(...) de restauración del Kaiser, llega a este aniversario visiblemente liquidado. El partido nacionalista, contra la recalcitrante protesta de su derecha, no ha tenido más remedio que aceptar la condición de partido republicano para mantener su influencia en el gobierno del país. Queda, sin duda, muchos monárquicos en Alemania. I una marejada reaccionaria, acrecentaría su número quien sabe en qué proporción. Pero la República de Weimar reposa en el cimiento de una sólida mayoría.
De este resultado, se ufana, en primera línea, la social-democracia que, instalada en el poder, de nada se preocupó tanto como de usar de él con prudencia. Pero, en análisis de los acontecimientos, enseña algo muy diverso. El estado mayor de teóricos y burócratas del partido social-demócrata, no se había planteado nunca la cuestión de la toma del poder. El derrumbamiento de la monarquía, los obligó a asumir el gobierno, antes de que hubiesen tenido tiempo de reponerse de la impresión de este cambio, que excedía violenta y desmesuradamente los más osados cálculos de su determinismo y las más distantes esperanzas de su educación parlamentaria. I si la marca reaccionaria que siguió al fracaso de la última ofensiva del proletariado, no restableció la monarquía, el mérito del salvataje de la República, en esa crisis, no pertenece ciertamente a la social democracia. La República, si se prescinde del apoyo que le prestaba el consenso pasivo de las capas sociales gubernamentales por inercia o por precaución, no estaba defendida válidamente sino por el proletariado. La huelga general que obligó a capitular al general Kapp, a los pocos días de su golpe de mano de Berlín, reveló a la burguesía industrial y financiera de Alemania el peligro de jugar a la restauración.

Gobetti tiene un sitio solitario e individual entre los críticos e historiadores del Risorgimento italiano. En este como en todos los debates, su posición era el resultado de un severo y original análisis de los hechos y las ideas, lo más distante posible de las fáciles transacciones de la erudición con las fórmulas de curso, oficiales. No era la crónica de la Unidad Italiana lo que le interesaba; menos todavía la solemne galería de los próceres victoriosos. Sus estudios prefirieron la reivindicación de los precursores vencidos por lo mismo que en ellos es más inteligible y diáfana la preparación ideal del Risorgimento.
En el prefacio del volumen que reúne estos estudios, escribe Gobetti: “El Risorgimento italiano es recordado en sus héroes. En este libro me propongo mirar el Risorgimento a contra luz, en las más oscuras aspiraciones, en los más insolubles problemas, en las más desesperadas esperanzas: Risorgimento sin héroes”. “La exposición no agradará -añade- a los fanáticos de la historia hecha: me atribuirán un humor díscolo, para reprobarme lagunas arbitrarias. Pero yo no quería hablar del Risorgimento que ellos vulgarizan en sus cátedras de apología estipendiada del mito oficial. El mío es el Risorgimento de los heréticos, no de los profesionales”.
En la crítica histórica y política de los últimos años no han escaseado en Italia actitudes que acusan cierta afinidad, en algunos aspectos, con la de Gobetti, ante los problemas del Risorgimento. Los ensayos de Mario Missiroli, -a pesar de ciertas incoherencias, cuya explicación se encuentra en su elaboración polémica, con variados reflejos de las batallas del periodismo,- constituyen en conjunto valiosos procesos del Risorgimento, en pugna en más de un punto con las interpretaciones catedráticas. En Giovanni Améndola, aunque su obligada discreción de político no le consentía excesiva libertad crítica, se constata igualmente la inclinación a sentir y plantearse el problema de una revolución incumplida, más bien que a contentarse de los formales laureles de su victoria. El fascismo con su política de liquidación reaccionaria del Estado democrático, surgido de esta historia, ha demostrado hasta que punto fue superior a las posibilidades de la burguesía y la pequeña burguesía italianas -a ese demos indiferenciado que se llama el pueblo- el esfuerzo de los líderes y precursores de la unidad por dar a Italia las instituciones y las exigencias de un régimen de libertad y laicismo.
Gobetti situaba su observación en el escenario de donde mejor se podía dominar el panorama de la política italiana: el Piamonte. La unidad italiana como expresión de un ideal victorioso de modernidad y reforma, se presentaba a la inquisición apasionada y señera de Gobetti incompleta y convencional. Las corruptelas de la Italia meridional, agrícola y pequeño burguesa, provincial y pobre, palabrera y gaudente, pesaban demasiado en la política y la administración de un Estado creado por el tesón de las “élites” setentrionales. El Estado demo-liberal era en Italia el fruto de una trasacción entre la mentalidad realista y europea de las regiones industriales del Norte y los gustos cortesanos o demagógicos de las regiones campesinas del Sur, afligidas aún por los problemas de la sequía y la malaria. Y, así como en los años del Risorgimento, la Italia setentrional, y más específicamente el Piamonte, había suministrado a la obra de la unidad, una casa real, la de Saboya, de sobria educación europea, un ideario político de fuerte y propia raigambre, un personal de estadistas y administradores que, de Cavour a Giolitti, se mostraron singularmente dotados para la realización; en los años de post-guerra, partían del Norte las fuerzas que anunciaban vigorosamente una democracia obrera y se formaban en Turín, sede de “L’Ordine Nuovo”, asiento de las usinas de la Fiat, los cuadros de la revolución proletaria. Y una vez más el impulso de una Italia absolutamente moderna, entonada económica y mentalmente al ambiente más estrictamente occidental, se esterilizaba por la resistencia de una Italia provincial, íntimamente güelfa y papista, deformada en la superficie por el espectáculo parlamentario, cuyo verbalismo inconcluyente y cuya retórica espumante inficionaban al propio socialismo, basado en clientelas electorales y agitaciones de la plaza mal avenidas en sus móviles con el entendimiento y la actuación de una política marxista.
