La crisis de la reforma educacional en Chile

III

Para completar las notas críticas sobre la crisis de la Reforma Educacional en Chile aparecidas en los dos últimos números de MUNDIAL, y que no tienen por supuesto las pretensiones de un estudio concluyente de su proceso, debo exponer hoy, sumariamente, las medidas tomadas por el gobierno chileno revisando y derogando los actos más importantes de su política de instrucción pública. Porque conocer las proporciones de la persecución de la Asociación General de Profesores, órgano esencial de la Reforma que le debía desde su plan hasta sus técnicos, no es posible darse cuenta de la medida en que esta obra se encuentra en crisis, ni en que el gobierno de Ibañez ha abandonado su postizo programa en materia educacional.
La persecución de los maestros comenzó en Setiembre, durante una gira de inspección de las escuelas del norte del país por Eduardo Barrios, Ministro de Instrucción hasta entonces. En su ausencia ocupó interinamente el ministerio, el general Blanche, ministro de guerra, quien usó su poder en modo que no deja lugar a dudas acerca de su antipatía previa contra los esfuerzos e ideales de los maestros. Su primer acto, en el ministerio, fue la clausura de las Escuelas de Profesores Primarios de Chillan y Angol, decretada el día mismo en que asumió provisoriamente el manejo de la instrucción pública. Su ojeriza encontró muchas otras oportunidades de manifestarse mientras conservo estas funciones, antes de cesar en las cuales dirigió una circular a los intendentes y gobernadores recomendándoles la fiscalización de los maestros en sus labores. Los términos de la circular eran precisos. El objeto de esta insólita facultad de control de la enseñanza por las autoridades políticas -o policiales, más exactamente,- era la eliminación de todos los maestros de ideas revolucionarias. Barrios, de regreso de su viaje, cediendo visiblemente a las instancias del general Ibáñez, canceló a la Asociación General y a la Sociedad Nacional de Profesores su personería jurídica y exigió su dimisión a los jefes de los departamentos de Educación Primaria y Secundaria Gómez Catalán y Galdames. Siguió a estos actos la destitución de varios maestros de Iquique, Santiago, Talca y otras ciudades. Una circular del Ministerio, prohibía al mismo tiempo a los maestros participar en trabajos de propaganda social, política o religiosa. Estas medidas, precursoras de una persecución mayor aún, provocaron la protesta de la Internacional del Magisterio Americano, nacida de convención internacional a iniciativa precisamente de los maestros chilenos, se reunió en Buenos Aires a principios de 1928. Barrios, que indudablemente había concedido ya demasiado al criterio del general Ibáñez y su “entourage’ militar, renunció su cargo.
El ministerio de instrucción fue confiado entonces al ministro de hacienda Pablo Ramírez, el más hábil asesor del general Ibáñez, que desde su conflicto con Salas el antecesor de Barrios, en esa cartera, se había perfilado ya como adversario de la política educacional basada en el concurso y las ideas de los maestros. Su actuación en el ministerio de instrucción estaba destinada a confirmarlo como la “bonne a tout faire” del gobierno del general Ibáñez. Uno de los primeros decretos de Pablo Ramírez destituía a veinticuatro funcionarios de educación pública. Entre otros jefes de sección del ministerio, este decreto licenciaba ruidosamente a Humberto Díaz Casanueva, el director de “La Revista de Educación Primaria”, la notable publicación a que ya me he referido con el elogio y aprecio que merece. Antes de una semana, otro decreto de Ramírez ponía en la calle a otros veintidós maestros. La ofensiva contra el preceptorado renovador no se contentaba con estas destituciones en masa. No le bastaba, con “seleccionar” -¡oh clamorosa selección a la inversa!- a los maestros en ejercicio; necesitaba “seleccionar” en lo posible a los maestros futuros. Con este fin, la Escuela Normal “José Abelardo Núñez” fue reorganizada de manera que quedasen excluidos los alumnos que más enérgica y noblemente habían expresado su solidaridad con la Asociación General de Profesores.
