Ramiro de Maeztu y la dictadura española

El presente panorama intelectual de España principia en una agonía, la de Unamuno, y termina en otra agonía, la de Maeztu. La agonía de Unamuno es la agonía del liberalismo absoluto, último y robusto brote del terco individualismo íbero y de la tradición municipal española. La agonía de Maeztu es la agonía del liberalismo pragmatista, conclusión conservadora y declinante del espíritu protestante y de la cultura anglosajona. Mientras a Unamuno su don-quijotismo lo empuja hacia la revolución, a Maeztu su criticismo lo empuja hacia la reacción.
El caso de Maeztu ilustra, elocuentemente, la crisis de la “inteligencia” en la Europa contemporánea. El reaccionario explícito e inequívoco no ha aparecido en Maeztu sino después de tres años de meditación jesuítica y de duda luterana. Para que el pensamiento de un intelectual, formalmente liberal y orgánicamente conservador, haya recorrido el camino que separa a la reforma de la reacción, han sido necesarios tres años de experiencia reaccionaria, planeada y cumplida de modo muy diverso del que habría sido grato a un especulador teórico. El hecho ha precedido a la teoría; la acción, a la idea. Maeztu ha encontrado su camino mucho después que Primo de Rivera.
El ”intelectual” europeo contemporáneo nos revela, a través de este caso, su impotencia ante la historia. La “inteligencia” profesional se muestra incapaz de influir en sus fases y hasta de prever sus hechos. Cualquier general casinero y crapuloso puede realizar en una noche lo que un pensamiento austero y monógamo se verá forzado a aceptar años más tarde, después de dramáticas hesitaciones.
Don Ramiro de Maeztu se había adherido tácitamente a la dictadura de Primo de Rivera desde hace tiempo. Se le tenía como un mentor espiritual de la dictadura desde antes que su firma y su pensamiento se desplazaran del diario de la burguesía liberal al órgano de Primo de Rivera. Pero solo su pase de “El Sol” a “La Nación” ha tenido el valor de una adhesión explícita y categórica al régimen militar. Hace tres años, paseaba su mirada y sus lentes de pastor anglicano por el panorama conflagrado del mundo, para proclamar melancólicamente la quiebra de la política reformista y atribuir esta responsabilidad, no al agotamiento de la función histórica y la capacidad progresista de la burguesía, sino a la ofensiva revolucionaria del proletariado, inexpertamente lanzado el ataque por jefes culpables, entre otras cosas, de no haberse inspirado en el persuasivo dictamen de Maeztu y otros retrasados retores de la democracia burguesa. Mas, entonces Maeztu evitada la apología de las dictaduras reaccionarias, consideradas como la repercusión fatal, pero no plausible, de las dictaduras revolucionaras. El liberalismo sufría una moratoria y esto estaba ciertamente mal; pero esa moratoria tenía por objeto dar jaque mate a la revolución, y esto estaba evidentemente muy bien.
La responsabilidad de Maeztu y de todos los intelectuales que como él se convierten en angustiados apologistas de la ley marcial, aparece atenuada por los hechos que, bajo el vigor de esta, han demostrado la falencia del liberalismo y el reformismo. El espectáculo penoso de las abdicaciones y transacciones de los políticos constitucionales -reducidos al pobre papel de servidores licenciados que aguardan pasivamente del monarca la orden que los restituirá al servicio de la constitución y la monarquía-, no puede naturalmente ser muy alentador para la ya gasta fe de un liberal revisionista y desencantado.
Pero esto no nos dispensa de denunciar la absoluta insolvencia del pensamiento reaccionario que con tanto retardo sigue a la violencia conservadora. Sometiéndose y enfeudándose a la política de Primo de Rivera, Maeztu se comporta con perfecta sinceridad burguesa, pero con rigurosa ineptitud ideológica.
Este escritor documentado e interesante, que durante tanto tiempo se ha alzado a estimable altura sobre el nivel general del periodismo español, ha renegado íntegramente su liberalismo, sin sustituirlo por una doctrina más viva o al menos por una fe más personal. En la política concreta no caben posiciones individuales. Los retores pueden lograr alguna originalidad en el discurso, pero ninguna de la acción.
La única originalidad que les resulta dable, a veces, es la de la contradicción. A Maeztu, por ejemplo, que considera la civilización como un ahorro de sensualidad, coincidiendo en esto con Jorge Sorel -quien escribía que “el mundo no se hará más justo sino en la medida en que se hará más casto”- le toca dar su adhesión a un régimen que exhibe todas las taras del flamenquismo y del donjuanismo españoles y al que preside, como a una juerga, un general de casino, sensual y mujeriego, lo más distante posible del puritanismo y la religiosidad, designados justamente por el mismo escrito enjuiciado como la levadura espiritual de la potencia y la grandeza anglosajona.

El general Primo de Rivera ha sorteado, por una serie de circunstancias favorables, el más grave de los peligros que, desde el golpe de estado de Barcelona, han amenazado su aventura reaccionaria. El azar continúa siendo fiel a Primo de Rivera, en su accidentado itinerario del casino al gobierno. Según la crónica cablegráfica, si el ex-presidente del consejo Sr. Sánchez Guerra hubiese llegado a Valencia, conforme al plan insurreccional que acaba de abortar, dos días antes, la dictadura habría sido casi seguramente liquidada en algunas horas.
Pero el azar, al mismo tiempo que ha salvado a Primo de Rivera, ha descubierto la flaqueza y el desgaste de su gobierno. La magnitud de la conjuración militar que ha estado a punto de echar alegre y marcialmente del poder al dictador, indica hasta que punto está minado el terreno que este pisa. La conspiración cunde en el ejército -cosa que ya sentía Primo de Rivera desde el proceso al general Wyler y sus compañeros- y en la nobleza. Esto mismo facilitaba a Primo de Rivera el solícito empleo de las armas de la provocación y el espionaje; pero lo descalifica, aún ante sus propios amigos y padrinos de la monarquía, como régimen militar.
Primo de Rivera, como todos los reaccionarios, no tienen mejor cargo que hacer al régimen parlamentario que el de sus pocas garantías de estabilidad. Los ministerios de los Estados demo-liberales, al decir de los retores o de los simples “profiteurs” de la Reacción, gastan sus mejores energías en defenderse de las conspiraciones y zancadillas parlamentarias. Cualquier oportuna intriga de corredor puede traerlos abajo repentinamente. Las dictaduras establecidas por golpes de mano tan afortunados como el del ex-capitán general de Barcelona, no estarían sujetas a análogos riesgos. Su principal ventaja estribaría en su seguridad. Libres de las preocupaciones de la política parlamentaria, podrías entregarse absolutamente a un austera y tranquila administración.
Esta es la teoría. Mas la experiencia de Primo de Rivera está muy lejos de confirmarla. La suerte de su gobierno se presenta permanentemente insidiada por una serie de taras internas, a la vez que atacada por toda clase de enemigos externos. Contra la dictadura no se pronuncian solamente los partidos de centro y de izquierda liberales, republicanos, socialistas, etc -sino también una gran parte de los grupos de derecha, de la aristocracia, del ejército, del capitalismo. El propio favor del monarca no es muy seguro. Depende de las ventajas que pueda encontrar eventualmente Alfonso XIII en licenciar a la dictadura, para restablecer, amnistiado por la opinión liberal, la Constitución.
