Las maniobras del Conde de Romanones para organizar un frente único de los partidos constitucionales indican claramente que la crisis del régimen reaccionario inaugurado en España en setiembre de 1923 ha entrado en una fase aguda. El redomado conde no daría este paso si no estuviese seguro de su oportunidad. Su cauta ofensiva debe haberse asegurado, previamente, el consenso tácito o explícito de la monarquía. El rey no puede ser extraño a las maniobras del leader liberal como no fue extraño al golpe de Primo de Rivera. La aventura del Directorio no ha tenido fortuna. Alfonso XIII siente, por tanto, la urgencia de liquidarla, prontamente. Existen indicios inequívocos de que desea desembarazase de los servicios y de la espada del marqués de la Estrella. La revista “Europe” de París, en un artículo sobre el Directorio, cuenta que Alfonso XIII, en agosto último, conversando en una playa del norte de Francia con uno de sus amigos sportsmen, tuvo esta frase: “Yo sabía que Primo de Rivera era un hombre muy poco serio, pero yo no lo creía tan estúpido.”
Posteriormente, el disgusto del rey debe haberse acentuado. La posición de España en Marruecos, no obstante los exasperados esfuerzos militares del Directorio, ha sufrido un tremendo quebranto. Todos los problemas de la vida española, que el Directorio ofreció resolver taumatúrgicamente en unos pocos meses, se han exacerbado bajo el nuevo tratamiento. El Directorio se contenta con haberlos eliminado del debate público y, sobre todo, del debate periodístico. Como dice el Conde Romanones, en su libro “Las responsabilidades del antiguo régimen”, la llamada nueva política “logra el triunfo de suprimir esos males, no de la vida, que a tanto no llega, sino de la publicidad, para lo cual basta y sobra con la diligencia y celo del atareado censor”.
El Directorio se proponía transformar radicalmente España. La prosa hinchada y petulante de sus manifiestos anunciaba la apertura de una era nueva en la vida española. El viejo régimen y sus hombres, según Primo de Rivera y sus fautores, quedaban definitivamente cancelados. Empezaba con el golpe de estado del 13 de setiembre un fúlgido capítulo de la historia de España. Primo de Rivera asignaba al Directorio una misión providencial.
Los objetivos fundamentales de su dictadura eran los siguientes: pacificación de Marruecos y liquidación, victoriosa naturalmente, de la guerra rifeña; solución integral de los problemas económicos y fiscales de España; reafirmación de la unidad española y extirpación de toda tendencia separatista; licenciamiento y ostracismo del gobierno de los antiguos partidos, de sus hombres y de sus ideas; sofocación de las agitaciones revolucionarias del proletariado; organización de nuevas, sanas e impolutas fuerzas políticas que asumiesen el poder cuando el Directorio considerara cumplida su obra.
Examinemos, sumariamente, los resultados de la política del Directorio en estas diversas cuestiones.
Marruecos no solo no está pacificado sino que está más conflagrado que nunca. Abd-el-Krim y sus tribus han infringido a las tropas españolas una serie de derrotas. Orgulloso de su victoria, el caudillo riffeño adopta ante España una actitud altanera. Pretende tratarla como una nación vencida. Amenaza con arrojar totalmente del territorio africano a los españoles. Aparece cada día más evidente que España ha malgastado, estéril e insensatamente, su heroísmo y su sangre en una empresa absurda. El problema marroquí se plantea hoy en peores términos que ayer.
La continuación de la guerra de Marruecos mantiene el desequilibrio fiscal. El Directorio, como era fácil preverlo, resulta impotente para concebir siquiera un plan de reorganización de la economía española. Más impotente aún resulta, por supuesto, para actuarlo. Le falta capacidad técnica. Le falta autoridad política. La plutocracia española ve en Primo de Rivera un gendarme de sus intereses económicos. No puede consentirle, por consiguiente, ninguna veleidad, ningún experimento que los contraríe o los amenace. El método reaccionario, por otra parte, como se constata presentemente en Italia, crea un clima histórico adverso al propio desarrollo de la economía y la producción capitalistas. Los elementos más inteligentes de la burguesía europea se muestran desencantados del ensayo fascista.