No es el caso de seguir adelante en la Reforma, prescindiendo de la Asociación. Como ya hemos visto, el plan de la Reforma pertenece absolutamente a los maestros a quienes hoy se persigue rabiosamente. Todos sus méritos correspondían a la Asociación General de Profesores así como todas las limitaciones a su adecuación a las posibilidades administrativas. La actuación de una reforma educacional tan profunda y técnica es, por otra parte, sus tentativamente, una cuestión de personal. Para la que el plan chileno se proponía, la Asociación sabía que sus efectivos eran insuficientes. Era grande en sus filas el número de los que suplían la preparación con el entusiasmo. Por esto, se consagró tanta energía a la organización de círculos de estudios. El porcentaje de maestros antiguos, reacios a toda renovación, más aún, a todo esfuerzo, estorbaba a la realización de la empresa. Había que luchar contra el peso muerto, si no contra el sabotage, de esta burocracia, incapaz de contagiarse de la corriente de entusiasmo que animaba a los rangos de la Asociación. ¿Se puede suponer con esta gente inerte por principio y por hábito, una nueva diversa tentativa? Hasta ahora solo dos medidas se han mostrado al alcance del gobierno: la votación de una gruesa partida para locales escolares y la autorización para invertir hasta cinco millones de pesos en el aumento de los haberes del personal de educación primaria. La segunda medida tiende, como es claro, a quebrantar la resistencia de los maestros, a calmar la protesta contra los ataques a la Asociación y a sus dirigentes. Una y otra son medidas de carácter económico, administrativo, del resorte del ministro del tesoro más que del ministro de instrucción.
El balance de la infortunada experiencia, se resume, ante todo, en estas dos comprobaciones: Primera. -Que una renovación radical de la enseñanza no es una cuestión exclusivamente técnica, ajena a la suerte de la reconstrucción social y política. Segunda. -Que un gobierno de función reaccionaria, enfeudado a intereses y sentimientos conservadores, es por naturaleza inepto para cumplir, en el terreno de la enseñanza, una acción revolucionaria, aunque transitoriamente adopte al respecto, por estrategia demagógica, principios más o menos avanzados. Los maestros de Chile han adquirido esta experiencia a duro precio. Como ya he dicho, objetivamente hay que reconocer que no les cabía más que afrontar la prueba. Nada de esto, debe disminuir la simpatía y la solidaridad con que los acompaña hoy la “inteligencia”, -particularmente los maestros de vanguardia,- en los pueblos hispano americanos.

José Carlos Mariátegui.

El intermezzo Berenguer
La agitación política a que debe hacer frente en España el gobierno de transición del general Berenguer, no ha tardado en cobrar un acentuado tono antimonárquico. Unamuno, recibido jubilosamente en España, a nada se ha apresurado tanto como a reafirmar su posición republicana. No habría podido tomar otra actitud, después de sus vehementes campañas en Hendaya. Pero, probablemente, en los cálculos del restablecimiento del régimen constitucional entraba cierta confianza de que la satisfacción por la caída del Primo de Rivera atenuase en los políticos en ostracismo el enojo contra la monarquía.
La dictadura de Primo de Rivera ha tenido el paradójico resultado de resucitar en España al Partido Republicano. Los socialistas habían ido desplazando, poco a poco, a los republicanos, antes de esta crisis de la legalidad, de sus posiciones electorales. Durante la dictadura, el partido socialista ha acrecentado su poder y su influencia. Pero, en parte, ha sido por el rol democrático que su oposición le asigna en el futuro próximo de España. Más que un partido socialista, desde el punto de vista de la composición y la ideología, es un partido demo-liberal. El republicanismo, el antimonarquismo es el aspecto que más expectación enciende en torno a su política. I es lógico que, en esta situación, los antiguos republicanos se sientan también llamados a jugar un rol. La dictadura militar no miraba a otra cosa que a un retorno absolutista. Su fracaso reabre la cuestión del régimen, la cuestión monarquía o república, que los partidos constitucionales creían definitivamente superada o abandonada, con el desarrollo de un movimiento socialista que trasladaba las reivindicaciones de las masas al terreno económico y social.