Puede decirse que el drama del Risorgimento nunca apareció más vivo, en sus consecuencias, que en los días dramáticos en que, vencida sin combate la revolución socialista, se preparaba por la interacción de diversas fuerzas negativas y reaccionarias la revancha de la Italia pequeño-burguesa contra el Estado liberal. Este es, sin duda, el factor que excita la clarividencia de Gobetti para reconstruir tan lúcida y apasionadamente la génesis ideal del Risorgimento.
Y, a propósito de las ricas sugestiones que la economía ofrece al pensamiento de Piero Gobetti, me he referido al rol que atribuye al parasitismo y a la pobreza, a la corrupción de las plebes conservadoras por la beneficencia y las limosnas del absolutismo y la iglesia, a la ausencia de una economía robusta y de masas operantes y productoras. La lucha por la libertad y la democracia no fue sentida suficientemente en sus fines ideales, en su necesidad histórica, por el pueblo. “El problema de nuestro Risorgimento: construir una unidad que fuere unidad de pueblo, -escribe Gobetti- permanece insoluto porque la conquista de la independencia no ha sido obra fatigosa y autónoma de formación activamente espontánea”. El liberalismo renunció en Italia a los objetivos de la Reforma protestante; el catolicismo, para mantener su predominio, devino demo-liberal; el juego político se sujetó a las leyes del oportunismo y la transacción. Italia no superó, ni aún en su ardiente estación demo-masónica, el equívoco del liberalismo católico. “El diletantismo literario, que había impedido una reforma religiosa y en el mismo modo un movimiento franciscano de redención autónoma, era sustancialmente anárquico y antisocial. Y una psicología libertaria así formada podía aceptar por mera inercia una fuerza tradicional como la iglesia, pero no podía dar su vitalidad a la creación del nuevo Estado; como la historia en su más vasta dialéctica europea desbordaba la contingente voluntad de la mayoría de los ciudadanos italianos, se aceptó la osamenta, el mecanismo del Estado liberal, sin vivificarlo interiormente. Las experiencias del 48 y del 49 ayudaron a la formación de la nueva clase dirigente, pero debiendo esta aceptar el equívoco que la circundaba, tuvo solamente una función de práctica habilidad, no fue revolucionaria, no creó al Estado. “En estas palabras está expresada la tragedia de una clase dirigente a la que la Italia fascista ha vuelto las espaldas, pero a la que debe, sin duda, Italia, su puesto actual en el mundo moderno.

El intermezzo Berenguer
La agitación política a que debe hacer frente en España el gobierno de transición del general Berenguer, no ha tardado en cobrar un acentuado tono antimonárquico. Unamuno, recibido jubilosamente en España, a nada se ha apresurado tanto como a reafirmar su posición republicana. No habría podido tomar otra actitud, después de sus vehementes campañas en Hendaya. Pero, probablemente, en los cálculos del restablecimiento del régimen constitucional entraba cierta confianza de que la satisfacción por la caída del Primo de Rivera atenuase en los políticos en ostracismo el enojo contra la monarquía.
La dictadura de Primo de Rivera ha tenido el paradójico resultado de resucitar en España al Partido Republicano. Los socialistas habían ido desplazando, poco a poco, a los republicanos, antes de esta crisis de la legalidad, de sus posiciones electorales. Durante la dictadura, el partido socialista ha acrecentado su poder y su influencia. Pero, en parte, ha sido por el rol democrático que su oposición le asigna en el futuro próximo de España. Más que un partido socialista, desde el punto de vista de la composición y la ideología, es un partido demo-liberal. El republicanismo, el antimonarquismo es el aspecto que más expectación enciende en torno a su política. I es lógico que, en esta situación, los antiguos republicanos se sientan también llamados a jugar un rol. La dictadura militar no miraba a otra cosa que a un retorno absolutista. Su fracaso reabre la cuestión del régimen, la cuestión monarquía o república, que los partidos constitucionales creían definitivamente superada o abandonada, con el desarrollo de un movimiento socialista que trasladaba las reivindicaciones de las masas al terreno económico y social.
La monarquía está comprendida en el proceso a Primo de Rivera. El conde de Romanones ha hecho, según el cable, declaraciones que indican su preocupación respecto a la suerte del orden monárquico en España. A su juicio, los acontecimientos exigen una transformación del régimen. España necesita una monarquía constitucional, un orden parlamentario como el de Inglaterra. El viejo ideal de los monárquicos liberales reaparece, en la mente y la práctica de estos, como la fórmula salvadora. La subsistencia del régimen monárquico no tiene otra garantía.
El gobierno de transición de Berenguer, como ya he tenido oportunidad de remarcarlo, asume el encargo de liquidar la dictadura militar; pero es todavía la continuación de esta dictadura, con nuevo personal y diverso programa. La legalidad no está restablecida. El objeto de este gobierno es la normalización, pero la normalización no puede obtenerse por decreto real. La suspensión parcial de la Constitución se mantiene vigente. Berenguer, por ejemplo, tiene que seguir usando la censura de la prensa. La agitación de los partidos y las masas, lo coloca frente a una grave cuestión de procedimiento: ¿Puede su gobierno autorizar o tolerar, inmediatamente, mítines, manifiestos, campañas que son, legalmente, normales? Si la Constitución continúa en suspenso, si los derechos de reunión, de prensa, de negociación no son restituidos al pueblo, ¿Cómo podrá hablarse de restablecimiento de la legalidad? Las medidas restrictivas, en instantes de efervescencia popular, provocarán protestas. I estas, a su vez, incitarán al gobierno de la represión.