Si todos los elementos liberales se hubiesen decidido ya a renunciar a toda indagación de responsabilidades, y a perdonar al rey su escapada a la ilegalidad, hace tiempo, probablemente, que Primo de Rivera habría sido enviado a aumentar la variopinta escala de “emigrados” que las revoluciones han producido en la Europa post-bélica. Unamuno es uno de los más enérgicos y eficazmente adversos a la fórmula de “borrón y cuenta nueva”. Con el desterrado de Hendaya, coinciden los mejores hombres del liberalismo español. En que la hora de la restauración de la legalidad debe ser también la del ajuste de cuentas con la monarquía, irremisiblemente comprometida por su complicidad con Primo de Rivera.
La situación española, por esto, -a medida que Primo de Rivera y sus mediocres rábulas aparentemente se consolidaban en el poder- se ha ido haciendo cada día más revolucionaria. La cuestión de régimen que, desde la afirmación de un orden demo-liberal, parecía descartada, vuelve a plantearse. El propio Sánchez Guerra, conservador ortodoxo, había llevado su oposición a la dictadura, a términos de censura y ataque a la monarquía.
La mejor solución para la monarquía habría sido, sin embargo, la victoria de Sánchez Guerra. Es difícil que, dueño del poder, el jefe conservador se hubiese decidido a usar su fuerza contra la institución monárquica. La influencia de la aristocracia, hubiese pesado, en forma muy viva, sobre sus resoluciones. Prisionero y procesado Sánchez Guerra, es inevitable el prevalecimiento, en la posición, de las tendencias liberal y revolucionaria. La solidaridad del rey Alfonso y de la monarquía con Primo de Rivera se ratifica. Las responsabilidades del rey y del dictador aparece inseparables. Esto aparte de que Sánchez Guerra resulta el huésped más incómodo de las prisiones de la dictadura. Ya ha sabido que afrontar una tentativa para libertarlo. La prisión y el proceso subrayarán los rasgos de su carácter y energía. Es un hombre al que no se puede mantener indefinidamente en una fortaleza, sin preocupar seriamente a la gente más conservadora respecto al régimen bajo el cual se dan casos como este de rebelión, ajusticiamiento y condena.
El general Primo de Rivera se imagina decir una cosa muy satisfactoria para él cuando afirma que ha pasado la época de las revoluciones políticas y que ahora solo es temible y posible -¡Claro que no en España!- una revolución de causas sociales y económicas. El proletariado revolucionario coincide, sin duda, con Primo de Rivera, -con quien es tan difícil coincidir en algo- en la parte afirmativa de su apreciación, en la ley de hoy no se puede llamar revolución sino a la que se proponga fines sociales y económicos. Pero, aparte de que su política en general no tiende sino a apurar esta revolución social y política, Primo de Rivera olvida que su régimen no cuenta enteramente con la confianza de la propia clase a nombre de la cual gobierna. La burguesía española en gran parte le es adversa. La propia aristocracia, a pesar de cuanto la halaga el restablecimiento del absolutismo, no le es íntegramente adicta. Y el proletariado, en todo caso, tiene que estar por el restablecimiento de la legalidad; y tiene que operar de modo de ayudar el triunfo de la revolución política, con la esperanza y la voluntad de transformarla en revolución social y política.
No admitir que esta es la realidad objetiva de la situación, equivaldría a pretender que se puede gobernar indefinidamente a España con el señor Yangas, con el general Martínez Anido, con el señor Carlo Sotelo, con doña Concha Espina, contra los elementos solventes de la derecha y contra la unanimidad más uno de las izquierdas.
José Carlos Mariátegui.

Aunque “es obvio que un Embajador no puede entrar en polémicas periodísticas, el señor Maeztu ha creído necesario responder al artículo en que yo examinaba el proceso y las razones de su adhesión a la dictadura de Primo de Rivera, porque que “puede y debe rectificar una inexactitud”. La inexactitud en que yo he incurrido, y que el Sr. Maeztu en una carta a don Joaquín García Monge, director de “Repertorio Americano”, califica de cronológica, se encontraría en el párrafo siguiente: “El reaccionario explícito e inequívoco no ha aparecido en Maeztu sino después de tres años de meditación jesuítica y de duda luterana. Para que el pensamiento de un intelectual formalmente liberal y orgánicamente conservador, haya recorrido el camino que separa la reforma de la reacción, han sido necesarios tres años de experiencia reaccionaria, planeada y cumplida de modo muy diverso del que habría sido grato especulador teórico. El hecho ha precedido a la teoría; la acción a la idea. Maeztu ha encontrado su camino mucho después de Primo de Rivera”. Son estas las palabras de mi artículo que Maeztu copia para contradecirlas. I su artículo se contrae a sostener que el “cambio central de sus ideas” o, mejor dicho, “la fijación de sus ideas fundamentales” data de 1912. Hasta entonces Maeztu había escrito indistintamente en periódicos liberales como el “Heraldo de Madrid” y conservadores como “La Correspondencia de España” y, consecuente con la fórmula favorita de los hombres del 98, “escuela y despensa”, no se había preocupado gran cosa del problema de derechas e izquierdas. Posición que correspondería en propiedad intelectual “formalmente liberal y orgánicamente conservador”, como yo me he permitido definir al señor Maeztu.
Mi ilustre contradictor no niega, precisamente, el cambio. Y ni siquiera lo atenúa. Lo que le importa es su cronología. Mi inexactitud no es de concepto sino de fecha. El “reaccionario explícito e inequívoco” no ha aparecido en Maeztu después de tres años de experiencia reaccionaria, sino mucho antes de la experiencia misma. ¿Cómo y cuándo? He aquí lo que Maeztu trata de explicarnos. La cronología de su conversión es la siguiente: En 1912, se regresó de Londres, se encontró con que un militar amigo suyo, persuadido por un libro de Mr. Norman Angell de que la guerra no es negocio, se había vuelto pacifista. Los libros de Mr. Norman Angell fueron, diversa y opuestamente, el camino de Damasco, de Maeztu y su amigo militar. El militar se desilusionó de la guerra y la fuerza; el escritor, por reacción, comenzó a apasionarse por ellas. I el día en que descubrió que la fuerza tiene que ser un valor en si misma, ese día, -son sus palabras- pudo advertir que “se había alejado definitivamente del sector de opinión que actualmente lo combate”. En 1916 publicó en inglés un libro, traducido en 1919 al castellano con el título de “La Crisis del Humanismo”, que contiene sustancialmente todo conforme a esta versión, psicológica e intelectualmente sincera sin duda alguna, a pesar de provenir de un Embajador, la conversión de Maeztu ha sido en gran parte causal. Sin la claudicación de un militar honesto y sedentario, capaz de interesarse por las ideas de un pacifista inglés, Maeztu no habría leído con atención los libros de Norman Angell. Y sin meditar en estos libros, no habría llegado, -al menos, tan pronto- a las opiniones expresadas en “La Crisis del Humanismo”. Se trata, en suma de una conversación totalmente causal, vital, pragmatista y polémica. En esto, Maeztu descubre la filiación íntimamente protestante y británica de su mente y su cultura. Y he aquí dos factores más serios de su cambio que el encuentro del militar pacifista y la lectura meditada de “La Gran Ilusión”. Más o menos lo mismo que al señor Maeztu, le sucedió a la Gran Bretaña en el siglo pasado. La gran Bretaña era pacifista en la época del apogeo de las ideas libre-cambistas y manchesterrianas. Gladstone, liberal, acabó practicando, sin embargo, una política imperialista. I Chamberlain, anti-imperialista de origen y escuela, se transformó como Ministro de Colonias, en apóstol del imperialismo. Terminado el periodo de revolución liberal -y, por ende, de emancipación política de los pueblos- liquidados o reducidos a modestos límites los imperios feudales, Inglaterra advirtió que su interés había dejado de ser anti-imperialista. La concurrencia de nuevos imperios capitalistas como Alemania, la obligaba a asegurarse la mejor parte en la distribución de las colonias. El capitalismo británico se tornó agresivo, conquistador y guerrero, hasta precipitar la guerra mundial en la forma que todos sabemos. El señor Maeztu, que formal o teóricamente había permanecido hasta 1912 fiel a una filosofía más o menos liberal, humanista y rousseauniana, estaba ya espiritual y aún racionalmente demasiado impregnado del nuevo clima y del nuevo sentimiento del capitalismo británico. El militar pacifista y Normal Angell son menos responsables de lo que el señor Maeztu cree.
