La dictadura española ha querido celebrar su cuarto aniversario con la convocatoria a la asamblea nacional tantas veces prometida por Primo de Rivera desde que, conchabado con don Alfonso XIII, restauró en España, con especiosos disfraces, la monarquía absoluta. Esta asamblea debía haber sido, conforme al ambicioso designio de Primo de Rivera, cuando enfáticamente anunciaba la inauguración de un nuevo régimen destinado a rehacer España -una asamblea con poderes de constituyente. Pero en estos cuatro años los planes de la dictadura han sufrido más de una metamorfosis. La idea de la asamblea nacional ha encontrado, según se ha dicho, no poca resistencia en la propia monarquía, temerosa de dar un paso excesivo, superior a sus mediocres y achulado oportunismo borbónico. Varias veces la convocatoria a la asamblea ha parecido inminente; otras tantas la ha frustrado el desgano de Alfonso para esta gruesa jugada. Y en esta difícil gestación, la asamblea se ha achicado a tal punto que ahora que nos la enseñan nacida, casi no la reconocemos. No porque la esperásemos más o menos apta y válida, sino porque no es la misma de que Primo de Rivera, con jactanciosa paternidad, nos había anticipado el diseño.
La asamblea de Primo de Rivera, conforme a la descripción que nos ofrece de todas sus piezas y funciones en decreto de convocatoria, es modesto instrumento de legislación, de facultades muy restringidas, que recibe solo el encargo de elaborar el anteproyecto de la reforma constitucional. El personal, de elección real, pretenderá representar nada menos que a la nación; pero, en verdad, no representará en su gran mayoría, sino a la clientela de la dictadura. La representación subsidiariamente acordada a algunas categorías del trabajo intelectual o manual no alcanzará a conferir una autoridad siquiera aparente a este parlamento larvado.
Habría sido bastante comprometedor para la monarquía española el confiar a una asamblea designada por el rey la reforma de la Constitución. Por esto, la facultad de la asamblea ha quedado reducida a la mera confección del proyecto respectivo. La reforma resulta así aplazada al menos por tres años fijados como término a la asamblea. Este plazo de tres años es también el que provisoriamente se señala a si misma la dictadura para continuar su experimento.
Desde su aparición, esta dictadura se ha presentado modestamente como un gobierno a plazo fijo. No ha osado atribuirse la misión de reorganizar por si misma el Estado español. Primo de Rivera ha comprendido siempre que debía renovar periódicamente a sus compatriotas la garantía de su interinidad. El lenguaje de su gobierno, hasta en sus más fanfarronas proclamas, es íntimamente el de un gobierno provisorio.
Esta es una de las cosas que más profundamente diferencias a la dictadura de Primo de Rivera de la de Mussolini. El fascismo no conoce la preocupación del plazo. Se siente definitivo y perdurable. Emprende sus reformas, directas e inmediatamente. Tiene una idea mística de su función histórica. Además de todo lo que personal e intelectualmente separa a Mussolini de Primo de Rivera, los distingue y distancia, desde un punto de vista político, el hecho de que el primero tiene tras de sí un partido fuertemente organizado mientras el segundo se apoya en un séquito precario de elementos sin cohesión, congregados eventualmente en torno suyo por el influjo del poder.
Primo de Rivera tiene siempre el aire de pedir permiso para seguir. Mussolini obra como si estuviera totalmente seguro del consenso indefinido de su pueblo. El general juerguista ignora todavía la magnitud de su aventura. Teme mucho los riesgos de exagerarla. Puede ser que ambicione la duración ilimitada de su poder. Pero se propone ganarla por prórrogas sucesivas, como una suma de interinidades.
Basta este rasgo para juzgar la incurable mediocridad de la dictadura española, cuya subsistencia se explica únicamente como el resultado de un conjunto de circunstancias y elementos negativos: la descomposición de los viejos partidos constitucionales; el descrédito del régimen parlamentario; la insolvencia popular de los líderes liberales o reformistas; la inmadurez del proletariado cuya educación revolucionaria ha sufrido de una parte la influencia enervante del socialismo domesticado y de otra parte el efecto disolvente del sindicalismo anarquista.
La esperanza de los políticos desalojados del gobierno y del parlamento por el golpe de estado de Primo de Rivera se ha alimentado hasta ahora de la confianza en la incapacidad constructiva de la dictadura, sin tener en cuenta su propia insolvencia en este plano. En vez de una activa y combatiente, han preferido oponerle una expectación pasiva y expectante. Licenciados por el rey, no han sabido rebelarse contra la monarquía desleal al pacto del cual emana su autoridad. Hoy mismo, la convocatoria de esta asamblea, que cancela sus ilusiones, -porque dentro de tres años el desamparo de los viejos políticos será más grande aún que ahora- en vez de empujarlos a una acción de resulta defensa de los principios liberales contra la monarquía les inspira apenas el gesto inocuo e impotente de retirarse a la vida privada o de reprochar, melancólicamente al rey una infidelidad que están, sin embargo, dispuestos a perdonarle apenas el badulaque lo solicite. El único documento serio, entre los que recogen la protesta o la queja de los políticos despedidos del servicio real, parece ser la carta de Sánchez Guerra que recuerda a Alfonso XIII que su familia reina en España no por ser haber representado el principio de la monarquía constitucional en oposición al principio de la monarquía absoluta encarnado por el carlismo.
Si esta tesis hubiese sostenida por todos los líderes de los grupos constitucionales en una forma beligerante y agresiva, es probable que Alfonso XIII, a quien no se conocen aún rasgos audaces de héroe sino modestas habilidades de mundano, no había autorizado a Primo de Rivera a esta continuación de su aventura.
José Carlos Mariátegui.