Para suprimir el regionalismo, el Directorio emplea las mismas armas que para suprimir otros sentimientos de la vida española: persigue y reprime su expresión pública. Pero este sistema simplista y marcial es, evidentemente, el menos recomendable para ahogar el separatismo. Los fermentos separatistas, en lugar de debilitarse, tienen que agriarse sordamente. Los catalanistas no son menos catalanistas que antes desde que Primo de Rivera les prohíbe la ostentación de su regionalismo. La política de la mano fuerte ha prestado, sin duda, un pésimo servicio a la causa de la unidad española. No se tardará mucho en comprobarlo.
Los resultados obtenidos, en cuanto concierne a la proscripción de la vieja política y de sus caciques, no pueden haber sido menos coherentes con los supuestos propósitos del Directorio. La dictadura exhumó las más ancianas reliquias de la política española. Algunos personajes de origen carlista y absolutista sintieron llegada su hora. Toda la fauna reaccionaria saludó exultante, al “nuevo régimen”. Y, ahora, como vemos, se aprestan otra vez, con la complacencia de la monarquía, a la reconquista del poder, los mismos grupos y los mismos hombres que Primo de Rivera y sus generales se hacían la ilusión de haber barrido para siempre del gobierno. La vieja política resucita. La cirugía militar parece haberle injertado algunas glándulas jóvenes.
Y, conexamente, ha fracasado la organización de un partido nuevo, heredero del espíritu y de la obra del Directorio. La larvada idea de la Unión Patriótica no ha conseguido prosperar. Los cuadros de la Unión Patriótica están compuestos de elementos arribistas, desorientados, mediocres. No han logrado siquiera atraer a sus rangos a unos cuantos intelectuales más o menos decorativos y brillantes. Muerto el Directorio, los febles y precarios cuadros de la Unión Patriótica se dispersarán sin estrépito.
La represión de las ideas revolucionarias, en fin, ha sido análogamente ineficaz. El partido socialista sale más fuerte de la prueba. La magra democracia española, que coquetea intelectualmente con los socialistas desde hace algún tiempo, reconoce ahora en ellos una fuerza decisiva del provenir. El movimiento comunista ha crecido. Las persecuciones con que el Directorio lo distingue denuncian la preocupación que su desarrollo inspira.
Tal es, en rápido resumen, el balance del año y medio de dictadura del Directorio. De ningún régimen se puede pretender ciertamente que en tan corto plazo realice su programa. Pero sí que demuestre al menos su aptitud para actuarlo gradualmente. El Directorio, de otro lado, no ha conseguido formular un programa verdadero. Se ha limitado a enumerar sus objetivos con un vanidoso alarde de su seguridad de alcanzarlos.
El directorio tiene en España la misma función histórica que el fascismo en Italia. Pero el fenómeno reaccionario exhibe en ambos países estructura y potencia diferentes. En Italia es vigoroso y original; en España es anémico y caricaturesco. El fascismo es un partido, un movimiento, una marejada. El Directorio es un club de generales. No representa siquiera toda la plana mayor del ejército español. Primo de Rivera no tiene suficiente autoridad sobre sus colegas. El general Cavalcanti, uno de sus colaboradores del golpe de estado de setiembre, complotó, no hace mucho, por reemplazarlo en el poder. El general Berenguer, responsable de sospechosos flirts con la “vieja política”, acabó recluido en una prisión militar. Y las malandanzas militares de Primo de Rivera en Marruecos deben haber disminuido mucho su prestigio profesional en el ejército.