Cuando las condiciones políticas de un país llegan a este punto, la revolución puede comenzar en un tumulto. Después de una aventura como la de Primo de Rivera, la vuelta a la constitución no puede cumplirse sin riesgos. Los partidos de oposición entienden, lógicamente, la derrota del dictador como su victoria. Los victoriosos no se conforman fácilmente con que a la hora de la paz se les escamotee las ventajas de la derrota, del fracaso del enemigo. Las cosas se complican con la complicidad notoria de Alfonso XIII, con su interés personal en el golpe de Estado del Marqués de Estella.
La monarquía, ante la bancarrota de la política de Primo de Rivera, ha ofrecido para salvarse la vuelta lisa y llana a la Constitución. Esto es todo lo que la monarquía puede prometer. Pero es mucho más lo que la oposición se encuentra con derecho y con fuerzas para reclamar. El Conde de Romanones: viejo y astuto servidor del régimen, pide que la monarquía se convierta en una monarquía liberal de tipo inglés. Es la reivindicación de un cortesano y de un parlamentario: la reivindicación mínima. Los republicanos quieren la República, los socialistas denuncian la incompatibilidad de la monarquía actual con un orden democrático. Lo que las masas demandarán, en la calle, en los comicios, si se le consiente formular públicamente sus desideratas, será no unas Cortes ordinarias, normalizadoras, sino una Constituyente. Quien dice Constituyente, en las presentes circunstancias, dice Revolución.
El segundo acto de este drama, después del intermezzo Berenguer, si las fuerzas republicanas y socialistas no son en España suficientemente activas y eficaces para empujar al país por este camino, puede ser, por ende, la dictadura absolutista. Ya se ha hablado de la intención de Alfonso XIII de jugar, eventualmente, a la misma carta que Alejandro, el Rey de Yugo-Eslavia. La Unión Patriótica, en previsión de las emergencias posibles, no desarma sus cuadros. Berenguer, conforme a un cablegrama último, se ha visto obligado a telegrafiar a los capitanes generales del reino “recordándoles que la función militar es incompatible con la actuación política y que, su consecuencia, los militares que actuaban en el partido de la Unión Patriótica deben abandonar esa labor política”.
¿Quiénes obran más enérgica y prontamente? ¿Los agentes de la reacción, batidos en la batalla de Primo de Rivera, o las fuerzas de la revolución, sorprendidos por los acontecimientos y carentes de una organización de combate?

Las elecciones colombianas
Ha concluido el gobierno de los conservadores en Colombia. En apariencia, los liberales han ganado las elecciones porque los conservadores se presentaron divididos en ellas. Pero no hay que atenerse a lo aparencial en la estimación de los fenómenos históricos. La división no habría sido posible sin una grave y honda crisis de la política conservadora. Es a esta crisis a la que los conservadores deben su derrota revolucionaria. El cisma del partido, el antagonismo de valencistas y vasquistas, no era sino un síntoma.
El gobierno conservador tendía, a la agitación social y política del país, a una política fascista. El acto más significativo de la administración del Dr. Abadía ha sido la “ley heroica” que niega a la acción política clasista del proletariado de las libertades que la Constitución del Estado acuerda a la expresión de todos los programas e ideologías. La represión sanguinaria de las huelgas de las bananeras no ha sido otra cosa que la aplicación a la lucha contra las reivindicaciones proletarias de los principios fascistas en que se inspiraba esa ley de excepción. El general Rengifo, ministro de guerra del Dr. Abadía hasta los acontecimientos que impusieron su caída, no ha disimulado sus propósitos fascistas. Se ha ofrecido, en todos los tonos, a la clase conservadora para el aplastamiento de las fuerzas revolucionarias. Es uno de esos Martínez Anido hispano-americanos que sueñan con los honores de gendarmes de la Reacción. El general Vásquez Cobo era el candidato de su tendencia. En los primeros tiempos sonó el del propio Rengifo como el de un posible candidato. Pero Rengifo había caído demasiado estruendosamente repudiado por las masas en las manifestaciones que forzaron al Dr. Abadía a licenciar a sus más belicosos y comprometedores ministros. Vásquez Cobo, además, a juicio de un mayor número de conservadores, reunía mejores aptitudes para desenvolver un programa equivalente.
Pero no todos los conservadores se inclinaban a este método. La mayoría del partido está aún formada por gente parsimoniosa, reacia a salir de las viejas normas del conservantismo clásico. La escisión del partido ha sido, por esto, inevitable.
Los liberales no estaban dispuestos a presentar candidato. Hace algunas semanas creían que su mejor política era, una vez más, la abstención. Una rama del partido entendía la abstención como el preámbulo de una acción insurreccional. El declinio de los conservadores, el descrédito creciente de su método gubernamental, reforzaba crecientemente al partido liberal. Los liberales se aprestaban a recoger la herencia del gobierno. Pero había discrepancias sobre la mejor forma de apresurar la sucesión. El triunfo de Olaya Herrera [en las elecciones] es el triunfo de la tendencia pacifista y conciliadora del [partido. A Olaya Herrera] de nada se ha preocupado tanto como de presentarse como un [candidato nacional,] como un hombre exento de espíritu de facción.
Los intereses imperialistas juegan un rol primordial en la política colombiana. Uno de los más sonoros incidentes de la designación de los candidatos conservadores, fue como se sabe el veto del Dr. Concha por sus antecedentes de canciller que defendió celosamente la soberanía nacional frente a la agresiva política yanqui. Vásquez Cobos representaba ostensiblemente una política favorable al capitalismo norte-americano. También, bajo este aspecto, aunque muy discreta y atenuadamente, Valencia encarnaba la tradición conservadora. Olaya Herrera, ex-embajador en Washington, tiene toda la simpatía de los intereses de Estados Unidos. Sus declaraciones, a este respecto, han sido, por lo demás explícitas.