En “La Crisis del Humanismo”, el señor Maeztu no se revelaba solo contra las ideas políticas, sociales y filosóficas que se habían engendrado al impulso del movimiento romántico iniciado por Rousseau. Sus iros, según él mismo, iban más lejos. “El culpable del romanticismo era el humanismo, el subjetivismo de los siglos anteriores y del Renacimiento, por el que el hombre había tratado de convertirse en la medida de todas las cosas, del bien y del mal, de la verdad y de la falsedad”. Más o menos así razonan también los ideólogos fascistas. Su condena no se detiene en el demo liberalismo-burgués; alcanza al Renacimiento, a la Reforma y al protestantismo, después de hacer justicia sumaria de la Enciclopedia, Rousseau y la Revolución Francesa. Pero el señor Maeztu, inveterado y recalcitrante admirador de las creaciones del genio anglo-sajón, -y, por consiguiente, del capitalismo y el industrialismo, de la grandeza y del poder de Inglaterra y Estados Unidos- no puede asumir esta actitud, sin contradicción flagrantes con algunas de sus opiniones más caras. Al señor Maeztu le debemos sagaces críticas del ideal de Rodó, inteligentes interpretaciones del espíritu puritano y de su influencia en el fenómeno yanqui. No puede arribar, por consiguiente, a las mismas conclusiones que un neo-tomista francés o un nacionalista católico italiano. Condenando “el humanismo, el subjetivismo de los siglos anteriores y del Renacimiento”, el señor Maeztu condena la Reforma, el protestantismo y el liberalismo, esto es los elementos religiosos, filosóficos y políticos de los cuales se ha nutrido la civilización capitalista fruto de un régimen de libre concurrencia. La Reforma representó la ruptura entre el mundo medioeval y el mundo moderno. ¿Y qué es, en último análisis, el protestantismo, sino ese subjetivismo, o mejor, ese individualismo que el señor Maeztu repudia?
En el terreno de la doctrina y de la historia, se le podrían dirigir al señor Maeztu muchas interrogaciones embarazantes. Pero esto no cabe dentro de los límites forzosos de mi dúplica. El señor Maeztu ha rectificado una “inexactitud cronológica”. Y a esta rectificación debo contraerme, sosteniendo que la inexactitud no existe. Es una inexactitud subjetiva, que tiene realidad y valor solo para el señor Maeztu. Pero objetiva, históricamente, no tiene realidad ni valor. Yo no he dicho que todas las ideas actuales del señor Maeztu sean posteriores a tres años de dictadura española. He dicho solo que el reaccionario explícito e inequívoco no ha aparecido en él sino después de esos tres años. Poco importa que en “La Crisis del Humanismo”, estuviese ya, en esencia, toda la filosofía actual de su autor. ¿No he definido acaso al Maeztu de ayer como un intelectual formalmente liberal y orgánicamente conservador? Maeztu había adquirido, antes de “La Crisis del Humanismo”, un concepto, que el llamará, realista, de la fuerza. Pero esto no fijaba todavía totalmente su posición política. Hace solo cuatro años, en artículos de “El Sol”, de los cuales recordaré precisamente uno titulado “Reforma y Reacción”, atribuía toda la responsabilidad del momento reaccionario que atravesaba Europa, a la agitación revolucionaria que lo había antecedido. Hasta entonces no había abandonado aún del todo, ideológicamente, el campo de la Reforma. Esto es lo que he afirmado. Y en esto insisto.
Me explico que a un hombre inteligente y culto como el señor Maeztu, con el orgullo y también la vanidad peculiar del hombre de ideas, le moleste llegar en retardo respecto a Primo de Rivera, por quien no puede sentir excesiva estimación. Pero el hecho es así, cualesquiera que sean las atenuantes que se admitan. I mi tesis que el destino del intelectual, -salvo todas las excepciones que confirman la regla- es el de seguir el curso de los hechos, más bien que el de precederlos y anticiparlos.
José Carlos Mariátegui.

El fascismo concluye, en estos momentos, uno de los trabajos para que se sintió instintivamente predestinado desde antes, acaso, de su ascensión al poder. Ni sus orígenes anti-clericales, agresivamente teñidos de paganismo marinettiano y futurista -el programa de Marinetti comprendía la expulsión del Papa y su corte y la venta del Vaticano y sus museos-; ni las reyertas entre campesinos católicos y legionarios fascistas en los tiempos de beligerancia del partido de don Sturzo; ni las violentas requisitorias de Farinacci contra el anti-fascismo -nittiano addiritura- del Cardenal Gasparri; ni la condena por los tribunales fascistas de algunos curas triestinos; ni la terminante exclusión del “scoutismo” católico como concurrente de la organización mussolinista de la adolescencia; ninguno de los actos o conceptos, individuos o situaciones que han opuesto tantas veces el “fascio littorio” y el cetro de San Pedro, ha frustrado la ambición del Dux de reconciliar el Quirinal y el Vaticano, el Estado y la Iglesia.
