[Transcripción completa]

Desde antes de la guerra se percibían los síntomas de una crisis del régimen democrático. ¿Cuál ha sido el motor de esta crisis? El acrecentamiento y concentración paralelas del capitalismo y del proletariado. La vida económica, las fuerzas económicas de los países, han pasado a las manos de estos dos grandes poderes, al lado de los cuales el Estado ha adquirido una posición no de árbitro sino más bien de mediador. Los conflictos, los contrastes entre una y otra fuerza, no han podido ser solucionadas por el Estado sino
por transacciones, por compromisos directos entre ellas. El Estado en esas transacciones no ha jugado sino un rol de componedor. Dentro de las formas de la sociedad vieja se han ido gestando, se han ido incubando las formas de una sociedad nueva. La nación, en virtud de la nueva realidad social, ha dejado de ser una entidad predominantemente política para transformarse en una entidad predominantemente económica. Esta transformación sustancial de la nación ha determinado la crisis del Estado político. La historia nos enseña que las formas de organización social y política de una sociedad corresponden a la estructura, a la tendencia de las fuerzas productivas. La sociedad burguesa, por ejemplo, no tiene otro origen que el nacimiento de la industria. Dentro de la sociedad medioeval, la burguesía era la clase industrial, la clase artesana. A medida que la burguesía se enriqueció, a medida que la industria se desarrolló, los privilegios de la aristocracia, de la nobleza se hicieron insoportables. El obrero y el burgués se confundían entonces en una clase única: el pueblo. La burguesía era la vanguardia del pueblo y era la clase conductora de la revolución. Obrero y burgués
coincidían en la aspiración de la abolición de los privilegios de la aristocracia. La caída de la aristocracia, del régimen medioeval fue, pues, determinada más que por razones abstractas de ideal por razones concretas de la aparición de una nueva forma de producción: la industria. Bajo el régimen democrático, bajo el régimen burgués, se ha creado nuevas formas de producción. La industria se ha desarrollado extraordinariamente impulsada por la máquina. Han surgido enormes empresas industriales. La expansión de estas nuevas fuerzas productivas no permite la subsistencia de los antiguos moldes políticos. Ha transformado la estructura de las naciones y exige la transformación de la estructura del régimen. La democracia burguesa ha cesado de corresponder a la organización de las fuerzas económicas formidablemente transformadas y acrecentadas. Por esto la democracia está en crisis. La institución típica de la democracia es el parlamento. La crisis de la democracia es una crisis del parlamento. Hemos visto ya cómo los dos grandes poderes contemporáneos son el capital y el trabajo y cómo, por encima del parlamento, estas fuerzas transigen o luchan. Los teóricos de la democracia podrían suponer que estas fuerzas están o deben estar proporcionalmente representadas en el parlamento. Pero no es así. Porque la sociedad no se divide netamente en capitalistas y proletarios. Entre la clase capitalista y la clase proletaria hay una serie de capas amorfas e intermedias. Además, así como toda la clase proletaria no tiene conciencia exacta de sus necesidades históricas y
clasistas, así también toda la clase capitalista no está dotada de una conciencia precisa. La mentalidad del gran industrial o del gran banquero no es igual a la mentalidad del rentista medio o del comerciante minorista. Esta dispersión de las clases sociales se refleja en el parlamento que no representa así netamente los dos grandes intereses en juego. El Estado político resulta la representación integral de todas las capas sociales. Pero la fuerza conservadora y la fuerza revolucionaria se polarizan en dos agrupaciones únicas de
intereses: capitalismo y proletariado. Dentro del régimen parlamentario no caben sino gobiernos de coalición. Ahora se tiende a los gobiernos de facción.

