El proceso a los conjurados de la noche de San Juan

El proceso que acaba de terminar, más que el proceso de Weyler, Aguilera, Domingo y demás conjurados de la Noche de San Juan, ha sido el proceso de Primo de Rivera y sus turbios secuaces. Porque en el curso de las audiencias, lo que ha golpeado más las mentes de los actores no ha sido la responsabilidad de los acusados sino la del acusador. El reo auténtico no ha comparecido ante los jueces, escribanos y alguaciles, solo porque estos se encuentran a su servicio y bajo su potestad. Pero su presencia en el juicio no ha sido, por esto, menos constante y eminente.

Los acusados militares, son todos gente a la que no se puede ciertamente tachar de subversiva y, menos todavía, de revolucionaria. Monarquistas ortodoxos, constitucionales fervientes, de lo único que no se les puede suponer capaces es de atentar contra el orden y la ley. Mucho más subversivo aparece, sin duda, Primo de Rivera, que en otra noche menos novelesca y cristiana, se apoderó del gobierno de España, licenciando brusca y desgarbadamente, -sin más título que el de su virilidad, en el sentido que tan agudamente ha ilustrado Unamuno,- a los que constitucionalmente lo ejercían.

No seré yo, por supuesto, quien intente la defensa de estos últimos, que hasta cierto punto, han mostrado después merecer su suerte. Pero me parece evidente que nadie puede objetar el hecho de que representaban en el poder la constitución y la legalidad.
Poco trabajo les ha costado, por ende, a los defensores de los generales y coroneles procesados, probar que estos no han concebido ni ejecutado en ningún momento, ni en la noche de San Juan, diseño alguno contrario a la Monarquía y a su “pacto con el pueblo”, como llaman a la vieja y maltrecha constitución los políticos liberales.

Si a Primo de Rivera se le pudiera atribuir humorismo e imaginación -dos cosas que no son frecuentes en los capitanes de España, desde los tiempos ya bastante lontanos del Gran Capitán- se le podría suponer capaz de haber procesado a Weyler, Aguilera, etc., seguro de su inocencia, solo para animar la historia un poco monótona de estos años de censura con el episodio romancesco de una noche de San Juan más o menos melodramática y con su secuela de un juicio que diera oportunidad lícita de hablar a Melquíades Álvarez, Álvaro de Albornoz y otros demócratas en receso forzoso. (La desocupación de esta gente, que no sabe en qué emplear su facundia, es un cuadro de partir el alma al más endurecido déspota).

Pero los hechos, demuestran, por lo menos según el tribunal, que Primo de Rivera ha procedido seriamente. Los tiranos de la Europa moderna son menos originales que los de la Europa medioeval. Y Primo de Rivera, no tenía ningún interés en provocar su propio proceso. Los acusados, en fin, se han manifestado casi convictos de haber querido restaurar en España la constitución deponiendo al Marqués de Estella.

Sabemos ahora que en la noche de San Juan de 1926 los herederos de la mejor tradición ochocentista del ejército español, cumplieron un gesto histórico. Su derrota no anula el gesto mismo; su procesamiento lo esclarece. Primo de Rivera pretendía obrar en nombre del ejército. Ya muchos incidentes habían denunciado la falsedad del empeño de representar al ejército íntegramente mancomunado con los cabecillas del golpe de estado de 1923. Pero ninguno de esos incidentes -simple anécdota- bastaba históricamente. Hacía falta que hombres representativos del ejército asumiesen una actitud beligerante frente a la dictadura y en defensa de la constitución sometida a todos los ultrajes de una virilidad jactanciosa.

Weyler representa la tradición constitucional del ejército español. En él se ha procesado y condenado a una época: la época de la lealtad militar a la Monarquía y a la constitución demo-liberal. Primo de Rivera resucita los tiempos de los pronunciamientos reaccionarios y de los retornos absolutistas.

El Rey que cubre sus actos -cada día menos dueño de las consecuencias del golpe de Estado de 1923- pone la monarquía contra y fuera de la constitución. Los políticos que aguardan pacientemente el regreso a la legalidad quedan notificados de que ni su desocupación ni su esperanza tienen ya plazo.

