario de la política educacional basada en el concurso y las ideas de los maestros. Su actuación en el ministerio de instrucción estaba destinada a confirmarlo como la “bonne a tout faire” del gobierno del general Ibáñez. Uno de los primeros decretos de Pablo Ramírez destituía a veinticuatro funcionarios de educación pública. Entre otros jefes de sección del ministerio, este decreto licenciaba ruidosamente a Humberto Díaz Casanueva, el director de “La Revista de Educación Primaria”, la notable publicación a que ya me he referido con el elogio y aprecio que merece. Antes de una semana, otro decreto de Ramírez ponía en la calle a otros veintidós maestros. La ofensiva contra el preceptorado renovador no se contentaba con estas destituciones en masa. No le bastaba, con “seleccionar” -¡oh clamorosa selección a la inversa!- a los maestros en ejercicio; necesitaba “seleccionar” en lo posible a los maestros futuros. Con este fin, la Escuela Normal “José Abelardo Núñez” fue reorganizada de manera que quedasen excluidos los alumnos que más enérgica y noblemente habían expresado su solidaridad con la Asociación General de Profesores.
No es el caso de seguir adelante en la Reforma, prescindiendo de la Asociación. Como ya hemos visto, el plan de la Reforma pertenece absolutamente a los maestros a quienes hoy se persigue rabiosamente. Todos sus méritos correspondían a la Asociación General de Profesores así como todas las limitaciones a su adecuación a las posibilidades administrativas. La actuación de una reforma educacional tan profunda y técnica es, por otra parte, sus tentativamente, una cuestión de personal. Para la que el plan chileno se proponía, la Asociación sabía que sus efectivos eran insuficientes. Era grande en sus filas el número de los que suplían la preparación con el entusiasmo. Por esto, se consagró tanta energía a la organización de círculos de estudios. El porcentaje de maestros antiguos, reacios a toda renovación, más aún, a todo esfuerzo, estorbaba a la realización de la empresa. Había que luchar contra el peso muerto, si no contra el sabotage, de esta burocracia, incapaz de contagiarse de la corriente de entusiasmo que animaba a los rangos de la Asociación. ¿Se puede suponer con esta gente inerte por principio y por hábito, una nueva diversa tentativa? Hasta ahora solo dos medidas se han mostrado al alcance del gobierno: la votación de una gruesa partida para locales escolares y la autorización para invertir hasta cinco millones de pesos en el aumento de los haberes del personal de educación primaria. La segunda medida tiende, como es claro, a quebrantar la resistencia de los maestros, a calmar la protesta contra los ataques a la Asociación y a sus dirigentes. Una y otra son medidas de carácter económico, administrativo, del resorte del ministro del tesoro más que del ministro de instrucción.
El balance de la infortunada experiencia, se resume, ante todo, en estas dos comprobaciones: Primera. -Que una renovación radical de la enseñanza no es una cuestión exclusivamente técnica, ajena a la suerte de la reconstrucción social y política. Segunda. -Que un gobierno de función reaccionaria, enfeudado a intereses y sentimientos conservadores, es por naturaleza inepto para cumplir, en el terreno de la enseñanza, una acción revolucionaria, aunque transitoriamente adopte al respecto, por estrategia demagógica, principios más o menos avanzados. Los maestros de Chile han adquirido esta experiencia a duro precio. Como ya he dicho, objetivamente hay que reconocer que no les cabía más que afrontar la prueba. Nada de esto, debe disminuir la simpatía y la solidaridad con que los acompaña hoy la “inteligencia”, -particularmente los maestros de vanguardia,- en los pueblos hispano americanos.

José Carlos Mariátegui.

La perspectiva política chilena

I
En una época, como la nuestra, en que el mundo entero se encuentra mas o menos sacudido y agilitado, la inquietud revolucionaria que fermenta en Chile no constituye, por cierto, un fenómeno solitario y excepcional. Nuestra América no puede aislarse de la corriente histórica contemporánea. Los pueblos de Europa, Asia y África están casi unánimemente estremecidos. Y por América pasa, desde hace algunos años, una onda revolucionaria, que, en algunos pueblos, se vuelve marejada. Con diferencias de intensidad, que corresponden a diferencias de clima social y político, la misma crisis histórica madura en todas las naciones. Crisis que parece ser crisis de crecimiento en unos pueblos y crisis de decadencia en otros; pero, que en todos tiene, seguramente, raíces y funciones solidarias. La crisis chilena, por ejemplo, es, como otras, solo un segmento de la crisis mundial.

