El general Primo de Rivera ha sorteado, por una serie de circunstancias favorables, el más grave de los peligros que, desde el golpe de estado de Barcelona, han amenazado su aventura reaccionaria. El azar continúa siendo fiel a Primo de Rivera, en su accidentado itinerario del casino al gobierno. Según la crónica cablegráfica, si el ex-presidente del consejo Sr. Sánchez Guerra hubiese llegado a Valencia, conforme al plan insurreccional que acaba de abortar, dos días antes, la dictadura habría sido casi seguramente liquidada en algunas horas.
Pero el azar, al mismo tiempo que ha salvado a Primo de Rivera, ha descubierto la flaqueza y el desgaste de su gobierno. La magnitud de la conjuración militar que ha estado a punto de echar alegre y marcialmente del poder al dictador, indica hasta que punto está minado el terreno que este pisa. La conspiración cunde en el ejército -cosa que ya sentía Primo de Rivera desde el proceso al general Wyler y sus compañeros- y en la nobleza. Esto mismo facilitaba a Primo de Rivera el solícito empleo de las armas de la provocación y el espionaje; pero lo descalifica, aún ante sus propios amigos y padrinos de la monarquía, como régimen militar.
Primo de Rivera, como todos los reaccionarios, no tienen mejor cargo que hacer al régimen parlamentario que el de sus pocas garantías de estabilidad. Los ministerios de los Estados demo-liberales, al decir de los retores o de los simples “profiteurs” de la Reacción, gastan sus mejores energías en defenderse de las conspiraciones y zancadillas parlamentarias. Cualquier oportuna intriga de corredor puede traerlos abajo repentinamente. Las dictaduras establecidas por golpes de mano tan afortunados como el del ex-capitán general de Barcelona, no estarían sujetas a análogos riesgos. Su principal ventaja estribaría en su seguridad. Libres de las preocupaciones de la política parlamentaria, podrías entregarse absolutamente a un austera y tranquila administración.
Esta es la teoría. Mas la experiencia de Primo de Rivera está muy lejos de confirmarla. La suerte de su gobierno se presenta permanentemente insidiada por una serie de taras internas, a la vez que atacada por toda clase de enemigos externos. Contra la dictadura no se pronuncian solamente los partidos de centro y de izquierda liberales, republicanos, socialistas, etc -sino también una gran parte de los grupos de derecha, de la aristocracia, del ejército, del capitalismo. El propio favor del monarca no es muy seguro. Depende de las ventajas que pueda encontrar eventualmente Alfonso XIII en licenciar a la dictadura, para restablecer, amnistiado por la opinión liberal, la Constitución.
Si todos los elementos liberales se hubiesen decidido ya a renunciar a toda indagación de responsabilidades, y a perdonar al rey su escapada a la ilegalidad, hace tiempo, probablemente, que Primo de Rivera habría sido enviado a aumentar la variopinta escala de “emigrados” que las revoluciones han producido en la Europa post-bélica. Unamuno es uno de los más enérgicos y eficazmente adversos a la fórmula de “borrón y cuenta nueva”. Con el desterrado de Hendaya, coinciden los mejores hombres del liberalismo español. En que la hora de la restauración de la legalidad debe ser también la del ajuste de cuentas con la monarquía, irremisiblemente comprometida por su complicidad con Primo de Rivera.
La situación española, por esto, -a medida que Primo de Rivera y sus mediocres rábulas aparentemente se consolidaban en el poder- se ha ido haciendo cada día más revolucionaria. La cuestión de régimen que, desde la afirmación de un orden demo-liberal, parecía descartada, vuelve a plantearse. El propio Sánchez Guerra, conservador ortodoxo, había llevado su oposición a la dictadura, a términos de censura y ataque a la monarquía.
La mejor solución para la monarquía habría sido, sin embargo, la victoria de Sánchez Guerra. Es difícil que, dueño del poder, el jefe conservador se hubiese decidido a usar su fuerza contra la institución monárquica. La influencia de la aristocracia, hubiese pesado, en forma muy viva, sobre sus resoluciones. Prisionero y procesado Sánchez Guerra, es inevitable el prevalecimiento, en la posición, de las tendencias liberal y revolucionaria. La solidaridad del rey Alfonso y de la monarquía con Primo de Rivera se ratifica. Las responsabilidades del rey y del dictador aparece inseparables. Esto aparte de que Sánchez Guerra resulta el huésped más incómodo de las prisiones de la dictadura. Ya ha sabido que afrontar una tentativa para libertarlo. La prisión y el proceso subrayarán los rasgos de su carácter y energía. Es un hombre al que no se puede mantener indefinidamente en una fortaleza, sin preocupar seriamente a la gente más conservadora respecto al régimen bajo el cual se dan casos como este de rebelión, ajusticiamiento y condena.