Esta junta de generales que gobierna todavía España no es sino una anécdota de ese “antiguo régimen” y de esa “vieja política” que tanto se complace en detractar. El antiguo régimen, la vieja política subsisten. Uno de sus hombres representativos, el socarrón Conde de Romanones, nos lo asegura, mientras se dispone a recibir la herencia del Directorio. Se bosqueja la formación de un bloque constitucional y monárquico. El próximo sábado enfocaré este sector de la política española.

José Carlos Mariátegui

El tramonto de Primo de Rivera
Con escepticismo de viejo mundano, no exento aún del habitual alarde fanfarrón, el Marqués de Estella prepara su partida del poder. El año 1930 señalará la liquidación de la dictadura militar, inaugurada con hueca retórica fascista hace seis años.
Estos seis años de administración castrense debían haber servido, según el programa de Primo de Rivera, para una completa transformación del régimen político y constitucional de España. Pero esta es, precisamente, la promesa que no ha podido cumplir. Después de seis años de vacaciones, no muy alegres ni provechosas, la monarquía española regresa prudentemente a la vieja legalidad. El proyecto de reforma constitucional, boicoteado por todos los partidos, ha sido abandonado. Primo de Rivera no ha podido persuadir al rey de que debe correr hasta el final esta juerga. El rey prefiere restaurar, con gesto arrepentido, la antigua constitución y los antiguos partidos. A este mísero resultado llega una jactanciosa aventura que se propuso nada menos que el entierro de la vieja política.
Unamuno puede reír del trágico-cómico acto final de esta triste farsa con legítimo gozo de profeta. Los que encuentran siempre razones para vivir el minuto, pensando que “lo real es racional”, declararon exagerada y hasta ridícula la campaña de Unamuno en Hendaya. El filósofo de Salamanca, según ellos, debía comportarse con más diplomática reserva. Sus coléricas requisitorias no les parecían de buen tono. Ahora quien da “zapatetas en el aire” no es el gran desterrado de Hendaya. Es el efímero e ineficaz dictador de España que, en el poder todavía, hace el balance de su gobierno frustrado. Sirvió hace seis a su rey y para una escapatoria de monarca calavera. I ahora su rey lo licencia, para volver a la constitucionalidad.
La dictadura flamenca del Marqués de Estella no ha cumplido siquiera el propósito de jubilar definitivamente a los viejos políticos. Los más acatarrados liberales y conservadores se aprestan a reanudar el juego interrumpido en 1923. Primo de Rivera es un jugador que ha perdido la partida. No jugaba por cuenta suya, sino por la del rey. Alonso XIII no le ha dejado al menos terminar su juego.

La conferencia de La Haya
La nueva conferencia de la Haya relega a segundo término a los diplomáticos de la paz capitalista. Esta vez es Tardieu y no Briand quien tiene la palabra a nombre de Francia. Mientras Tardieu exige la inclusión en el protocolo sobre el pago de las reparaciones de las sanciones militares que se adoptarán en caso de incumplimiento de Alemania, Briand prepara las frases que pronunciará en Ginebra, en el consejo de la Liga de las Naciones. Los propios delegados financieros pasan a segundo término. Tardieu necesita satisfacer el nacionalismo del electorado en que se apoya su gobierno. I hasta ahora, a lo que parece, los antiguos aliados de Francia lo sostienen. Briand ha quedado desplazado del puesto de responsabilidad. Tardieu engancha sus poderes en el ministerio que preside y en el que desempeña la cartera del interior. Negociador del tratado de Versailles, le toca hoy firmar el protocolo que pone en vigencia, ligeramente retocado, el plan Young para el pago de las reparaciones. Hace doce años, en Versailles, le habría sido difícil prever que el capítulo del arreglo de las reparaciones resultase tan largo. Tal vez, en sus previsiones íntimas de entonces, su propia ascensión a la jefatura del gobierno aparecía calculada para mucho antes de 1929.