¿Quien ha capitulado, después de tantos lustros de intransigente reafirmación de sus propios derechos? Verdaderamente, la cuestión romana, como montaña casi insalvable entre el Quirinal y el Vaticano, había desaparecido poco a poco. Incorporada la Italia del Risorgimento en la buena sociedad europea, el Vaticano había visto tramontar, año tras año, la esperanza de que un nuevo ordenamiento de las relaciones internacionales consintiese la reivindicación del Estado pontificio. Dictaba su ley no solo a la buena sociedad europea, sino a la sociedad mundial, naciones protestantes y sajonas con muy pocos motivos de aprecio por la ortodoxia romana; le imponía su etiqueta diplomática una nación latina, entregada, desde su revolución, a la más severa y formalista laicidad franc-masona. La Iglesia Romana, en el curso del ochocientos, había dado muchos pasos hacia la democracia burguesa, separando teórica y prácticamente su destino del de la feudalidad y la autocracia. El liberalismo italiano, a su vez, no había osado tocar el dogma, llevando a su pueblo al protestantismo, a la iglesia nacional. La cuestión romana había sido reducida por los gobernantes del “transformismo” italiano a las proporciones de una cuestión jurídica. En realidad, descartados sus aspectos político, religioso y moral, no era otra cosa. Si el Vaticano aceptaba el dogma de la soberanía popular y, por ende, el derecho del pueblo italiano en su organización a adoptar los principios del Estado moderno, no tenía que reclamar sino contra la unilateralidad arbitraria de la Ley “delle Guarentigie”. Esta ley era inválida por haber pretendido resolver, sin preocuparse, del consenso ni las razones del Papado, una cuestión que afectaba a sus derechos.
Pero, en tiempos de parlamentarismo demo-liberal, un arreglo estaba excluido por el juego mismo de la política de cámara y pasillos. Aparte de que todos los líderes coincidían tácitamente con la tendencia giolittiana a aplazar, por tiempo indefinido, cualquier solución. La política -o la administración- giolittiana tenía que “menager”, de una parte, a los clericales, gradualmente atraídos a una democracia sosegada, progresista, tolerante, exenta de todo excesivo sectarismo, de toda peligrosa duda teológica; y de otra parte, a los demo-liberales y demo-masones, empeñados en sentirse legítimos y vigilantes herederos del patrimonio ideal del Risorgimento.
La crisis post-bélica, la transformación cada día más acentuada de la política de partidos en política de clases, la consiguiente aparición del partido popular italiano bajo la dirección de don Sturzo, cambiaron después de la guerra los términos de la situación. La catolicidad, que políticamente había carecido hasta entonces de representación propia, comenzó a disponer de una fuerza electoral y parlamentaria que pesaba decisivamente, dada la actitud de los socialistas, en la composición de la mayoría y el gobierno.
Pero estaba vigente aún la tradición del Estado liberal y laico surgido del Risorgimento. La distancia entre el Estado y la Iglesia se había acortado. Mas el Estado no podía dar, por su parte, el paso indispensable para salvarla. La Iglesia, a su vez, esperaba la iniciativa del Estado. Histórica y diplomáticamente, no le tocaba abrir las negociaciones.
Mussolini ha operado en condiciones diversas. En primer lugar, el gobierno fascista, como he recordado ya en otra ocasión, tratando este mismo tópico, no se considera vinculado a los conceptos que inspiraron invariablemente a este respecto a la política de los anteriores gobiernos de Italia. Frente a la “cuestión romana”, como frente a todas las otras cuestiones de Italia, el fascismo no se siente responsable del pasado. El fascismo pregona su voluntad de construir el Estado fascista sobre bases y principios absolutamente diversos de los que durante tantos años ha sostenido el Estado liberal. Al mismo tiempo, el fascismo desenvuelva, con astuto oportunismo, una política de acercamiento a la iglesia, cuyo rol como instrumento de italianidad y latinidad ha sido imperialistamente exaltado por Mussolini. En materia religiosa, el fascismo ha realizado el programa del partido popular o católico fundado de 1919 por don Sturzo. Lo ha realizado a tal punto que ha hecho inútil la existencia en Italia de un partido católico. (Hay que agregar que, en ningún caso, después del Aventino, la habría permitido como existencia de un partido democrático). “El Papa puede despedir a don Sturzo”, escribía ya hace cinco años Mario Missiroli. El acercamiento del fascismo a la Iglesia, no solo se ha operado en el orden práctico, mediante una restauración más o menos política del catolicismo en la escuela. También se ha intentado la aproximación en el orden teórico. Los intelectuales fascistas de Gentile, a Ciusso y Pellizzi, se han esmerado en el elogio de Iglesia. Los más autorizados teóricos del “fascio littorio”, han encontrado en el tomismo no poco de los fundamentos filosóficos de su doctrina. La ex-comunión de “L’Action Francaise”, ha comprometido un poco esta “demarche” reaccionaria. Frente al mismo fascismo, el Vaticano ha reivindicado discretamente el concepto católico del Estado, incompatible con el dogma fascista del Estado ético y soberano.
Mas, si a este respecto el acuerdo resultará siempre difícil, no ocurriría los mismo con la “cuestión romana”. Precisamente en este terreno, el fascismo podía ceder sin peligro. I reconocer al Papado la soberanía sobre los palacios vaticanos, una indemnización y otras prerrogativas, no es ceder demasiado. Lo mismo habría dado, presuroso, Cavour. Solo que entonces habría parecido muy poco.
José Carlos Mariátegui.

En Francia no ha prosperado ninguna de las tentativas de fascismo, más o menos directamente inspiradas en el modelo italiano. Los equipos de “L’Action Francaise” han sufrido sucesivas derrotas. El estado francés ha reprimido sus más belicosas efervescencias, aplicando el código a León Daudet; la Iglesia romana ha puesto a Charles Maurras en el “index” de los autores heréticos. Las patrullas fascistas de George Vaulois y del renegado Gustavo Nervé no han tenido más fortuna. Las derechas, en busca de un dictador, han creído encontrarlo, por momentos, en un general: Castelnau el católico, Lyautey el africano; pero todos estos preludios de fascitización de la Tercera República han durado poco y han tenido un final chafado y pobre.
La reacción, el fascismo, como movilización de todas las fuerzas del Estado y de la burguesía contra la agitación revolucionaria, sin embargo, no ha cesado de ganar terreno. Los fascistas de estilo netamente escuadrista y dictatorial han fracasado en sus empeños; pero el fascismo, -un fascismo francés, leguleyo, poincarista, que ha hablado siempre el lenguaje de la legalidad aunque por esto no haya blandido menos rabiosamente el bastón reaccionario- ha conquistado lentamente al gobierno, instalando en el ministerio del interior a André Tardieu, el lugarteniente de Clemenceau, el negociador de Versailles, el reaccionario bochado en las elecciones del 11 de Mayo reintegrado al Palacio Borbón por una elección suplementaria, apenas desencadenada la contra-ofensiva de las derechas. Desde el momento en que el cartel de izquierdas, dirigido por Herriot, se reveló incapaz de actuar el programa victorioso en las urnas eleccionarias del 11 de Mayo, la restauración de Poincaré, aunque realizada con algunas concesiones a los radicales-socialistas, era evidente este “ricorso”. El gabinete del franco no era otra cosa que un retorno al bloque nacional, a una política de concentración burguesa, actuando conforme a los principios de Poincaré y Clemenceau bélicos. La Tercera República no se avenía a que la crisis del régimen demo-liberal y parlamentario le impusiera una dictadura personal y facciosa: se conformaba, por el momento, con una dictadura de clase, de estilo estrictamente legal y republicano, amparada por una mayoría parlamentaria. Las invocaciones reaccionarias no habías llevado el poder al Dictador, aguardado con impaciencia por la burguesía tomista y católica a nombre de la cual René Johannet escribió su “Elogio del burgués francés”. Regresaba al gobierno Poincaré, un político de tradición netamente parlamentaria, aferrado a la convenciones jurídicas y republicanas, con obstinación y ergotismo de abogado. La estabilización capitalista, en Francia como en otros países, aportaba formalmente la estabilización democrática. Pero, bajo este ropaje, se inauguraba en verdad una política cerradamente reaccionaria, enderezada a la represión fascista del proletariado. Con Poincaré, llegaba al gobierno André Tardieu, el más agresivo y ambicioso líder de las derechas.
