El tono asaz agrio y estridente que usa la Sociedad Nacional Agraria en su polémica con los periódicos que ha hecho observaciones, muy moderadas por cierto, al memorial sobre la crisis de la industria azucarera, trasluce cierta nostalgia de tiempos en que, intacto el poder del civilismo, el comité de esa industria era, en último análisis, el gobierno mismo de la nación. De entonces a hoy, la economía y la política del país se han modificado. Han surgido nuevos intereses, nuevas industrias: el azúcar ha pasado a tercer y cuarto término en la estadística de nuestras exportaciones; el grupo económico y política de los azucareros ha visto decaer, en el mismo grado, su potencia; otras categorías lo han sustituido en el predominio. Mientras duraron las buenas cotizaciones, o la esperanza de que retornaran, la “industria azucarera”, como a si misma se llama, pudo vivir de su pasado. Hoy, esfumada esa esperanza, y colocada en el trance de solicitar el subsidio del Estado, le es imposible disimular su mal humor. La difícil represión de su disgusto, es seguramente la causa de ese aire ofendido con que responde a sus interlocutores.
Los azucareros pretenden que el Estado los subvencione para afrontar airosamente una crisis que los sorprende impreparados, por culpa en no pequeña parte de su gestión técnica y financiera. Para esta demanda, alegan razones que, dentro de su criterio económico, son sin duda atendibles. Pero quieren, además, que no sean públicamente controvertidas. Y porque no ocurre así, su personero se muestra acérrimamente fastidiado.
Los dineros que la industria azucarera pide que sean empleados en su servicio son, sin embargo, los dineros públicos. Los más modestos contribuyentes, los más humildes ciudadanos, tienen incontestable derecho a exponer, sobre ese empleo, las consideraciones que les parezcan de su conveniencia. No hablemos ya de los periódicos, a los que hay que suponer representantes de corrientes, de tendencias de la opinión. He aquí algo que para cualquiera que gestione un subsidio fiscal, debería ser obvio.
Para quienes estén familiarizados con los aspectos de nuestra psicología social y política, el tono ácido y perentorio de los azucareros no puede, empero, ser motivo de sorpresa. Corresponde, perfectamente, al arrogante estilo de hacendados que este grupo de latifundistas ha acostumbrado siempre en sus relaciones con sus compatriotas.
Pero esta no es sino la parte formal de la cuestión y, aunque se presta a muy entretenido psicoanálisis, no puedo restar, por el momento, mayor lugar a la atención que debemos a la parte sustancial.
La industria azucarera, como conjunto de empresas privada, confiesa tácitamente su quiebra. No le es posible subsistir sin el subsidio del Estado. Su demanda de asistencia, plantea esta cuestión: ¿Existen suficientes razones de interés colectivo para sostener a esta industria, en sus actuales condiciones, a costa de un cuantioso gravamen al tesoro público? Los azucareros están quizá demasiado habituados a hablar a nombre de la agricultura nacional. Pero desde hace algún tiempo, los hechos se oponen a este hábito. El azúcar, desde 1922, ha perdido el primer puesto en la estadística de nuestras exportaciones agrícolas. El algodón lo ha sustituido en ese puesto; y, si se tiene en cuenta el crecimiento de algodón a expensan de la caña, el desplazamiento parece definitivo. No es, pues, junto con las perspectivas pesimistas del mercado azucarero, el caso de presentar la crisis de los azucareros como la crisis de nuestra economía agraria. El algodón y el azúcar son solo los productos de exportación de la agricultura costeña. La agricultura provee, ante todo, al consumo de la población. Esa no es la producción registrada puntualmente por las estadísticas, no la representación por los hacendados de la Sociedad Nacional Agraria; pero es la más importante. La estabilidad de nuestras importaciones, demuestra que por sustancias alimenticias pagamos anualmente al extranjero más de cuatro millones de libras, esto es aproximadamente lo mismo que nos reporta la venta del azúcar en el exterior. Y esto quiere decir que en un desarrollo de la agricultura y la ganadería, y las industrias anexas, dirigido a la satisfacción de las necesidades de nuestro consumo actual, podemos encontrar la compensación de cualquier baja en la exportación de azúcar. No estamos en presencia, bajo ningún punto de vista, de la crisis de una industria a la que se pueda estimar como una base insustituible de nuestra economía.