Actualmente, la intensificación de la lucha de clases, el acrecentamiento de la guerra social, ha acentuado esta crisis de la democracia. El proletariado intenta el asalto decisivo del Estado y del poder político para transformar la sociedad. Su crecimiento en los parlamentos resulta amenazante para la burguesía. Los instrumentos legales de la democracia han resultado insuficientes para conservar el régimen democrático. El conservadorismo ha necesitado apelar a la acción ilegal, a los medios extra-legales. La clase media, la zona intermedia y heterogénea de la sociedad, ha sido el nervio de este movimiento. Desprovista de una conciencia de clase propia, la clase media se considera igualmente distante y enemiga del capitalismo y del proletariado. Pero en ella están representados algunos sectores capitalistas. Y como la batalla actual se libra entre el capitalismo y el proletariado toda intervención de un tercer elemento tiene que operarse en beneficio de la clase conservadora. El capitalismo y el proletariado son dos grandes y únicos campos de gravitación que atraen las fuerzas dispersas. Quien reacciona contra el proletariado sirve al capitalismo. Esto le acontece a la clase media, en cuyas filas ha reclutado su proselitismo el movimiento fascista. El fascismo no es un fenómeno italiano, es un fenómeno internacional. El primer país de Europa donde el fascismo ha aparecido ha sido Italia porque en Italia la lucha social estaba en un período más agudo, porque en Italia la situación revolucionaria era más violenta y decisiva.

Proceso del fascismo. Su encumbramiento. Sus sistemas. Sus métodos.

El fascismo en Alemania, en Francia, en Hungría, etc. Lugones en la Argentina.

Romanones y el Frente Constitucional

La escena política española se reanima poco a poco. El Conde de Romanones trabaja por unir a los grupos constitucionales en un frente único más o menos unánime. El fin del directorio parece próximo. El debate político obtiene de la censura un rigor más elástico. El monólogo de la “Gaceta” no acapara ya toda la atención pública. Los políticos del “viejo régimen”, después, de un largo período de cazurro silencio, pasan a la ofensiva. Se aprestan a distribuirse equitativamente ha herencia del Directorio.

El golpe de estado de Primo de Rivera no los sacó de quicio. Los partidos constitucionales no encontraron prudente ni oportuno en ese instante resistir a la dictadura. El Rey amparaba con su autoridad a los generales que la ejercían. Había que esperar, por consiguiente, que el experimento reaccionario y absolutista se cumpliese . Convenía aguardar una hora más propicia para la defensa de la Constitución y del Parlamento. Los partidos constitucionales no sentían, por el momento, ninguna urgente nostalgia de la Libertad. Aceptaban, transitoriamente, su ostracismo.

Pero a medida que se constataba el fracaso del Directorio, a medida que el humor del Rey daba señales de embarazo y de inquietud, la nostalgia de la Libertad y de la Constitución se enseñoreó en el ánimo de los partidos constitucionales. El espíritu de los políticos del "viejo régimen" se iluminó de improviso. La política del Directorio se revelaba impotente y estólida. Luego, era tiempo de declararla mal. Esta declaración, sin embargo, debía ser formulada con un poco de precaución. Por ejemplo, en una carta privada que la indiscreción del Directorio se encargaría de descubrir y denunciar al público. Don Antonio Maura empleó, con escaso éxito, este medio. El Conde de Romanones pensó entonces que, sin renunciar a ninguna de las reservas aconsejadas por el tacto y la prudencia, era el caso de utilizar contra el Directorio un instrumento público.

En esta atmósfera se incubó su libro “Las Responsabilidades del Antiguo Régimen ”, en el cual el Conde se limita a una ponderada defensa de los estadistas de la Restauración ó, mejor dicho, de los estadistas que han gobernado a España de 1875 a 1923. Libro, pues, no de ataque, sino apenas de contra-ataque. A la requisitoria acérrima y destemplada del Directorio contra la vieja política, sus ideas y sus hombres, no responde con una requisitoria contra la Reacción y sus generales. Libro de defensa lo llama en el prólogo el Conde de Romanones . “Nadie espere —advierte— encontrar en este libro ni disonancias ni estridencias; no me he propuesto contestar a unos agravios con otros, ni siquiera llamar capítulo de responsabilidades a quienes deben aceptar buena parte de las que graciosamente arrojan sobre los demás”. Acerca del Directorio, el Conde de Romanones se contenta con el augurio de que día llegará en que su libro admita una segunda parte. Al examen de la obra y de las responsabilidades de ayer seguirá el examen de la obra y de las responsabilidades de hoy.”

En grueso volumen, el Conde de Romanones hace una magra defensa del “antiguo régimen”. Con la estadística en la mano, explica cómo España, en cincuenta años, ha progresado remarcablemente. La agricultura, la industria, la minería, la banca, se han desarrollado. Los negocios prosperan. (La palabra del Conde de Romanones, pingüe capitalista, es a este respecto digna de todo crédito) . La población del reino ha aumentado considerablemente. Y no porque los españoles sean más prolíficos que antes —el aumento depende de una menor mortalidad— sino porque viven en mejores condiciones higiénicas. Es cierto que la prosperidad de España no puede absorver ni alimentar a esta sobre población; pero tal desequilibrio encuentra en la emigración un remedio automático.