El proletariado colombiano ha afirmado en las elecciones su orientamiento clasista, votando por la candidatura de Alberto Castrillón, líder de la huelga de las bananeras. El partido socialista revolucionario no se ha hecho ninguna ilusión respecto a su fuerza electoral al presentar esta candidatura. Ha querido únicamente proclamar la autonomía de la política obrera.
José Carlos Mariátegui.

El tramonto de Primo de Rivera
Con escepticismo de viejo mundano, no exento aún del habitual alarde fanfarrón, el Marqués de Estella prepara su partida del poder. El año 1930 señalará la liquidación de la dictadura militar, inaugurada con hueca retórica fascista hace seis años.
Estos seis años de administración castrense debían haber servido, según el programa de Primo de Rivera, para una completa transformación del régimen político y constitucional de España. Pero esta es, precisamente, la promesa que no ha podido cumplir. Después de seis años de vacaciones, no muy alegres ni provechosas, la monarquía española regresa prudentemente a la vieja legalidad. El proyecto de reforma constitucional, boicoteado por todos los partidos, ha sido abandonado. Primo de Rivera no ha podido persuadir al rey de que debe correr hasta el final esta juerga. El rey prefiere restaurar, con gesto arrepentido, la antigua constitución y los antiguos partidos. A este mísero resultado llega una jactanciosa aventura que se propuso nada menos que el entierro de la vieja política.
Unamuno puede reír del trágico-cómico acto final de esta triste farsa con legítimo gozo de profeta. Los que encuentran siempre razones para vivir el minuto, pensando que “lo real es racional”, declararon exagerada y hasta ridícula la campaña de Unamuno en Hendaya. El filósofo de Salamanca, según ellos, debía comportarse con más diplomática reserva. Sus coléricas requisitorias no les parecían de buen tono. Ahora quien da “zapatetas en el aire” no es el gran desterrado de Hendaya. Es el efímero e ineficaz dictador de España que, en el poder todavía, hace el balance de su gobierno frustrado. Sirvió hace seis a su rey y para una escapatoria de monarca calavera. I ahora su rey lo licencia, para volver a la constitucionalidad.
La dictadura flamenca del Marqués de Estella no ha cumplido siquiera el propósito de jubilar definitivamente a los viejos políticos. Los más acatarrados liberales y conservadores se aprestan a reanudar el juego interrumpido en 1923. Primo de Rivera es un jugador que ha perdido la partida. No jugaba por cuenta suya, sino por la del rey. Alonso XIII no le ha dejado al menos terminar su juego.

La conferencia de La Haya
La nueva conferencia de la Haya relega a segundo término a los diplomáticos de la paz capitalista. Esta vez es Tardieu y no Briand quien tiene la palabra a nombre de Francia. Mientras Tardieu exige la inclusión en el protocolo sobre el pago de las reparaciones de las sanciones militares que se adoptarán en caso de incumplimiento de Alemania, Briand prepara las frases que pronunciará en Ginebra, en el consejo de la Liga de las Naciones. Los propios delegados financieros pasan a segundo término. Tardieu necesita satisfacer el nacionalismo del electorado en que se apoya su gobierno. I hasta ahora, a lo que parece, los antiguos aliados de Francia lo sostienen. Briand ha quedado desplazado del puesto de responsabilidad. Tardieu engancha sus poderes en el ministerio que preside y en el que desempeña la cartera del interior. Negociador del tratado de Versailles, le toca hoy firmar el protocolo que pone en vigencia, ligeramente retocado, el plan Young para el pago de las reparaciones. Hace doce años, en Versailles, le habría sido difícil prever que el capítulo del arreglo de las reparaciones resultase tan largo. Tal vez, en sus previsiones íntimas de entonces, su propia ascensión a la jefatura del gobierno aparecía calculada para mucho antes de 1929.
El gobierno alemán, en visible crisis desde la renuncia de Hilferding, sacrificado al implacable director del Reichsbank, puede regresar seriamente disminuido en su prestigio a Berlín, si Tardieu obtiene en la Haya la suscripción de sus condiciones.

La limitación de los armamentos navales
En otra estación se encuentra el debate sobre la limitación de los armamentos navales de las grandes potencias. La conferencia de las cinco potencias vencedoras en la guerra mundial, -Estados Unidos, Gran Bretaña, Japón, Francia e Italia-, que se reunirá en Londres no cuenta con más base de trabajo que el entendimiento anglo-americano. Para arribar a un acuerdo de las cinco potencias, hace falta todavía concretar las reivindicaciones del Japón, Francia e Italia entre si y con el equilibrio y la primacía de las escuadras de la Gran Bretaña y Estados Unidos. El Japón aspira una proporción mayor de la que estas dos potencias le han fijado. Francia resiste a la supresión del submarino como arma naval. Italia reclama la paridad franco-italiana. Anteriormente, Italia era también favorable al submarino; pero conforme a los últimos cablegramas parece ahora ganada a la tesis adversa. En cambio, se muestra irreductible en cuanto al derecho a tener una escuadra igual a la de Francia. Este derecho, por mucho tiempo, sería solo teórico. Su uso estaría condicionado por las posibilidades económicas del país. Mas el gobierno fascista considera la paridad como una cuestión de prestigio. Un régimen que se propone restituir a Italia su rol imperial no puede suscribir un pacto naval que la coloque en un rango inferior al de Francia.
Francia, a su vez, sentiría afectado su prestigio político por la paridad de armamentos navales con Italia. Aceptar esta paridad sería consentir en una disminución de su jerarquía de gran potencia o convenir en la ascensión de Italia al lado de una Francia estacionaria no obstante la victoria de 1928. Tardieu no es el gobernante más dispuesto a este género de concesiones que podrían comprometer su compósita mayoría parlamentaria.