El general Primo de Rivera se imagina decir una cosa muy satisfactoria para él cuando afirma que ha pasado la época de las revoluciones políticas y que ahora solo es temible y posible -¡Claro que no en España!- una revolución de causas sociales y económicas. El proletariado revolucionario coincide, sin duda, con Primo de Rivera, -con quien es tan difícil coincidir en algo- en la parte afirmativa de su apreciación, en la ley de hoy no se puede llamar revolución sino a la que se proponga fines sociales y económicos. Pero, aparte de que su política en general no tiende sino a apurar esta revolución social y política, Primo de Rivera olvida que su régimen no cuenta enteramente con la confianza de la propia clase a nombre de la cual gobierna. La burguesía española en gran parte le es adversa. La propia aristocracia, a pesar de cuanto la halaga el restablecimiento del absolutismo, no le es íntegramente adicta. Y el proletariado, en todo caso, tiene que estar por el restablecimiento de la legalidad; y tiene que operar de modo de ayudar el triunfo de la revolución política, con la esperanza y la voluntad de transformarla en revolución social y política.
No admitir que esta es la realidad objetiva de la situación, equivaldría a pretender que se puede gobernar indefinidamente a España con el señor Yangas, con el general Martínez Anido, con el señor Carlo Sotelo, con doña Concha Espina, contra los elementos solventes de la derecha y contra la unanimidad más uno de las izquierdas.
José Carlos Mariátegui.

La crisis del régimen monárquico en España
La tendencia antimonárquica del movimiento antidictatorial en España, que desde la caída de Primo de Rivera, antes de que los líderes de la heterogénea oposición tuvieran tiempo de pronunciarse sobre el cambio operado con la constitución del gabinete Berenguer, era fácil indicar como el rasgo dominante de la nueva situación, no ha tardado mucho en alarmar a los sucesores del Marqués de Estella hasta el punto de obligarlos a una censura tan rígida, a una interdicción tan sistemática de toda manifestación pública del pensamiento de los partidos y los caudillos como las que rigieron durante el gobierno fracasado.
Berenguer insiste, naturalmente, en que su misión es el restablecimiento de la legalidad y la realización, dentro de un ambiente de libertad, de las elecciones con que se retornará al régimen constitucional. Pero, actualmente, está prohibida toda propaganda, con el pretexto de que en las presentes circunstancias puede [comprometer la tranquilidad pública].
El discurso de Sánchez Guerra ha revelado a todos la gravedad de la crisis del régimen monárquico. Berenguer cuidó primero de retardar estas declaraciones, con la esperanza de que los mensajeros y abogados del Rey disuadieran al líder conservador del propósito de plantear de nuevo la cuestión de las responsabilidades de la monarquía. Pero Sánchez Guerra ha querido ser coherente con su actitud frente a la dictadura de Primo de Rivera.
Que un jefe conservador, con larga foja de servicios a la monarquía, afirme que no es posible ya servir al Rey y que no es contestable el derecho ni la capacidad del pueblo español para reemplazar la monarquía por la república, no puede sino ser un signo del descrédito y de la descomposición irremediables del régimen monárquico. Sánchez Guerra no podía decir más. No le toca hacer la apología del sistema republicano ni la crítica del monárquico. Es un político del viejo régimen, un hombre de orden, un antiguo presidente del consejo, conservador y constitucional ortodoxo, que toma posición contra el Rey por razones contingentes, accidentales, no por consideraciones de principio ni de programa. El Rey Alfonso XIII ha faltado al pacto de la monarquía con el pueblo español. Un político leal a la constitución y al orden, no puede prestarse a la componenda de una política de “borrón y cuenta nueva”. Esta es la posición de Sánchez Guerra. Sería absurdo pedirle veleidades republicanas y socialistas. Sánchez Guerra no se convierte tardíamente al republicanismo, por decepción respecto a la monarquía, ni por abandono de sus ideas conservadores y constitucionales. Su causa sigue siendo la de la constitución y el orden. Está contra el Rey porque el Rey es culpable de haberlas traicionado.
No es de excluir la posibilidad de que sedicentes liberales o reformistas prefieran una actitud más conciliadora o equívoca. Del Conde de Romanones, que ha dicho ya sin embargo que la salvación de la monarquía está en un parlamentarismo de tipo inglés, cabe esperar todas las ambigüedades. El retorno a una censura cerrada, después de la emoción producida por las declaraciones de Sánchez Guerra, nos ha impedido conocer lo que piensa Melquiades Álvarez, a quien la actual crisis ofrece la oportunidad de reintegrarse a adoptar la fórmula reformista.