España ha perdido en los últimos cincuenta años casi todos los restos de su poder colonial. El Conde de Romanones se ve obligado a constatar. Mas se consuela con la satisfacción de que España instalada en el consejo de la Sociedad de Naciones, se encontraba en 1922 menos aislada que en 1875.

En materia de política interna, el Conde tiene motivos para mostrarse menos optimista respecto a los resultados de medio siglo de beata monarquía constitucional. No puede hablar, apoyándose en datos estadísticos y en hechos históricos, de un extraordinario progreso democrático. La democracia, no ha echado raíces en España. El leader liberal lo reconoce melancólicamente. Un hecho histórico de filiación inequívoca —la dictadura de Primo de Rivera— desvanece toda ilusión sobre la realidad de la democracia española. Malgrado su inagotable optimismo, el Conde de Romanones tiene que conformarse con esta pobre realidad que, desgraciadamente, no puede ser contradicha, o atenuada al menos, por la estadística. Observa con tristeza que “antes se moría por la libertad, por ella se afrontaban persecuciones, mientras que hoy. . . hoy los nietos de aquellos que murieron o estuvieron dispuestos
a morir por la libertad, niegan esa libertad. La crisis de la libertad— una de las crisis contemporáneas— consterna al Conde. Un viejo y ortodoxo liberal no puede explicársela. Le resulta absolutamente inasequible e impenetrable la idea de que la libertad no es el mito de esta época. O, mas bien, de que la libertad tiene ahora otro nombre. La libertad jacobina y monárquica del conde millonario no
es, ciertamente, la libertad del Cuarto Estado. Al proletariado socialista no le interesa demasiado la libertad cara al Conde de Romanones. El Conde piensa que "un pueblo que permanece insensible ante la negación de su Estatuto fundamental y de las garantías más esenciales para su derecho y su vida, es un pueblo que no puede ofrecer apoyo al gobierno para emprender una obra de aliento". Pero este es un mero error de perspectiva histórica. Las muchedumbres contemporáneas, insensibles a su Estatuto fundamental, más insensibles todavía al verbo del Conde Romanones, no creen ya que el régimen monárquico-constitucional-parlamentario les asegure las “garantías esenciales para su derecho y su vida”. Hacia la reivindicación de otras garantías, que no son las que bastan al Conde de Romanones, se mueven hoy las masas.

El propio conde por otra parte, se muestra al Conde de Romanones, dispuesto a sacrificar prácticamente muchos de los principios de su liberalismo. Propugna actualmente la formación de un frente único constitucional. En este frente único se confundirían y se amalgamarían liberales y conservadores de todos los matices. Confusión y amalgama que ya se ha ensayado y practicado otras veces en España en servicio de las mismas instituciones: monarquía y parlamento. Confusión y amalgama que, en estos tiempos, no constituyen además la conciliación de dos términos antitéticos y contrarios. Los términos liberalismo y conservadorismo han perdido su antiguo sentido histórico. Entre liberales y conservadores no existe hoy ninguna diferencia insuperable. La política de los liberales no se distingue fundamentalmente de la política de los conservadores. Ante la cuestión social, conservadores y liberales tienen casi la misma posición y el mismo gesto. El Conde de Romanones lo admite en varias páginas de su libro al constatar que la reforma social no ha marchado en España mas a prisa bajo los gobiernos liberales que bajo los gobiernos conservadores. Puede agregarse que teóricamente los liberales se encuentran a veces más embarazados que los conservadores para una política de reforma social. Sus ideas individualistas les impiden, frecuentemente, adaptarse a la concepción “intervencionista” del Estado.

El Conde de Romanones da en cambio en el blanco cuando dispara en vano y absurdo empeño de los hombres del Directorio de crear, con el título de Unión Patriótica y sobre una caótica base, un partido nuevo. “Intentar substituir —escribe— los antiguos partidos por otros impuestos de arriba a abajo, es contra naturaleza, es una monstruosidad política y social, que empéñese quien se empeñe, no fructificará. Porque los partidos tienen su biología, que no depende de los caprichos de los hombres ni de las arbitrariedades de los gobernantes. Y la primera ley reguladora de esa biología, es que nacen y crecen de abajo arriba”.