Los factores inmediatos de la rápida caída de Primo de Rivera -seguida en tan breve término por su deceso-, que el cable dejó en los primeros días en la sombra, son ya detalladamente conocidos por las revelaciones de Eduardo Ortega y Gasset, Marcelino Domingo, Indalecio Prieto y otros líderes de la oposición al régimen. Se sabe que un movimiento destinado a deponer, con la dictadura, al monarca que la instigó y autorizó, debía haber estallado entre el 5 y el 8 de febrero. El general Goded, gobernador militar de Cádiz, trabajaba desde el mes de octubre de acuerdo con los elementos constitucionales para producir un vasto pronunciamiento militar. Casi todas las guarniciones de Andalucía estaban comprometidas para esta acción revolucionaria. Alfonso XIII y Martínez Anido tuvieron informes de la conspiración, ante los cuales Primo de Rivera decidió la destitución del General Goded y del Infante don Carlos, Capitán General de Sevilla, no sin enviar a Cádiz un emisario, encargado de negociar un arreglo con Goded, quien asumió una actitud de rebeldía, declarando que no tenía que obedecer ninguna orden de destitución. Este conflicto movió a Primo de Rivera a la desdichada consulta a los jefes militares y al Rey a reemplazarlo por el general Berenguer, capitulando ante la tendencia constitucionalista del ejército. Goded se consideró exonerado de todo compromiso con esta solución. Se trasladó a Madrid, donde le aguardaba un importante nombramiento. Eduardo Ortega y Gasset que, bajo su firma, ha explicado de este modo la génesis del ministerio Berenguer, en un artículo titulado “Cómo ha salvado su trono Alfonso XIII”, agrega que muchos oficiales quisieron seguir adelante sin Goded, pero que la indecisión se propagó desde entonces en todas las organizaciones”.
Antes que la restauración del orden constitucional, la misión del gobierno de Berenguer es el salvamento de la monarquía. Este es el juicio que, apenas anunciado el cambio, emití sobre su significado, y en el que me confirma el conocimiento de sus antecedentes. Alfonso XIII se encuentra ante un dilema: el absolutismo o la constitución. No tiene sino estos dos caminos. Tomará cualquiera de los dos para salvarse. Pasará de uno a otro, sin la menor hesitación, si las circunstancias se lo imponen. Por el momento, prefiere el camino del regreso a la legalidad. Pero este camino puede llevar muy lejos: a la Constituyente, a la reforma de la Constitución, al juzgamiento de las responsabilidades, a la proclamación de la República.
Liquidar seis años de dictadura no es un asunto de ordinaria administración. Alfonso XIII ha dado este encargo a un gabinete de familiares, que puede licenciar en cualquier momento para volver a la manera fuerte. En el instante en que se decidió por la rendición a la tendencia constitucional, no le quedaba otra cosa que hacer. Martínez Anido no compartía la confianza de Primo de Rivera sobre la posibilidad de dominar el espíritu de rebelión que cundía en el ejército. El Rey tenía los informes privados del Infante don Carlos, Capitán General de Sevilla, y de otros jefes. Se dice que en una oportunidad, advertido del peligro de que el Rey lo echara por la borda para arreglarse de nuevo con los grupos constitucionales, Primo de Rivera afirmó: “¡A mi no me borbonea este Borbón!”. La decepción de que, años después, no fuese otra su suerte, debe haber amargado profundamente los últimos días del derrotado dictador.