Esta fisionomía y esta práctica reaccionarias se han acentuado con el gabinete Briand-Tardieu, ministro del interior, se esmera en la ofensiva anti-proletaria. Emplea contra la organización y propaganda comunista una especie de fascismo policial, en el que los polizontes hacen el trabajo de los “Camisas negras”, con menos estridencia y alaridos que estos. Pero con los mismos objetivos. Briand, a quien su vejez no ha ahorrado ninguna claudicación, ni aún la de su laicismo de parlamentario de escuela demo-masónica, suscribe y auspicia esta política con su eterno escepticismo. Está demasiado habituado a las contradicciones de su destino, para que su función de presidente de un ministerio derechista le cause algún disgusto. Teorizante de la huelga general en su debut de abogado socialista, le tocó reprimir una gran huelga en el gobierno. El más intransigente y celoso prefecto de Francia no lo hubiese superado en el método. Briand, además, ocupa la presidencia del consejo, pero es, sobre todo, en el gabinete precario que encabeza, un ministro de negocios extranjeros. ¿Qué política interna, por otro parte, se le podría pedir? Briand nunca ha tenido ninguna. La de Tardieu, como ministro del interior, no se diferencia sustancialmente de la de Sarrault. Briand está pronto a suscribir cualquiera: la que las circunstancias y la mayoría parlamentaria consientan.
Los radicales-socialistas, según los cablegramas de los últimos días, se aprestan a la batalla parlamentaria contra este gabinete. El partido radical-socialista es de un humor perennemente “frondeur”, cuando se sienta en los bandos de la oposición. Bajo este aspecto, sus preparativos de combate no tienen por qué suscitar excepcional preocupación. Pero la tendencia a coaligar otra vez los votos parlamentarios del partido radical socialista y del partido socialista, reanudando el experimento del cartel de izquierdas, coincide con la presión reaccionaria por aumentar los poderes de Tardieu hasta colocar en sus manos la dirección misma del gobierno. Los socialistas pudieron llevar a las últimas consecuencias, hace cinco años, la táctica colaboracionista que consintió la constitución del cartel de izquierdas. No se sabe, exactamente, qué misterioso pudor o qué ambicioso cálculo detuvo entonces, al líder de los socialistas Leon Blum, en la antesala de la colaboración ministerial. Blum no admitía que el Partido Socialista fuese más allá de la política de apoyo parlamentario de un gabinete radical-socialista. El partido debía reservar sus hombres para la hora, que Blum anunciaba próxima, en que conquistada la mayoría parlamentaria asumiese íntegramente el poder. El vaticinio de este augur escéptico, comentador agudo de Sthendal sirena asmática del reformismo, no se ha cumplido aún. El Labour Party británico ha precedido a sus colegas del socialismo reformista francés en la asunción total del gobierno, vemos ya con qué resultados. La social-democracia alemana encabeza un ministerio de coalición, en el que más que rectora resulta prisionera de la aleatoria mayoría que preside. I, en el actual parlamento francés, las fuerzas del cartel de izquierdas son menores que en el parlamente del 11 de mayo. -La ofensiva radical-socialista bien podría tener como desenlace el apresuramiento de un gabinete Tardieu.
La persecución policial del comunismo es la nota dominante de la política gubernamental francesa desde hace algún tiempo. Pero, acaso por esto mismo, el tema de la revolución es más debatido que nunca. Comentando un último escrito de André Chamson, escribe Jean Guehenno: “Estamos obsedidos por la Revolución. Desde hace seis meses, los escritores no hablan en París sino de ella. Esto no quiere decir que la harán ellos, sino a lo más que temen que se haga sin ellos, lo que sería igualmente lesivo para su amor propio. Chamson está obsedido como todo el mundo. Se quiere revolucionario, pero no llega a ser sin dificultades”. I Jean Richard Bloch, en todo desencantado y pesimista, constata la paganización del pensamiento moderno y ve a Francia encaminarse a grandes pasos hacia la situación dictatorial de Italia, España y otros países, entre los cuales Bloch incluye a Rusia, que con la estabilización stalinista del régimen soviético ha dejado de representar para él, abstractista y romántico, el mito revolucionario.
José Carlos Mariátegui.

Otra vez, la juventud de las universidades españolas se encuentra en acérrimo conflicto con la dictadura del general Primo de Rivera. La agitación universitaria coincide esta vez con la crisis, definitiva al parecer, del gobierno que preside el Marqués de Estella que acaba de solicitar, según el cable, el sufragio de los capitanes generales del ejército, la armada y la policía para saber si debe retener el poder.
La huelga universitaria de hace cerca de un año movilizó contra Primo de Rivera, con la vehemencia que todos recuerdan, la opinión de los estudiantes. La dictadura se halló de pronto en incómoda lucha con la juventud del claustro, fallida totalmente la esperanza de enrolar fascísticamente a una parte de estas, con una etiqueta más o menos romántica, en los rangos de la Reacción. Unamuno, el gran maestro de Salamanca, saludó desde su destierro esta insurrección que la juventud española contra un régimen que solo por insensibilidad anacrónica o escepticismo precoz habría podido obtener la neutralidad o la resignación de esa juventud.
Los que se imaginan que el régimen de Primo de Rivera tenía las mismas posibilidades de duración que el régimen de Mussolini solo por reposar como este en la fuerza, negligían o ignoraban uno de los aspectos fundamentales del fascismo: el romántico alistamiento de grandes contingentes de la juventud italiana bajo las banderas de Mussolini al canto de “¡Giovinezza, giovinezza!”. El fascismo antes de ser una dictadura había sido un movimiento, un partido, una milicia. Sus “condottieri”, sus agitadores habían usado expertamente en la excitación de la juventud burguesa y pequeño-burguesa un lenguaje d’annunziano y futurista que imprimía al fascismo un tono estrictamente nacional y le otorgaba una tradición, aunque no fuese política sino literaria o sentimental, en el proceso histórico de Italia. Primo de Rivera y sus eventuales colaboradores, antes y después de su golpe de Estado, eran impotentes para un trabajo semejante.
