Lima, 20 de junio de 1929
Querido Nicanor A. de la Fuente:
Desde hace semanas, me apremia la necesidad de escribirle, pero como ya otras veces, entra en conflicto con mis ocupaciones excesivas. He querido también, antes de escribirle, que Ud. estuviese enterado de las últimas etapas del proceso de definición teórica y de organización práctica, indirectamente acelerado por lo que podemos llamar la desviación ‘aprista’. Hoy debe Ud. conocer documentos suficientemente esclarecedores y otros llegarán a su conocimiento. El problema está liquidado, con la actitud asumida por el grupo de París, el más denso y neto ideológicamente de los grupos de militantes del extranjero. Los de México han revisado totalmente su actitud y a lo que se aferran ahora es sólo a la fórmula del apra, que ellos precisamente han comprometido en forma irreparable. Como organización continental, el Apra depende de lo que resuelva el congreso antiimperialista de París, a cuyas decisiones, inspiradas seguramente en la necesidad de unificar el movimiento anti-imperialista, ningún revolucionario puede oponer resistencia. Como organización nacional— esto es, como frente único— queda diferida para después de la organización de las masas según su tendencia o doctrina. Nosotros trabajamos con el proletariado y por el socialismo. Si hay grupos dispuestos a trabajar con la pequeña burguesía por un nacionalismo revolucionario, que ocupen su puesto. No nos negaremos a colaborar con ellos, si representan efectivamente una corriente, un movimiento de masas. Me parece que, planteada así, la cuestión es completamente clara y queda excluida toda posibilidad de divisionismo.
Con el compañero A. he conversado respecto a la necesidad de que quede formalmente constituido el grupo de Chiclayo y de que se trace enseguida un plan de trabajo. En el terreno ideológico, este grupo debe funcionar como un centro de estudios marxistas y su misión es preparar doctrinalmente los cuadros del movimiento socialista. En el trabajo de aplicación y estudio, dos tareas se imponen: la de constituir, a base preferentemente de maestros, la oficina de autoeducación obrera del departamento (véase en el No. 8 de Labor las instrucciones al respecto); y la de analizar, conforme al método marxista, la cuestión agraria regional, en la que fermentan evidentes posibilidades revolucionarias. De otro lado, urge propiciar la organización de los obreros y campesinos, mantener el contacto con las comunidades y federaciones existentes, incorporarlas en la Confederación General de Trabajadores del Perú, últimamente constituida.
Le recomiendo entrar en inmediata correspondencia con Eudocio Ravines, I.T.E. (Internacional de los Trabajadores de la Enseñanza) 8 Avenue Mathurin Moreau 8, París (XIXe). Es el más serio y orientado de nuestros compañeros del exterior. Ha creado en París un centro de estudios marxistas, que publicará próximamente un órgano doctrinal. Es, además, un gran espíritu, con el que le será provechoso entrar en relación y estrechar el conocimiento. Escríbale al recibo de estas líneas y pídale para los maestros de allí la revista editada por la organización en que trabaja y que representa la vanguardia del movimiento sindical de la educación.
Del mismo modo, urge que en Chiclayo, Chepén, Pacasmayo, etc. se reciba regularmente El Trabajador Latino-Americano, órgano de la Confederación Sindical Latino-Americana, fundada definitivamente en la reciente conferencia sindical latino-americana, a la que asistieron más de cincuenta delegados genuinos de las masas obreras y campesinas del continente, representando a 800.000 trabajadores organizados. Es una revista que informa ampliamente al proletariado sobre el movimiento sindical. El precio del ejemplar es de sólo 10 cts. con descuento para las agencias y organizaciones. Le remito, por intermedio de A. un ejemplar para que la conozca, si no ha llegado a sus manos ya.