Las perspectivas de la conferencia son, por tanto, muy oscuras. No existe sino un punto de partida: el acuerdo de los Estados Unidos y la Gran Bretaña para dividirse la supremacía marítima. I, por supuesto, no es el caso de hablar absolutamente de desarme.
José Carlos Mariátegui.

Los votos del congreso nacional hindú
Habría que ignorar toda la historia de la lucha del pueblo hindú por su independencia nacional en la etapa que comienza en 1918, para sorprenderse del voto del Congreso Nacional de la India reunido en Lahora. El Congreso Nacional, al que las declaraciones británicas tratan de restar autoridad ahora porque ha cesado de ser una asamblea de espíritu colaboracionista, auspiciada semi-oficialmente por los funcionarios del Imperio, no ha llegado a este voto, sino a través de una serie de experiencias, determinadas por el movimiento de las masas. El primer paso positivo de esta asamblea hacia la emancipación de la India fue el de establecer en 1916 el acuerdo entre mahometanos e hinduistas. La corriente nacionalista revolucionaria dominó en 1918 en el Congreso en forma que parecía enunciar una decidida lucha por la emancipación. Pero era esa la época irresistible creciente del gandhismo. Las masas estaban bajo la sugestión del Gandhi, que se proponía obtener el triunfo de la causa swarajista mediante la desobediencia civil. Repetidas veces se aplazó la aplicación de esta medida, destinada, no obstante su carácter pasivo, a conducir al pueblo hindú a un conflicto abierto con sus opresores. Pero este efecto disgustó el Gandhi, a quien las primeras escenas de violencia disgustaron como un horrendo pecado. En los años siguientes a 1922 el gandhismo tomó el carácter de una experiencia mística más bien que de un movimiento político. Pero el anhelo de libertad vigilaba en las masas y la lucha de clases aseguraba la participación activa y resuelta del proletariado en la batalla por la independencia, que adquiría de este modo un sentido económico-social. Los elementos de la burguesía hindú, partidarios de una reforma moderada que entregase a su clase el poder, dentro del Imperio británico, creyeron que era el momento de buscar una fórmula transaccional. Mas la presión de las masas no dejaba de actuar sobre los debates del Congreso Nacional y sobre el partido swarajista. I la reivindicación de la independencia completa se afirmó victoria en su reunión de diciembre de 1927. Un año después, el Congreso limitaba a un año el plazo dentro del cual aceptaba la autonomía dentro del Imperio. No debe olvidarse que los dos últimos años han sido de agitaciones de masas: a los movimientos huelguísticos de Bombay y Calcuta siguieron en 1928 las demostraciones hostiles con que fuera recibida la comisión británica presidida por Mr. John Simon.
Hoy el Congreso Nacional, a propuesta de un leader como el Mahatma Gandhi a quien nadie tachará sin duda de violento, ha proclamado la independencia absoluta de la India, porque a esto la comprometían, en términos perentorios, sus propias anteriores deliberaciones y porque en este sentido se pronuncia, con energía cada vez más visible, las clases trabajadores y campesinas. Los ingleses fingen subestimar el valor de este voto, con argumentos tan superficiales como el de que este Congreso carece de facultades legales. Evidentemente, no es compatible con el régimen colonial que pesa sobre la India el funcionamiento de un parlamento del pueblo hindú de reconocidos poderes legislativos. [Pero este] Congreso no por eso representa menos a las masas hindúes. El imperialismo [se] apresta, por eso, a resistirlas en las fábricas, en las ciudades [industriales], que serán los centros principales de la lucha revolucionaria. I la izquierda reclama la movilización inmediata de los sindicatos obreros.
El Congreso ha resuelto el boycott de las legislaturas provinciales. A estos burlescos consejos legislativos de provincias se reducía la participación que la constitución vigente de la India, implantada en 1919, concedía a los hindús en la administración de su país. Su función es puramente consultiva, por lo que estuvieron siempre boycoteados por los nacionalistas. El número de electores es, además, conforme con la ley, muy restringido. Con estas asambleas [serán] boycoteados los cuerpos que asisten al gobernador en la administración [de] cada ciudad una de las nueve provincias de la India, pero cuyas decisiones pueden [ser revisadas] y contrariadas por el Virrey, suprema autoridad.
El propósito de prolongar las sesiones del Congreso, que conforme a la costumbre debería terminar sus labores el 19 de enero, es un dato significativo de la intención de la asamblea de no detenerse en la proclamación platónica de la independencia de su país.

El Gobierno de Nanking contra la extraterritorialidad
Otro aguinaldo para el imperialismo británico en particular y para las potencias beneficiadas por el régimen de extraterritorialidad en general, ha sido la abrogación de esos privilegios por el gobierno de Nanking. No hay que ver, por supuesto en este acto, un signo de la voluntad revolucionaria del gobierno de Nanking de poner en práctica el programa nacionalista que Chang Kai Shek renegó desde su golpe de estado. El derecho de extraterritorialidad, -que sustrae a los súbditos de los más poderosos Estados del mundo, con excepción de la URSS que renunció expresamente a todos estos privilegios, responsables de un delito cualquiera a la acción de la justicia china y coloca en cambio todo acto en daño de sus intereses bajo el fuero de sus propios jueces,- irrita y ofende profundamente al [pueblo] chino. Todas las ofensivas que ha tenido que afrontar hasta hoy el [gobierno de] Nanking, contra el cual una parte de China sigue en armas, [reconocen su] origen en el abandono de los principios de la revolución por Chang Kai Shek y sus colaboradores. César Falcón, comentando la situación del gobierno de Nanking, observaba recientemente que si el gobierno británico hubiese aceptado negociar sobre la extraterritorialidad, lo habría reforzado. Negándole toda chance en esta reivindicación, lo disminuía y debilitaba ante el pueblo. Las insurrecciones encontraban un terreno favorable.