Asistido por generales, nobles y bachilleres de muy mediocre inteligencia, Primo de Rivera no ha sabido maniobrar de su suerte de ganarse, por alguna vía indirecta al menos, cierto séquito en la juventud universitaria. La juventud no es, necesariamente, revolucionaria. El Dr. Marañón que en su último libro proclama como su primer deber la rebeldía, conviene sagazmente en que el ímpetu combativo de la juventud puede ponerse al servicio de una política reaccionaria. “Lo típico de la juventud -escribe- es la rebeldía, la noble dificultad con que acomoda el ritmo generoso de su vida que empieza, al ritmo mesurado del ambiente; pero se concibe un joven que se sienta henchido de esta juventud y que sea, por lo tanto biológicamente joven, y que se aplique su rebeldía a sostener una causa profundamente antigua. Los camelots du roi, que en Francia luchan bravamente por un ideal incompatible con el tono de nuestros tiempos, como en el de resucitar en su país una monarquía reaccionaria, son todo lo anticuados que se quiera, pero tan legítimamente jóvenes como los comunistas que propugnan la implantación de un estado social fantástico de puro remoto. Y en nuestra patria podrían citarse muchos casos, algunos bien recientes (juventudes carlistas, juventudes conservadoras, jóvenes de la Unión Patriótica, etc) de como una auténtica juventud biológica florecía en gentes que sostenía criterios que trascendían a moho de vetustez”. No es esta ocasión de criticar el juicio que este párrafo contiene sobre el comunismo. En el hombre de ciencia y de cátedra, de espíritu liberal y humanista, que concede sin reservas al partido socialista de su patria, con un certificado de salud, un testimonio de simpatía y confianza, y que predica como un ideal de su tiempo la eugenesia. La palabra comunismo puede suscitar supersticiosas aprensiones, aunque la práctica del único estado comunista del mundo -la URSS- le enseñe que no existe entre los dos términos más conflicto que el originado por el cisma entre reformistas y revolucionarios y por la necesidad de distinguir estos dos campos con dos rótulos diversos. Lo que viene a cuento subrayar es la negación de que la juventud emplee natural y espontáneamente su energía y su entusiasmo en una empresa revolucionaria.
La dictadura no ha sido apta ni aún para crearse un influyente equipo intelectual. El estado de espíritu de una buena parte de los intelectuales, como lo atestigua la conducta de “La Gaceta Literaria” y de don José Ortega y Gasset, le habría permitido asegurarse cierto activo consenso de la literatura y la cátedra, con solo esquivar conflictos demasiado estridentes con ciertos fueros de la inteligencia. Pero Primo de Rivera no ha tenido esta habilidad elemental. La insolvencia espiritual e ideológica de su régimen lo ha condenado a gestos de agravio y desacato contra toda institución liberal. Su actitud contra los estudiantes en 1926 le acarreó, entre otras, la renuncia del propio Ortega y Gasset.
La presencia de los más autorizados maestros en las filas de la oposición, ha ejercido igualmente un fuerte influjo anti-dictatorial. La juventud española ha seguido, sin duda, las lecciones políticas de Marañón, Jimenez de Asúa, Besteiro, etc. más atentamente que sus lecciones científicas. Hay épocas en que la preocupación política está por encima de todas las otras preocupaciones, por una exigencia que Marañón llamaría tal vez biológica.
¿A dónde va España? Se preguntan vigilantes críticos de la situación española. Si la huelga universitaria sirve para acelerar la descomposición de la dictadura, y con ella la de la monarquía, la generación estudiantil de 1930, en lucha con Primo de Rivera, entrará a los veinte años en la historia. Debut precoz que no significará ciertamente la inauguración de una política ni de un régimen de la “nueva generación”, como con facilidad latino-americana se ambicionaría en algún claustro de nuestro continente en parecidas circunstancias, sino el impulso desinteresado, instintivo de los jóvenes en una vasta, larga y difícil batalla.
José Carlos Mariátegui.

Los factores inmediatos de la rápida caída de Primo de Rivera -seguida en tan breve término por su deceso-, que el cable dejó en los primeros días en la sombra, son ya detalladamente conocidos por las revelaciones de Eduardo Ortega y Gasset, Marcelino Domingo, Indalecio Prieto y otros líderes de la oposición al régimen. Se sabe que un movimiento destinado a deponer, con la dictadura, al monarca que la instigó y autorizó, debía haber estallado entre el 5 y el 8 de febrero. El general Goded, gobernador militar de Cádiz, trabajaba desde el mes de octubre de acuerdo con los elementos constitucionales para producir un vasto pronunciamiento militar. Casi todas las guarniciones de Andalucía estaban comprometidas para esta acción revolucionaria. Alfonso XIII y Martínez Anido tuvieron informes de la conspiración, ante los cuales Primo de Rivera decidió la destitución del General Goded y del Infante don Carlos, Capitán General de Sevilla, no sin enviar a Cádiz un emisario, encargado de negociar un arreglo con Goded, quien asumió una actitud de rebeldía, declarando que no tenía que obedecer ninguna orden de destitución. Este conflicto movió a Primo de Rivera a la desdichada consulta a los jefes militares y al Rey a reemplazarlo por el general Berenguer, capitulando ante la tendencia constitucionalista del ejército. Goded se consideró exonerado de todo compromiso con esta solución. Se trasladó a Madrid, donde le aguardaba un importante nombramiento. Eduardo Ortega y Gasset que, bajo su firma, ha explicado de este modo la génesis del ministerio Berenguer, en un artículo titulado “Cómo ha salvado su trono Alfonso XIII”, agrega que muchos oficiales quisieron seguir adelante sin Goded, pero que la indecisión se propagó desde entonces en todas las organizaciones”.
Antes que la restauración del orden constitucional, la misión del gobierno de Berenguer es el salvamento de la monarquía. Este es el juicio que, apenas anunciado el cambio, emití sobre su significado, y en el que me confirma el conocimiento de sus antecedentes. Alfonso XIII se encuentra ante un dilema: el absolutismo o la constitución. No tiene sino estos dos caminos. Tomará cualquiera de los dos para salvarse. Pasará de uno a otro, sin la menor hesitación, si las circunstancias se lo imponen. Por el momento, prefiere el camino del regreso a la legalidad. Pero este camino puede llevar muy lejos: a la Constituyente, a la reforma de la Constitución, al juzgamiento de las responsabilidades, a la proclamación de la República.
Liquidar seis años de dictadura no es un asunto de ordinaria administración. Alfonso XIII ha dado este encargo a un gabinete de familiares, que puede licenciar en cualquier momento para volver a la manera fuerte. En el instante en que se decidió por la rendición a la tendencia constitucional, no le quedaba otra cosa que hacer. Martínez Anido no compartía la confianza de Primo de Rivera sobre la posibilidad de dominar el espíritu de rebelión que cundía en el ejército. El Rey tenía los informes privados del Infante don Carlos, Capitán General de Sevilla, y de otros jefes. Se dice que en una oportunidad, advertido del peligro de que el Rey lo echara por la borda para arreglarse de nuevo con los grupos constitucionales, Primo de Rivera afirmó: “¡A mi no me borbonea este Borbón!”. La decepción de que, años después, no fuese otra su suerte, debe haber amargado profundamente los últimos días del derrotado dictador.