No es posible, sin embargo, que Romanones se persuada de que los viejos partidos están, más o menos, en el mismo caso. Sus raíces históricas se han envejecido, se han secado. Ha dejado de alimentarlas el “humus” del suelo. El Conde de Romanones no ignora, probablemente, estas cosas; pero necesita, de todos modos, negarlas. Y de ahí que invite a todos los grupos constitucionales a la reconquista del gobierno bajo la bandera de la Constitución y la Monarquía. Puesto que la España nueva no está aún madura, la España vieja reivindica su derecho a la vida y al poder. El panfleto antimonárquico de Blasco Ibáñez conviene a Ios fines de los
políticos y los partidos que se turnaban hasta 1923 en el gobierno de España. El inocuo y literario republicanismo de Blasco
Ibáñez llega a tiempo para probar la irrealidad del peligro republicano; pero llega a tiempo también para intimar a la Monarquía la vuelta a la Constitución. Los liberales y los demócratas españoles se complacen de esta ocasión de ofrecerse al Rey y de comprometerse a no pedirle cuentas por el golpe de Estado de septiembre. El "intermezzo" despótico, militar y reaccionario del Directorio será, en su recuerdo, una alegre aventura, una escapada nocturna de un rey un poco truhán y un poco bohemio.

Acaso por esto, más que por la censura, Romanones y el frente constitucional no manifiestan mucha agresividad contra el Directorio. El Directorio, después de todo, como anoté en otro artículo, no es sino un episodio, una anécdota de la “vieja política”. Los cincuenta años de política y administración mediocres, que el Conde de Romanones revista en su libro, tienen en el Directorio su fruto más genuino. El golpe de Estado de setiembre ha germinado en la entraña de la “vieja política”. Ni el “antiguo régimen” puede renegar al Directorio. Ni el Directorio puede renegar al “antiguo régimen”. El frente constitucional tiene, en el fondo, ante los problemas de España, la misma actitud que Primo de Rivera y sus generales. Romanones no propone ninguna solución nueva, ningún remedio radical. El programa del frente constitucional es sólo un programa negativo. Se dirige a una meta asaz modesta: la restauración
de la Restauración. En esta receta simplista parece condensarse y agotarse todo el ideal, todo el impulso y toda la doctrina
de los “léaders” del régimen constitucional.