Una monarquía constitucional, así sea la de España, no puede abandonar impunemente la legalidad más de seis años, para restablecerla cuando los acontecimientos se lo impongan conminatoriamente. Viejos servidores de la monarquía como Sánchez Guerra, ajenos a toda veleidad republicana, han cumplido el deber de notificar a Alfonso XIII sobre las irreparables consecuencias de la responsabilidad en que ha incurrido violando el pacto constitucional, en que descansaba su autoridad. Alfonso XIII querría que se le amnistiase alegremente, con todos sus compañeros de aventura, por estos seis años de vacaciones. Pero aún entre lo más ortodoxos monárquicos encuentra censores severos, jueces inexorables como Sánchez Guerra, cuya actitud descubre hasta qué punto está comprometido y socavado el régimen monárquico en España.
¿Cómo va a restablecer la legalidad el gobierno de Berenguer, sin que se ponga en el tapete la cuestión del régimen y las responsabilidades? Ya hemos visto cómo este ministerio normalizador ha tenido que detenerse y retroceder en la primera modestísima etapa de la normalización. La censura de la prensa sigue vigente. ¿Cuándo se restituirá a los ciudadanos y a los partidos la libertad de reunión y de tribuna? Si el discurso de un líder conservador tiene una resonancia revolucionaria tan amenazadora, es fácil prever las aprensiones que van a seguir a los discursos de los líderes republicanos, socialistas, comunistas. I mientras estas elementales libertades no hayan sido restablecidas, ¿qué campaña eleccionaria ni que convocatoria a elecciones será posibles?
Estas son las dificultades del régimen en el orden político. Habría que examinar aparte las que confrontan actualmente en el orden económico. La política hacendaria y financiera de la dictadura ha sido el factor decisivo de su quiebra. Cambó no ha aceptado, en el gabinete de Berenguer, el ministerio de las finanzas, para no cargar con esta ingrata y riesgosa herencia. ¿Qué autoridad tiene un gobierno de transición, de interinidad manifiesta, para abordar eficazmente este problema? La misma que tiene para suprimir la censura de la prensa, resistir la crítica de la opinión, tolerar los comicios de los partidos ir al encuentro de elecciones normales.
No existe, sin duda, en España un partido bastante poderoso y organizado para llevar al pueblo victoriosamente a la revolución. Si existiese, la insurrección no habría estado a merced, en los primeros días de febrero, de la defección del general Goded, posiblemente confabulado con el Rey. El partido socialista es el único partido de masas; pero carece, en su burocracia, de espíritu y voluntad revolucionarias. La crisis del régimen confiere grandes posibilidades de acción a la concentración de los elementos republicanos. Pero lo característico de las situaciones revolucionarias es la celeridad con que crean las fuerzas y el programa de una revolución. La dinastía española, que tiene añeja experiencia de esta clase de vicisitudes, no lo ignora. I tan pronta está probablemente, a festejar en la plaza su retorno al pacto con el pueblo, como a preparar en las capitanías generales un segundo golpe de estado; jugándose, si los riesgos de las elecciones y la constituyente le parecen excesivos, la carta desesperada del absolutismo.
José Carlos Mariátegui.