La monarquía está comprendida en el proceso a Primo de Rivera. El conde de Romanones ha hecho, según el cable, declaraciones que indican su preocupación respecto a la suerte del orden monárquico en España. A su juicio, los acontecimientos exigen una transformación del régimen. España necesita una monarquía constitucional, un orden parlamentario como el de Inglaterra. El viejo ideal de los monárquicos liberales reaparece, en la mente y la práctica de estos, como la fórmula salvadora. La subsistencia del régimen monárquico no tiene otra garantía.
El gobierno de transición de Berenguer, como ya he tenido oportunidad de remarcarlo, asume el encargo de liquidar la dictadura militar; pero es todavía la continuación de esta dictadura, con nuevo personal y diverso programa. La legalidad no está restablecida. El objeto de este gobierno es la normalización, pero la normalización no puede obtenerse por decreto real. La suspensión parcial de la Constitución se mantiene vigente. Berenguer, por ejemplo, tiene que seguir usando la censura de la prensa. La agitación de los partidos y las masas, lo coloca frente a una grave cuestión de procedimiento: ¿Puede su gobierno autorizar o tolerar, inmediatamente, mítines, manifiestos, campañas que son, legalmente, normales? Si la Constitución continúa en suspenso, si los derechos de reunión, de prensa, de negociación no son restituidos al pueblo, ¿Cómo podrá hablarse de restablecimiento de la legalidad? Las medidas restrictivas, en instantes de efervescencia popular, provocarán protestas. I estas, a su vez, incitarán al gobierno de la represión.
Cuando las condiciones políticas de un país llegan a este punto, la revolución puede comenzar en un tumulto. Después de una aventura como la de Primo de Rivera, la vuelta a la constitución no puede cumplirse sin riesgos. Los partidos de oposición entienden, lógicamente, la derrota del dictador como su victoria. Los victoriosos no se conforman fácilmente con que a la hora de la paz se les escamotee las ventajas de la derrota, del fracaso del enemigo. Las cosas se complican con la complicidad notoria de Alfonso XIII, con su interés personal en el golpe de Estado del Marqués de Estella.
La monarquía, ante la bancarrota de la política de Primo de Rivera, ha ofrecido para salvarse la vuelta lisa y llana a la Constitución. Esto es todo lo que la monarquía puede prometer. Pero es mucho más lo que la oposición se encuentra con derecho y con fuerzas para reclamar. El Conde de Romanones: viejo y astuto servidor del régimen, pide que la monarquía se convierta en una monarquía liberal de tipo inglés. Es la reivindicación de un cortesano y de un parlamentario: la reivindicación mínima. Los republicanos quieren la República, los socialistas denuncian la incompatibilidad de la monarquía actual con un orden democrático. Lo que las masas demandarán, en la calle, en los comicios, si se le consiente formular públicamente sus desideratas, será no unas Cortes ordinarias, normalizadoras, sino una Constituyente. Quien dice Constituyente, en las presentes circunstancias, dice Revolución.
El segundo acto de este drama, después del intermezzo Berenguer, si las fuerzas republicanas y socialistas no son en España suficientemente activas y eficaces para empujar al país por este camino, puede ser, por ende, la dictadura absolutista. Ya se ha hablado de la intención de Alfonso XIII de jugar, eventualmente, a la misma carta que Alejandro, el Rey de Yugo-Eslavia. La Unión Patriótica, en previsión de las emergencias posibles, no desarma sus cuadros. Berenguer, conforme a un cablegrama último, se ha visto obligado a telegrafiar a los capitanes generales del reino “recordándoles que la función militar es incompatible con la actuación política y que, su consecuencia, los militares que actuaban en el partido de la Unión Patriótica deben abandonar esa labor política”.