Pero la posición de Sánchez Guerra tendrá, necesariamente, entre otras consecuencias, la de excitar y animar a los otros líderes a acentuar el tono de sus reivindicaciones. Quedarán en deplorable ridículo todos los liberales, reformistas y republicanos que se muestren menos liberales, reformistas y republicanos que el viejo jefe conservador.
La tarea fundamental de Berenguer, como lo apunté desde primer comentario sobre la crisis española, no es por supuesto el restablecimiento de la legalidad sino el salvamento de la monarquía. Su programa es el regreso a la Constitución porque se piensa que este es el mejor medio de salvar al régimen. Pero si en los preliminares del período eleccionario, se comprueba que la restauración de la legalidad, significa una peligrosa restauración del derecho de crítica, reunión, tribuna, etc., que no conducirá al juzgamiento de las responsabilidades de la monarquía, el intermezzo Berenguer procederá y preparará simplemente un nuevo golpe de Estado. Ya se anuncia la amenaza de un pronunciamiento reaccionario de los jefes militares de Barcelona. Se organiza un frente único monárquico, al cual la interdicción temporal de reuniones públicas no impedirá una teatral parada, protegida por la policía de Berenguer. Con el nombre de juventud monárquica, se moviliza una guardia blanca, con carta blanca para vapulear en las calles a los que se expresen irrespetuosamente sobre el Rey y las instituciones. Todo esto no constituye sino una vasta preparación fascista. Alfonso XIII está más propenso que nunca a jugar la carta del absolutismo. ¿Se dejarán sorprender las fuerzas antidictatoriales por un nuevo golpe de Estado? Esta es la incógnita de la hora presente.

Otra vez Tardieu
Con el apoyo individual de algunos radicales-socialistas, André Tardieu ha constituido su segundo ministerio. El partido radical-socialista, después del fracaso de la tentativa de Chautemp, rehusó entrar en el gabinete de concentración, propuesto por Tardieu al recibir del Presidente de la República el encargo de organizar el gobierno. Tadieu se verá obligado a acentuar el carácter poincarista de su programa, para obtener los votos de mayoría que consentirán a su ministerio vivir hasta el inevitable choque con otro escollo parlamentario.
La interinidad de este gobierno aparece evidente a los observadores. La mayoría de Tardieu no es hoy mayor que ayer. La tendencia de una parte de la burguesía francesa a retornar a la fórmula democrática, para resistir mejor a las masas, se acentúa, en tanto, poco a poco. Este proceso no tardará en reflejarse en el curso del debate parlamentario.
La defección de algunos radicales-socialistas no asegura a Tardieu la estabilidad. Destiñe, en cambio, su programa como programa derechista. Pese al fracaso de Chautemps, los bonos de la derecha están en baja en Francia. Las elecciones, si a ellas se acude a breve plazo, no darán a Tardieu una mayoría derechista.
José Carlos Mariátegui.

Los factores inmediatos de la rápida caída de Primo de Rivera -seguida en tan breve término por su deceso-, que el cable dejó en los primeros días en la sombra, son ya detalladamente conocidos por las revelaciones de Eduardo Ortega y Gasset, Marcelino Domingo, Indalecio Prieto y otros líderes de la oposición al régimen. Se sabe que un movimiento destinado a deponer, con la dictadura, al monarca que la instigó y autorizó, debía haber estallado entre el 5 y el 8 de febrero. El general Goded, gobernador militar de Cádiz, trabajaba desde el mes de octubre de acuerdo con los elementos constitucionales para producir un vasto pronunciamiento militar. Casi todas las guarniciones de Andalucía estaban comprometidas para esta acción revolucionaria. Alfonso XIII y Martínez Anido tuvieron informes de la conspiración, ante los cuales Primo de Rivera decidió la destitución del General Goded y del Infante don Carlos, Capitán General de Sevilla, no sin enviar a Cádiz un emisario, encargado de negociar un arreglo con Goded, quien asumió una actitud de rebeldía, declarando que no tenía que obedecer ninguna orden de destitución. Este conflicto movió a Primo de Rivera a la desdichada consulta a los jefes militares y al Rey a reemplazarlo por el general Berenguer, capitulando ante la tendencia constitucionalista del ejército. Goded se consideró exonerado de todo compromiso con esta solución. Se trasladó a Madrid, donde le aguardaba un importante nombramiento. Eduardo Ortega y Gasset que, bajo su firma, ha explicado de este modo la génesis del ministerio Berenguer, en un artículo titulado “Cómo ha salvado su trono Alfonso XIII”, agrega que muchos oficiales quisieron seguir adelante sin Goded, pero que la indecisión se propagó desde entonces en todas las organizaciones”.