La escena portuguesa

Sería injusto pensar, a propósito del reciente golpe de estado portugués, que el Portugal está imitando a la España de Primo de Rivera y Martínez Anido. Al Portugal no se le puede negar el mérito de ser, en este siglo, bastante más original que España en su política y sus instituciones. Mientras los republicanos españoles no han sabido ni han podido hacer nada mejor que transigir con la monarquía borbónica, los republicanos portugueses han logrado, primero, fundar su república y, enseguida, defenderla contra la nostalgia de la dinastía de los Braganza. España, por germanofilia de la monarquía, no quiso salir de la neutralidad. El Portugal, por aliadofilia de la república, intervino en la guerra.

Estos contrastes no son en sí mismos, evidentemente, una prueba de progresismo del Portugal y de conservantismo de España. Una república, muchas veces, no vale más que una monarquía. No es raro que valga aún menos. Y la participación en la gran guerra ha dejado de ser considerada como una benemerencia desde que se fueron a pique, tragadas por los vórtices de los imperialismos, los beatos principios del Presidente Wilson.

Pero aquí no se trata sino de constatar el derecho del Portugal a sentirse diferente de España. Los antecedentes del reciente golpe militar -dirán con razón los portugueses- no están en la gesta del general Primo de Rivera sino en la propia historia del Portugal. Todos los cambios de gobierno que ha experimentado el Portugal desde el derribamiento de la monarquía en 1910, han reposado en un pronunciamiento militar. En solo los años 1920 y 1921 se realizaron en el Portugal tres golpes de mano militares. La renovación del gobierno ha dependido casi siempre de la decisión de un manípulo de belicosos oficiales. Y los oficiales se han presentado divididos en republicanos y monarquistas y subdivididos en varias filiaciones menores, más o menos contingentes y accidentales.

El último pronunciamiento se distingue, empero, de los anteriores, aunque no sea sino formalmente. Esta vez el ejército no ha puesto el peso de sus armas del lado de una de las facciones políticas. Ha establecido una dictadura marcial que, por su lenguaje al menos, no carece de parecido con la de España. Este régimen, por otra parte, se declara por encima de todos los partidos y se atribuye la representación de los intereses nacionales. Y aquí el parentesco de las dos dictaduras aparece incuestionable. Las dos pertenecen incontestablemente a la misma familia histórica.

No sabemos todavía si, como es característico en todo movimiento fascista, los autores del golpe de estado del Portugal achacan todas las desgracias de la patria a la política y al parlamentarismo. En el Portugal las quejas contra el parlamentarismo, en los labios de los oficiales, serían festivamente injustas. Pues en el Portugal, de la inestabilidad de los gobiernos el más responsable no ha sido nunca el parlamento sino, en todo caso, el ejército. Nadie puede pretender que en el Portugal haya habido un parlamentarismo excesivo. (Aunque si se quiere confrontar este aspecto de la política de uno y otro país, resulta que tampoco en España existió parlamentarismo ni excesivo ni verdadero. Y que en España la vida de los gabinetes encontró frecuentemente en las deliberaciones de las “juntas de defensa” mayor amenaza que en los debates del parlamento. La liquidación de la empresa de Marruecos, reclamada por el pueblo, ¿no fue siempre estorbada por el temor al ejército?)

La guerra dejó al Portugal graves problemas financieros. No todo fue laureles y honores. El comercio de sardinas y de vinos obtuvo, durante la guerra, pingües beneficios; pero el Estado, embarcado en una serie de empréstitos consumidos en la costosa aventura, quedó completamente exangüe. La república, responsable de la intervención, se vio amenazada a consecuencia del malcontento nacido de la crisis económica. Los partidarios de la monarquía intentaron explotar el mal humor popular. El gabinete se encontró frente a un intrincado haz de problemas financieros y políticos. El presupuesto no conseguía balancearse. Los déficits se acumulaban. La moneda se desvalorizaba a causa de la inflación y de la deuda pública. Y en esta atmósfera se incubaban sucesivas conspiraciones.