El gobierno alemán, en visible crisis desde la renuncia de Hilferding, sacrificado al implacable director del Reichsbank, puede regresar seriamente disminuido en su prestigio a Berlín, si Tardieu obtiene en la Haya la suscripción de sus condiciones.

La limitación de los armamentos navales
En otra estación se encuentra el debate sobre la limitación de los armamentos navales de las grandes potencias. La conferencia de las cinco potencias vencedoras en la guerra mundial, -Estados Unidos, Gran Bretaña, Japón, Francia e Italia-, que se reunirá en Londres no cuenta con más base de trabajo que el entendimiento anglo-americano. Para arribar a un acuerdo de las cinco potencias, hace falta todavía concretar las reivindicaciones del Japón, Francia e Italia entre si y con el equilibrio y la primacía de las escuadras de la Gran Bretaña y Estados Unidos. El Japón aspira una proporción mayor de la que estas dos potencias le han fijado. Francia resiste a la supresión del submarino como arma naval. Italia reclama la paridad franco-italiana. Anteriormente, Italia era también favorable al submarino; pero conforme a los últimos cablegramas parece ahora ganada a la tesis adversa. En cambio, se muestra irreductible en cuanto al derecho a tener una escuadra igual a la de Francia. Este derecho, por mucho tiempo, sería solo teórico. Su uso estaría condicionado por las posibilidades económicas del país. Mas el gobierno fascista considera la paridad como una cuestión de prestigio. Un régimen que se propone restituir a Italia su rol imperial no puede suscribir un pacto naval que la coloque en un rango inferior al de Francia.
Francia, a su vez, sentiría afectado su prestigio político por la paridad de armamentos navales con Italia. Aceptar esta paridad sería consentir en una disminución de su jerarquía de gran potencia o convenir en la ascensión de Italia al lado de una Francia estacionaria no obstante la victoria de 1928. Tardieu no es el gobernante más dispuesto a este género de concesiones que podrían comprometer su compósita mayoría parlamentaria.
Las perspectivas de la conferencia son, por tanto, muy oscuras. No existe sino un punto de partida: el acuerdo de los Estados Unidos y la Gran Bretaña para dividirse la supremacía marítima. I, por supuesto, no es el caso de hablar absolutamente de desarme.
José Carlos Mariátegui.

El intermezzo Berenguer
La agitación política a que debe hacer frente en España el gobierno de transición del general Berenguer, no ha tardado en cobrar un acentuado tono antimonárquico. Unamuno, recibido jubilosamente en España, a nada se ha apresurado tanto como a reafirmar su posición republicana. No habría podido tomar otra actitud, después de sus vehementes campañas en Hendaya. Pero, probablemente, en los cálculos del restablecimiento del régimen constitucional entraba cierta confianza de que la satisfacción por la caída del Primo de Rivera atenuase en los políticos en ostracismo el enojo contra la monarquía.
La dictadura de Primo de Rivera ha tenido el paradójico resultado de resucitar en España al Partido Republicano. Los socialistas habían ido desplazando, poco a poco, a los republicanos, antes de esta crisis de la legalidad, de sus posiciones electorales. Durante la dictadura, el partido socialista ha acrecentado su poder y su influencia. Pero, en parte, ha sido por el rol democrático que su oposición le asigna en el futuro próximo de España. Más que un partido socialista, desde el punto de vista de la composición y la ideología, es un partido demo-liberal. El republicanismo, el antimonarquismo es el aspecto que más expectación enciende en torno a su política. I es lógico que, en esta situación, los antiguos republicanos se sientan también llamados a jugar un rol. La dictadura militar no miraba a otra cosa que a un retorno absolutista. Su fracaso reabre la cuestión del régimen, la cuestión monarquía o república, que los partidos constitucionales creían definitivamente superada o abandonada, con el desarrollo de un movimiento socialista que trasladaba las reivindicaciones de las masas al terreno económico y social.