Que esa industria, no obstante el favor de que por notorias razones políticas sociales ha gozado y los años de prosperidad que ha conocido durante el período bélico, no ha sabido organizarse técnica y financieramente en modo de resistir a una crisis como la que hoy confronta, es un hecho que, aunque sea displicente y aburridamente, tienen que admitir los propios azucareros. Las posibilidades de concurrencia, con otros centros productores, en distantes mercados de consumo, han residido, -residen todavía- en el bajo costo de producción, léase en los salarios ínfimos, en el miserable standard de vida de las masas trabajadoras de nuestra hacienda. La cuestión del aprovechamiento de los sub-productos está intacta. El consejo de que se busque en su solución uno de los medios de asentar la industria azucarera en cimientos estables, ha sido recibido por el Señor Basombrío casi como una recomendación hostil e impertinente. I si la industria azucarera está en riesgo de quedar reducido, como extensión a los límites de los valles de La Libertad, donde las dos grandes son las de “Casa Grande” y “Cartavio”, centrales de beneficio, resulta que las negociaciones nacionales se han dejado batir en toda la línea por sus competidoras extranjeras.
En estas condiciones, ¿qué interés nacional, que razón económica puede existir para mantener, mediante subsidios del fisco, esto es mediante un sacrificio de los contribuyentes, la gestión privada de la industria azucarera? Si esta industria está muy lejos de representar el bienestar de la población trabajadora a la que debe sus utilidades pasadas; si en su periodo de crecimiento y prosperidad no ha manifestado aptitud para resolver sus problemas técnicos y financieros; si ahora mismo tomando las objeciones y el debate de demanda de subsidio como una enfadosa intervención de la curiosidad pública en asuntos de su fuero exclusivo, acusa lo poco que ha revolucionado la mentalidad de sus dirigentes, no se ve la conveniencia que puede haber en concederle, sin la garantía de que será suficiente para ayudarla a superar su crisis, la subvención que solicita. Ha llegado, más bien, el caso de que se considere una cuestión más amplia y seria: la de la oportunidad de ir a la nacionalización de esa industria, como único medio seguro y racional de evitar que sus vicisitudes futuras de reflejen dañosamente en la economía general del país. El Estado tiene suficiente solvencia para una empresa de esta magnitud.
José Carlos Mariátegui.

Como un apéndice o complemento del estudio crítico del problema de la tierra en el Perú, estimo oportuno, exponer en un esquema sumario, los lineamientos que, de acuerdo con las proposiciones de mi estudio, podría tener, dentro de las condiciones históricas vigentes, una política agraria inspirada en el propósito de solucionar orgánicamente ese problema. Este esquema se reduce necesariamente a un cuerpo de conclusiones generales, del cual queda excluida la consideración de cualquier aspecto particular o adjetivo de la cuestión, enfocada solo en sus grandes planos.

1. El punto de partida, formal y doctrinal, de una política agraria socialista no puede ser otro que una ley de nacionalización de la tierra. Pero, en la práctica la nacionalización debe adaptarse a las necesidades y condiciones concretas de la economía del país. El principio, en ningún caso, basta por si solo. Ya hemos experimentado cómo los principios liberales de la Constitución y del Código Civil no han sido suficientes para instaurar en el Perú una economía liberal, esto es capitalista, y cómo, a despecho de esos principios, subsisten hasta hoy formas e instituciones propias de una economía feudal. Es posible actuar una política de nacionalización, aún sin incorporar en la carta constitucional el principio respectivo, en su forma neta, si ese estatuto no es revisado integralmente. El ejemplo de México es, a este respecto, el que con más provecho puede ser consultado. El art. 27 de la Constitución Mexicana define así la doctrina del Estado en lo tocante a la propiedad de la tierra: “I. La propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de los límites del territorio nacional, corresponde originariamente a la Nación, la cual ha tenido y tiene el derecho de transmitir el dominio de ellos a los particulares, constituyendo la propiedad privada. -2. Las expropiaciones solo podrán hacerse por causa de utilidad pública y mediante indemnización. -3. La Nación tendrá en todo tiempo el derecho de imponer a la propiedad privada las modalidades que dicte el interés público, así como el del regular el aprovechamiento de los elementos naturales susceptibles de apropiación, para hacer una distribución equitativa de la riqueza pública y para cuidar de su conservación. Con ese objeto se dictarán las medidas necesarias para el fraccionamiento de los latifundios; para el desarrollo de la pequeña propiedad; para la creación de nuevos centros que sean indispensables para el fomento de la agricultura y para evitar la destrucción de los elementos naturales y de los daños de la propiedad pueda sufrir en perjuicio de la sociedad. Los pueblos, rancherías y comunidades que carezcan de tierras y aguas, o no las tengan en cantidad suficiente para las necesidades de su población tendrá derecho a que se les dote de ellas, tomándolas de las propiedades inmediatas respetando siempre la pequeña propiedad. Por tanto, se confirman las dotaciones de terrenos que se hayan hecho hasta ahora de conformidad con el decreto de 6 de enero de 1915. La adquisición de las propiedades particulares necesarias para conseguir los objetos antes expresados, se considerará de utilidad pública”.