El golpe de estado militar demuestra que la crisis subsiste. Es en sus lineamientos esenciales la misma crisis en que desde la guerra se debate el mundo occidental. Y ya sabemos que en ningún país la dictadura, más o menos marcial o más o menos fascista, ha sido una solución. Al gobierno de Primo de Rivera todas sus fanfarronadas y todas sus violencias no le han servido para resolver ninguno de los viejos problemas españoles. Apenas si le han bastado para crear algunos problemas nuevos. El del régimen, verbigracia. Ningún liberal español honrado puede perdonar a la monarquía su complicidad con Primo de Rivera. Los políticos y escritores exiliados plantean abiertamente, como una cuestión básica, la cuestión del régimen. Afirman que con Primo de Rivera debe echarse a Alfonso XIII.

En el Portugal la historia no puede ser distinta. De otro lado, en el Portugal la inestabilidad, la interinidad, parece desde hace mucho tiempo la característica sustantiva de todos los gobiernos. Ahí los malos gobiernos tienen siempre la ventaja de ser siempre breves. Un amigo un poco humorista que, justificando su indiferencia por la prensa, sostenía la posibilidad de suponer aproximadamente todas las novedades del cable, me decía una vez: -Apuesto que la novedad de hoy es un golpe de estado en el Portugal.- Yo hubiera querido contradecirlo para defender mi costumbre de leer los diarios. Pero, desgraciadamente, lo que mi amigo suponía era esa vez cierto.

José Carlos Mariátegui

La agitación revolucionaria en España

Las noticias cablegráficas sobre el abortado movimiento contra la dictadura de Primo de Rivera, son insuficientes para comprender y juzgar exactamente la nueva fase en que parece haber entrado la política española. Con tan sumarios y oscuros elementos de juicio no se puede todavía apreciar el verdadero valor de la tentativa revolucionaria en la que, según la represión policial, resultan mezclados hombres tan diversos como Weyler y Marañón, Marcelino Domingo y el conde de Romanones.

La participación de Weyler, de Aguilera y de otros militares de alta jerarquía en el movimiento contra Primo de Rivera demuestran que a la dictadura le faltan cada día más el consenso de una gran parte del ejército.

Este hecho, -del cual se sintió la evidencia desde la primera hora del régimen militar- se conforma absolutamente con la tradición del militarismo español. Desde los más lejanos episodios de la batalla liberal, los militares se presentan en España divididos en liberales y reaccionarios. España careció en el período de su revolución burguesa de grandes figuras civiles. Los que más eficazmente acaso combatieron por el liberalismo y la constitución fueron bizarros caudillos militares del tipo de El Empecinado. Fundadamente piensan algunos hombres de estudio contemporáneos que la revolución liberal y burguesa de España se actuó en América, se resolvió en la revolución de la independencia hispano-americana. La clase civil, el espíritu burgués, no lograron su plenitud sino en las colonias, debido a las circunstancias económicas e históricas que propiciaban su emancipación. España ha sufrido la tragedia de no tener una burguesía orgánica, vigorosa y revolucionaria. Por esto, ha subsistido en España, apenas atenuado por la constitución, el antiguo poder de la monarquía y la aristocracia. Las constituciones no han constituido sino oportunistas concesiones de la monarquía. “El pueblo -escribe Eduardo Ortega Gasset en un reciente artículo de la revista “Europe”- estuvo siempre sometido a una dura tutela que ha debido su supervivencia al hecho de que supo siempre transigir cada vez que se vio en peligro. Entonces los reyes, con la perfidia tradicional de los Borbones de España, sabían fingir que aceptaban las conquistas del pueblo sin renunciar jamás a su poder personal. A la agitación, a la cólera de la opinión pública, la política ha opuesto siempre las resistencias reales seguidas de aparentes concesiones”. En este accidentado proceso de formación del feble régimen constitucional, herido de muerte por el golpe de estado de Primo de Rivera, el militarismo liberal ha jugado un rol activo, sobre todo cuanto ha sido más sensible la ausencia de fuertes figuras civiles.