En la América indo-española se cumple, gradualmente, un proceso de liquidación de ese régimen oligárquico y feudal que ha frustrado, durante tantos años, el funcionamiento de la democracia formalmente inaugurada por los legisladores de la revolución de la independencia. Los reflejos de los acontecimientos europeos han acelerado; en los últimos años, ese proceso. En la Argentina, verbigracia, la ascensión al poder del partido radical canceló el dominio de las viejas oligarquías plutocráticas. En México, la revolución arrojó del gobierno a los latifundistas y a su burocracia. En Chile, la elección de Alessandri, hace cinco años, tuvo también un sentido revolucionario.

II

Alessandri usó, en su campaña electoral, una vigorosa predicación anti-óligárquica. En sus arengas a “la querida chusma”, Alessandri se sentía y se decía el candidato de la muchedumbre. El pueblo, chileno, fatigado del dominio de la plutocracia “pelucona”, estaba en un estado de ánimo propicio para marchar al asalto de sus posiciones. El proletariado urbano, mas o menos permeado de socialismo y sindicalismo, representaba un vasto núcleo de opinión adoctrinada.

Los efectos de la crisis económica y financiera, de Chile, que amenazaban pesar exclusivamente sobre las clases populares, si el poder continuaba acaparado por la oligarquía conservadora, excitaban, a las masas a la lucha. Todas estas circunstancias concurrieron a suscitar una extensa y apasionada movilización de las fuerzas populares contra el bloque conservador. El bloque de izquierdas, acaudillado, por Alessandri, obtuvo así una tumultuosa victoria electoral. Pero esta victoria de los demócratas y radicales chilenos, por sus condiciones y modalidades históricas, no resolvía la cuestión política chilena. En primer lugar, la solución de esta cuestión política no podía ser, lisa y beatamente, una solución electoral. Luego, la adquisición de la presidencia de la república, no confería al bloque alessandrista todos los poderes del gobierno. Los grupos conservadores, numerosamente representa dos en el parlamento, se preparaban a torpedear sistemáticamente toda tentativa de reforma contraria a sus intereses de clase. Armados de una prensa poderosa, conservaban intactas casi todas las posiciones que un prolongado monopolio del gobierno les había consentido, conquistar. Y, de otro- lado, movilizadas demagógicamente durante las elecciones, las masas populares no estaban dispuestas a olvidar sus reinvindicaciones. Antes bien tendían a precisarlas y extremarlas con ánimo cada vez mas beligerante y programa cada vez más clasista.

La ascensión de Alessandri a la presidencia de la república, por todas estas razones, no marcaba el fin sino el comienzo de una batalla. Tenía el valor de un episodio . La batalla seguía más exasperada y mas violenta.

Alessandri se veía en la imposibilidad de realizar, parlamentariamente, su plan de reformas sociales y económicas. Lo paralizaba la resistencia activa del bloque conservador y la resistencia pasiva de los elementos indecisos o apocados de su propio bloque liberal, conglomerado heteróclito, dentro del cual se constataba la existencia de intereses e ideas encontradas, y contradictorias. Y Alessandri, prisionero de sus principios democráticos, carecía de temperamento y de impulso revolucionarios para actuar dictatorialmente su programa .

III

Los hechos se encargaron de demostrar a los radicales chilenos que los cauces legales no pueden contener una acción revolucionaria. El método democrático de Alessandri, mientras por una parte resultaba impotente para constreñir a los conservadores a mantenerse en una actitud estrictamente constitucional. Amenazada en sus intereses, la plutocracia se aprestaba a reconquistar el poder mediante un golpe de mano.