Frente a Primo de Rivera solo la esperanza de los revolucionarios descansa en la historia. La nostalgia de los constitucionales es pasiva. No se prepara a vencer a la dictadura. Espera que se caiga sola. Fracasada la aventura de Weyler y Aguilera, no le resta casi sino la elocuencia parlamentaria de Melquíades Álvarez.

José Carlos Mariátegui

La agitación revolucionaria en España

Las noticias cablegráficas sobre el abortado movimiento contra la dictadura de Primo de Rivera, son insuficientes para comprender y juzgar exactamente la nueva fase en que parece haber entrado la política española. Con tan sumarios y oscuros elementos de juicio no se puede todavía apreciar el verdadero valor de la tentativa revolucionaria en la que, según la represión policial, resultan mezclados hombres tan diversos como Weyler y Marañón, Marcelino Domingo y el conde de Romanones.

La participación de Weyler, de Aguilera y de otros militares de alta jerarquía en el movimiento contra Primo de Rivera demuestran que a la dictadura le faltan cada día más el consenso de una gran parte del ejército.

Este hecho, -del cual se sintió la evidencia desde la primera hora del régimen militar- se conforma absolutamente con la tradición del militarismo español. Desde los más lejanos episodios de la batalla liberal, los militares se presentan en España divididos en liberales y reaccionarios. España careció en el período de su revolución burguesa de grandes figuras civiles. Los que más eficazmente acaso combatieron por el liberalismo y la constitución fueron bizarros caudillos militares del tipo de El Empecinado. Fundadamente piensan algunos hombres de estudio contemporáneos que la revolución liberal y burguesa de España se actuó en América, se resolvió en la revolución de la independencia hispano-americana. La clase civil, el espíritu burgués, no lograron su plenitud sino en las colonias, debido a las circunstancias económicas e históricas que propiciaban su emancipación. España ha sufrido la tragedia de no tener una burguesía orgánica, vigorosa y revolucionaria. Por esto, ha subsistido en España, apenas atenuado por la constitución, el antiguo poder de la monarquía y la aristocracia. Las constituciones no han constituido sino oportunistas concesiones de la monarquía. “El pueblo -escribe Eduardo Ortega Gasset en un reciente artículo de la revista “Europe”- estuvo siempre sometido a una dura tutela que ha debido su supervivencia al hecho de que supo siempre transigir cada vez que se vio en peligro. Entonces los reyes, con la perfidia tradicional de los Borbones de España, sabían fingir que aceptaban las conquistas del pueblo sin renunciar jamás a su poder personal. A la agitación, a la cólera de la opinión pública, la política ha opuesto siempre las resistencias reales seguidas de aparentes concesiones”. En este accidentado proceso de formación del feble régimen constitucional, herido de muerte por el golpe de estado de Primo de Rivera, el militarismo liberal ha jugado un rol activo, sobre todo cuanto ha sido más sensible la ausencia de fuertes figuras civiles.

Pero si la tradición del ejército en el último siglo, ha sido en parte liberal, en cambio ha sido casi invariablemente monárquica. La idea republicana no ha prendido nunca seriamente en el espíritu militar español. Y la monarquía como es natural, ha cultivado celosamente el sentimiento monárquico en el ejército. “Todos los esfuerzos de Palacio -dice Eduardo Ortega y. Gasset,- han tendido siempre a hacer del ejército no una fuerza nacional sino una fuerza monárquica”.

La responsabilidad de Alfonso XIII en el desastre de Annual, más acaso que su complicidad asombrosa en la gestación de la dictadura, ha debilitado sin duda el prestigio personal del rey en la parte más sana y consciente del ejército. Pero no es probable que haya afectado a la monarquía misma.

Por consiguiente, es indudable que el movimiento abortado, no obstante la intervención de elementos calificadamente izquierdistas y republicanos, estaba dirigido solo contra la dictadura. Su programa se detenía en el restablecimiento de la constitución. No llegaba, ni siquiera en principio a la abolición de la monarquía. La presencia del conde de Romanones entre los conspiradores confirma los propósitos meramente restauradores de este frustrado contra-golpe.