Son, pues, razones de política interna, las que mueven a Chang Kai Shek a batirse por la extraterritorialidad. Su declaración ha sido posible, porque una profunda exigencia de las masas la demanda desde hace mucho tiempo. Este hecho es garantía de que la China no retrocederá en la resolución adoptada. La extraterritorialidad está en crisis definitiva. Su anulación forma parte del proceso de la lucha anti-imperialista de la China.
José Carlos Mariátegui.

Como estaba anunciado, el gabinete Briand ha zozobrado al primer choque con la marea parlamentaria. Era un ministerio interino, que en su propio seno portaba sus elementos de destrucción. André Tardieu, su Ministro del Interior, aspira demasiado visiblemente a la presidencia del gabinete. Su ofensiva policial contra el proletariado revolucionario daba el tono al gobierno de Briand en la política interna. Tardieu, además, es uno de los hombres de Versailles. El hecho de que un antiguo clemencista como Handel, haya participado destacadamente en el ataque parlamentario a la política de Briand, no carece de significación. Tardieu, probablemente, no lleva su solidaridad con la gestión de Briand, en los negocios extranjeros, sino hasta un límite prudente. Si en la derecha y el centro del parlamento prevalece un humor nacionalista, Tardieu no podrá dejar de conformar a él su actitud. Es ya jefe, el ministro de la reacción. Personalmente, está ligado a las garantías militares y territoriales del pacto de Versailles.
Briand ha sido batida por el ataque simultáneo de Marin, Handel y Montigny, esto es de dos líderes de su propia mayoría y uno del grupo radical-socialista. El grupo de Louis Marin votó a favor del ministerio; pero ya este estaba en minoría. Todo esto entre en las reglas de juego parlamentario.
El papel de los socialistas, bajo la dirección refinadamente jesuítica de León Blum no parece ser otro que el del salvataje del ministerio. El partido socialista francés hace, desde el 11 de mayo de 1924, una política de “soutien”. No importa que en el gobierno se encuentren los radicales-socialistas o el bloque nacional, Herriot o Poincaré. La política de sostén es actuada en el primer caso como táctica de partido ministerial; en el segundo caso como de partido de oposición. No cambian sino los nombres, las formas; la estrategia y sus objetivos son los mismos. Los socialistas temen que el ministerio futuro sea más reaccionario, más adverso a los intereses de su partido, que el ministerio presente. Este miedo al porvenir, los paraliza para la lucha. El gobierno de Briand les parece, probablemente, el único medio de postergar el gobierno de Tardieu. Pero Tardieu gobierna ya, aún con Briand en el ministerio de negocios extranjeros, con la desventaja por el indumento y el tocado democráticos y legales. En todo caso, para un partido como el socialista, que se imaginaba no hace mucho, cuando la creciente revolucionaria le consentía infinitas ilusiones sobre su porvenir próximo, que pronto estaría en grado de asumir íntegramente en sus manos el poder, es un rol bien pobre el de condenarse, en el parlamento, a una táctica de salvataje de Poincaré o Briand.
Con esta política se espera, sin duda, que Briand conserve el poder, organizando el nuevo gabinete, que Briand suceda a Briand. Pero, amotinados por Caillaux contra toda forma de poincarismo, muchos de los radicales-socialistas son un obstáculo para que Briand ensanche a izquierda las bases parlamentarias del gabinete de León Blum a hacer una política ministerial como partido de oposición.
Pero Tardieu aguarda su hora. Puede avenirse a una renovación de la fórmula interina Briand, si su instituto parlamentario le indica que no ha llegado todavía. Es difícil que Briand, en un nuevo período, prescinda de los servicios de un ministro del interior tan del gusto y la confianza de la burguesía. Un gabinete de Briand-Tardieu es quizá el que más conviene a los intereses y sentimientos de la burguesía francesa, aún de la más conservadora. De esta suerte, a política de represión, los métodos fascistas, son aplicados por el más agresivo parlamentario de la reacción, dentro de un ministerio de unión nacional, a la que el propio partido socialista presta su apoyo, con la convicción de que así hace su propio juego y sirve maquiavélicamente sus propios intereses.

La política de “borrón y cuenta nueva” en España
El gobierno de Berenguer caracteriza bien los intereses y los propósitos del retorno a la constitucionalidad en España. El objeto de esta maniobra, a que se ha visto forzada la monarquía ante la amenaza de una insurrección, se reduce al sargento del régimen, seriamente comprometido por la aventura de Primo de Rivera. La elección de Berenguer para el gobierno de España en el período de liquidación de la dictadura, confirma y continúa el espíritu de la política que condujo a la monarquía al golpe de estado de 1923. Las razones de Estado de la suspensión del orden parlamentario y constitucional residían en la cuestión de las responsabilidades de la guerra en Marruecos, estruendosamente agitada por la oposición, con inmensa resonancia en el pueblo. Es sintomático, por tanto, que el Rey eche mano de Berenguer, el general encausado por esas responsabilidades, para liquidar la dictadura y restablecer la Constitución. Berenguer, adversario o rival de Primo de Rivera, reúne para esta tarea condiciones que no se encontraría en otro jefe del ejército. Es uno de esos generales de monarquía parlamentaria, relacionado políticamente con los liberales y conservadores que se turnan en la función ministerial. Alfonso XIII cuenta con que la opinión tendrá más en cuenta su oposición a la dictadura que sus antecedentes de generalísimo de una campaña perdida.
La vieja constitución resulta ahora el mejor y único baluarte de la monarquía. Primo de Rivera no asignó a su dictadura, sancionada y usufructuada por el Rey, otra empresa que la de derogarla y sustituirla. Pero, fracasado este empeño, Alfonso XIII no depone de arma más preciosa para defender y conservar el régimen.