Vino el movimiento militar. La historia íntima de este movimiento no está aún perfectamente esclarecida. Pero, a través de sus anécdotas, se percibe que el espíritu de la juventud militar no solo repudiaba la idea de una vuelta del antiguo régimen sino que reclamaba la ejecución del programa radical combatido por la coalición conservadora y sabotado por una parte de la misma gente que rodeaba a Alessandri. La juventud militar insurgió en defensa de este programa. Fueron los almirantes y generales, coludidos con los conservadores, quienes deformaron prácticamente las reinvindicaciones del ejército. Los conservadores habían empujado al ejército a la insurrección a fin de recoger de sus manos, después de un intermezzo militar, la. perdida presidencia de la república. Contaban, para el éxito de esta, maniobra, con la colaboración de Altamirano y de la capa superior del ejército, profundamente saturada de una ideología conservadora. Confiaban, además, en la posibilidad de que la, caída de Alessandri quebrantase el bloque de izquierda, cuyas figuras espirituales e ideológicas aparecían evidentes a todos los ojos.

Mas, contrariamente a estas previsiones, el espíritu revolucionario estaba vivo y vigilante. Las izquierdas, en vez de disgregarse, se reconcentraron rápidamente. El pueblo respondió a su llamamiento. La junta de gobierno del general Altamirano, ramplona copia del directorio español, descubrió su burdo juego. Su concomitancia con la plutocracia chilena quedó claramente establecida. Y la juventud militar se dedicó a liquidar el engaño. Un golpe de mano fue rectificado o anulado con otro golpe de mano. (Rudos golpes ambos para los pávidos e ilusos asertores de las legalidad a ultranza).

IV

Ahora la vuelta de Alessandri al poder, plantea aparentemente la cuestión política en los mismos términos que antes. Pero la realidad es otra. No se sale en vano de la legalidad, sea en el nombre de un interés reaccionario, sea en el nombre de un interés revolucionario. Y una revolución no termina hasta que no crea una legalidad nueva. Hacia ese fin se mueven los revolucionarios chilenos. Por eso, se habla de una convocatoria a una asamblea constituyente. Los liberales moderados trabajarán por convertir esta asamblea en una academia de retórica política que revise prudente e inocuamente la constitución pero los elementos de vanguardia tratarán de empujar a la asamblea a un veto y una actitud revolucionarias.

El problema económico de Chile no admite equívocos compromisos entre las derechas y las izquierdas. Una solución conservadora echaría sobre las espaldas de las clases pobres todo el peso de la normalización de la haciendo chilena. Y las clases populares agitadas por las actuales corrientes ideológicas, no se resignan a aceptar esa solución. Sostienen, por esto, a los partidos de la alianza liberal.

Y por el momento han ganado la batalla.

José Carlos Mariátegui

La reacción de México

Objetivamente considerado, el conflicto religioso en México resulta, en verdad, un conflicto político. Contra el gobierno del general Calles, obligado a defender los principios de la Revolución, insertados desde 1917 en la constitución mexicana, más que el sentimiento católico se rebela en este instante el sentimiento conservador. Estamos asistiendo simplemente a una ofensiva de la Reacción.

La clase conservadora y terrateniente, desalojada del gobierno por un movimiento revolucionario cuyo programa se inspiraba en categóricas reivindicaciones sociales, no se conforma con su ostracismo del poder. Menos todavía se resigna a la continuación de una política que, —aunque sea con atenuaciones y compromisos— actúa una serie de principios que atacan sus intereses y privilegios. Por tanto, las tentativas reaccionarias se suceden. La reacción naturalmente, disimula sus verdaderos objetivos. Trata de aprovechar de las circunstancias y situaciones desfavorables al partido gubernamental. La insurrección encabezada por el general de La Huerta fue hace tres años sus última ofensiva armada. Batida en otros frentes, presenta ahora batalla a la Revolución en el frente religioso.

No es el gobierno de Calle el que ha provocado la lucha. Por el contrario, acaso para atemperar las prevenciones suscitadas por su reputación de radical incandescente, Calles se ha mostrado en el gobierno más preocupado de la estabilización y afianzamiento del régimen que de su programa y su origen revolucionario. En vez de acelerar el proceso de la revolución mexicana, —como se esperaba de parte de muchos,— el gobierno de Calles lo ha contenido. La extrema izquierda, que no ahora censuras a Calles, denuncia al laborismo que su gobierno representa como un laborismo archidomesticado.