¿Quiénes obran más enérgica y prontamente? ¿Los agentes de la reacción, batidos en la batalla de Primo de Rivera, o las fuerzas de la revolución, sorprendidos por los acontecimientos y carentes de una organización de combate?

Las elecciones colombianas
Ha concluido el gobierno de los conservadores en Colombia. En apariencia, los liberales han ganado las elecciones porque los conservadores se presentaron divididos en ellas. Pero no hay que atenerse a lo aparencial en la estimación de los fenómenos históricos. La división no habría sido posible sin una grave y honda crisis de la política conservadora. Es a esta crisis a la que los conservadores deben su derrota revolucionaria. El cisma del partido, el antagonismo de valencistas y vasquistas, no era sino un síntoma.
El gobierno conservador tendía, a la agitación social y política del país, a una política fascista. El acto más significativo de la administración del Dr. Abadía ha sido la “ley heroica” que niega a la acción política clasista del proletariado de las libertades que la Constitución del Estado acuerda a la expresión de todos los programas e ideologías. La represión sanguinaria de las huelgas de las bananeras no ha sido otra cosa que la aplicación a la lucha contra las reivindicaciones proletarias de los principios fascistas en que se inspiraba esa ley de excepción. El general Rengifo, ministro de guerra del Dr. Abadía hasta los acontecimientos que impusieron su caída, no ha disimulado sus propósitos fascistas. Se ha ofrecido, en todos los tonos, a la clase conservadora para el aplastamiento de las fuerzas revolucionarias. Es uno de esos Martínez Anido hispano-americanos que sueñan con los honores de gendarmes de la Reacción. El general Vásquez Cobo era el candidato de su tendencia. En los primeros tiempos sonó el del propio Rengifo como el de un posible candidato. Pero Rengifo había caído demasiado estruendosamente repudiado por las masas en las manifestaciones que forzaron al Dr. Abadía a licenciar a sus más belicosos y comprometedores ministros. Vásquez Cobo, además, a juicio de un mayor número de conservadores, reunía mejores aptitudes para desenvolver un programa equivalente.
Pero no todos los conservadores se inclinaban a este método. La mayoría del partido está aún formada por gente parsimoniosa, reacia a salir de las viejas normas del conservantismo clásico. La escisión del partido ha sido, por esto, inevitable.
Los liberales no estaban dispuestos a presentar candidato. Hace algunas semanas creían que su mejor política era, una vez más, la abstención. Una rama del partido entendía la abstención como el preámbulo de una acción insurreccional. El declinio de los conservadores, el descrédito creciente de su método gubernamental, reforzaba crecientemente al partido liberal. Los liberales se aprestaban a recoger la herencia del gobierno. Pero había discrepancias sobre la mejor forma de apresurar la sucesión. El triunfo de Olaya Herrera [en las elecciones] es el triunfo de la tendencia pacifista y conciliadora del [partido. A Olaya Herrera] de nada se ha preocupado tanto como de presentarse como un [candidato nacional,] como un hombre exento de espíritu de facción.
Los intereses imperialistas juegan un rol primordial en la política colombiana. Uno de los más sonoros incidentes de la designación de los candidatos conservadores, fue como se sabe el veto del Dr. Concha por sus antecedentes de canciller que defendió celosamente la soberanía nacional frente a la agresiva política yanqui. Vásquez Cobos representaba ostensiblemente una política favorable al capitalismo norte-americano. También, bajo este aspecto, aunque muy discreta y atenuadamente, Valencia encarnaba la tradición conservadora. Olaya Herrera, ex-embajador en Washington, tiene toda la simpatía de los intereses de Estados Unidos. Sus declaraciones, a este respecto, han sido, por lo demás explícitas.
El proletariado colombiano ha afirmado en las elecciones su orientamiento clasista, votando por la candidatura de Alberto Castrillón, líder de la huelga de las bananeras. El partido socialista revolucionario no se ha hecho ninguna ilusión respecto a su fuerza electoral al presentar esta candidatura. Ha querido únicamente proclamar la autonomía de la política obrera.
José Carlos Mariátegui.