La transición, conforme a las previsiones monárquicas, debía haberse cumplido más suavemente. Se tenía la esperanza de disponer del plazo de algunos meses para la preparación sentimental y práctica del cambio. Pero los acontecimientos, a última hora, se ha precipitado, arrojando una luz demasiado viva sobre el fracaso de la política del Rey. El cambio se ha operado de un modo brusco. Primo de Rivera se ha visto lanzado del poder. Ha sido ostensible para todos el carácter de apresurado acto del salvamento de la monarquía que tiene la constitución del ministerio de Berenguer.
La composición del ministerio corresponde a su función. Si el gabinete de transición se hubiese formado en condiciones normales de suave restauración de la constitucionalidad, habrían aceptado colaborar en él algunas primeras figuras de los partidos monárquicos. Berenguer no ha podido obtener ni aún la participación aislada de Cambó, que se reserva para más altos destinos. Su gobierno está compuesto -salvo el Duque de Alba, personaje dinástico más bien que hombre político- por figuras secundarias del elenco constitucional.
Sin duda, el Rey Alfonso dispone de los diversos Bugallal y Romanones del viejo sistema parlamentario para la defensa de la Constitución y de la Monarquía. Pero a estos mismos consejeros les habría parecido excesiva y prematura su presencia en un gobierno de transición, constituido de manera festinatoria y violenta. Todos esos antiguos consejeros, además, han envejecido mucho políticamente durante la crisis del régimen constitucional. La burguesía española se sentiría, por esto, más eficaz y directamente representada por un hombre como Cambó, que a la encarnación y entendimiento de los intereses políticos, une su agnosticismo doctrinario, su carencia de escrúpulos liberales, su desdén de las fórmulas parlamentarias.
El manifiesto del Partido Socialista y de la Unión General de Trabajadores es el documento más importante y explícito de la serie de declaraciones políticas que ha seguido a la caída de Primo de Rivera. El cable, al menos, no nos ha dado noticia de ningún otro de análoga responsabilidad y beligerancia, aunque puede sospecharse fácilmente la existencia de alguna declaración de los comunistas. Los socialistas han planteado, aunque en términos moderados, la cuestión del régimen. Han tomado posición contra Berenguer, reafirmando su posición republicana. Los republicanos y reformistas se comportan con más prudente reserva. Para Melquiades Álvarez, el único ideal posible es, ciertamente, el regreso a un parlamentarismo acompasado y sedentario, en el que su elocuencia tenga por turnos [la batuta]. Pero falta aún saber si los elementos que más beligerante actitud han mantenido frente a la dictadura de Primo de Rivera, se conforman finalmente con una política de “borrón y cuenta nueva”.
El manifiesto socialista puede ser el preludio de una ofensiva contra el régimen dinástico, lo mismo que puede quedar como una platónica actitud doctrinaria. La palabra, ingrata a Alfonso XIII, que debe sonar en las elecciones es la que ya en 1923 intimidó hasta al pánico a la Corte: “responsabilidades”. ¿Exigirán los opositores, de filiación liberal o constitucional, el deslindamiento y sanción de las responsabilidades dictatoriales? España está en un intermezzo. Con la caída de Primo de Rivera, no ha concluido sino el primer acto de un drama cuyo desenlace no será por cierto el idilio parlamentario y constitucional con que sueñan los Melquiades Álvarez en reposo.

Schober y Mussolini
El coloquio entre Schober y Mussolini tiene al entendimiento amistoso entre los fascistas de Italia y Austria. La política reaccionaria reserva grandes sorpresas, ante todo, para el nacionalismo. Italia ha mirado -y sobre todo Mussolini- con recelo y disgusto el sentimiento pangermanista de los nacionalistas austriacos. Pero la solidaridad reaccionaria se sobrepone ahora a los odios racistas. El ejemplo italiano ha enseñado bastante a los reaccionarios austriacos en su lucha contra los socialistas. I la marcha a Viena -inspirada en la marcha a Roma- es para el fascismo austriaco el símbolo de la conquista de la capital social-demócrata.
La diplomacia austriaca necesita orillar, en su pacto con la diplomacia romana, el peligro de resentir o alarmar a Alemania. No se sabe en qué forma este convenio tutelará los derechos de los austriacos de las tierras redentas, tan destempladamente tratados por el fascismo italiano. El nacionalismo de los reaccionarios es fácil y pronto al olvido. Lo evidente parece, en todo caso, que el fascismo austriaco se siente sentimental e históricamente más cerca del gobierno imperialista de Italia, -tan despectivo con todo lo austriaco- que del gobierno democrático de Alemania.
José Carlos Mariátegui.

La libertad de la enseñanza

I
La libertad de la enseñanza. He ahí otro programa u otra fórmula que cuenta con muchas adhesiones y muchos consensos. Pero he ahí también otra idea sobre cuyo valor práctico conviene meditar más hondamente. La libertad de la enseñanza parece, a primera vista, el desideratum hacia el cual deben tender todos los esfuerzos renovadores. Mas el ideario de los hombres que se proponen transformar nuestra América no puede nutrirse de ficciones. Nada importa, en la historia, el valor abstracto de una idea. Lo que importa es su valor concreto. Sobre todo para nuestra América que tanto ha menester de ideales concretos.