Por consiguiente, la agitación católica y reaccionaria no aparece causada por una política excesivamente radical del gobierno. Aparece más bien, alentada por una política transaccional que ha persuadido a los conservadores de declinamiento del sentimiento revolucionario y ha separado del gobierno a una parte del proletariado y a varios intelectuales izquierdistas.

El proceso del conflicto revela plenamente su fondo político. México atravesaba un periodo de calma cuando los altos funcionarios eclesiásticos anunciaron de improviso, y en forma resonante, su repudio y sus desconocimiento de la constitución de 1917. Esta era una declaración de beligerancia. El gobierno de Calles comprendió que preludiaba una activa campaña clerical contra las conquistas y los principios de la Revolución. Tuvo que decidir, en consecuencia, la aplicación integral de los artículos constitucionales relativos a la enseñanza y al culto. El clero, manteniendo su actitud de rebeldía, no ocultó sus voluntad de oponer una extrema resistencia al Estado. Y el gobierno quiso entonces sentirse armado suficientemente para imponer la ley. Nació así ese decreto que amplía o reforma el código penal mexicano estableciendo graves sanciones contra la trasgresión y la desobediencia de las disposiciones constitucionales.

Este es el decreto contra el cual insurge el clero mexicano suspendiendo los servicios religiosos en las iglesias e invitando a los fieles a una política de no-cooperación disminución de sus gastos al mínimo necesario a fin de reducir en lo posible su cuota al Estado.

El rigor de algunos de las disposiciones del decreto —verbigratia de la que prohíbe el uso del hábito religioso fuera de los templos— es sin duda excesivo. Pero no se debe olvidar que se trata de una ley de emergencia reclamada al gobierno por la necesidad política, más que por el compromiso programático o ideológico, de aplicar, en el terreno de la enseñanza y el del culto, los principios de la Revolución.

La Iglesia invoca esta vez en México un postulado liberal: la libertad religiosa. En los países donde el catolicismo conserva sus fueros de confesión del Estado, rechaza y execra este mismo postulado. La contradicción no es nueva. Desde hace varios siglos la Iglesia ha aprendido a ser oportunista. No se ha apoyado tanto en sus dogmas como en sus transacciones. Ya, por otra parte, el ilustre polemista católico Louis Veuillot, definió hace tiempo la posición de la Iglesia frente al liberalismo en su célebre respuesta a un liberal que se sorprendía de oírle clamar por la libertad: —"En nombre de tus principios, te la exijo; en nombre de los míos, te la niego."

Pero en la historia de México, desde los tiempos de Juárez hasta los de Calles, le ha tocado al clero combatir y resistir a las reivindicaciones populares. La Iglesia ha contrastado siempre en México, en nombre de la tradición, a la libertad. Por ende, su actitud de hoy no se presta a equívocos. La mayoría del pueblo mexicano sabe demasiado bien que la agitación clerical es esencialmente una agitación reaccionaria.

El estado mexicano pretende ser, por el momento, un estado neutro, laico. No es el caso de discutir su doctrina. Este estudio no cabe en un comentario rápido sobre la génesis de los actuales acontecimientos mexicanos. Yo, por mi parte, he insistido demasiado respecto a la decadencia del Estado liberal y al fracaso de su agnosticismo para que se me crea entusiasta de una política meramente laicista. La enseñanza laica, como otra vez he escrito, es en sí misma una gastada fórmula liberal.

Pero el laicismo en México, —aunque subsistan en muchos hombres del régimen residuos de una mentalidad radicaloide y anticlerical— no tiene ya el mismo sentido que en los viejos Estados burgueses. Las formas políticas y sociales vigentes en México no representan una estación del liberalismo sino una estación del socialismo. Cuando el proceso de la revolución se haya cumplido plenamente, el Estado mexicano no se llamará neutral y laico sino socialista.

Y entonces no será posible considerarlo antireligioso. Pues el socialismo, es también una religión, una mística. Y esta gran palabra Religión, que seguirá gravitando en la historia humana con la misma fuerza de siempre, no debe ser confundida con la palabra Iglesia.

José Carlos Mariátegui.