Pero si la tradición del ejército en el último siglo, ha sido en parte liberal, en cambio ha sido casi invariablemente monárquica. La idea republicana no ha prendido nunca seriamente en el espíritu militar español. Y la monarquía como es natural, ha cultivado celosamente el sentimiento monárquico en el ejército. “Todos los esfuerzos de Palacio -dice Eduardo Ortega y. Gasset,- han tendido siempre a hacer del ejército no una fuerza nacional sino una fuerza monárquica”.

La responsabilidad de Alfonso XIII en el desastre de Annual, más acaso que su complicidad asombrosa en la gestación de la dictadura, ha debilitado sin duda el prestigio personal del rey en la parte más sana y consciente del ejército. Pero no es probable que haya afectado a la monarquía misma.

Por consiguiente, es indudable que el movimiento abortado, no obstante la intervención de elementos calificadamente izquierdistas y republicanos, estaba dirigido solo contra la dictadura. Su programa se detenía en el restablecimiento de la constitución. No llegaba, ni siquiera en principio a la abolición de la monarquía. La presencia del conde de Romanones entre los conspiradores confirma los propósitos meramente restauradores de este frustrado contra-golpe.

El viejo liberalismo, el antiguo constitucionalismo, dominaban inequívocamente, en el movimiento que, tal vez por esta razón, ha sido batido. El estudio de las circunstancias que engendraron el régimen de Primo de Rivera y Martínez Anido prueba hasta la saciedad que el pueblo español no necesita una tímida restauración, sino una revolución verdadera y auténtica. No es ya tiempo de reconstruir un régimen monárquico-constitucional, que no solo la crisis mundial de la democracia capitalista sino, ante todo, su particular experiencia de tantos años, condena definitivamente a la bancarrota y al tramonto.

Claro está que no se debe olvidar que todas las grandes revoluciones han tenido generalmente un principio muy modesto. La revolución rusa nació de un movimiento de la burguesía “cadete” y de la nobleza liberal. Pero en Rusia existía, además de una profunda agitación del pueblo, un partido revolucionario, conducido por un genial hombre de acción, de miras claras y netas.
Esto es lo que falta presentemente en España. El partido socialista sigue a hombres dotados de estimables condiciones de inteligencia y probidad, pero desprovistos de efectivo espíritu revolucionario. El partido comunista, demasiado joven, no constituye aún sino una fuerza de agitación y propaganda. Los intelectuales del Ateneo -que han sido, seguramente, los animadores originales de la tentativa- representan conspicuamente un nuevo pensamiento científico y hasta filosófico; pero no representan específicamente un nuevo pensamiento político. Y una revolución política no puede ser obra sino de un pensamiento político también.

Pero nada de esto disminuye el interés de los últimos acontecimientos. Tiende solo a fijar sus reales alcances. La tartarinesca dictadura de Primo de Rivera y Martínez Anido se ha exhibido, al tambalearse, en toda su miseria intelectual y material. España ha entrado otra vez en la era un poco romántica de los pronunciamientos y de las conspiraciones. Sus grotescos dictadores no podrán ya dormir tranquilos.

José Carlos Mariátegui

El proceso a los conjurados de la noche de San Juan

El proceso que acaba de terminar, más que el proceso de Weyler, Aguilera, Domingo y demás conjurados de la Noche de San Juan, ha sido el proceso de Primo de Rivera y sus turbios secuaces. Porque en el curso de las audiencias, lo que ha golpeado más las mentes de los actores no ha sido la responsabilidad de los acusados sino la del acusador. El reo auténtico no ha comparecido ante los jueces, escribanos y alguaciles, solo porque estos se encuentran a su servicio y bajo su potestad. Pero su presencia en el juicio no ha sido, por esto, menos constante y eminente.