Acerca de la significación actual de la “libertad de la enseñanza” no carecemos de hecho instructivo. Uno de los más considerables es, sin duda, la entusiasta adhesión dada a este principio por los políticos católicos en Italia y en Francia. El partido popular italiano lo ha sostenido como la más sustantiva de sus reivindicaciones. La iglesia romana, sagaz y flexible en movimientos, se presenta como uno de los mayores campeones de la “libertad de la enseñanza”. A la escuela laica opone la escuela libre. ¿Sucede, tal vez, que en el ocaso del liberalismo, la iglesia romana, defensora tradicional de la autoridad y la jerarquía, deviene a su vez liberal? No nos entretengamos en sutiles averiguaciones. La política de la iglesia frente al Estado demo-liberal quedó definida hace muchos años en la célebre respuesta de Vauillot al maligno liberal que se asombraba de que un católico de ortodoxa y rígida estirpe, se convirtiese en un sector de la herética libertad: “En el nombre de tus principios, te la reclamo; en el nombre de los míos, te la niego”. De completo acuerdo con Veuillot, los católicos de esta época no reclaman la libertad de la enseñanza sino, ahí donde tienen que luchar contra la laicidad. Ahí donde la enseñanza no es laica sino católica, la iglesia ex-confiesa categóricamente la escuela libre.
Naturalmente este hecho no desvaloriza en si la “libertad de enseñanza”. Pero nos ayuda a comprender lo relativo y lo convencional de esta fórmula, en cuya defensa coinciden por diversos caminos, los custodios hieráticos de la Tradición no pocos caballeros andantes de la Utopía. Veamos la suerte de los trabajos de estos renovadores.
II
Francia nos ofrece a este respecto un interesante caso. ¿Quién no sabe algo del movimiento de los “Compagnons” de la Universidad Nueva? Este movimiento nació en las trincheras. Fue un fenómeno de la desmovilización. Muchos universitarios y maestros combatientes, sacudidos por la emoción de la guerra y de la victoria, volvieron del frente animados por un vigoroso afán de renovación. Se sintieron destinados a la construcción de la Universidad Nueva. En los “compagnons” de la Francia antigua, en los obreros de las catedrales del Medio Evo, buscaron inspiración y modelo. La Universidad nueva designaba en su espíritu y en su intención, el edificio de toda la enseñanza y de toda la escuela. Los ‘‘compagnons” se proponían reorganizar totalmente la educación pública. Y rehacer íntegramente, en la escuela, la democracia francesa. La guerra los había hecho heroicos y fuertes. La guerra les había dado voluntad combativa y elán revolucionario. “Es preciso -escribían- reconstruir la casa desde los cimientos al tejado. No os hagáis, maestros, ilusiones. Es preciso innovarlo todo, unir y cimentar todo. Es preciso rehacer las ideas, los programas, los métodos y el reclutamiento. Vale más ayudarnos que oponernos la fuerza de la inercia: ayudarnos a organizar nuestra reforma que imponernos vuestra experiencia. Vuestra experiencia es vuestra tradición y vuestra tradición muere con la gran guerra. Seamos claros. No son los profesores de 1900 los que harán la Francia de 1950”.
¿Cómo realizar esta reforma? “La doctrina nueva, respondían los “compañeros”, quiere una institución nueva. Entre el Estado omnipotente y centralizador, indiferente a las vidas interiores y los ciudadanos impotentes, aislados, enconados, es necesario introducir un término medio: la asociación, la organización corporativa. Es necesario, entre el Estado y el individuo, la corporación de la enseñanza, de toda la enseñanza, primaria, secundaria, superior, profesional, la corporación en cada región, lo mismo que, entre la capital centralizada y abstracta y los departamentos, otras que nos preparen las nuevas provincias. Al lado de un Parlamento político, que es un anacronismo, y de un sindicalismo revolucionario, que es una incógnita, queremos crear poderes nuevos. No queremos ese pasado ni tampoco ese porvenir violento. No queremos que la vida se fije en fórmulas políticas, ni se precipite en desencadenamientos instintivos. Queremos que se organice en corporación”.
Este programa de los compagnons, no obstante que proclamaba la falencia del Parlamento y propugnaba la reorganización de la enseñanza sobre una base sindicalista, estaba lejos de ser un programa revolucionario. A análoga descalificación del parlamento arribaban, sin esfuerzo, no pocos hombres de gobierno de Europa. Walter Rathenau, por ejemplo. Rathenau precisamente, en su esquema del nuevo Estado planteaba la necesidad de crear el Estado educador como un organismo distinto del Estado económico y del Estado político. Los “compañeros” de la Universidad Nueva parecían encontrar todo malo en la enseñanza, pero solo en la enseñanza. Su consciencia de los problemas de Francia era demasiado genial, demasiado corporativa. Educados en la escuela de la democracia conservaban todas sus supersticiones. No habían conseguido librarse casi de ninguno de sus prejuicios. “Queremos una enseñanza democrática. La nuestra, en realidad, no lo era aunque se esforzase mucho por parecerlo”. Así escribían estos reformadores evidentemente llenos de buenas y sanas intenciones pero no menos evidentemente ingenuos en cuanto a los medios de traducirlas en actos. No averiguaban cómo, una vez organizada la corporación de la enseñanza, podrían actuar su programa. Se complacían en hacer esta constatación: “El estado ha fracasado en su empeño de hacerlo y centralizarlo todo no pidiendo al individuo sino su obediencia y sumisión. Su inmensa empresa de gestión ha superado sus fuerzas y sus capacidades, pero no ha cedido en sus pretensiones. Por eso hoy, en lugar de actuar como un estimulante es, con frecuencia un obstáculo y los intereses de cuya protección se ha encargado languidecen. Este es un fenómeno general. “¿Aguardaban los compagnons una voluntaria abdicación del Estado en favor de su sindicato? ¿Creían que el Estado, por amor a la democracia pura, acabaría depositando en sus manos el poder de reformar la enseñanza?
La historia, en todo caso, tuvo un curso muy diverso. Las elecciones de la Victoria entregaron ese poder en 1919 a los políticos, ebrios de chauvinismo y autoritarismo, del bloque nacional. Y estos políticos, en el gobierno no tomaron absolutamente en cuenta los generosos planes de los fautores de la Universidad Nueva, tachados a (...).