Una monarquía constitucional, así sea la de España, no puede abandonar impunemente la legalidad más de seis años, para restablecerla cuando los acontecimientos se lo impongan conminatoriamente. Viejos servidores de la monarquía como Sánchez Guerra, ajenos a toda veleidad republicana, han cumplido el deber de notificar a Alfonso XIII sobre las irreparables consecuencias de la responsabilidad en que ha incurrido violando el pacto constitucional, en que descansaba su autoridad. Alfonso XIII querría que se le amnistiase alegremente, con todos sus compañeros de aventura, por estos seis años de vacaciones. Pero aún entre lo más ortodoxos monárquicos encuentra censores severos, jueces inexorables como Sánchez Guerra, cuya actitud descubre hasta qué punto está comprometido y socavado el régimen monárquico en España.
¿Cómo va a restablecer la legalidad el gobierno de Berenguer, sin que se ponga en el tapete la cuestión del régimen y las responsabilidades? Ya hemos visto cómo este ministerio normalizador ha tenido que detenerse y retroceder en la primera modestísima etapa de la normalización. La censura de la prensa sigue vigente. ¿Cuándo se restituirá a los ciudadanos y a los partidos la libertad de reunión y de tribuna? Si el discurso de un líder conservador tiene una resonancia revolucionaria tan amenazadora, es fácil prever las aprensiones que van a seguir a los discursos de los líderes republicanos, socialistas, comunistas. I mientras estas elementales libertades no hayan sido restablecidas, ¿qué campaña eleccionaria ni que convocatoria a elecciones será posibles?
Estas son las dificultades del régimen en el orden político. Habría que examinar aparte las que confrontan actualmente en el orden económico. La política hacendaria y financiera de la dictadura ha sido el factor decisivo de su quiebra. Cambó no ha aceptado, en el gabinete de Berenguer, el ministerio de las finanzas, para no cargar con esta ingrata y riesgosa herencia. ¿Qué autoridad tiene un gobierno de transición, de interinidad manifiesta, para abordar eficazmente este problema? La misma que tiene para suprimir la censura de la prensa, resistir la crítica de la opinión, tolerar los comicios de los partidos ir al encuentro de elecciones normales.
No existe, sin duda, en España un partido bastante poderoso y organizado para llevar al pueblo victoriosamente a la revolución. Si existiese, la insurrección no habría estado a merced, en los primeros días de febrero, de la defección del general Goded, posiblemente confabulado con el Rey. El partido socialista es el único partido de masas; pero carece, en su burocracia, de espíritu y voluntad revolucionarias. La crisis del régimen confiere grandes posibilidades de acción a la concentración de los elementos republicanos. Pero lo característico de las situaciones revolucionarias es la celeridad con que crean las fuerzas y el programa de una revolución. La dinastía española, que tiene añeja experiencia de esta clase de vicisitudes, no lo ignora. I tan pronta está probablemente, a festejar en la plaza su retorno al pacto con el pueblo, como a preparar en las capitanías generales un segundo golpe de estado; jugándose, si los riesgos de las elecciones y la constituyente le parecen excesivos, la carta desesperada del absolutismo.
José Carlos Mariátegui.

En su nuevo libro “Le Bourreaux” (Ernest Flammarion, Editeur, Paris, 1926) Henri Barbusse reúne las piezas de su encuesta sobre el terror blanco en Rumania, Bulgaria y Yugo-eslavia. Barbusse visitó estos países hace aproximadamente un año acompañado de la doctora Paule Lamy, abogado del foro de Bruxelas, y de Leon Vernochet, secretario general de la Internacional de los Trabajadores de la Enseñanza. Y, después de informarse seriamente acerca del régimen de terror instaurado por los gobiernos de Bratianu, Zankoff y Patchitch, lo denunció documentada e inconfutablemente a la consciencia occidental.
“Les Bourreaux” no es, pues, un libro de literato sino un libro de combatiente. -Barbusse se siente, ante todo, un mílite de la causa humana-. Pero este libro no se ocupa, sin embargo, absolutamente, de polémica doctrinal. Se limita a exponer desnudamente, con objetividad y con verdad, los hechos. A base de datos rigurosamente verificados, lanza una documentada acusación contra los gobiernos reaccionarios de tres estremecidos países balkánicos.
Estos países son, según frase de Barbusse, el infierno de Europa. El terror blanco, alimentado de los más feroces enconos de clase y de raza, se encarniza ahí contra todos los que sospecha adversos al viejo orden social. El revolucionario, el judío, están fuera de la ley. La represión policial colabora con la acción ilegal de las bandas fascistas. Los más monstruosos procesos exhiben en la más cínica servidumbre a la justicia y sus funcionarios. “Sobre esta Rumania de hoy, -escribe Barbusse- sobre esta Yugoeslavia, sobre esta Bulgaria que es el círculo más patético del infierno balkánico, el estrangulamiento metódico de toda pulsación de libertad se transforma a los ojos en una calma que oprime el corazón porque es la calma de un cementerio. Se sabe bien que las cabezas que se han alzado han sido abatidas y que si aquí y allá se vuelve a alzar otras lo serán también a su turno; que todas las fuerzas vivas y conscientes de los trabajadores de la ciudad y los campos han sido o serán aniquiladas. Esta mutilación colectiva puede hacer creer en una apariencia de orden a quien no se hace más pasar más por esta tierra de espanto. Pero la paz no es sino una mortaja y los sobrevivientes comprenden que su existencia depende del primer gesto, de la primera palabra”.
Los gobiernos rumano y búlgaro se atribuyen la misión de defender Europa del bolchevismo. La complicidad del capitalismo occidental en su despotismo sanguinario es, en todo caso, evidente. Los gobiernos demo-liberales de Inglaterra y Francia presencia con tolerancia impasible sus ataques a los más fundamentales principios de la civilización. “Los gobiernos de Bratianu, Volkov, Patchitch, Pangalos y hasta ayer el gobierno de Horthy -constata Barbusse- no han tenido apoyo más firme que el de los representantes de Francia de la Revolución y de la libre Inglaterra. Todos estos hombres se sonríen y se sostienen. Por otra parte, se parecen. Los unos no son otra cosa que la imagen más sangrienta que los otros. Encarnan en todas partes el mismo sistema, la misma idea.”
Bulgaria se presenta como la más trágica escena de reacción. Los hechos que Barbusse denuncia no son desconocidos en conjunto. No obstante la complacencia que la gran prensa europea y sus agencias telegráficas usan con los regímenes reaccionarios, los ecos de la tragedia del pueblo búlgaro se han difundido hace tiempo por el mundo. Pero ahora el testimonio de Barbusse, apoyo en pruebas directas, precisa y confirma cada uno de los crímenes que antes, a través de distintas versiones, podían parecer exagerados por la protesta revolucionaria.