La monarquía está comprendida en el proceso a Primo de Rivera. El conde de Romanones ha hecho, según el cable, declaraciones que indican su preocupación respecto a la suerte del orden monárquico en España. A su juicio, los acontecimientos exigen una transformación del régimen. España necesita una monarquía constitucional, un orden parlamentario como el de Inglaterra. El viejo ideal de los monárquicos liberales reaparece, en la mente y la práctica de estos, como la fórmula salvadora. La subsistencia del régimen monárquico no tiene otra garantía.
El gobierno de transición de Berenguer, como ya he tenido oportunidad de remarcarlo, asume el encargo de liquidar la dictadura militar; pero es todavía la continuación de esta dictadura, con nuevo personal y diverso programa. La legalidad no está restablecida. El objeto de este gobierno es la normalización, pero la normalización no puede obtenerse por decreto real. La suspensión parcial de la Constitución se mantiene vigente. Berenguer, por ejemplo, tiene que seguir usando la censura de la prensa. La agitación de los partidos y las masas, lo coloca frente a una grave cuestión de procedimiento: ¿Puede su gobierno autorizar o tolerar, inmediatamente, mítines, manifiestos, campañas que son, legalmente, normales? Si la Constitución continúa en suspenso, si los derechos de reunión, de prensa, de negociación no son restituidos al pueblo, ¿Cómo podrá hablarse de restablecimiento de la legalidad? Las medidas restrictivas, en instantes de efervescencia popular, provocarán protestas. I estas, a su vez, incitarán al gobierno de la represión.
Cuando las condiciones políticas de un país llegan a este punto, la revolución puede comenzar en un tumulto. Después de una aventura como la de Primo de Rivera, la vuelta a la constitución no puede cumplirse sin riesgos. Los partidos de oposición entienden, lógicamente, la derrota del dictador como su victoria. Los victoriosos no se conforman fácilmente con que a la hora de la paz se les escamotee las ventajas de la derrota, del fracaso del enemigo. Las cosas se complican con la complicidad notoria de Alfonso XIII, con su interés personal en el golpe de Estado del Marqués de Estella.
La monarquía, ante la bancarrota de la política de Primo de Rivera, ha ofrecido para salvarse la vuelta lisa y llana a la Constitución. Esto es todo lo que la monarquía puede prometer. Pero es mucho más lo que la oposición se encuentra con derecho y con fuerzas para reclamar. El Conde de Romanones: viejo y astuto servidor del régimen, pide que la monarquía se convierta en una monarquía liberal de tipo inglés. Es la reivindicación de un cortesano y de un parlamentario: la reivindicación mínima. Los republicanos quieren la República, los socialistas denuncian la incompatibilidad de la monarquía actual con un orden democrático. Lo que las masas demandarán, en la calle, en los comicios, si se le consiente formular públicamente sus desideratas, será no unas Cortes ordinarias, normalizadoras, sino una Constituyente. Quien dice Constituyente, en las presentes circunstancias, dice Revolución.
El segundo acto de este drama, después del intermezzo Berenguer, si las fuerzas republicanas y socialistas no son en España suficientemente activas y eficaces para empujar al país por este camino, puede ser, por ende, la dictadura absolutista. Ya se ha hablado de la intención de Alfonso XIII de jugar, eventualmente, a la misma carta que Alejandro, el Rey de Yugo-Eslavia. La Unión Patriótica, en previsión de las emergencias posibles, no desarma sus cuadros. Berenguer, conforme a un cablegrama último, se ha visto obligado a telegrafiar a los capitanes generales del reino “recordándoles que la función militar es incompatible con la actuación política y que, su consecuencia, los militares que actuaban en el partido de la Unión Patriótica deben abandonar esa labor política”.
¿Quiénes obran más enérgica y prontamente? ¿Los agentes de la reacción, batidos en la batalla de Primo de Rivera, o las fuerzas de la revolución, sorprendidos por los acontecimientos y carentes de una organización de combate?

