El tono asaz agrio y estridente que usa la Sociedad Nacional Agraria en su polémica con los periódicos que ha hecho observaciones, muy moderadas por cierto, al memorial sobre la crisis de la industria azucarera, trasluce cierta nostalgia de tiempos en que, intacto el poder del civilismo, el comité de esa industria era, en último análisis, el gobierno mismo de la nación. De entonces a hoy, la economía y la política del país se han modificado. Han surgido nuevos intereses, nuevas industrias: el azúcar ha pasado a tercer y cuarto término en la estadística de nuestras exportaciones; el grupo económico y política de los azucareros ha visto decaer, en el mismo grado, su potencia; otras categorías lo han sustituido en el predominio. Mientras duraron las buenas cotizaciones, o la esperanza de que retornaran, la “industria azucarera”, como a si misma se llama, pudo vivir de su pasado. Hoy, esfumada esa esperanza, y colocada en el trance de solicitar el subsidio del Estado, le es imposible disimular su mal humor. La difícil represión de su disgusto, es seguramente la causa de ese aire ofendido con que responde a sus interlocutores.
Los azucareros pretenden que el Estado los subvencione para afrontar airosamente una crisis que los sorprende impreparados, por culpa en no pequeña parte de su gestión técnica y financiera. Para esta demanda, alegan razones que, dentro de su criterio económico, son sin duda atendibles. Pero quieren, además, que no sean públicamente controvertidas. Y porque no ocurre así, su personero se muestra acérrimamente fastidiado.
Los dineros que la industria azucarera pide que sean empleados en su servicio son, sin embargo, los dineros públicos. Los más modestos contribuyentes, los más humildes ciudadanos, tienen incontestable derecho a exponer, sobre ese empleo, las consideraciones que les parezcan de su conveniencia. No hablemos ya de los periódicos, a los que hay que suponer representantes de corrientes, de tendencias de la opinión. He aquí algo que para cualquiera que gestione un subsidio fiscal, debería ser obvio.
Para quienes estén familiarizados con los aspectos de nuestra psicología social y política, el tono ácido y perentorio de los azucareros no puede, empero, ser motivo de sorpresa. Corresponde, perfectamente, al arrogante estilo de hacendados que este grupo de latifundistas ha acostumbrado siempre en sus relaciones con sus compatriotas.
Pero esta no es sino la parte formal de la cuestión y, aunque se presta a muy entretenido psicoanálisis, no puedo restar, por el momento, mayor lugar a la atención que debemos a la parte sustancial.
La industria azucarera, como conjunto de empresas privada, confiesa tácitamente su quiebra. No le es posible subsistir sin el subsidio del Estado. Su demanda de asistencia, plantea esta cuestión: ¿Existen suficientes razones de interés colectivo para sostener a esta industria, en sus actuales condiciones, a costa de un cuantioso gravamen al tesoro público? Los azucareros están quizá demasiado habituados a hablar a nombre de la agricultura nacional. Pero desde hace algún tiempo, los hechos se oponen a este hábito. El azúcar, desde 1922, ha perdido el primer puesto en la estadística de nuestras exportaciones agrícolas. El algodón lo ha sustituido en ese puesto; y, si se tiene en cuenta el crecimiento de algodón a expensan de la caña, el desplazamiento parece definitivo. No es, pues, junto con las perspectivas pesimistas del mercado azucarero, el caso de presentar la crisis de los azucareros como la crisis de nuestra economía agraria. El algodón y el azúcar son solo los productos de exportación de la agricultura costeña. La agricultura provee, ante todo, al consumo de la población. Esa no es la producción registrada puntualmente por las estadísticas, no la representación por los hacendados de la Sociedad Nacional Agraria; pero es la más importante. La estabilidad de nuestras importaciones, demuestra que por sustancias alimenticias pagamos anualmente al extranjero más de cuatro millones de libras, esto es aproximadamente lo mismo que nos reporta la venta del azúcar en el exterior. Y esto quiere decir que en un desarrollo de la agricultura y la ganadería, y las industrias anexas, dirigido a la satisfacción de las necesidades de nuestro consumo actual, podemos encontrar la compensación de cualquier baja en la exportación de azúcar. No estamos en presencia, bajo ningún punto de vista, de la crisis de una industria a la que se pueda estimar como una base insustituible de nuestra economía.
Que esa industria, no obstante el favor de que por notorias razones políticas sociales ha gozado y los años de prosperidad que ha conocido durante el período bélico, no ha sabido organizarse técnica y financieramente en modo de resistir a una crisis como la que hoy confronta, es un hecho que, aunque sea displicente y aburridamente, tienen que admitir los propios azucareros. Las posibilidades de concurrencia, con otros centros productores, en distantes mercados de consumo, han residido, -residen todavía- en el bajo costo de producción, léase en los salarios ínfimos, en el miserable standard de vida de las masas trabajadoras de nuestra hacienda. La cuestión del aprovechamiento de los sub-productos está intacta. El consejo de que se busque en su solución uno de los medios de asentar la industria azucarera en cimientos estables, ha sido recibido por el Señor Basombrío casi como una recomendación hostil e impertinente. I si la industria azucarera está en riesgo de quedar reducido, como extensión a los límites de los valles de La Libertad, donde las dos grandes son las de “Casa Grande” y “Cartavio”, centrales de beneficio, resulta que las negociaciones nacionales se han dejado batir en toda la línea por sus competidoras extranjeras.
En estas condiciones, ¿qué interés nacional, que razón económica puede existir para mantener, mediante subsidios del fisco, esto es mediante un sacrificio de los contribuyentes, la gestión privada de la industria azucarera? Si esta industria está muy lejos de representar el bienestar de la población trabajadora a la que debe sus utilidades pasadas; si en su periodo de crecimiento y prosperidad no ha manifestado aptitud para resolver sus problemas técnicos y financieros; si ahora mismo tomando las objeciones y el debate de demanda de subsidio como una enfadosa intervención de la curiosidad pública en asuntos de su fuero exclusivo, acusa lo poco que ha revolucionado la mentalidad de sus dirigentes, no se ve la conveniencia que puede haber en concederle, sin la garantía de que será suficiente para ayudarla a superar su crisis, la subvención que solicita. Ha llegado, más bien, el caso de que se considere una cuestión más amplia y seria: la de la oportunidad de ir a la nacionalización de esa industria, como único medio seguro y racional de evitar que sus vicisitudes futuras de reflejen dañosamente en la economía general del país. El Estado tiene suficiente solvencia para una empresa de esta magnitud.
José Carlos Mariátegui.
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