   2.-En contraste con la política formalmente liberal y prácticamente gamonalista de nuestra primera centuria, una nueva política agraria tiene que tender, ante todo, al fomento y protección de la “comunidad” indígena. El “ayllu” célula del Estado inkaiko, sobreviviente hasta ahora, a pesar de los ataques de la feudalidad y del gamonalismo, acusa aún vitalidad bastante para convertirse, gradualmente, en la célula de un Estado socialista moderno. La acción del Estado, como acertadamente lo propone Castro Pozo, debe dirigirse a la transformación de las comunidades agrícolas en cooperativas de producción y de consumo. La atribución de tierras a las comunidades tiene que efectuarse, naturalmente, a expensas de los latifundios, exceptuando de toda expropiación, como en México, a las pequeñas y aún a los medianos propietarios, si existe en su bono el requisito en la presencia real”. La extensión de tierras disponibles permite reservar las necesarias para una dotación progresiva en relación continua con el crecimiento de las comunidades. Esta sola medida aseguraría el crecimiento demográfico del Perú en mayor proporción que cualquiera política “inmigrantista” posible actualmente.
2. El crédito agrícola, que solo controlado y dirigido por el Estado puede impulsar la agricultura en el sentido más conveniente a las necesidades de la agricultura nacional, constituirá dentro de esta política agraria el mejor resorte de la producción comunitaria. El Banco Agrícola Nacional acordaría la preferencia a las operaciones de las cooperativas, las cuales, de otro lado, serían ayudadas por los cuerpos técnicos y educativos del Estado para el mejor trabajo de sus tierras y la instrucción industrial de sus miembros.
3. La explotación capitalista de los fundos donde la agricultura esté industrializada puede ser mantenida mientras continúe siendo la más eficiente y no pierda su aptitud progresiva; pero, tiene que quedar sujeta al estricto contralor del Estado ante todo lo concerniente a la observancia de la legislación del trabajo y la higiene pública, así como a la participación fiscal en las utilidades.
4. La pequeña propiedad encuentra propiedades y razones de fomento en los valles de la costa o la montaña, donde existe factores favorables económica y socialmente a su desarrollo. El “yanacón” de la costa, cuando se han abolido en él los hábitos tradiciones de socialismo del indígena, presenta el tipo en formación o transición del pequeño agricultor. Mientras subsista el problema de la insuficiencia de las aguas de regadío, nada aconseja el fraccionamiento de los fundos de la costa dedicados a cultivos industriales conforme a una técnica moderna. Una política de división de los fundos en beneficio de la pequeña propiedad no debe ya, en ningún caso, obedecer a propósitos que no miren a una mejor producción.
5. La confiscación de las tierras no cultivadas y la irrigación o bonificación de las tierras baldías, pondrían a disposición del Estado extensiones que serían destinadas preferentemente a su colonización por medio de cooperativas técnicamente capacitadas.
6. Los fundos que no son explotados directamente por sus propietarios, -pertenecientes a rentistas rurales improductivos- pasarían a manos de sus arrendatarios, dentro de las limitaciones de usufructo y extensión territorial establecidas por el Estado, en los casos en que la explotación del suelo se practique conforme a una técnica industrial moderna, con instalaciones y capitales eficientes.
7. El Estado organizará la enseñanza técnica agrícola, y su máxima difusión en la masa rural, por medio de las escuelas rurales primarias y de escuelas prácticas de agricultura o granjas escuelas, etc. A la instrucción de los niños del campo se le daría un carácter netamente agrícola.
   No creo necesario fundamentar estas conclusiones que se proponen, únicamente, agrupar en un pequeño esbozo algunos lineamientos concretos de la política agraria que consienten las presentes condiciones históricas del país, dentro del ritmo de la historia en el continente. Quiero que no se diga que de mi examen crítico de la cuestión agraria peruana se desprenden solo conclusiones negativas o proposiciones de un doctrinarismo intransigente.