El viejo liberalismo, el antiguo constitucionalismo, dominaban inequívocamente, en el movimiento que, tal vez por esta razón, ha sido batido. El estudio de las circunstancias que engendraron el régimen de Primo de Rivera y Martínez Anido prueba hasta la saciedad que el pueblo español no necesita una tímida restauración, sino una revolución verdadera y auténtica. No es ya tiempo de reconstruir un régimen monárquico-constitucional, que no solo la crisis mundial de la democracia capitalista sino, ante todo, su particular experiencia de tantos años, condena definitivamente a la bancarrota y al tramonto.

Claro está que no se debe olvidar que todas las grandes revoluciones han tenido generalmente un principio muy modesto. La revolución rusa nació de un movimiento de la burguesía “cadete” y de la nobleza liberal. Pero en Rusia existía, además de una profunda agitación del pueblo, un partido revolucionario, conducido por un genial hombre de acción, de miras claras y netas.
Esto es lo que falta presentemente en España. El partido socialista sigue a hombres dotados de estimables condiciones de inteligencia y probidad, pero desprovistos de efectivo espíritu revolucionario. El partido comunista, demasiado joven, no constituye aún sino una fuerza de agitación y propaganda. Los intelectuales del Ateneo -que han sido, seguramente, los animadores originales de la tentativa- representan conspicuamente un nuevo pensamiento científico y hasta filosófico; pero no representan específicamente un nuevo pensamiento político. Y una revolución política no puede ser obra sino de un pensamiento político también.

Pero nada de esto disminuye el interés de los últimos acontecimientos. Tiende solo a fijar sus reales alcances. La tartarinesca dictadura de Primo de Rivera y Martínez Anido se ha exhibido, al tambalearse, en toda su miseria intelectual y material. España ha entrado otra vez en la era un poco romántica de los pronunciamientos y de las conspiraciones. Sus grotescos dictadores no podrán ya dormir tranquilos.

José Carlos Mariátegui

La escena portuguesa

Sería injusto pensar, a propósito del reciente golpe de estado portugués, que el Portugal está imitando a la España de Primo de Rivera y Martínez Anido. Al Portugal no se le puede negar el mérito de ser, en este siglo, bastante más original que España en su política y sus instituciones. Mientras los republicanos españoles no han sabido ni han podido hacer nada mejor que transigir con la monarquía borbónica, los republicanos portugueses han logrado, primero, fundar su república y, enseguida, defenderla contra la nostalgia de la dinastía de los Braganza. España, por germanofilia de la monarquía, no quiso salir de la neutralidad. El Portugal, por aliadofilia de la república, intervino en la guerra.

Estos contrastes no son en sí mismos, evidentemente, una prueba de progresismo del Portugal y de conservantismo de España. Una república, muchas veces, no vale más que una monarquía. No es raro que valga aún menos. Y la participación en la gran guerra ha dejado de ser considerada como una benemerencia desde que se fueron a pique, tragadas por los vórtices de los imperialismos, los beatos principios del Presidente Wilson.

Pero aquí no se trata sino de constatar el derecho del Portugal a sentirse diferente de España. Los antecedentes del reciente golpe militar -dirán con razón los portugueses- no están en la gesta del general Primo de Rivera sino en la propia historia del Portugal. Todos los cambios de gobierno que ha experimentado el Portugal desde el derribamiento de la monarquía en 1910, han reposado en un pronunciamiento militar. En solo los años 1920 y 1921 se realizaron en el Portugal tres golpes de mano militares. La renovación del gobierno ha dependido casi siempre de la decisión de un manípulo de belicosos oficiales. Y los oficiales se han presentado divididos en republicanos y monarquistas y subdivididos en varias filiaciones menores, más o menos contingentes y accidentales.

El último pronunciamiento se distingue, empero, de los anteriores, aunque no sea sino formalmente. Esta vez el ejército no ha puesto el peso de sus armas del lado de una de las facciones políticas. Ha establecido una dictadura marcial que, por su lenguaje al menos, no carece de parecido con la de España. Este régimen, por otra parte, se declara por encima de todos los partidos y se atribuye la representación de los intereses nacionales. Y aquí el parentesco de las dos dictaduras aparece incuestionable. Las dos pertenecen incontestablemente a la misma familia histórica.