La cuestión agraria del norte me parece particularmente interesante. No sería marxista clausurarse en una negación extática. Hay allí las manifestaciones iniciales de un conflicto entre el capitalismo y la feudalidad, cuyo desarrollo no puede dejar de tener trascendencia revolucionaria. Los comités agrarios, mecanismos hoy oficiales, son susceptibles de transformación en el curso de una lucha de la que no podemos estar ausentes. Los grandes latifundistas representan la clase feudal, la más retardataria y conservadora. Ningún auxilio, ni aun el más indirecto, debe prestársele en su lucha con el capitalismo. Hay que denunciar la demagogia del ‘agrarismo’ oficial, pero reconocer en él un instrumento de política capitalista que, por su naturaleza misma, está destinado a promover la agitación de las masas agrarias contra el latifundismo feudal. La feudalidad es el estancamiento, la marisma, la palude donde no se agita nada, donde no nace nada; el capitalismo es fundamentalmente dinámico, contradictorio, y su aparición determina la de su antítesis, el socialismo.— Mucho quisiera discurrir sobre este tema, pero esta carta me va saliendo ya un poco extensa y no dispongo de tiempo bastante para continuarla cuanto quisiera.
En el No. 8 de Labor se publicó su nota sobre la exposición y en el No.24 de Amauta, que aparecerá dentro de pocos días, sale su nota sobre el libro de Magda que, por exceso de material bibliográfico, no pudo ser incluida en el No.23. No interrumpa su colaboración.
Salude muy afectuosamente a los compañeros de Chiclayo y escríbame sin tardanza.
En espera de sus noticias, lo abraza afectuosamente su amigo y camarada
José Carlos

Como un apéndice o complemento del estudio crítico del problema de la tierra en el Perú, estimo oportuno, exponer en un esquema sumario, los lineamientos que, de acuerdo con las proposiciones de mi estudio, podría tener, dentro de las condiciones históricas vigentes, una política agraria inspirada en el propósito de solucionar orgánicamente ese problema. Este esquema se reduce necesariamente a un cuerpo de conclusiones generales, del cual queda excluida la consideración de cualquier aspecto particular o adjetivo de la cuestión, enfocada solo en sus grandes planos.

1. El punto de partida, formal y doctrinal, de una política agraria socialista no puede ser otro que una ley de nacionalización de la tierra. Pero, en la práctica la nacionalización debe adaptarse a las necesidades y condiciones concretas de la economía del país. El principio, en ningún caso, basta por si solo. Ya hemos experimentado cómo los principios liberales de la Constitución y del Código Civil no han sido suficientes para instaurar en el Perú una economía liberal, esto es capitalista, y cómo, a despecho de esos principios, subsisten hasta hoy formas e instituciones propias de una economía feudal. Es posible actuar una política de nacionalización, aún sin incorporar en la carta constitucional el principio respectivo, en su forma neta, si ese estatuto no es revisado integralmente. El ejemplo de México es, a este respecto, el que con más provecho puede ser consultado. El art. 27 de la Constitución Mexicana define así la doctrina del Estado en lo tocante a la propiedad de la tierra: “I. La propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de los límites del territorio nacional, corresponde originariamente a la Nación, la cual ha tenido y tiene el derecho de transmitir el dominio de ellos a los particulares, constituyendo la propiedad privada. -2. Las expropiaciones solo podrán hacerse por causa de utilidad pública y mediante indemnización. -3. La Nación tendrá en todo tiempo el derecho de imponer a la propiedad privada las modalidades que dicte el interés público, así como el del regular el aprovechamiento de los elementos naturales susceptibles de apropiación, para hacer una distribución equitativa de la riqueza pública y para cuidar de su conservación. Con ese objeto se dictarán las medidas necesarias para el fraccionamiento de los latifundios; para el desarrollo de la pequeña propiedad; para la creación de nuevos centros que sean indispensables para el fomento de la agricultura y para evitar la destrucción de los elementos naturales y de los daños de la propiedad pueda sufrir en perjuicio de la sociedad. Los pueblos, rancherías y comunidades que carezcan de tierras y aguas, o no las tengan en cantidad suficiente para las necesidades de su población tendrá derecho a que se les dote de ellas, tomándolas de las propiedades inmediatas respetando siempre la pequeña propiedad. Por tanto, se confirman las dotaciones de terrenos que se hayan hecho hasta ahora de conformidad con el decreto de 6 de enero de 1915. La adquisición de las propiedades particulares necesarias para conseguir los objetos antes expresados, se considerará de utilidad pública”.