Los acusados militares, son todos gente a la que no se puede ciertamente tachar de subversiva y, menos todavía, de revolucionaria. Monarquistas ortodoxos, constitucionales fervientes, de lo único que no se les puede suponer capaces es de atentar contra el orden y la ley. Mucho más subversivo aparece, sin duda, Primo de Rivera, que en otra noche menos novelesca y cristiana, se apoderó del gobierno de España, licenciando brusca y desgarbadamente, -sin más título que el de su virilidad, en el sentido que tan agudamente ha ilustrado Unamuno,- a los que constitucionalmente lo ejercían.

No seré yo, por supuesto, quien intente la defensa de estos últimos, que hasta cierto punto, han mostrado después merecer su suerte. Pero me parece evidente que nadie puede objetar el hecho de que representaban en el poder la constitución y la legalidad.
Poco trabajo les ha costado, por ende, a los defensores de los generales y coroneles procesados, probar que estos no han concebido ni ejecutado en ningún momento, ni en la noche de San Juan, diseño alguno contrario a la Monarquía y a su “pacto con el pueblo”, como llaman a la vieja y maltrecha constitución los políticos liberales.

Si a Primo de Rivera se le pudiera atribuir humorismo e imaginación -dos cosas que no son frecuentes en los capitanes de España, desde los tiempos ya bastante lontanos del Gran Capitán- se le podría suponer capaz de haber procesado a Weyler, Aguilera, etc., seguro de su inocencia, solo para animar la historia un poco monótona de estos años de censura con el episodio romancesco de una noche de San Juan más o menos melodramática y con su secuela de un juicio que diera oportunidad lícita de hablar a Melquíades Álvarez, Álvaro de Albornoz y otros demócratas en receso forzoso. (La desocupación de esta gente, que no sabe en qué emplear su facundia, es un cuadro de partir el alma al más endurecido déspota).

Pero los hechos, demuestran, por lo menos según el tribunal, que Primo de Rivera ha procedido seriamente. Los tiranos de la Europa moderna son menos originales que los de la Europa medioeval. Y Primo de Rivera, no tenía ningún interés en provocar su propio proceso. Los acusados, en fin, se han manifestado casi convictos de haber querido restaurar en España la constitución deponiendo al Marqués de Estella.

Sabemos ahora que en la noche de San Juan de 1926 los herederos de la mejor tradición ochocentista del ejército español, cumplieron un gesto histórico. Su derrota no anula el gesto mismo; su procesamiento lo esclarece. Primo de Rivera pretendía obrar en nombre del ejército. Ya muchos incidentes habían denunciado la falsedad del empeño de representar al ejército íntegramente mancomunado con los cabecillas del golpe de estado de 1923. Pero ninguno de esos incidentes -simple anécdota- bastaba históricamente. Hacía falta que hombres representativos del ejército asumiesen una actitud beligerante frente a la dictadura y en defensa de la constitución sometida a todos los ultrajes de una virilidad jactanciosa.

Weyler representa la tradición constitucional del ejército español. En él se ha procesado y condenado a una época: la época de la lealtad militar a la Monarquía y a la constitución demo-liberal. Primo de Rivera resucita los tiempos de los pronunciamientos reaccionarios y de los retornos absolutistas.

El Rey que cubre sus actos -cada día menos dueño de las consecuencias del golpe de Estado de 1923- pone la monarquía contra y fuera de la constitución. Los políticos que aguardan pacientemente el regreso a la legalidad quedan notificados de que ni su desocupación ni su esperanza tienen ya plazo.

Frente a Primo de Rivera solo la esperanza de los revolucionarios descansa en la historia. La nostalgia de los constitucionales es pasiva. No se prepara a vencer a la dictadura. Espera que se caiga sola. Fracasada la aventura de Weyler y Aguilera, no le resta casi sino la elocuencia parlamentaria de Melquíades Álvarez.

José Carlos Mariátegui