No sabemos todavía si, como es característico en todo movimiento fascista, los autores del golpe de estado del Portugal achacan todas las desgracias de la patria a la política y al parlamentarismo. En el Portugal las quejas contra el parlamentarismo, en los labios de los oficiales, serían festivamente injustas. Pues en el Portugal, de la inestabilidad de los gobiernos el más responsable no ha sido nunca el parlamento sino, en todo caso, el ejército. Nadie puede pretender que en el Portugal haya habido un parlamentarismo excesivo. (Aunque si se quiere confrontar este aspecto de la política de uno y otro país, resulta que tampoco en España existió parlamentarismo ni excesivo ni verdadero. Y que en España la vida de los gabinetes encontró frecuentemente en las deliberaciones de las “juntas de defensa” mayor amenaza que en los debates del parlamento. La liquidación de la empresa de Marruecos, reclamada por el pueblo, ¿no fue siempre estorbada por el temor al ejército?)

La guerra dejó al Portugal graves problemas financieros. No todo fue laureles y honores. El comercio de sardinas y de vinos obtuvo, durante la guerra, pingües beneficios; pero el Estado, embarcado en una serie de empréstitos consumidos en la costosa aventura, quedó completamente exangüe. La república, responsable de la intervención, se vio amenazada a consecuencia del malcontento nacido de la crisis económica. Los partidarios de la monarquía intentaron explotar el mal humor popular. El gabinete se encontró frente a un intrincado haz de problemas financieros y políticos. El presupuesto no conseguía balancearse. Los déficits se acumulaban. La moneda se desvalorizaba a causa de la inflación y de la deuda pública. Y en esta atmósfera se incubaban sucesivas conspiraciones.

El golpe de estado militar demuestra que la crisis subsiste. Es en sus lineamientos esenciales la misma crisis en que desde la guerra se debate el mundo occidental. Y ya sabemos que en ningún país la dictadura, más o menos marcial o más o menos fascista, ha sido una solución. Al gobierno de Primo de Rivera todas sus fanfarronadas y todas sus violencias no le han servido para resolver ninguno de los viejos problemas españoles. Apenas si le han bastado para crear algunos problemas nuevos. El del régimen, verbigracia. Ningún liberal español honrado puede perdonar a la monarquía su complicidad con Primo de Rivera. Los políticos y escritores exiliados plantean abiertamente, como una cuestión básica, la cuestión del régimen. Afirman que con Primo de Rivera debe echarse a Alfonso XIII.

En el Portugal la historia no puede ser distinta. De otro lado, en el Portugal la inestabilidad, la interinidad, parece desde hace mucho tiempo la característica sustantiva de todos los gobiernos. Ahí los malos gobiernos tienen siempre la ventaja de ser siempre breves. Un amigo un poco humorista que, justificando su indiferencia por la prensa, sostenía la posibilidad de suponer aproximadamente todas las novedades del cable, me decía una vez: -Apuesto que la novedad de hoy es un golpe de estado en el Portugal.- Yo hubiera querido contradecirlo para defender mi costumbre de leer los diarios. Pero, desgraciadamente, lo que mi amigo suponía era esa vez cierto.

José Carlos Mariátegui

La protesta de la inteligencia en España

Cada día se exaspera más en España el conflicto entre la dictadura y la inteligencia. Desde el confinamiento de don Miguel de Unamuno y de Rodrigo Soriano en la isla de Fuerte Ventura, los ataques de la dictadura de Primo de Rivera a la libertad de pensamiento no han reconocido ningún límite. No le basta al dictador de España la supresión de la libertad de prensa y de tribuna o sea de los medios de expresión del pensamiento. Parece decidido a obtener la supresión del pensamiento mismo.

Es probable que a Primo de Rivera y a sus edecanes les parezca que este es nada menos que un modo de regenerar a España. Un general que ha mostrado públicamente más respeto por una cortesana que por un filósofo no puede darse cuenta de que casi los únicos valores españoles que se cotizan aún en el mundo son sus valores intelectuales y espirituales. Los ibero-americanos sobre todo, no creeríamos viva a España -,viva en la civilización y en el espíritu- sin el testimonio de Unamuno y de Franco y sin el testimonio de los que, en el castillo de Montjuich o en otra cárcel de esta inquisición marcial, dan fe de que no ha perecido la estirpe de don Quijote.