La asamble de la Sociedad de las Naciones
La más visible consecuencia de un gabinete laborista británico en la política internacional es, seguramente, la reanimación de la Sociedad de las Naciones. No es, por supuesto, que el Labour Party, en el gobierno de la Gran Bretaña, represente sustancialmente un nuevo rumbo en la gestión de los negocios extranjeros de ese imperio. La Gran Bretaña es un país fundamentalmente conservador en su política; pero en ningún aspecto lo es tanto como en el diplomático. Mas el estilo y el espíritu de los conservadores se avenía poco con el rol de empresarios de la Sociedad de las Naciones y de las asambleas de Ginebra. Los ministros conservadores asistían a las reuniones de la Sociedad de las Naciones con un gesto demasiado cansado y escéptico. Los laboristas, en cambio, estrenan en este campo uno de sus más intactos entusiasmos. En conferencias como la de las reparaciones, estarán siempre dispuestos a defender los intereses de la Gran Bretaña, con mayor celo nacionalista que los conservadores, sin exceptuar a Churchill, pero en la Sociedad de las Naciones, en debates generales sobre el desarme y el arbitraje obligatorio, pueden consentirse generosos brindis pacifistas.
La nota más importante de la décima asamblea de la Sociedad de las Naciones es hasta ahora la elección de Guerrero, delegado de la República del Salvador, como presidente del Consejo de la Liga. I, seguramente, este es un acto de inspiración británica. Se trata más que de atraer a la política de la Liga a los pequeños Estados, disimulando su carácter de trust de grandes potencias, de acentuar la participación de la América Latina en sus labores centrales. Guerrero, en la Conferencia Pan-Americana de la Habana, representó como se recordará la resistencia a la política yanqui. Hasta ahora, los Estados Unidos es la única gran potencia capitalista ausente de la liga, aunque intervenga en todos sus trabajos de colaboración internacional: economía, higiene, trabajo, etc. I es obvio que, a medida que se acentúe el antagonismo anglo-yanqui, la política de la Gran Bretaña tiene que esforzarse por sacar partido de esta circunstancia. Si bien Norte América está habituada a domesticar las veleidades anti-yanquis del nacionalismo centro-americano -se recuerda demasiado los casos Sacasa y Moncada- su diplomacia debe haber recibido con gesto un poco desabrido el nombramiento del salvadoreño Guerrero como Presidente del Consejo de la Liga.
En general, la Sociedad de las Naciones se presenta esta ves bastante convalecida a sus crisis. La abstención yanqui se compensa, en parte, con la activa presencia de Alemania, representada por Stresseman, que necesita aprovechar este retorno de su país a la sociedad internacional, después del largo aislamiento a que la condenó la derrota. La Liga es, por otra parte, el centro de operaciones de Briand, “speaker” oficioso de los Estado Unidos de Europa.

La reacción en México
Portes Gil sigue haciendo contramarchar a la Revolución Mexicana. Obtuvo la victoria sobre la insurrección militar de Escobar, Aguirre, etc, mediante una gran movilización de las masas revolucionarias -obreras y campesinas-. Pero, enseguida, mientras de una parte se ha apresurado a hacer la paz con el clero, de otra parte ha iniciado la ofensiva contra la extrema izquierda. Algunos de los mismo agraristas, que se unieron a la cabeza de las masas campesinas para defender la Revolución contra los generales que la traicionan alzando repentinamente la bandera de la Reacción, han caído, abatidos no por la balas de los “cristeros”, sino por las balas de las tropas federales.
El pacto con la Iglesia, que siguió al pacto con el capitalismo yanqui, expresa nítidamente el carácter del gobierno interino del licenciado Portes Gil, a quien ni estas transacciones, ni la persecución de la vanguardia obrera y campesina, impiden por supuesto emplear, en sus arengas, un lenguaje pródigo todavía en término revolucionarios.
Pascual Ortiz Rubio, candidato del partido gubernamental, se prepara sin duda a continuar en el poder la política del licenciado Portes Gil. La factura del antiguo frente revolucionario, sostenedor de Obregón en la última lucha electoral, ha consentido a Vasconcelos, candidato anti-reeleccionista, una extensa e imponente demostración de fuerza en varios Estados. El próximo gobierno tendrá que hacer frente a dos fuertes corrientes de oposición: la de derecha y la de izquierda. A la primera procurará quebrantarla con nuevas concesiones a los intereses que representa. A la segunda, resistirá simultáneamente con las armas de la represión y la demagogia. Pero en este difícil equilibrio, le será imposible seguir haciendo figura de gobierno “revolucionario”.