José Carlos Mariátegui

Los votos del congreso nacional hindú
Habría que ignorar toda la historia de la lucha del pueblo hindú por su independencia nacional en la etapa que comienza en 1918, para sorprenderse del voto del Congreso Nacional de la India reunido en Lahora. El Congreso Nacional, al que las declaraciones británicas tratan de restar autoridad ahora porque ha cesado de ser una asamblea de espíritu colaboracionista, auspiciada semi-oficialmente por los funcionarios del Imperio, no ha llegado a este voto, sino a través de una serie de experiencias, determinadas por el movimiento de las masas. El primer paso positivo de esta asamblea hacia la emancipación de la India fue el de establecer en 1916 el acuerdo entre mahometanos e hinduistas. La corriente nacionalista revolucionaria dominó en 1918 en el Congreso en forma que parecía enunciar una decidida lucha por la emancipación. Pero era esa la época irresistible creciente del gandhismo. Las masas estaban bajo la sugestión del Gandhi, que se proponía obtener el triunfo de la causa swarajista mediante la desobediencia civil. Repetidas veces se aplazó la aplicación de esta medida, destinada, no obstante su carácter pasivo, a conducir al pueblo hindú a un conflicto abierto con sus opresores. Pero este efecto disgustó el Gandhi, a quien las primeras escenas de violencia disgustaron como un horrendo pecado. En los años siguientes a 1922 el gandhismo tomó el carácter de una experiencia mística más bien que de un movimiento político. Pero el anhelo de libertad vigilaba en las masas y la lucha de clases aseguraba la participación activa y resuelta del proletariado en la batalla por la independencia, que adquiría de este modo un sentido económico-social. Los elementos de la burguesía hindú, partidarios de una reforma moderada que entregase a su clase el poder, dentro del Imperio británico, creyeron que era el momento de buscar una fórmula transaccional. Mas la presión de las masas no dejaba de actuar sobre los debates del Congreso Nacional y sobre el partido swarajista. I la reivindicación de la independencia completa se afirmó victoria en su reunión de diciembre de 1927. Un año después, el Congreso limitaba a un año el plazo dentro del cual aceptaba la autonomía dentro del Imperio. No debe olvidarse que los dos últimos años han sido de agitaciones de masas: a los movimientos huelguísticos de Bombay y Calcuta siguieron en 1928 las demostraciones hostiles con que fuera recibida la comisión británica presidida por Mr. John Simon.
Hoy el Congreso Nacional, a propuesta de un leader como el Mahatma Gandhi a quien nadie tachará sin duda de violento, ha proclamado la independencia absoluta de la India, porque a esto la comprometían, en términos perentorios, sus propias anteriores deliberaciones y porque en este sentido se pronuncia, con energía cada vez más visible, las clases trabajadores y campesinas. Los ingleses fingen subestimar el valor de este voto, con argumentos tan superficiales como el de que este Congreso carece de facultades legales. Evidentemente, no es compatible con el régimen colonial que pesa sobre la India el funcionamiento de un parlamento del pueblo hindú de reconocidos poderes legislativos. [Pero este] Congreso no por eso representa menos a las masas hindúes. El imperialismo [se] apresta, por eso, a resistirlas en las fábricas, en las ciudades [industriales], que serán los centros principales de la lucha revolucionaria. I la izquierda reclama la movilización inmediata de los sindicatos obreros.
El Congreso ha resuelto el boycott de las legislaturas provinciales. A estos burlescos consejos legislativos de provincias se reducía la participación que la constitución vigente de la India, implantada en 1919, concedía a los hindús en la administración de su país. Su función es puramente consultiva, por lo que estuvieron siempre boycoteados por los nacionalistas. El número de electores es, además, conforme con la ley, muy restringido. Con estas asambleas [serán] boycoteados los cuerpos que asisten al gobernador en la administración [de] cada ciudad una de las nueve provincias de la India, pero cuyas decisiones pueden [ser revisadas] y contrariadas por el Virrey, suprema autoridad.
El propósito de prolongar las sesiones del Congreso, que conforme a la costumbre debería terminar sus labores el 19 de enero, es un dato significativo de la intención de la asamblea de no detenerse en la proclamación platónica de la independencia de su país.

El Gobierno de Nanking contra la extraterritorialidad
Otro aguinaldo para el imperialismo británico en particular y para las potencias beneficiadas por el régimen de extraterritorialidad en general, ha sido la abrogación de esos privilegios por el gobierno de Nanking. No hay que ver, por supuesto en este acto, un signo de la voluntad revolucionaria del gobierno de Nanking de poner en práctica el programa nacionalista que Chang Kai Shek renegó desde su golpe de estado. El derecho de extraterritorialidad, -que sustrae a los súbditos de los más poderosos Estados del mundo, con excepción de la URSS que renunció expresamente a todos estos privilegios, responsables de un delito cualquiera a la acción de la justicia china y coloca en cambio todo acto en daño de sus intereses bajo el fuero de sus propios jueces,- irrita y ofende profundamente al [pueblo] chino. Todas las ofensivas que ha tenido que afrontar hasta hoy el [gobierno de] Nanking, contra el cual una parte de China sigue en armas, [reconocen su] origen en el abandono de los principios de la revolución por Chang Kai Shek y sus colaboradores. César Falcón, comentando la situación del gobierno de Nanking, observaba recientemente que si el gobierno británico hubiese aceptado negociar sobre la extraterritorialidad, lo habría reforzado. Negándole toda chance en esta reivindicación, lo disminuía y debilitaba ante el pueblo. Las insurrecciones encontraban un terreno favorable.
Son, pues, razones de política interna, las que mueven a Chang Kai Shek a batirse por la extraterritorialidad. Su declaración ha sido posible, porque una profunda exigencia de las masas la demanda desde hace mucho tiempo. Este hecho es garantía de que la China no retrocederá en la resolución adoptada. La extraterritorialidad está en crisis definitiva. Su anulación forma parte del proceso de la lucha anti-imperialista de la China.
José Carlos Mariátegui.