La dictadura de Primo de Rivera y de Martínez Anido, en tanto, carece para la historia contemporánea hasta del interés de constituir un fenómeno original de reacción o de contrarreforma. Esta dictadura militar no es, como lo ha dicho Unamuno, sino una caricatura de la dictadura fascista. Entre el Marqués de la Estrella y Benito Mussolini la diferencia de categoría es demasiado evidente. Uno y otro representan la Reacción. Pero mientras Mussolini es un caso de condotierismo o cesarismo italianos, Primo de Rivera es apenas un caso de pretorianismo sud-americano, con todas las consecuencias y características históricas de una y otra clasificación.

Jiménez de Asúa, confinado en las islas Chafarinas por haber protestado contra este régimen desde su cátedra de la Universidad de Madrid, es uno de los representantes de la inteligencia española que Hispano-América más conoce y admira. Este solo título debía haber hecho respetable su persona. España no tiene hoy otra efectiva continuación en América que la que le aseguran su ciencia y su literatura.

Las universidades hispano americanas, que han recibido a Jiménez de Asúa como un embajador de la inteligencia española, han saludado en él a la España verdadera. Por sus claustros habría pasado, en cambio, sin ningún eco una galoneada y condecorada figura oficial.

Y uno de los méritos de Jiménez de Asúa es, precisamente, la honrada franqueza con que ha dicho a las juventudes hispanoamericanas su opinión sobre la dictadura de Primo de Rivera y el encendido optimismo con que les ha afirmado su esperanza en la revolución española. Jiménez de Asúa no será uno de los conductores de esta revolución. No es un hombre de acción; es solo un hombre de ciencia. Su ideología política me parece imprecisa. Está nutrida de abstracciones más que de realidades. Pero revela, en todo caso, al intelectual honesto, al cual nada puede empujar a una tolerancia cómplice con el mal.
El acta de acusación de Jiménez de Asúa, le atribuyen en primer lugar, una campaña de descrédito de España en los países de Hispano-América. Pero, desgraciadamente, para Primo de Rivera los llamados a fallar sobre este punto, somos nosotros los hispano-americanos. Y nosotros certificamos, por el contrario, que en estos países Jiménez de Asúa no ha dicho ni hecho nada que no merezca ser juzgado como dicho y hecho en servicio de España. Y del único ibero-americanismo que tiene existencia real en esta época.

La deportación de Jiménez de Asúa, según las entrecortadas noticias cablegráficas de España, forma parte de una extensa ofensiva contra la inteligencia. Don Miguel de Unamuno ha sido reemplazado en su cátedra de Salamanca, medida que determinó, justamente, la protesta de Jiménez de Asúa, reprimida con su reclusión en una isla de lúgubre historia. J. Alvarez del Vayo, el inteligente periodista a quien acaba de dar sonora notoriedad su honrado testimonio sobre la situación rusa, ha sido apresado. Sánchez Rojas, culpable a lo que parece de una conferencia sobre la personalidad de Unamuno, ha sido confinado en Huelva. Y la lista de prisiones y deportaciones de intelectuales es seguramente mucho más larga. No la conocemos íntegramente por el celoso empeño de la dictadura de encerrar a España dentro de sus fronteras. Pero las palabras que nos han llegado de una protesta de los más esclarecidos y acrisolados escritores y artistas de España, indican una múltiple y sañuda represión del pensamiento.
La inteligencia hispano-americana tiene que sentirse solidaria, sin duda, con la española, en este período de inquisición. Abundan ya las expresiones de esta solidaridad. No en balde Unamuno es uno de los más altos maestros de la juventud hispano-americana.
Pero la condenación histórica del régimen de Primo de Rivera y Martínez Anido no debe fundamentarse sustantivamente en su menosprecio ni en su hostilidad a los intelectuales. Este menosprecio, esta hostilidad no son sino una cara, una expresión de la política reaccionaria. El sentido histórico de esta política se juzga, ante todo, por los millares de oscuros presos del proletariado, que han pasado hasta ahora por las cárceles de Barcelona y Madrid.

José Carlos Mariátegui