Guillermo Valencia y Vásquez Cobo
Los dos candidatos conservadores -Guillermo Valencia y Vásquez Cobo- continúan en Colombia irreductiblemente sostenidos por sus partidarios del Congreso. De hecho, el partido conservador se presenta escisionado ante el problema presidencial. Valencia ha obtenido la mayoría en la votación de los representantes a congreso de su partido. Pero los 45 representantes que ha votado por Vasquez Cobo se manifiestan resueltos a luchar hasta el fin por su candidato. El partido liberal, en minoría en el congreso, no tendrá candidato. Frente al dilema Valencia o Vásquez Cobo, es probable que, con ciertas condiciones, y ante el significado ostensible que ha dado a la candidatura del general la recomendación del arzobispo de Bogotá, se decida a concurrir a la victoria del candidato civil. Los liberales andan divididos; pero son, aún así, una fuerza. El partido socialista revolucionario, que los reemplaza cada vez más como partido de izquierda, no cuenta, puesto casi fuera de la ley, con representación parlamentaria ni con prensa.
En las razones del Arzobispo de Bogotá para apoyar a Vásquez Cobo, son, en orden a la política internacional, las mismas que ha tenido para vetar a Concha. Vásquez Cobo no es persona ingrata a los Estados Unidos, a cuyo canciller Root le tocó saludar cortésmente, a nombre del gobierno colombiano, vivo aún el resentimiento por la desmembración de Panamá, cuando ese activo gerente del panamericanismo visitó la América Latina en gira oficial. Concha, que somo ministro representó una política de celosa reivindicación de los intereses colombianos, frente a Norte-América, no está en el mismo caso. Su elección como presidente de la república podría perjudicar a la reconciliación yanqui-colombiana. La razón de Estado es decisiva para los políticos de la Iglesia.
Valencia, en las últimas semanas, quizá en parte a consecuencia de la fisionomía abiertamente dictatorial y reaccionaria que ha mostrado la candidatura de su opositor, apoyado por el ex-ministro de guerra Rengifo, el hombre de la ley “heroica” y de la represión de Santa Marta, parece haber ganado terreno. La votación así lo demuestra.
José Carlos Mariátegui.

(...)cía que era la única agrupación que sentía viva en Chile. En ningún país se habla castellana, como anota Lorenzo Luzuriaga, existe un movimiento semejante. Se trata de un sindicato que en el momento de su disolución, contaba con seis mil adherentes. Su vanguardia había conseguido conquistar para sus ideales pedagógicos y sociales a esta enorme falange de profesionales, elevándolos a gran altura sobre los fines puramente corporativos, y las fórmulas tímida y convencionalmente progresistas que caracterizan de costumbre, a los sindicatos intelectuales.
Tuvo su origen este sindicato beligerante y activo en la convención nacional de maestros celebrado en Santiago en diciembre de 1922 para deliberar sobre la organización del magisterio, la reforma de la enseñanza y la acción social del profesorado. Eran los años de la Reforma Universitaria, en que una ráfaga de inquietud social pasó por las Universidades. En Chile esta inquietud se propagó, sobre todo, entre los maestros. Por estar más próximos al pueblo y a su miseria, los maestros sentían mejor, y más fecundamente, la emoción social. En sus luchas sindicales, libradas con el espíritu y el método de las reivindicaciones obreras, la Asociación General de Profesores se robusteció y desarrolló. En la tercera convención nacional de maestros, efectuada en Valparaíso en enero de 1925, a la que asistieron más de 200 delegados, se aprobó un proyecto de reforma educacional y se acordó convocar la Convención Latino-Americana que a principios del año último se realizó en Buenos Aires. “Nuevos Rumbos”, un periódico valiente y combativo, que en toda Hispano-América era conocido y apreciado, llevaba a todas las secciones de la Asociación la admonición constante de sus dirigentes. Pero todo este trabajo, no importaba ni se proponía la elaboración de un ideario político, ni era este tampoco el objeto de las deliberaciones de los maestros, contagiados en parte de la tendencia anarco-sindicalista que hasta hace poco antes había dominado en las organizaciones obreras chilenas, como en casi todas las organizaciones clasistas de la América Latina.
La formación de este movimiento, que no estaba ligado a una organización sindical general del país, ni a un partido de clase, aparte del inevitable confusionismo ideológico dominante en la mayoría de sus adherentes, consentía, y acaso propiciaba, la tentativa de la colaboración con el gobierno en una labor de reforma. La situación política, caracterizada por la dispersión y represión de las fuerzas políticas y sindicales de la clase obrera y por el afianzamiento de una dictadura militar, de base pequeño-burgués, que obtenía uno de sus mayores provechos de la declamación demagógica, presionaba a la masa de la Asociación, a aceptar la invitación de Ibañes, dispuesto en apariencia en reformar la educación en Chile, de acuerdo con los principios sancionados por los maestros en sus convenciones nacionales.
Explicados sus orígenes, en un próximo artículo, expondrá y comentaré el desarrollo y resultados del experimento, que tan mal concluye para los maestros y su causa.
José Carlos Mariátegui.