Las elecciones colombianas
Ha concluido el gobierno de los conservadores en Colombia. En apariencia, los liberales han ganado las elecciones porque los conservadores se presentaron divididos en ellas. Pero no hay que atenerse a lo aparencial en la estimación de los fenómenos históricos. La división no habría sido posible sin una grave y honda crisis de la política conservadora. Es a esta crisis a la que los conservadores deben su derrota revolucionaria. El cisma del partido, el antagonismo de valencistas y vasquistas, no era sino un síntoma.
El gobierno conservador tendía, a la agitación social y política del país, a una política fascista. El acto más significativo de la administración del Dr. Abadía ha sido la “ley heroica” que niega a la acción política clasista del proletariado de las libertades que la Constitución del Estado acuerda a la expresión de todos los programas e ideologías. La represión sanguinaria de las huelgas de las bananeras no ha sido otra cosa que la aplicación a la lucha contra las reivindicaciones proletarias de los principios fascistas en que se inspiraba esa ley de excepción. El general Rengifo, ministro de guerra del Dr. Abadía hasta los acontecimientos que impusieron su caída, no ha disimulado sus propósitos fascistas. Se ha ofrecido, en todos los tonos, a la clase conservadora para el aplastamiento de las fuerzas revolucionarias. Es uno de esos Martínez Anido hispano-americanos que sueñan con los honores de gendarmes de la Reacción. El general Vásquez Cobo era el candidato de su tendencia. En los primeros tiempos sonó el del propio Rengifo como el de un posible candidato. Pero Rengifo había caído demasiado estruendosamente repudiado por las masas en las manifestaciones que forzaron al Dr. Abadía a licenciar a sus más belicosos y comprometedores ministros. Vásquez Cobo, además, a juicio de un mayor número de conservadores, reunía mejores aptitudes para desenvolver un programa equivalente.
Pero no todos los conservadores se inclinaban a este método. La mayoría del partido está aún formada por gente parsimoniosa, reacia a salir de las viejas normas del conservantismo clásico. La escisión del partido ha sido, por esto, inevitable.
Los liberales no estaban dispuestos a presentar candidato. Hace algunas semanas creían que su mejor política era, una vez más, la abstención. Una rama del partido entendía la abstención como el preámbulo de una acción insurreccional. El declinio de los conservadores, el descrédito creciente de su método gubernamental, reforzaba crecientemente al partido liberal. Los liberales se aprestaban a recoger la herencia del gobierno. Pero había discrepancias sobre la mejor forma de apresurar la sucesión. El triunfo de Olaya Herrera [en las elecciones] es el triunfo de la tendencia pacifista y conciliadora del [partido. A Olaya Herrera] de nada se ha preocupado tanto como de presentarse como un [candidato nacional,] como un hombre exento de espíritu de facción.
Los intereses imperialistas juegan un rol primordial en la política colombiana. Uno de los más sonoros incidentes de la designación de los candidatos conservadores, fue como se sabe el veto del Dr. Concha por sus antecedentes de canciller que defendió celosamente la soberanía nacional frente a la agresiva política yanqui. Vásquez Cobos representaba ostensiblemente una política favorable al capitalismo norte-americano. También, bajo este aspecto, aunque muy discreta y atenuadamente, Valencia encarnaba la tradición conservadora. Olaya Herrera, ex-embajador en Washington, tiene toda la simpatía de los intereses de Estados Unidos. Sus declaraciones, a este respecto, han sido, por lo demás explícitas.
El proletariado colombiano ha afirmado en las elecciones su orientamiento clasista, votando por la candidatura de Alberto Castrillón, líder de la huelga de las bananeras. El partido socialista revolucionario no se ha hecho ninguna ilusión respecto a su fuerza electoral al presentar esta candidatura. Ha querido únicamente proclamar la autonomía de la política obrera.
José Carlos Mariátegui.