Antes que la restauración del orden constitucional, la misión del gobierno de Berenguer es el salvamento de la monarquía. Este es el juicio que, apenas anunciado el cambio, emití sobre su significado, y en el que me confirma el conocimiento de sus antecedentes. Alfonso XIII se encuentra ante un dilema: el absolutismo o la constitución. No tiene sino estos dos caminos. Tomará cualquiera de los dos para salvarse. Pasará de uno a otro, sin la menor hesitación, si las circunstancias se lo imponen. Por el momento, prefiere el camino del regreso a la legalidad. Pero este camino puede llevar muy lejos: a la Constituyente, a la reforma de la Constitución, al juzgamiento de las responsabilidades, a la proclamación de la República.
Liquidar seis años de dictadura no es un asunto de ordinaria administración. Alfonso XIII ha dado este encargo a un gabinete de familiares, que puede licenciar en cualquier momento para volver a la manera fuerte. En el instante en que se decidió por la rendición a la tendencia constitucional, no le quedaba otra cosa que hacer. Martínez Anido no compartía la confianza de Primo de Rivera sobre la posibilidad de dominar el espíritu de rebelión que cundía en el ejército. El Rey tenía los informes privados del Infante don Carlos, Capitán General de Sevilla, y de otros jefes. Se dice que en una oportunidad, advertido del peligro de que el Rey lo echara por la borda para arreglarse de nuevo con los grupos constitucionales, Primo de Rivera afirmó: “¡A mi no me borbonea este Borbón!”. La decepción de que, años después, no fuese otra su suerte, debe haber amargado profundamente los últimos días del derrotado dictador.
Una monarquía constitucional, así sea la de España, no puede abandonar impunemente la legalidad más de seis años, para restablecerla cuando los acontecimientos se lo impongan conminatoriamente. Viejos servidores de la monarquía como Sánchez Guerra, ajenos a toda veleidad republicana, han cumplido el deber de notificar a Alfonso XIII sobre las irreparables consecuencias de la responsabilidad en que ha incurrido violando el pacto constitucional, en que descansaba su autoridad. Alfonso XIII querría que se le amnistiase alegremente, con todos sus compañeros de aventura, por estos seis años de vacaciones. Pero aún entre lo más ortodoxos monárquicos encuentra censores severos, jueces inexorables como Sánchez Guerra, cuya actitud descubre hasta qué punto está comprometido y socavado el régimen monárquico en España.
¿Cómo va a restablecer la legalidad el gobierno de Berenguer, sin que se ponga en el tapete la cuestión del régimen y las responsabilidades? Ya hemos visto cómo este ministerio normalizador ha tenido que detenerse y retroceder en la primera modestísima etapa de la normalización. La censura de la prensa sigue vigente. ¿Cuándo se restituirá a los ciudadanos y a los partidos la libertad de reunión y de tribuna? Si el discurso de un líder conservador tiene una resonancia revolucionaria tan amenazadora, es fácil prever las aprensiones que van a seguir a los discursos de los líderes republicanos, socialistas, comunistas. I mientras estas elementales libertades no hayan sido restablecidas, ¿qué campaña eleccionaria ni que convocatoria a elecciones será posibles?
Estas son las dificultades del régimen en el orden político. Habría que examinar aparte las que confrontan actualmente en el orden económico. La política hacendaria y financiera de la dictadura ha sido el factor decisivo de su quiebra. Cambó no ha aceptado, en el gabinete de Berenguer, el ministerio de las finanzas, para no cargar con esta ingrata y riesgosa herencia. ¿Qué autoridad tiene un gobierno de transición, de interinidad manifiesta, para abordar eficazmente este problema? La misma que tiene para suprimir la censura de la prensa, resistir la crítica de la opinión, tolerar los comicios de los partidos ir al encuentro de elecciones normales.
No existe, sin duda, en España un partido bastante poderoso y organizado para llevar al pueblo victoriosamente a la revolución. Si existiese, la insurrección no habría estado a merced, en los primeros días de febrero, de la defección del general Goded, posiblemente confabulado con el Rey. El partido socialista es el único partido de masas; pero carece, en su burocracia, de espíritu y voluntad revolucionarias. La crisis del régimen confiere grandes posibilidades de acción a la concentración de los elementos republicanos. Pero lo característico de las situaciones revolucionarias es la celeridad con que crean las fuerzas y el programa de una revolución. La dinastía española, que tiene añeja experiencia de esta clase de vicisitudes, no lo ignora. I tan pronta está probablemente, a festejar en la plaza su retorno al pacto con el pueblo, como a preparar en las capitanías generales un segundo golpe de estado; jugándose, si los riesgos de las elecciones y la constituyente le parecen excesivos, la carta desesperada del absolutismo.
José Carlos Mariátegui.