El atentado de la catedral de Sofía no fue, como ya sabíamos, el motivo de la truculenta represión; fue simplemente su efecto. El gobierno búlgaro había emprendido, mucho antes de ese acto desesperado, una sañuda campaña contra los organizadores y adherentes de los partidos agrario y comunista, con la mira de su completa destrucción. Varios diputados comunistas habían sido asesinados. Las cárceles estaban repletas. En medio de esta situación de pavor sobrevino el atentado de la catedral. Un tribunal honrado habría podido comprobar fácilmente la ninguna responsabilidad del partido comunista. La praxis comunista rechaza y condena en todos los países la violencia individual, radicalmente extraña a la acción de masas. Pero en Bulgaria los procesos no son sino una fórmula. El gobierno de Zankoff se acogió al pretexto del atentado para extremar la persecución así de comunistas como de agrarios. El número de víctimas de esta persecución, según los datos obtenidos por Barbusse, pasa los cinco mil. Los tribunales condenaron a muerte solo a trescientos procesados. Las demás víctimas corresponden a las masacres de los horribles días en que imperaba en Bulgaria la ley marcial. La ola de sangre llegó a tal punto que el Rey Boris se negó a firmar las sentencias de muerte de los tribunales. Y fue necesario que un vasto clamor de protesta se encendiera en el mundo para que la dictadura de Zankoff, la más infame de las dictaduras balkánicas, se sintiera aplacada y satisfecha.
Barbusse, en su libro, enumera los mayores crímenes. Su requisitoria está en pie. Nadie ha intentado válidamente confutarla. “Les Bourreaux” aparece, por ende, como uno de los más graves documentos de acusación contra el orden burgués.
Los mismos Estados que ante las violencias de la revolución rusa, olvidando la historia de todas las grandes revoluciones, mostraron ayer no más una consternación histérica, no han pronunciado una sola palabra para contener ni para reprobar el “terror blanco” en los países balkánicos. Bernard Shaw dice que los actos que condujeron a Europa a la guerra traicionaron a la civilización. Pero después de la guerra, esta traición ha continuado. Y su grado de responsabilidad es mayor que nunca.

La dictadura española ha querido celebrar su cuarto aniversario con la convocatoria a la asamblea nacional tantas veces prometida por Primo de Rivera desde que, conchabado con don Alfonso XIII, restauró en España, con especiosos disfraces, la monarquía absoluta. Esta asamblea debía haber sido, conforme al ambicioso designio de Primo de Rivera, cuando enfáticamente anunciaba la inauguración de un nuevo régimen destinado a rehacer España -una asamblea con poderes de constituyente. Pero en estos cuatro años los planes de la dictadura han sufrido más de una metamorfosis. La idea de la asamblea nacional ha encontrado, según se ha dicho, no poca resistencia en la propia monarquía, temerosa de dar un paso excesivo, superior a sus mediocres y achulado oportunismo borbónico. Varias veces la convocatoria a la asamblea ha parecido inminente; otras tantas la ha frustrado el desgano de Alfonso para esta gruesa jugada. Y en esta difícil gestación, la asamblea se ha achicado a tal punto que ahora que nos la enseñan nacida, casi no la reconocemos. No porque la esperásemos más o menos apta y válida, sino porque no es la misma de que Primo de Rivera, con jactanciosa paternidad, nos había anticipado el diseño.
La asamblea de Primo de Rivera, conforme a la descripción que nos ofrece de todas sus piezas y funciones en decreto de convocatoria, es modesto instrumento de legislación, de facultades muy restringidas, que recibe solo el encargo de elaborar el anteproyecto de la reforma constitucional. El personal, de elección real, pretenderá representar nada menos que a la nación; pero, en verdad, no representará en su gran mayoría, sino a la clientela de la dictadura. La representación subsidiariamente acordada a algunas categorías del trabajo intelectual o manual no alcanzará a conferir una autoridad siquiera aparente a este parlamento larvado.
Habría sido bastante comprometedor para la monarquía española el confiar a una asamblea designada por el rey la reforma de la Constitución. Por esto, la facultad de la asamblea ha quedado reducida a la mera confección del proyecto respectivo. La reforma resulta así aplazada al menos por tres años fijados como término a la asamblea. Este plazo de tres años es también el que provisoriamente se señala a si misma la dictadura para continuar su experimento.
Desde su aparición, esta dictadura se ha presentado modestamente como un gobierno a plazo fijo. No ha osado atribuirse la misión de reorganizar por si misma el Estado español. Primo de Rivera ha comprendido siempre que debía renovar periódicamente a sus compatriotas la garantía de su interinidad. El lenguaje de su gobierno, hasta en sus más fanfarronas proclamas, es íntimamente el de un gobierno provisorio.
Esta es una de las cosas que más profundamente diferencias a la dictadura de Primo de Rivera de la de Mussolini. El fascismo no conoce la preocupación del plazo. Se siente definitivo y perdurable. Emprende sus reformas, directas e inmediatamente. Tiene una idea mística de su función histórica. Además de todo lo que personal e intelectualmente separa a Mussolini de Primo de Rivera, los distingue y distancia, desde un punto de vista político, el hecho de que el primero tiene tras de sí un partido fuertemente organizado mientras el segundo se apoya en un séquito precario de elementos sin cohesión, congregados eventualmente en torno suyo por el influjo del poder.
Primo de Rivera tiene siempre el aire de pedir permiso para seguir. Mussolini obra como si estuviera totalmente seguro del consenso indefinido de su pueblo. El general juerguista ignora todavía la magnitud de su aventura. Teme mucho los riesgos de exagerarla. Puede ser que ambicione la duración ilimitada de su poder. Pero se propone ganarla por prórrogas sucesivas, como una suma de interinidades.
Basta este rasgo para juzgar la incurable mediocridad de la dictadura española, cuya subsistencia se explica únicamente como el resultado de un conjunto de circunstancias y elementos negativos: la descomposición de los viejos partidos constitucionales; el descrédito del régimen parlamentario; la insolvencia popular de los líderes liberales o reformistas; la inmadurez del proletariado cuya educación revolucionaria ha sufrido de una parte la influencia enervante del socialismo domesticado y de otra parte el efecto disolvente del sindicalismo anarquista.
La esperanza de los políticos desalojados del gobierno y del parlamento por el golpe de estado de Primo de Rivera se ha alimentado hasta ahora de la confianza en la incapacidad constructiva de la dictadura, sin tener en cuenta su propia insolvencia en este plano. En vez de una activa y combatiente, han preferido oponerle una expectación pasiva y expectante. Licenciados por el rey, no han sabido rebelarse contra la monarquía desleal al pacto del cual emana su autoridad. Hoy mismo, la convocatoria de esta asamblea, que cancela sus ilusiones, -porque dentro de tres años el desamparo de los viejos políticos será más grande aún que ahora- en vez de empujarlos a una acción de resulta defensa de los principios liberales contra la monarquía les inspira apenas el gesto inocuo e impotente de retirarse a la vida privada o de reprochar, melancólicamente al rey una infidelidad que están, sin embargo, dispuestos a perdonarle apenas el badulaque lo solicite. El único documento serio, entre los que recogen la protesta o la queja de los políticos despedidos del servicio real, parece ser la carta de Sánchez Guerra que recuerda a Alfonso XIII que su familia reina en España no por ser haber representado el principio de la monarquía constitucional en oposición al principio de la monarquía absoluta encarnado por el carlismo.
Si esta tesis hubiese sostenida por todos los líderes de los grupos constitucionales en una forma beligerante y agresiva, es probable que Alfonso XIII, a quien no se conocen aún rasgos audaces de héroe sino modestas habilidades de mundano, no había autorizado a Primo de Rivera a esta continuación de su aventura.
José Carlos Mariátegui.