   2.-En contraste con la política formalmente liberal y prácticamente gamonalista de nuestra primera centuria, una nueva política agraria tiene que tender, ante todo, al fomento y protección de la “comunidad” indígena. El “ayllu” célula del Estado inkaiko, sobreviviente hasta ahora, a pesar de los ataques de la feudalidad y del gamonalismo, acusa aún vitalidad bastante para convertirse, gradualmente, en la célula de un Estado socialista moderno. La acción del Estado, como acertadamente lo propone Castro Pozo, debe dirigirse a la transformación de las comunidades agrícolas en cooperativas de producción y de consumo. La atribución de tierras a las comunidades tiene que efectuarse, naturalmente, a expensas de los latifundios, exceptuando de toda expropiación, como en México, a las pequeñas y aún a los medianos propietarios, si existe en su bono el requisito en la presencia real”. La extensión de tierras disponibles permite reservar las necesarias para una dotación progresiva en relación continua con el crecimiento de las comunidades. Esta sola medida aseguraría el crecimiento demográfico del Perú en mayor proporción que cualquiera política “inmigrantista” posible actualmente.
2. El crédito agrícola, que solo controlado y dirigido por el Estado puede impulsar la agricultura en el sentido más conveniente a las necesidades de la agricultura nacional, constituirá dentro de esta política agraria el mejor resorte de la producción comunitaria. El Banco Agrícola Nacional acordaría la preferencia a las operaciones de las cooperativas, las cuales, de otro lado, serían ayudadas por los cuerpos técnicos y educativos del Estado para el mejor trabajo de sus tierras y la instrucción industrial de sus miembros.
3. La explotación capitalista de los fundos donde la agricultura esté industrializada puede ser mantenida mientras continúe siendo la más eficiente y no pierda su aptitud progresiva; pero, tiene que quedar sujeta al estricto contralor del Estado ante todo lo concerniente a la observancia de la legislación del trabajo y la higiene pública, así como a la participación fiscal en las utilidades.
4. La pequeña propiedad encuentra propiedades y razones de fomento en los valles de la costa o la montaña, donde existe factores favorables económica y socialmente a su desarrollo. El “yanacón” de la costa, cuando se han abolido en él los hábitos tradiciones de socialismo del indígena, presenta el tipo en formación o transición del pequeño agricultor. Mientras subsista el problema de la insuficiencia de las aguas de regadío, nada aconseja el fraccionamiento de los fundos de la costa dedicados a cultivos industriales conforme a una técnica moderna. Una política de división de los fundos en beneficio de la pequeña propiedad no debe ya, en ningún caso, obedecer a propósitos que no miren a una mejor producción.
5. La confiscación de las tierras no cultivadas y la irrigación o bonificación de las tierras baldías, pondrían a disposición del Estado extensiones que serían destinadas preferentemente a su colonización por medio de cooperativas técnicamente capacitadas.
6. Los fundos que no son explotados directamente por sus propietarios, -pertenecientes a rentistas rurales improductivos- pasarían a manos de sus arrendatarios, dentro de las limitaciones de usufructo y extensión territorial establecidas por el Estado, en los casos en que la explotación del suelo se practique conforme a una técnica industrial moderna, con instalaciones y capitales eficientes.
7. El Estado organizará la enseñanza técnica agrícola, y su máxima difusión en la masa rural, por medio de las escuelas rurales primarias y de escuelas prácticas de agricultura o granjas escuelas, etc. A la instrucción de los niños del campo se le daría un carácter netamente agrícola.
   No creo necesario fundamentar estas conclusiones que se proponen, únicamente, agrupar en un pequeño esbozo algunos lineamientos concretos de la política agraria que consienten las presentes condiciones históricas del país, dentro del ritmo de la historia en el continente. Quiero que no se diga que de mi examen crítico de la cuestión agraria peruana se desprenden solo conclusiones negativas o proposiciones de un doctrinarismo intransigente.